Se presentan como Policías Estatales o Militares, pero las corporaciones niegan los hechos.
En vehículos negros, con vidrios polarizados y sin placas, hombres vestidos de negro, encapuchados y armados con rifles de asalto, amedrentan a familias y personas en sus casas y negocios. Los extorsionan, los revisan, los roban, y luego les dicen que se equivocaron de persona. La Procuraduría de los Derechos Humanos acumula quejas sobre estos grupos, pero no hay autoridad que se responsabilice de la actuación que azota a los porteños, en lo que todo apunta, se trata de abuso de autoridad en cateos ilegales.
Javier Cruz Aguirre
Más de 40 ciudadanos han presentado en los últimos cinco meses, quejas administrativas y denuncias penales por actos de violación a sus derechos humanos en el Puerto.
Los acusados: grupos de personas vestidos de negro, encapuchados, armados con rifles de asalto, que se trasladan en caravana de vehículos color negro, con vidrios polarizados, sin insignias ni láminas de identificación.
Los agravios, asalto, lesiones, intimidación, tortura, incomunicación, robo y amenazas.
Quienes han sido víctimas de estos grupos criminales sospechan que se trata de policías estatales preventivos, o elementos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando sucede un hecho violento de esta naturaleza, las dos corporaciones se deslindan de los hechos.
Y no hay argumento que los contradiga, pues los nuevos comandos negros que están azotando a la población de Ensenada, no portan uniformes, ni insignias, ni gafetes que los ubique en alguna corporación, a pesar que cuando llegan a asaltar a una familia o persona, se identifican como “de la policía” o “del ejército”.
Actúan con sigilo y sin órdenes de cateo o aprehensión, y evidentemente cuentan con impunidad, pues a pesar que sus víctimas han reportado los hechos a los números de emergencia de la Policía Municipal o la Estatal, éstos no acuden al llamado de auxilio.
Rogelio Aros Guzmán, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Ensenada, sentenció: “Estamos regresando a la época del famoso Comando Negro que actuó en Ensenada hace algunos años, pero en esta ocasión las quejas son mucho más numerosas”.
Enrique Pelayo Torres, el Alcalde, también ha sido informado de los ataques, aunque sólo se ha limitado a platicar con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán para tratar el problema de los “comandos negros”, el cual crece rápidamente, generando temor y malestar entre la ciudadanía porteña.
El priísta refirió que también sostuvo una reunión con el General Brigadier César Cuauhtémoc Menchaca Campos, Comandante de la Guarnición Militar de El Ciprés, para solicitar su apoyo y poner fin a una serie de actos ilegales en los que se han visto involucrados militares asentados en Ensenada. ZETA solicitó una entrevista con el General Menchaca para conocer su versión de los hechos, pero hasta el martes 3 de mayo no contestó a la petición periodística.
A los dos altos personajes Pelayo manifestó su inconformidad con la realización de operativos “de inteligencia” sin las correspondientes órdenes de arresto y cateo de propiedades. De ambos obtuvo la promesa de que los abusos terminarán en caso de que las arbitrariedades estén siendo cometidas por elementos de la PEP o del Ejército. Lo cierto es que, en los hechos, el problema de inseguridad no termina.
40 denuncias por cateos ilegales
El miércoles 27 de abril, el semanario conoció un nuevo caso en la colonia Morelos II. La víctima fue sacada de su domicilio por al menos una veintena de personas que dijeron ser policías y le exigían la entrega “del dinero”. Luego de una hora los agresores dejaron libre a su víctima cuando comprobaron que se habían equivocado de persona, pero amenazaron con regresar a golpearlo si denunciaba los hechos.
Rogelio Aros, también ex aspirante a la presidencia municipal de Ensenada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó: “Hay muchas quejas en relación a la actuación de supuestos policías preventivos, y digo supuestos porque no tenemos la certeza derivada de una información que nos hayan proporcionado sus jefes”.
También que existen quejas y denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de que en Ensenada y su zona conurbada, hay personas que, encapuchados, se meten en las casas buscando supuestamente armas, drogas y dinero.
“Mucha gente es vejada, es golpeada, otra lesionada y nos presenta sus quejas. Nosotros hacemos las investigaciones y avanzamos en algunas de ellas, en las que casi podemos afirmar que sí hay participación de algunos policías de la (corporación) Estatal Preventiva; sin embargo no tenemos ni los nombres ni los retratos hablados (por las capuchas que cubren sus rostros) ni las fotografías de los presuntos agresores”, dijo Aros.
Agregó que la PDHPC solicitó a la Dirección de la Policía Estatal Preventiva que le remita los álbumes fotográficos de los elementos de la corporación. Esto para mostrárselos a los quejosos y ver si ellos pueden identificar a los sujetos que violaron sus derechos.
— ¿Cuántos casos tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos bajo investigación en Ensenada?
“De noviembre a la fecha tenemos más de 40, lo que arroja 6.7 casos en promedio por mes. Ésa es la cifra que tenemos hasta principios del mes de abril, pero hay que tomar en cuenta que hay un número importante de casos que no se denuncian porque la gente tiene miedo a las represalias si se quejan y piden justicia”.
De mantenerse la tasa mensual promedio de casos denunciados por la ciudadanía, al cerrar el año el número de quejas rondará los 94 expedientes, cantidad superior a la que la PDHPC registró en el año 2009 (60), pero inferior a la del 2010 (aproximadamente 120 denuncias).
El año pasado, de acuerdo con estadística de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se registraron más de 40 cateos ilegales, 32 detenciones arbitrarias, 23 de lesiones, cuatro casos de tortura y tratos crueles e inhumanos, y al menos uno por los delitos de amenazas, uso arbitrario de la fuerza, aseguramiento ilegal de bienes, robo, revelación ilegal de información y violación a diversos derechos humanos.
En todos los expedientes se identificó como autores de las agresiones a elementos de la Policía Estatal Preventiva, popularmente conocidos en Ensenada como “los pepos”.
“Pero se nos dificulta la investigación –detalló Aros Guzmán–, porque esta labor que realiza la Policía Estatal Preventiva es de inteligencia.
“Entonces –agregó–, cuando solicitamos algún parte informativo derivado de la actuación de estos sujetos, que ellos dicen pertenecer a la Policía Estatal Preventiva o sus víctimas así los identifican a pesar de que no traen insignias, no traen uniformes y usan vehículos sin placas o logotipos que los relacione con la PEP, el documento simplemente no se nos facilita porque se aduce confidencialidad”.
En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, según declaraciones de su titular Daniel de la Rosa Anaya, la PEP “es una de las corporaciones que han arrojado mayores resultados en el combate al crimen en Baja California”.
En el marco de la firma de un convenio de colaboración con la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana para reforzar los procesos operativos de la corporación estatal, el 2 de mayo, de la Rosa manifestó que “no hay mayor prioridad que la de ofrecerle a la sociedad bajacaliforniana una corporación profesional, confiable y regida por los más altos estándares policiales”.
También que “el tema de los Derechos Humanos es fundamental para la labor que realizan las corporaciones policíacas en los diversos municipios del estado, y por ello la sociedad en su conjunto es la mejor evaluación que nosotros, como encargados de la seguridad pública, podemos tener y en este sentido va dirigido el convenio que hoy signamos en coordinación con la PDH”.
Rogelio Aros Guzmán informó que la PDHPC tiene en Ensenada “dos o tres asuntos casi listos” para demostrar que efectivamente fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva los que violaron derechos de los porteños, e incluso llegaron a la tortura, por lo que la Procuraduría emitirá en breve una Recomendación.
“Para fortalecer los expedientes, solicitamos la aplicación del Protocolo de Estambul (método científico multidisciplinario para demostrar casos de tortura). Ya tenemos la Recomendación por cateo ilegal e incluso por golpes, pero queremos llegar a la tortura, a los casos en donde creemos que se llegó a este delito porque así lo refieren los quejosos”.
Entonces, agregó, no sólo habría una violación a los derechos humanos, sino también un delito grave cometido por integrantes de la PEP, o por los llamados “comandos negros”.
— ¿En cuántos casos se puede presumir que las personas que intervienen en estos ilícitos, sean delincuentes, policías o militares encapuchados, en realidad tenían como objetivo robar, asaltar, quitar pertenencias a sus víctimas o fabricarles pruebas?
“En varios de ellos es muy probable que así sucedió. Lo que pasa es que ante la ilegalidad en el cateo puede suceder cualquier cosa, y esto nos lleva a nosotros, como institución ciudadanizada, a no saber si realmente encontraron droga o la sembraron”.
Lo que sí es raro, agregó, es que en el 95 por ciento de los casos que se han denunciado en los pasados cinco meses ante la PDHPC en Ensenada, la gente dice que les “sembraron” drogas en sus casas o en sus ropas, lo cual pone en entredicho la honorabilidad y el profesionalismo de los policías.
“Nuestra obligación es creerle al ciudadano. Nosotros les creemos y vemos que en muchos de los casos se reportan delitos de robo por parte de los agentes. O sea, se roban computadoras, teléfonos celulares, dinero, y entonces nosotros no tan sólo levantamos la queja e investigamos, sino que conminamos también para que los quejosos presenten la denuncia penal”.
Esto lo hace la PDHPC para fortalecer su investigación y obligar a la Contraloría del gobierno del estado, y al órgano de control interno de la Policía Estatal Preventiva, a investigar los hechos de presunta violación a derechos humanos que cometen algunos elementos de la PEP.
“Porque ahora nos enfrentamos al problema de que cuando una persona quiere presentar una denuncia ante el órgano interno de la PEP en Ensenada, los policías simplemente no les permiten la entrada a la oficina, por lo que hemos tenido que intervenir para efectos de que los dejen a entrar.
“Y a muchas otras gentes quejosas les dicen que vayan a Mexicali, pero el traslado a la capital ya se sabe lo que cuesta; entonces es complicado y más si se trata de gente de escasos recursos económicos, que en la mayoría de los casos es la gente que se queja de estas personas”.
Lo levantaron, lo amenazaron y lo regresaron
Lo que sucedió el miércoles 27 de abril en colonia Morelos II de la ciudad de Ensenada, lo relata el abogado de los afectados, quienes por cierto no presentaron formalmente la denuncia administrativa o penal de los hechos porque las víctimas, un joven trabajador y su familia, tienen temor a sufrir represalias:
“Yo estaba en el cine cuando me hablaron para decirme que habían detenido a una persona. Me dieron el nombre, datos, pregunté cómo iban vestidos y qué tipo de vehículos usaban los plagiarios. Todos creíamos que eran los ‘pepos’.
“De inmediato fui a la Policía federal y me dijeron que sus elementos no estaban llevando a cabo algún operativo. Después fui con los ‘pepos’, en donde nadie te recibe ni te da información ni nada, y fui al ministerio público del Estado para ver si podíamos poner la denuncia, pero la oficina estaba cerrada por vacaciones (de Semana Santa). Entonces me fui para la Nueve (las oficinas de Seguridad Pública municipal, en donde hay agencias del Ministerio Público receptoras de denuncias), cuando me hablan y me dicen que ya regresaron a esta persona”.
El abogado fue a platicar con el afectado y supo por éste que los plagiarios utilizaban automóviles tipo sedán, chicos, de color negro, con vidrios polarizados, sin placas y sin ningún logotipo que los identificara.
“Eran entre siete y 10 vehículos. Estaban acomodados en las esquinas y como cuatro vehículos se fueron en caravana con esta persona. Los demás se dispersaron, pero dejaron un automóvil en prenda para regresar. También me contó que estas personas estaban armadas, pero no llevaban chalecos antibalas y tenían puestas unas gorras que están usando mucho los narcotraficantes”.
Los “comandos” portaban equipo de radiocomunicación con antenas “como los que usa la policía”, por lo que su cliente pensó que se trataba de “un tipo de policía especial, federal o estatal, o incluso militares”.
Relató que los agresores llegaron a la casa del afectado abriendo la reja sin autorización.
“Se metieron a la propiedad a bordo de un vehículo. Tocaron la puerta y empiezan a pedir que abran. No dan nombre ni se identifican. Todavía la gente de la casa les pregunta jugando: ‘¿Quién es? ¿La vieja Inés?’. Y en eso uno de los tipos les grita: ‘¡Que abran, cabrones!’ La pobre gente se espantó y a medio abrir la puerta esta gente la avienta de manera violenta y preguntan por el señor de la casa. La esposa da el nombre del muchacho y se meten a buscarlo en el baño, que es donde esta persona se había escondido. Le tocan, el joven sale y se lo llevan casi inmediatamente”.
— ¿Lo golpearon? ¿Dijeron quiénes eran y qué buscaban?
“Extrañamente no le dieron ni un solo golpe, pero comentaron que eran policías, pero no identifican de cuál corporación. También dijeron que llevaban una orden de aprehensión, pero nunca se la mostraron a nadie. En eso entraron varias personas preguntando ‘por el dinero”. El joven les dice que no tiene nada, que tan sólo tiene 100 pesos en su cartera.
“Posteriormente lo suben a un vehículo y adentro le piden que baje la cabeza y lo esposan. Iban cuatro personas en el auto: Adelante el piloto y el copiloto, y atrás dos personas más. Él cree que se lo llevaron con rumbo a la calle Delante, por la zona de la Cementera.
“Así lo trajeron alrededor de una hora y cuenta este joven que de repente oyó el código de una patrulla como cuando detiene a alguien por una infracción de tránsito. Se para entonces el vehículo en donde lo llevaban y se baja uno de sus captores, que no tardó ni dos minutos hablando con quienes él cree eran policías municipales. No escuchó qué hablaron porque se alejaron, pero después su captor se subió tan campante al auto y no pasó nada, siguieron sin problema con él a bordo”.
El abogado contó que en el “paseo” los captores le iban diciendo a su cliente: “¿sabes qué?, necesitamos que saques la lana”. Le dieron la impresión de que iban sobre alguien que trabajaba la droga en la plaza, en la zona, o que era de una tiendita; alguien que estaba a cargo de algún dinero y que éstos estaban tratando de decirle: ‘tú eres, tú eres, no te hagas güey’. Finalmente se dan cuenta de que no es al que buscan y deciden regresarlo a su casa”.
A dos cuadras de la vivienda, según el abogado, bajan a la víctima y le dicen: “Mira, no te pegamos, no estés chingando, no te quebramos ni una costilla. Lo podemos hacer. ¿Quieres que te golpeemos? Lo podemos hacer. No digas nada. No te hicimos nada. Todo tranquilo”.
Así, todos asustados, las víctimas del “comando” decidieron no presentar denuncias.
“Es importante señalar –comentó finalmente el abogado–, que se habló al teléfono de emergencias de la Policía Municipal, que oportunamente se les dio toda la información de los hechos, que bien pudieron llegar a la casa, pues se les dio la dirección exacta del incidente e incluso pudieron hablar con la gente del carro que se quedó en prenda para regresar con bien a la persona que se llevaron, pero nunca llegó una patrulla al hogar.
“Incluso dos días después de los hechos ningún patrullero municipal se presentó a levantar oficialmente un reporte de hechos. Es más, creemos que la patrulla que intervino a esta gente cuando llevaban al joven, era de la municipal y simplemente no hizo nada, pero tampoco reportó el hecho porque no hay un parte oficial de los acontecimientos. Parece que están en contubernio con los delincuentes, o al menos les tienen mucho miedo”.
Y oficialmente, ni el Gobierno del Estado, ni el Ejército Mexicano, ha proporcionado información sobre los cateos en Ensenada.
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