Corrupción en Los Cabos

Funcionarios denunciados e investigados

Lennin Rodríguez, Director de Seguridad, y Armando Díaz, Director de Desarrollo Social, están incluidos en una indagatoria federal por narcotráfico, mientras Ariel Castro, Director de Fomento Económico y del Turismo, está siendo investigado por abuso de recursos públicos que superan los 960 mil pesos. Sin que los asuntos hayan sido solventados, Antonio Agúndez decidió darles puestos y poder en el ayuntamiento Cabeño.

Gerardo Zúñiga

El Presidente Municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño entregó áreas fundamentales de su gobierno, en manos de ex funcionarios estatales, protagonistas de casos de corrupción, abuso de recursos, de poder, crímenes y desapariciones.

Todos cometidos en el recién extinto sexenio perredista encabezado por su hermano Narciso.

Por sobre sus desempeños pobres o cuestionados, Antonio Agúndez  designó a Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar como Director de Seguridad Pública, Luis Armando Díaz en la dirección de Desarrollo Social y  nombró a Ariel Castro Cárdenas en Fomento Económico y del Turismo.

Pese a tener investigaciones y denuncias pendientes, los regidores de todos los partidos PAN, PRS, PVEM y PANAL los aprobaron por unanimidad, los votaron y les tomaron protesta en la primera sesión de cabildo.

Así de fácil y rápido, operó el Alcalde, en su intento de evadir el rechazo de la comunidad a los nombramientos, inconformidad pública que ahora está enfrentando en las voces de estudiantes, amas de casa, profesionistas, empresarios y líderes sociales, sin dar muestras de cambiar de opinión.

Pasos en falso para un Presidente Municipal, que a duras penas, y en los tribunales electorales, ganó la elección del pasado 6 de febrero. Porque de los 66 mil 992 electores que votaron en Los Cabos, únicamente la cuarta parte de los electores avalaron su candidatura.

El mismo que el 11 de febrero tuvo que recurrir a la fuerza pública para poder recoger su constancia de mayoría en el Comité Electoral Municipal, en medio de una trifulca, mentadas e intentos de agresiones físicas. Vale recordar que aquel cerco policiaco fue encabezado precisamente por el entonces Secretario estatal de Seguridad Pública, Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar.

Aun así, el Alcalde, desestimó el mensaje del electorado de terminar con la historia negra de corrupción y excesos de poder que caracterizaron las administraciones perredistas de su hermano. Y además de Rodríguez, Díaz y Castro, rescató a los siguientes ex funcionarios estatales: Gerardo Manríquez Amador, actual Tesorero; Guillermo Marrón Rosas, Secretario General; Alejandro Rosas Cañedo, Director de Asentamientos Humanos, y Jesús Druk González, Director de Ecología y Medio Ambiente.

Los abusos de Lennin Rodríguez

Uno de los hombres más cuestionados en todo el sexenio de Narciso Agúndez fue Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar. Primero, como Subprocurador General de Justicia del Estado fue el protagonista  de un conjunto de videos filmados el 25 de febrero del 2008, llamados “Cateos Ilegales” que todavía circulan por el internet y exponen la aplicación de  métodos de tortura física y mental, para lograr que hombres interrogados, se culpen de delitos.

Se trata de una investigación por secuestro iniciada por la Procuraduría del estado  que fue a parar a la PGR,  y en medio de un disputa legal entre los defensores de los acusados y los responsables de la PGJE, el 9 de marzo del 2010,  el juzgado segundo de distrito a través del Secretario de Acuerdos, Alfonso Olachea Aragón, resolvió el caso y decretó el auto de libertad a favor de los supuestos secuestradores, por considerar que “no hubo elementos para sentenciarlos por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, posesión de armas de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo del ejército mexicano y las fuerzas armadas”.

Este caso todavía sigue en los tribunales, donde se analiza la posibilidad de deslindar responsabilidades en contra del ex Procurador Fernando González Rubio Cerecer y el ex Subprocurador Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar, así como los comandantes y jefes policiacos, Édgar Roberto Siqueiros Rojo, Juan Gaynor Rosas, Martín Márquez Ruiz y Luis Alberto López López, quienes habrían incurrido en el delito de tortura, allanamiento de morada y falsedad en declaraciones.

Además, siendo Secretario estatal de Seguridad Pública, Rodríguez quedó sujeto a una investigación federal, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/009/2010, señalado por la presunción de haber protegido al narcotraficante Teodoro García Simental (a) “El Teo” o “El Tres Letras” en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El expediente sigue abierto.

A las investigaciones, se adicionan una lista de denuncias en contra de Lennin Rodríguez por abusos cometidos en operativos encabezados por él, las cuales el gobierno de Narciso Agúndez decidió no investigar.

-José de Jesús Reyes, un joven de 18 años con problemas de síndrome de down, quien vive en la Calle 6 y Virginia Peralta de la colonia Flores Magón en la ciudad de La Paz. Fue detenido el 9 de abril del 2008 y posteriormente liberado con un “Usted disculpe”.

-José Liborio Romano Hernández, Adán Martínez Galicia, Amadeo Valdez Flores, Adislao Boyas Díaz y Demetrio Ortega. Las personas fueron detenidas el 7 de junio del 2008 en Cabo San Lucas, quienes aseguran les sembraron 10 ladrillos de mariguana, fueron liberados por el juez primero de distrito al vencer el término constitucional porque “no había elementos”.

-Magdaleno Sinecio, un joven de 24 años que presentó denuncia penal el 12 de marzo del 2007 en contra Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar y Antonio Alcántar López por abuso de autoridad y detención ilegal y quedó registrado bajo la AP/PGR/LP-II-I/2007. La víctima relató que tuvo una discusión con el ex vocero y Lennin llegó a su rescate, lo detuvo y lo puso a disposición del Ministerio Público sin haber delito que perseguir y lo acusó de cargarle mariguana y cocaína. Ya en los “separos” policiacos, salió y presentó una denuncia contra ambos personajes, cuyo delito cometieron en la ciudad de La Paz.

-Jeymmy Cota. El 17 de mayo del 2008 presentó denuncia penal en contra de Lennin porque haber allanado su vivienda localizada en Democracia y Colegio Militar de la ciudad de La Paz. El caso quedó registrado bajo la averiguación previa LPZ/0830/TUR-1/2008 por los delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridad y lesiones. El asunto se ventiló en la CEDH bajo el número de expediente 086.

-Cruz Evelia Valverde Valverde y Gregorio Zavala Serratos, presentaron una queja en la CEDH quedando registrada bajo el número CEDHBCS-DQ-QF-27/09 porque el 27 de enero de 2009 agentes encabezados por Lennin allanaron su domicilio y se robaron algunas pertenencias de su casa consistentes en oro y aparatos electrónicos. Esto sucedió en Ciudad Constitución.

-Andrea Rocío Álvarez Peña. El 2 de febrero del 2010 presentó una denuncia penal por el delito de robo a su vivienda localizada sobre la calle Plateada número 430 de la colonia Arcoiris III de la ciudad de La Paz.

-Familiares de Adán Verdugo Martínez y Jorge Ulises Cinco Duarte,  presuntos agresores en un supuesto intento de asalto a Armando Díaz siendo candidato. Aseguraron que los había torturado de una manera despiadada al grado de introducirles piedras por el ano, como una medida para que se culparan.

Sobre Lennin Giovanni Rodríguez Aguilar pesa también una denuncia por la desaparición del narcomenudista Juan Carlos Pérez Cano (a) “El Chacachi”. Según versiones de sus familiares, la última vez que fue visto fue la noche del 13 de abril del 2010, acompañado del ex Secretario estatal de Seguridad Pública por la Universidad Mundial de la ciudad de La Paz, quien –denunciaron familiares– “pretendía que vendiera droga para él y su gente”, y como no quiso, nunca más se supo de él.

Díaz y Castro

No solamente, el Director de Seguridad Pública tiene antecedentes cuestionables. El ex Secretario General de Gobierno, ex alcalde de Los Cabos, ex diputado local y ex candidato a gobernador del PRD, Luis Armando Díaz, también está relacionado en la investigación sobre la presunta protección de Teodoro García Simental (a) “El Teo” o “El Tres Letras”.

Su nombre aparece en una foja de los expedientes que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) entregó en su momento a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la indagatoria sigue en curso y se han solicitado informes sobre las propiedades de ambos personajes.

Después de su estrepitosa derrota electoral, hoy, vuelve cobijado en un cargo de tercer nivel, y recordado por amenazas recibidas.

El 5 de abril del 2010, aparecieron colgadas sobre los puentes de las avenidas Colosio y Forjadores, dos mantas de aproximadamente 3 metros de largo y escritas algunas advertencias, después de la captura del peligroso narcotraficante.

La primera decía: “Luis Armando, tus días están contados, mordiste la mano, pusiste al Teo y cobraste plaza libre, pagarás puto”. Y la segunda exponía: “cobraste lo que nos pediste y nos traicionaste, pero la vas a pagar, pinche puto”. Los mensajes, firmados por “El Cártel”.

Posteriormente, ya en su calidad de candidato oficial del PRD a gobernador del estado, el 29 de octubre del 2010, se convirtió en el objetivo de un ataque armado en la oscuridad que desató un escándalo.

Díaz también se vio involucrado en el desvío de 5 millones de pesos del gobierno del estado que entregó el ex Gobernador a la organización que manejaba su campaña “Libre Asociación Democrática”, donde participaba activamente como líder en La Paz, Freddy Erubey Martínez Rivera, yerno de Agúndez.

El tercer caso que ha enfrentado la molestia pública, es el nombramiento de Ariel Castro Cárdenas como director de fomento económico y del turismo.

Y es que el ex diputado local y ex Presidente de la Gran Comisión, ante la inconformidad ciudadana por la deficiencia de los trabajos del Congreso, no demostró la formación política ni el valor civil para presentarse a entregar el Poder legislativo a su sucesor panista, Gil Cuevas Tabardillo.

El nuevo líder del Congreso esperó por más de dos horas a que llegará Ariel Castro Cárdenas, y nunca lo hizo, sólo envió un correo electrónico con toda la información de las finanzas, inventarios y todo lo concerniente al Poder legislativo que representó hasta el pasado 15 de marzo del 2011.
En una primera revisión, los diputados encontraron una serie de irregularidades e inconsistencia que llevaron a descubrir que el ex legislador autorizó abusivamente un bono de 960 mil pesos por concepto de pago a sus servicios. Y están investigando.

El dinero se pagó a cada uno de los ex legisladores y fue disfrazado como pago de un supuesto ahorro de sus 3 años como diputados. El caso se sigue investigando y en los próximos días, podría haber noticias.

Adicional al asunto llevado por los legisladores, Ariel Castro Cárdenas, tienen pendientes tres denuncias.

1.-El 25 de marzo del 2006 fue acusado penalmente por el ejidatario Ramón Ojeda Burgoin por el despojo de un terreno de 800 metros cuadrados, y donde construyó una residencia de lujo que ocupa junto con su esposa y su suegra. La denuncia quedó registrada bajo el número de averiguación previa 00609/SJ/2006 y en ella se expone que para poder apropiarse del terreno dijo que éste había sido producto de una herencia y resultó que el supuesto heredero había muerto mucho antes de entregar la presunta sucesión.

2.- El 20 de enero del 2010 fue notificado a la Contraloría General del estado abriera una investigación, y de ser acreditado, sancionara y deslindara responsabilidades en contra del ex legislador por el robo de luz que había sido denunciado por la señora Delma Laura García Gallegos de una casa de su propiedad. Y es que el ex diputado tomaba la luz de su casa, pero no había sido autorizada su introducción por estar viviendo en un terreno invadido y obtenido a través del despojo, donde viven junto con él, su esposa, Silvia Ivonne Ceseña Salazar, actual directora jurídica del OOMSAPAS y su suegra, Virginia Salazar Castro. El caso quedo asentado bajo el expediente UAC/DGAAC/BSAS/CC/310/534/2010.

3.- Y el 18 de abril del 2010 fue llevado a los juzgados penales por el delito de amenazas de muerte en contra de la señora Delga Gallegos, cuando le reclamó sobre la construcción de una vivienda de su propiedad sobre un terreno invadido por él, su suegra y su esposa en la colonia Aguajitos de San José del Cabo. “Sigue chingando y te voy a desaparecer, cabrona”, le dijo a la mujer. La denuncia quedó registrada bajo el número de averiguación previa SJC/138/TUR/2010.

Con todo y estos antecedentes, los tres ex funcionarios del gobierno agundista, despachan ya desde el pasado 30 de abril y vuelven a vivir del presupuesto, solamente que ahora de los impuestos  de los habitantes de Los Cabos, Baja California Sur.