Criminales inhumanos

Acudo a la nueva generación de diputados federales y senadores de la República de este 2012, para que ahora sí se aplique en el Código Penal de la Federación la pena de muerte para los secuestradores; ya en anteriores semanarios de ZETA lo promoví, ahora me inspiro en una carta del ZETA No. 1713, enviada por Jaime López R., en la fecha correspondiente a la semana del 26 de enero al primero de febrero de 2007, que está encabezada así: ¿Pena de muerte en México? ¿Por qué no? Y con más coraje ahora por el reciente suceso de la joven extraviada que apareció mutilada de sus brazos y piernas, que en forma cínica el criminal narró cómo y por qué asesinó a la adolescente.

Una pregunta para los hoy precandidatos y sociedad en general: ¿Creen que esa bestia inhumana que privó de la vida a esa adolecente tan sanguinariamente merezca vivir? A los padres de esa joven no se los pregunto, porque están de acuerdo conmigo, así como a miles de familiares que han mantenido por años el dolor irreparable de perder a un hijo, padre o hermano en manos de esos criminales perversos.

Continuando con la petición pública de Jaime López R., tiene mucha razón al sugerir que con la muerte de estas escorias inhumanas, que hacen mucho daño a la sociedad de bien, se salvarían miles de seres humanos. Lo que sugiere es que en base a la nueva Ley de Donación de Órganos, que los órganos de estos criminales sean destinados a instituciones médicas donde se practique el trasplante. Le voy al cien por uno que bajaría el alto índice de secuestros en las entidades más conflictivas del país, sería más de impacto que la Ley fuera retroactiva de 5 años, tomando en consideración a los secuestradores que cometieron los delitos desde el 2007 a la fecha. Sería extraordinario por el bien que se le haría a los pacientes enfermos que necesitan diferentes órganos.

Ahora bien, protestan por ahí los eruditos del Código Penal, que esta Ley no puede ser posible porque ministerios públicos y jueces no están capacitados; que el Código Penal es obsoleto y que tiene muchas lagunas, además que nuestras policías no están todavía dignificadas, que aún tienen las corporaciones elementos que caen en la tentación del abuso de autoridad, corrupción y prepotencia. Dicen que por esta causa podrían sentenciar a inocentes por errores de origen.

Todo queda claro que es cierto, pero aquí está la pregunta del millón a los ministerios públicos y jueces penales y a esos eruditos de la Ley Penal: ¿La pena de muerte no podría aplicársele a los ejecutadores y secuestradores detenidos en flagrancia, con el cuerpo del delito? ¿Cuántos cientos de delincuentes detenidos en estas condiciones y circunstancias están en cárceles mexicanas?

Deberían los precandidatos a diputados federales y aspirantes a la Cámara Alta, esos que quieren llegar al Congreso y al Senado, hacer una encuesta a las familias mexicanas en general, sobre el tema de la pena de muerte, en las condiciones y circunstancias como las hemos sugerido por conducto del Semanario ZETA. ¿Le temen a los costos políticos o tienen miedo?

Ramón Rosendo Otáñez Sánchez

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