José Guadalupe Osuna Millán
Grecia es cuna de una de las civilizaciones madres del mundo occidental.
En las tierras helénicas floreció no sólo una cultura que sería admirada y heredada al mundo, sino que fue fuente de inagotable conocimientos que puestos en práctica fueron motor del desarrollo económico en el mundo entero.
Su influencia histórica es innegable.
Sin embargo, hoy la admirada Grecia está en quiebra y en graves problemas económicos, sociales y políticos. La quinta parte de su población está desempleada y su capacidad de pago de sus deudas es superada en cinco veces por lo que debe a sus acreedores.
Hoy vive el estallamiento de un problema que sus gobiernos prefirieron esconder: El sobreendeudamiento irresponsable, derivado de pedir prestado para gastar lo que no se tenía, ni se producía.
Ellos son un buen ejemplo, junto con otras naciones europeas como España, y en el caso de América, Estados Unidos y su burbuja inmobiliaria que terminó estallando, de lo que ningún estado debe hacer.
Esa es una dura lección que la historia nos ha dado y de la que todos debemos aprender.
Y ese es un tema que adquiere especial relevancia en estos días para Baja California.
Es relevante porque a partir de noviembre del año pasado hemos impulsado una reforma a la Ley del Servicio Civil de Baja California.
Más servicios, menos burocracia
La reforma relacionada con los cambios a la Ley del Servicio Civil fue presentada en diciembre pasado ante el Congreso del Estado.
El objetivo central de la reforma es evitar, como ahora ocurre, que las basificaciones de los empleados que prestan su servicio a los ayuntamientos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Gobierno del Estado, se concreten con sólo seis meses de trabajo.
Ese fenómeno de basificación no se presenta en ninguna parte del mundo donde hay una relación laboral, y sólo ocurre en Baja California por lagunas legales en la Ley del Servicio Civil.
Ello ha provocado que cientos de empleados cada año logren una plaza de trabajo, adquieran derechos laborales sin haber tenido una antigüedad mínima, y se conviertan en una pesada carga para las haciendas de esos entes de Gobierno.
El Ayuntamiento de Mexicali, por ejemplo, vive ahora el impacto en sus finanzas debido a un galopante crecimiento en la cantidad de recursos que ese Gobierno tiene que pagar por concepto de gasto corriente, donde la mayor parte es el de nómina, a sus trabajadores.
El crecimiento ha sido tan fuerte que pasó de 80.7% que pagaba por ese concepto en el 2006 al 83.1% al cierre del 2011, de acuerdo con un reporte emitido por la calificadora de riesgos Fitch Rating´s. (Ver gráfica).
Sin embargo, ha habido años en los que ha pagado hasta 88.6% por ese concepto.
Eso significa que de cada peso que recibe esa administración, un promedio de 80 centavos se destinan a cubrir su gasto operativo, dentro de lo cual el de sueldos de los trabajadores y funcionarios es la mayor parte.
La situación en el resto de los ayuntamientos no es mejor. En Tijuana, por ejemplo, aunque es menor la proporción sigue siendo alto.
De su gasto total el Ayuntamiento de Tijuana destinaba al cierre del 2011 el 76.6% a su gasto corriente. (Ver gráfica).
En contraste con eso, la inversión municipal es mínima.
En el caso del Ayuntamiento de Mexicali al cierre del 2011 apenas fue de 7.2% del gasto total.
Eso significa que de cada peso, apenas 7 son canalizados por el Gobierno de la ciudad para cubrir las necesidades de los ciudadanos.
En Tijuana el problema es similar. Al diciembre del 2011, de acuerdo con el reporte de la calificadora Fitch Rating´s que analiza año con año la evolución de las finanzas de ese municipio, sólo 9 pesos de cada 100 que recibe esa comuna se destinaron a inversión municipal, lo cual representa una cantidad mínima para las grandes necesidades de esa ciudad.
Como podemos ver, el problema no es menor, y tiene que ver principalmente con la obligación que generan esos derechos creados por más y más trabajadores basificados cada año debido a una Ley del Servicio Civil que así lo permite.
Si seguimos a ese ritmo en los próximos dos años los cinco ayuntamientos del estado sólo serán pagadores de nómina, sólo estarán enfocados a recaudar y recibir sus participaciones estatales y federales para destinarlas a pagarles el sueldo a sus empleados, principalmente sindicalizados que obtuvieron su base mediante una Ley del Servicio Civil a todas luces obsoleta.
Pero no sólo eso, ante la falta de recursos se verán obligados, como ya ha empezado a ocurrir, a acudir a solicitar préstamos, a endeudarse, ante instituciones bancarias con el fin de atender sus necesidades más apremiantes.
Es decir, empezarán por una necesidad de operación a gastar lo que no se tiene, generando un círculo vicioso de dimensiones graves.
Ese fue el origen del problema de las grandes economías europeas y algunas de América y lo cual ha generado una crisis económica que ahora amenaza con extenderse a todo el mundo.
Esa es una lección que parecemos no querer aprender.
La ciudadanía, la afectada
Lo más grave de todo, sin embargo, es la afectación que ello tiene en la ciudadanía.
Esto tendrá una repercusión directa, como ya lo viene teniendo en la prestación de servicios municipales, pero sobre todo en la realización de obra pública básica en cada uno de esos municipios en detrimento de los ciudadanos.
Esta situación se ha vuelto insostenible y la reforma a la Ley del Servicio Civil de Baja California, esa que regula las relaciones laborales con los empleados de cada uno de los entes de Gobierno de la entidad, resulta indispensable.
Sin embargo, a pesar de que alcanzamos un acuerdo con los cinco alcaldes de Baja California para impulsar los cambios, el Congreso del Estado desechó la iniciativa.
Uno de los argumentos esgrimidos para tomar esta decisión fue que violentaba los derechos de los trabajadores. Nada es más falso.
La propuesta de reforma no atentaba contra ningún derecho laboral, respetaba los logros sindicales obtenidos hasta la fecha y sólo apelaba a la necesidad de no seguir basificando de manera desproporcionada a los trabajadores con un mínimo de antigüedad como ahora se ha venido dando.
La decisión de los honorables diputados privilegió una visión de corto plazo, sobre una de largo plazo responsable y comprometida con los ciudadanos.
——————————–
El autor es Gobernador de Baja California.
******
(GRAFICAS DE LEY DE SERVICIO CIVIL)
Sólo para pagar nóminas
La cantidad de dinero destinado al pago de gasto corriente, donde la mayor parte es de nómina, contra el gasto total, ha ido en aumento en los ayuntamientos como el de Mexicali y Tijuana.
(Ayuntamiento de Mexicali)
(Cifras en millones de pesos)
Año Gasto total Gasto Corriente % Inversión Mpal. %
2006 1,743.9 1,408.8 80.7 116.6 6.6%
2007 2,054.5 1,609.5 78.3 190.9 9.2%
2008 2,220.9 1,696.7 88.6 147.0 6.6%
2009 2,499.9 1,696.7 74.9 117.5 4.7%
2010 2,753.7 2,066.8 75.0 296.1 10.7
2011 2,627.7 2,184.7 83.1 189.9 7.2%
Fuente: Fitch Rating´s.
***********
Ayuntamiento de Tijuana
(Cifras en millones de pesos)
Año Gasto total Gasto Corriente % Inversión Mpal. %
2006 2944.2 2,091.3 71% 485.2 16.4
2007 3,078.1 2,542 82.5 215.2 6.9%
2008 3,513.3 2,584.4 73.3 557.2 15.6
2009 4,046.3 2,819.4 69.6 826.9 20.4
2010 4,738.4 2,924.1 61.7 1326.1 27.9
2011 3,738.5 2,865.3 76.6 340.6 9.11
Fuente: Fitch Rating’s.
Sección A
Sección B
Ediciones Especiales
