Casas hogar sin control

DIF Estatal tiene un registro de 85 casas operando en BC

La situación de menores en riesgo y en abandono, es cada vez más difícil. El maltrato, abuso y agresiones -que llegan hasta la muerte- parecen ser la constante. Por la gravedad de los casos, los menores deben ser recogidos por el Estado y destinados primero al Albergue del DIF, luego a las casas-hogar, pero el gobierno no aporta suficientes recursos. Aparte, algunas casas funcionan sin estar inscritas.

Sergio Haro Cordero

Son menores en abandono, pero todavía no están en la calle. Han sufrido maltrato, abusos, agresiones, en la mayoría de los casos de parte de sus propios padres y demás familiares. Ante el conflicto salen expulsados de sus hogares y, en el mejor de los casos, son acogidos en las llamadas casas-hogar. Pero la buena intención de dichos organismos suele quedar trunca, ya que se trata de un área que evidentemente, merece mayor atención.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene un registro de 85 casas hogar operando en Baja California, donde actualmente se ha ubicado a 2 mil 733 menores, a quienes dan destino, pero sin el presupuesto necesario. Aparte, tales espacios no están sujetos a la fiscalización y vigilancia del funcionamiento.

La otra parte corresponde a Desarrollo Social del Estado, que en algunos de los casos brinda apoyos a las estancias receptoras de menores víctimas de conflictos.

De acuerdo a la diputada priista Nancy Sánchez, hay un evidente descontrol en el tema del funcionamiento de las casas-hogar, ya que calcula que en la entidad funcionan cerca de 150 lugares de ese tipo -sobre todo en la zona costa-, albergando a más de 5 mil niños, aunque no aportó datos específicos.

Para la regidora, se trata de una situación sumamente delicada, sobre todo por el evidente descontrol que persiste y por la proliferación de abusos, comercio sexual y, en específico, la pornografía infantil que tiene que ver con la realidad de los menores en situación de abandono.

Según Hugo Castillo, director de DIF Estatal, tan sólo en 2011 han detectado en la entidad nueve casas-hogar operando sin registro alguno. Aunque estar inscrito parece no significar una gran diferencia, como en el caso de Casa Betesda, que alberga a 35 niños (14 son del DIF), pero donde ni unos ni otros reciben apoyo económico para su subsistencia. De los 52 mil pesos mensuales necesarios para el mantenimiento, el gobierno del Estado aporta 10 mil, una compañía privada 5 mil, y otros mil pesos que recaban de un “bazar” de ropa y muebles usados. El resto se tiene que malabarear a como dé lugar, asegura José Guadalupe Vargas, quien refiere que él mismo creció en la calle y sabe lo que esa realidad significa.

En el Congreso del Estado se está trabajando una propuesta para modificar esa situación. Por lo pronto se pretende que la Procuraduría de Derechos Humanos realice una investigación y un diagnóstico en casas hogar y albergues temporales, además de aumentar 18 millones de pesos al presupuesto de la PDH (de 33 millones) para asignar, cada mes, un monto de 500 pesos para cada niño que se encuentre en un espacio de este tipo.

No están enterados

De acuerdo a la diputada Nancy Sánchez, cuando se atendía el tema de la Ley de Discapacidad en Tijuana, algunas personas se acercaron para hablarles del problema de las casas-hogar y posteriormente entraron en contacto con esos espacios.

En uno de los sitios detectaron a un niño de Ensenada que tenía un tumor cerebral; tres semanas después del diagnóstico no hubo respuesta del DIF Estatal, asegura la priista. Fue entonces que ella se enteró, habló con el secretario particular del gobernador y, al día siguiente, el muchacho ya tenía su acta de nacimiento y pasaporte mexicano, primer paso para completar los trámites médicos.

“Creo que ni el Ejecutivo ni su esposa están enterados de lo que está sucediendo con el tema de casa-hogares, porque no es un asunto personal y no hubiéramos llegado a este extremo si nos hubieran respondido en su momento lo que estaban solicitando; han pasado cuántos meses… nueve meses, diez meses”, comenta la legisladora a ZETA.

De las casas-hogar, la legisladora ha exigido información: Cuántos niños hay, cuántos expedientes, cuántos archivos clínicos, expedientes jurídicos. “Es lo mínimo que debe tener el DIF”.

Dice que ninguno de los cuestionamientos ha logrado respuesta. Que lo único que obtuvieron fueron algunos datos, mismos que no coinciden con los que tiene Desarrollo Social del propio gobierno del estado. “Desarrollo Social autoriza la instalación (de casas-hogar) y DIF es el que supervisa. Ni siquiera las mismas dependencias están en sintonía, y  son del mismo sector”, acusa Sánchez.

La premisa es que no existe control en el funcionamiento de decenas de casas-hogar, y de las que sí están registradas surge otro punto negro, al no recibir el apoyo necesario de parte del gobierno del estado. La diputada explica que están trabajando en un proyecto -que surge a raíz dela desatención- para que sea la Procuraduría de Derechos Humanos, la encargada de hacer un estudio de los expedientes clínicos y un diagnóstico de los lugares para saber en qué situación están las instituciones que ya se tienen registradas.

Sánchez agrega que tuvieron una reunión con representantes de diez casas-hogar de Ensenada con cerca de la mitad de la población infantil enviada por el DIF Estatal, el cual, a la vez, no aprovecha los apoyos. “En algunos casos ni siquiera conocen las despensas”, asegura la legisladora.

Aparte, expone que hay un número importante de casas-hogar surgidas de la voluntad de iglesias y gente que quiere apoyar, al haber una demanda de atención a niños en desamparo que no están registrados, ni se sabe exactamente donde están.

“Algunas tendrán buena intención, y las otras quién me dice que todas tienen buena intención, quiénes las dirigen”, refiere Nancy, para quien la falta de registros puede propiciar otros hechos más graves.

“Se filtra gente que no tiene precisamente buena intención. Somos un estado que produce mucha pornografía infantil, turismo sexual. No quiero pensar mal, pero prefiero estar segura de que no se da dentro de las casas hogar”, afirma la diputada.

Menciona casos de mujeres que entregan “en resguardo” a sus niños por no poder mantenerlos. También hay niños que son trasladados a casas-hogar, siendo que las madres están en Mexicali. Luego está la historia de una señora pepenadora, residente de la colonia Satélite -en Mexicali-, cuya hija mayor se fue a la Villa de los Niños en el Estado de México y ahora, ya adolescente, se preocupa porque ya removieron del hogar a dos hermanos, debido  a que el terreno donde viven está sucio.

“No se puede castigar a la gente por ser pobre, hay que ayudarla, canalizarla, capacitarla, apoyarla con vivienda. Mucho tiene que ver la situación económica”, advierte Nancy Sánchez.

Casos complicados

Por maltrato, omisión de cuidados y lesiones, hasta el mes de noviembre de 2011 el DIF Estatal recibió 2 mil 152 denuncias, la mayoría correspondientes a Mexicali (828), seguido Tijuana (325), Tecate (204), Ensenada (590) y el resto entre Rosarito, San Quintín y San Felipe.

“El maltrato infantil es un asunto que existe, hay casos muy complicados que pueden llegar al extremo de fallecer”, expone el titular del DIF Estatal, Hugo Castillo, quien asegura que en la dependencia están al pendiente de todas las denuncias; la mayoría -el 80 por ciento- las responden en dos días.

“Somos muy conservadores en cuanto a que no haya riesgos para los menores. Ante una posibilidad de que haya una lesión física o alguna situación de agresión psicológica o sexual, retiramos a los niños y empezamos a trabajar con ellos a para  obtener información de lo que está pasando. Por otro lado, empezamos a buscar con alguna familia relacionada con ellos, si el núcleo familiar básico es riesgoso para ellos, para volver ahí pues empezamos a buscar con los abuelos, con los tíos,  porque estamos conscientes que lo mejor es que los niños estén en sus casas”,  expone el funcionario estatal.

Agrega que dentro del organismo atiende desde niños recién nacidos que fueron abandonados por madres adictas al dar a luz en el Hospital General, hasta menores de 18 años. De ahí también surgen lo que llama “situaciones mediáticas”, protagonizadas por padres que se quejan de que les arrebataron a sus hijos, pero en la institución deben estar seguros de que el menor no corre algún peligro.

 “Nosotros estamos filosóficamente para proteger al menor, no para satisfacer  los sentimientos de los papás, de los adultos. Un niño de cinco años necesita el apoyo del Estado”, resalta.

Según el titular del DIF Estatal, el 95 por ciento de los casos reciben a menores que les son turnados de parte de otra autoridad,  regularmente por la Policía Municipal. El trabajo del DIF tiene que ver con las atribuciones que les otorga la Ley de Protección de Protección y Defensa del Derechos de los Menores y la Familia, pero a quien le corresponde iniciar las investigaciones sobre posibles delitos, es al Ministerio Público, que depende de la Procuraduría estatal.

El DIF cuenta con dos albergues temporales, uno en Mexicali y otro en Tijuana, donde se ubica a los menores mientras se sigue la indagatoria de su situación. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos los agresores son los propios padres. Por eso es que, cuando la Procuraduría considera que hay un delito, lo más seguro para los niños es que no se les reintegre con sus padres biológicos, que en gran parte de los casos tienen problemas de adicción.

El titular del DIF Estatal comenta que los programas preventivos en los planteles educativos han tenido un aumento, sobre todo a través de las escuelas para padres.

El funcionario estatal añade que los albergues son temporales -la estancia no debe exceder los tres meses- y, de ser así, el destino es en las casas-hogar, donde el pequeño tendrá más estabilidad.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia trabaja con 85 casas-hogar en todo el estado, las cuales suman un padrón de 2 mil 733  infantes.

“Ahora dice Nancy que yo estoy mal, que son más de 150 (casas hogar) y más de 5 mil  niños en el estado, a lo cual yo le digo que dé los datos para ir a ver en qué condiciones viven esos niños. Cada vez que alguien nos habla y nos dice ‘en tal lugar’, ahí vamos y lo metemos a la lista”, refiere Castilla, quien añade que este año han integrado nueve casas hogar al padrón que ellos tienen.

“No hay una Ley que nos obligue a nosotros a tener conocimiento o a dar el permiso,  o andar buscando. Hay un vacío ahí”, afirma el funcionario.

En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y respecto a la discrepancia con los números, Castilla afirma que esa dependencia estatal tiene registradas 43 casas-hogar, pero son a las que apoyan con recursos.

Para Castillo, lo importante es que los niños en las casas-hogar puedan tener una buena calidad de atención, que estén en condiciones físicas favorables y que acudan a la escuela. “Yo, como Estado, tampoco  tendría la posibilidad de tener en mis albergue a más de dos mil niños. Tenemos que agradecerle a la sociedad civil que se echa a cuestas el hecho de atender a estos niños”.

Además, están trabajando  en un proyecto de Ley que ayude a clasificar las casas-hogar para ponerles parámetros. “Estamos en ese proceso de buscar estándares, situaciones, capacitación a todos los que están en las casas-hogar, estamos trabajando fuertemente”, asevera el funcionario de DIF Estatal, con ocho años en el puesto.

Dice además que las casas-hogar (en todos los casos son grupos de orientación religiosa) reciben apoyos de los Estados Unidos, mientras que eventualmente, el DIF les manda cobijas.

Finalmente, confía que el proyecto de Ley sea completado para el 30 de abril, fecha en que se celebra el Día del Niño.

Betesda, un botón  de muestra

En pleno centro de Palaco -una zona popular en Mexicali-, en un amplio lote entregado en comodato hace seis años a José Guadalupe Vargas -a quien llaman “abuelo”-, funciona la Casa-Hogar Betesda. El amplio tendedero muestra la edad de los ocupantes, niños, niños y más niños que juegan, deambulan, se preparan para acudir a las escuelas más cercanas.

“Nuestra visión es  llevarlos, no echarlos a la calle cuando lleguen a una edad ya grande, sino hasta que lleguen a la universidad”, sostiene Vargas, quien asegura haberse “criado” en la calle.

“Yo nunca tuve cariño de papá ni nada de eso, cuando ya me rehabilité, sentía algo tan fuerte que ayudar a los niños en situación como la mía,  podía entender que han sufrido maltrato, abandono, pobreza, fue lo que a mí me llevó a involucrarme”, arguye el también director del albergue, quien no separa la intervención divina de su decisión.

Comenta que regularmente tienen entre 25 y 30 niños y niñas, aunque hay un espacio para 35, pero su la premisa es que “mientras menos niños tengamos, mejor situación les damos”.

Su población infantil incluye niños en edad escolar, y adolescentes de nivel secundaria y preparatoria. ”En el sistema que operamos aquí,  desde pequeños les metemos que somos una familia y que no es una institución, que no lo vean como una cárcel, que es una casa y aquí hay un reglamento como en toda casa. Queremos que ellos salgan exitosos, que no se vayan a las drogas, que no se vayan a la delincuencia y que sean buenos ciudadanos”, asume.

El gasto mensual de la casa-hogar lo calcula en 52 mil pesos, de los cuales Desarrollo Social aporta 10 mil, una empresa particular, de nombre Santoyo, 5 mil, más otros mil pesos que aporta una de las iglesias. “Lo demás hay que buscarlo, corretearlo p’arriba y p’abajo”.

Vargas complementa que la fundación del “Doctor Simi” los apoya con algo de comida y el DIF les dona 14 despensas al mes: “Ha habido ocasiones en que me la he mirado dura, me ha tocado empeñar hasta la herramienta”.

En cuanto al perfil de los menores, hay algunos que los canaliza el DIF y otros son de “ingreso voluntario”. Pese a la difícil situación y la precariedad económica, el director de Casa Hogar Betesda tiene otros proyectos, como el separar las edades y crear una casa para adolescentes y otra para maternales.

Otras investigaciones