Señor Presidente

Rosario Mosso Castro

Los bajacalifornianos aprovechamos su presencia en el estado para pedirle dos cosas: el cese a la impunidad en la procuración de justicia, y que en materia productiva, nos permita competir en condiciones de igualdad.

Si bien no reunimos las ínfimas características para ser considerados una comunidad en extrema pobreza, merecedora de apoyos, no es justo que su gobierno se empeñe en castigarnos por ser una sociedad participativa y productiva.

Nos flagela con un SIAVE que obstaculiza los cruces fronterizos, y ni siquiera ha golpeado a los narcotraficantes; o un control de dólares que sólo afecta al empresario común, porque los grupos delictivos evaden abiertamente la medida, acordando con cajeros bancarios (existen pruebas, puede revisar evidencias en las investigaciones criminales locales).

Desde México, decidieron que a pesar del extremo clima mexicalense, su gente no merecía consideraciones en la tarifa eléctrica; también aniquilaron el comercio de autos usados con el movimiento económico que generaban, y la lista continúa.

En materia de competitividad frente al vecino país, los Estados Unidos, no ha respondido Usted al llamado urgente de la clase empresarial bajacaliforniana, que le ha pedido apoyar la construcción de una Zona Económica Estratégica. Insiste Usted en que ello iría en perjuicio de industriales del centro del País, con los que no puede quedar mal, y al hacerlo, señor Presidente, mantiene en abandono a la comunidad fronteriza.

Apostar por la mejora de las condiciones económicas de la región noroeste de México, es invertir en el desarrollo de todo el País, en el crecimiento del empleo, el desarrollo urbano y la sustentabilidad de varios estados.

En materia de seguridad, licenciado Calderón, su deuda con el norte es igual o más grande.  Porque los bajacalifornianos, Usted lo ha dicho, nos convertimos en ejemplo nacional de participación, colaborando de la mano con el Ejército en la captura de cientos de criminales, que también por centenares, meses después han regresado a continuar la suma de víctimas de asesinato, secuestro, extorsión, amenazando  y envenenando a la comunidad.

A punta de corrupción, complicidad e ineficiencia pagada, sus delegaciones, subprocuradurías y Procuraduría, han convertido en burla y miedo el esfuerzo de esta comunidad.

Ésta, que también es su sociedad, merece resultados y respuestas, saber quiénes son los responsables de los asesinatos violentos cometidos contra decenas de policías en Baja California entre 2008 y 2010, de los cientos de muertos y desaparecidos por el crimen organizado en este territorio en lo que va de su sexenio.

¿Qué castigo han recibido los homicidas de los 45 mil 515 asesinados que reconoce su gobierno en lo que va del sexenio? (más de 60 mil, según conteo de ZETA). Resulta indignante y vergonzoso que después del circo mediático de las aprehensiones y las millonarias inversiones en operativos de captura, los pocos criminales que permanecen detenidos reciban sentencias tan pequeñas que rayan en la sorna.

Se lo demostramos con dos ejemplos de casa: los 12 años de sentencia que le dieron a Marco Antonio Quiñones “El Pato”, presunto autor material del asesinato de Luis Valero y el intento de homicidio del co-director de ZETA, Jesús Blancornelas, o la pírrica condena de uno de los presuntos autores intelectuales del ataque y cerebro del Cártel Arellano Félix, Benjamín, a quien le dieron apenas 22 años de encierro y una multa de poco más de tres mil pesos en México. Y 30 años y una multa de cien millones de dólares en territorio estadounidense, adonde su gobierno lo extraditó, cuando en México aún tiene pendientes con la justicia.

A Usted, el Ejecutivo de la Nación, le exigimos justicia y certeza jurídica; que si un hombre es detenido en posesión de decenas de armas prohibidas o traficando con especies en peligro de extinción, reciba el castigo contemplado en la Ley, que no sea protegido por una justicia selectiva que no se aplica a hijos de priistas o exalcaldes fronterizos.

Necesitamos que desmantele Usted el patrimonio de las organizaciones delictivas, que combata el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y la corrupción política de alto nivel. Y esto lo puede hacer posible a través de la procuración de justicia. Está en sus manos y voluntad.

Le quedan más de 10 meses y puede hacer mucho bien, o mal. Todo depende de cual sea su mayor interés: el beneficio de su partido en año electoral, o cumplir con su facultad y obligación de garantizar que los californios y el resto de los mexicanos, tengan acceso a un entorno de seguridad, bienestar y calidad de vida.