Pruebas hunden a Los Villegas

Cheques y facturas prueban saqueo del erario

Cuando el perredista Joel Villegas Ibarra fungía como presidente municipal de Comondú, se enriqueció, desvió millones de pesos del erario para depositarlos a cuentas personales de sus hijos, hermanos, sobrinos y amigas.  La Procuraduría del Estado ya tiene pruebas contra el ex funcionario.

Gerardo Zúñiga Pacheco

Ciudad Constitución, Baja California Sur.  El ex alcalde comondueño Joel Villegas manejó el dinero público como si se tratara del propio. Existe documentación que acredita cómo utilizó recursos del erario para la compra de muebles, artículos electrónicos, línea blanca, maquinaria y vehículos que, dicho sea de paso, adquiría por medio de empresas propiedad de sus vástagos.

En un corto tiempo, “Los Villegas” -como los habitantes de Comondú identifican a la familia- alcanzaron la prosperidad económica. Invirtieron dinero mal habido en la compra de terrenos y casas, y en negocios que aparecían como proveedores del Ayuntamiento.

Era común para los empleados municipales constatar que el dinero del pueblo era utilizado para comprar boletos de avión para hacer viajes personales de Ciudad Constitución, a Hermosillo, Culiacán y Guadalajara, la mayoría aprovechados por su hijo, Daniel Villegas Martínez y su esposa, Claudia Zamudio, sobrina de Inés Zamudio Beltrán, el desterrado líder de la banda de narcomenudistas “Los Zamudio”.

El ex edil ordenaba depositar a las cuentas bancarias de sus hijos, cantidades que iban desde 20 mil hasta 50 mil pesos. Lo mismo sucedía en el caso de sus hermanos Marco Antonio, Lourdes, y su sobrino Martín.

De igual manera, favoreció económicamente a Florina Plateros Beltrán, depositándole cada quincena 20 mil pesos a su cuenta bancaria, con número 6052885856-6, de Banco Santander-Serfin. En toda la administración de Joel Villegas Ibarra, esta mujer recibió depósitos de casi 2 millones de pesos, cantidad con la que compró una camioneta de lujo y remodeló su vivienda en “El Conchalito”, localizada en La Paz, Baja California Sur.

Esta información está incluida en la investigación que sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sobre el paradero del dinero público desaparecido en la administración anterior, sustentada en siete denuncias penales, presentadas de marzo a noviembre de 2011.

Las pruebas

En las primeras indagatorias, la PGJE logró acreditar que a sabiendas de que cometía el delito de peculado, el ex alcalde Joel Villegas Ibarra distrajo 5 millones de pesos del erario público para la adquisición de dos máquinas de reciclaje de plástico, las cuales se encuentran en el estado de Puebla.

Los investigadores siguieron el rastro de 67 millones 680 mil 054 pesos depositados por Banobras  a la cuenta bancaria 65-50253014-3, sucursal 4557 de Banco Santander en Ciudad Constitución, Baja California Sur, a través de un traspaso interbancario con la Clave Bancaria Estandarizada 014042655025301439, a favor del Ayuntamiento de Comondú.

En la minuciosa revisión, se detectaron dos retiros de 400 mil pesos, y cuando siguieron el rastro, se dieron cuenta que el dinero había sido depositado el 3 de junio de 2009 a la cuenta bancaria 7895690 de Banamex, a nombre de una compañía denominada Procesos Industriales Hidroeléctricos.

Con ese dato en mano, los agentes investigadores supieron que los retiros fueron parte de varios que se hicieron para liquidar un contrato de compraventa por la citada maquinaria, la cual se pretendía utilizar en un negocio particular del ex alcalde, el cual estaría instalado en un terreno de 12 hectáreas de su propiedad, en Ciudad Constitución.

Una vez revisada la zona, se determina que en el terreno solo existe una techumbre que se fabricó para proteger las máquinas del sol, las cuales siguen en el estado de Puebla y no han sido traídas a la región, pese a ya haber sido liquidadas.

Datos recabados por los investigadores también permitieron detectar lo siguiente:

1. Antonio Villegas Martínez, hijo del ex alcalde, era proveedor de autos usados al Ayuntamiento, para lo cual registró un negocio, Autos El Toño, poniéndolo a nombre de José Antonio Méndez Silva, uno de sus trabajadores, facturando entre 100 y 200 mil pesos por cada auto vendido.

De igual manera, se detectó que la camioneta que Luis Armando Díaz utilizaba cuando era candidato a gobernador, fue facturada el 28 de junio de 2008 para el Ayuntamiento,  pero no aparece dentro del inventario de Comondú; además, ahora está empeñada en Los Cabos. Se trata de una Yukon, marca GMC, modelo 2003, tipo vagoneta y número de serie 3GKEC16T43G287089.

2. Joel Villegas Ibarra, el ex alcalde, amuebló sus casas y las de su familia con dinero del Ayuntamiento. El 25 de abril de 2009, el establecimiento Mueblería San Diego expidió a la administración municipal una factura por 36 mil 530 pesos, por la adquisición de una sala, antecomedor, mesa, sillas y diversos artículos.

3. El ex alcalde desvió miles de pesos a cuentas personales. Como ejemplo, el 12 de noviembre de 2010, Joel Villegas Martínez remitió 150 mil pesos a la cuenta bancaria 50-63071982-6 de Santander-Serfin, en tanto,  el 13 de julio se emitió otro depósito a nombre de Daniel Villegas Martínez, cuenta número 60-53194984-5, también de Banco Santander-Serfin.

4. Personalmente, Villegas se daba a la tarea de recoger el dinero de los impuestos recaudados en las delegaciones municipales, pero éste no ingresaba a las arcas de gobierno, tal y como quedó demostrado en un recibo expedido el 8 de octubre de 2010, el cual ampara la entrega de 28 mil 020 pesos, firmado por Joel Villegas Ibarra y la recaudadora de Puerto San Carlos, Josefina Geraldo Aguillón.

Adicionalmente,  la PGJE localizó un documento elaborado con puño y letra del ex alcalde Joel Villegas Ibarra, en el cual se exhibe cómo infló los precios para distraer recursos por el orden de  los 5 millones 834 mil pesos; dinero vinculado a la supuesta compra de maquinaria que debía pagarse con un  préstamo de Banobras en 2009.

En el documento se expone que el dinero se usó para pagar un trascabo, una retroexcavadora, una canastilla, un dompe de rastro, dos motos conformadoras y una pipa de bomberos, cuyo costo original apenas superaba los 5 millones de pesos; sin embargo, le subieron el precio, facturándolo en 11 millones 120 mil pesos, obteniendo una ganancia por casi 6 millones de pesos.

La Procuraduría del Estado integró los documentos a la investigación para determinar la solicitud de las medidas cautelares necesarias para que el ex funcionario perredista responda por el delito de peculado, y otros relacionados con el ejercicio abusivo de la autoridad.

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