De no haber sido anunciado como un taller para servidores públicos del gobierno municipal, el arranque del evento del miércoles 11 de abril por la mañana, en el Salón Rojo del ex Hotel Riviera de Ensenada, bien pudo haber pasado como un drama heroico.
“¡Señor presidente, su equipo le ha cumplido, señor!”, expresó con voz temblorosa Alejandro Puente Pérez, titular de la Unidad Municipal de Transparencia, en alusión a los temas de supuesta opacidad en la actual administración local; exclamación que fue seguida de aplausos de los directores de prácticamente todas las áreas del XX Ayuntamiento presentes en el evento.
Un taller de capacitación en tema de transparencia, dirigido a funcionarios y convocado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), donde los nervios, la confusión y terquedad se hicieron evidentes tanto en Puente Pérez como en el alcalde Enrique Pelayo Torres, a quienes junto con otros funcionarios del XX Ayuntamiento, el ITAIPBC les ha estado marcando el paso para que informen sobre las operaciones del Ramo 33, en mayor medida por la persistencia del ciudadano Óscar Soto Brito, sobre quien Pelayo descargó acusaciones de golpeteos, además de justificar su negativa de entregar la información solicitada por él desde noviembre de 2011, demandada por el ITAIPBC.
Alejandro Puente Pérez fue el primer orador en el evento. Las declaraciones hechas por el funcionario ese día no giraron en torno al uso de nuevas tecnologías, de sistemas eficientes, casos ejemplares o parámetros de medición regionales en la materia. No habló sobre la importancia de transparentar las cuentas públicas, no demandó a los presentes cumplir con una Ley implementada en México hace 10 años. Puente se fue directo a la pasión, al autoapapacho, a destacar la entrega de él y de los funcionarios del XX Ayuntamiento a las tareas encomendadas por su señor, Enrique Pelayo.
Así fue su discurso:
“Gracias a Ustedes por lo que respecta a esta Unidad Municipal de Transparencia, muchísimas gracias, por ustedes hemos logrado mantenernos en un nivel de preferencia y de gusto por parte de la ciudadanía en el cumplimiento de ésta obligación… Sus respuestas a tiempo, en forma, nos han dado esa presencia ante los medios de comunicación, nos lo han reconocido”, comentó Puente, dejando la duda sobre cuál medio y en dónde se dio tal reconocimiento.
Posteriormente, Adrián Alcalá Méndez, consejero ciudadano presidente del ITAIPBC, tomó el micrófono y, luego de los agradecimientos por el espacio, dijo: “Creemos en el compromiso que los sujetos obligados han expresado hacia la ciudadanía en el sentido de transparentar su quehacer diario y facilitar para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública”, y abordó un tema en el que Pelayo Torres se apoyaría más adelante para justificar su negativa de entrega de información.
“Una parte es el ejercicio o la solicitud que hace un ciudadano, una persona, sin necesidad de acreditar interés legítimo alguno, y sin acreditar una especialidad o algún interés que se tenga en la información, qué es lo que se quiere hacer con ésa información, y también el tratamiento que deben tener los funcionarios públicos, los servidores públicos a esa solicitud de acceso a la información pública. Las solicitudes de acceso a la información pública que deriven de la ciudadanía son tan importantes como cualquier otra responsabilidad, una obligación de mayor trascendencia”, precisó Alcalá.
Finalmente, Enrique Pelayo pasó al frente y tomó el micrófono. Rojo y sudoroso, visiblemente molesto, expuso: “En este replanteamiento de la administración pública municipal, la transparencia es más que una política, es parte de esta nueva filosofía para cumplir con nuestro compromiso con Ensenada. Un ejemplo de este evento es justamente el ejercicio de los recursos provenientes del Ramo 33, en los que este gobierno municipal se ha caracterizado por escuchar a la ciudadanía”.
Sin embargo, éste es justamente el tema que no ha sido transparentado por Pelayo, y donde ni se han entregado copia de documentos, ni de datos relacionados con el mismo, y de los que ya se dio cuenta en ZETA sobre los dos listados presentados por Soto Brito. Es justamente el tema en el que el ITAIPBC ha estado informando que los funcionarios municipales en Ensenada están cometiendo faltas graves, bajo los que el propio Brito incluyó una demanda penal.
Pelayo prosiguió e hizo referencia a los reclamos de los regidores Armando Reyes Ledezma, del Partido del Trabajo, y de Alfonso Orel Blancafort Camarena, del Partido Verde Ecologista de México, justamente sobre la falta de transparencia en el manejo de recursos del Ramo 33. “Estamos acostumbrados a la crítica insana, a la difamación y a la diatriba, que a todos ustedes, señores funcionarios del XX Ayuntamiento, les consta que yo jamás di una sola línea para una sola obra del Ramo 33”, advirtió, además de asegurar que en su administración buscó cambiar la manera de operar el Ramo 33 para que, a través de comités, los ciudadanos eligieran y supervisaran en calidad y precio las obras que más necesiten. Un listado de obras solicitado precisamente por Soto, y que no se ha entregado información ni de su calidad, ni de su precio.
“Los que no fueron, ahora sí que se logró la mentada obra, pues hubo críticas al procedimiento, pero repito, se hizo con la voluntad del pueblo, con la voluntad de la participación de todos”, refirió Pelayo, luego de que de las más de mil obras propuestas, sólo se programaron doscientas.
“De 69 casos que han pedido a Transparencia, 67 se han resuelto, se les ha dado toda la atención. Dos casos concretamente que son de un ex funcionario, de un ex empleado del Municipio que tenemos una demanda en su contra, y que por razones particulares no se le ha dado el acceso a esa información que él requiere. Tenemos el compromiso de decir las obras que se hicieron, el costo, en dónde se hicieron, todo lo que esto encierra, pero no tenemos por qué dar mayor información de domicilios de todos los que conformaron los mentados mil 500 comités de obra, y por ahí nos han golpeado; pero repito, yo estoy acostumbrado a eso y no me interesa”, recalcó el munícipe.
Luego de la inauguración y sin que Pelayo se quedara a escuchar el taller, el reportero lo abordó sobre cuál es el motivo de la denuncia contra Soto Brito, a lo que respondió: “Ahí está en Sindicatura, tengo entendido que están todos los antecedentes, fue a raíz, tengo entendido, de un carro que por ahí chocó cuando él era funcionario, carro oficial, pero los antecedentes todos los trae el Síndico”.
— ¿La información que solicitó Óscar Soto se va a proporcionar, se va a poner pública en algún portal de internet?
“Yo creo que la información no tenemos problema para obsequiarla, como ciudadano tiene el derecho al margen de todo, pero la vamos a obsequiar con base en lo que tenemos que obsequiar”, afirmó el alcalde, luego de no haber hecho eso justamente en cinco meses.
De acuerdo a Adrián Alcalá, en menos de un mes el ITAIPBC estará haciendo pública una evaluación a los cinco ayuntamientos de Baja California, para dar a conocer, en una escala del 1 al 10, qué tan transparentes son.
Adicionalmente y en relación a la demanda contra Soto Brito, el consejero ciudadano presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California expresó:
“Yo quiero dejar muy puntual que el derecho de acceso a la información pública es para cualquier persona, no se limita a ciudadanos, no se requiere acreditar interés legítimo alguno, el hecho de que esté o no algún pleito detrás de, con fines electorales o no fines electorales, no puede en ningún momento limitar el derecho del acceso a la información pública. Es un derecho universal, contemplado en tratados internacionales, en instrumentos internacionales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la local y en la Ley de Transparencia”. (Ricardo Meza Godoy/ZETA)
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