“Mano Negra” alcanza libertad bajo fianza
Tras un pleito de 10 años y como resultado de una denuncia por invasión violenta de predios, el 11 de junio de 2012, la Procuraduría sudcaliforniana capturó al empresario, sujeto a proceso por el delito de despojo. Para defenderse, el inversionista denunció -sin éxito- ante la SIEDO al gobierno sudcaliforniano y a Olivia Higuera, su contraparte en la pugna por tierras, de estar coludidos con el crimen organizado.
Alejandro Acuña
Acompañado de ministeriales del centro del país, al llegar al Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León de La Paz, a Rafael Muñoz Martínez “Mano Negra” lo esperaba un chaleco antibalas y agentes ministeriales locales.
Se hizo una rápida transferencia de la custodia. Firmaron documentos, y, de inmediato, en medio de un fuerte operativo de seguridad de más de ocho patrullas, el empresario fue trasladado ante el Ministerio Publico para rendir declaración. Después lo entregaron a los custodios del Centro de Readaptación Social de Santa Rosalía.
Registrado oficialmente como empresario turístico, por muchos años Rafael Martínez ha tenido una oscura fama de invasor, el caso más sonado y por el que fue capturado en la Ciudad de México el 10 de junio de 2012, es el “despojo” de una propiedad de 396 hectáreas en Bahía Concepción, en agravio a Mark J. Burbey y su esposa, Olivia Higuera Amador.
El delito que tiene a Muñoz tras las rejas fue cometido de manera violenta, ya que el 4 de febrero de este año, envió gente armada a irrumpir con abuso de fuerza en el terreno, donde además está ubicado un pequeño hotel y algunas casitas, habitadas por los propietarios, que actualmente reconoce la autoridad judicial.
En aquel momento, el cónsul estadounidense en el municipio de Mulegé, Jim Cristopher, señaló las irregularidades cometidas por Muñoz, y elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur se movilizaron. El 9 de febrero se capturó a seis personas claramente identificadas como los agresores: Mario Alán Pérez Rivera, de 36 años de edad; Juan Bañuelos Durán, de 40; Roberto Miranda Gómez, de 37; Oswaldo Aréchiga Pérez, de 44; Roberto Aréchiga Pérez, de 35; y María Elizabeth Espinoza Montaño, de 51 años.
Un día después y molesto por la acción de la PGJE, “Mano Negra” viajó al centro del país a interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Marcos Covarrubias Villaseñor, gobernador de Baja California Sur, y Gamill Arreola Leal, procurador de justicia, por el delito de “abuso de autoridad”.
En su declaración, afirmó que la Policía actuó con extrema fuerza contra sus trabajadores, y que la portación de armas de sus empleados estaba justificada porque eran los responsables de resguardar su propiedad.
Acto seguido, Muñoz se dirigió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para acusar al procurador de tener vínculos con el crimen organizado, además de estar relacionado con Olivia Higuera Amador, a quien supuestamente apodaban “La Vaquera” y, según su dicho, era un importante contacto y operadora del Cártel Arellano Félix (CAF). Señalamientos que luego de una investigación, fueron catalogados como falsos.
En total, “Mano Negra” presentó catorce denuncias en la SIEDO, sin embargo, ninguna procedió por falta de elementos. De igual manera, interpuso denuncias en la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, PGR y Secretaría de Seguridad Pública Federal, además de declarar respecto a supuestas anomalías en tramitaciones y aportar datos de supuestos desembarques de droga. Todas las denuncias fueron seguidas por las respectivas autoridades, sin resultados.
Los hechos
Rafael Muñoz Martínez obtuvo la investigación y aún no aclara por qué medios. Respaldado en documentos emitidos en 1992 por el Registro Nacional Agrario, que presuntamente lo acreditaban como legítimo dueño de la propiedad, creó un sitio web donde prácticamente remataba terrenos en Baja California Sur a 6 dólares el metro cuadrado, cuando el valor catastral sobrepasaba los 60 dólares.
Protegido por la impunidad que durante diez años le brindaron los gobiernos anteriores, Muñoz señaló, marcó y lotificó el predio. Empezó por cercar el acceso a playas sin problemas, hasta ser detectado por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), entidad que intervino porque legalmente, el acceso a las playas Armenta y Bahía Concepción no se podía obstruir, y “Mano Negra” lo hizo, dando origen a una investigación.
Entre la PROFEPA y el Registro Nacional Agrario, cotejaron documentos y determinaron que los legítimos dueños eran Olivia Higuera Aguilar y su esposo Mark J. Burbey, quienes ya tenían denuncias penales contra Rafael Muñoz Martínez y Juan Ernesto Corona, su cómplice, mismos que habían consumado el despojo de la propiedad y estaban vendiendo los terrenos a particulares.
A pesar de las denuncias en su contra, ni Muñoz ni Corona fueron requeridos en tiempo y forma por el entonces titular de la PGJE, Fernando González Rubio.
Sin autoridad que los protegiera, en un primer momento la pareja fue despojada de su patrimonio, localizado en Bahía Concepción en la Playa Buenaventura, por lo que a petición de la afectada y ya en el proceso del litigio, el Registro Agrario Nacional investigó el título de Rafael Muñoz Martínez, descubriendo que los papeles eran falsos.
Muñoz ya estaba “apalabrado” con un comprador, a punto de recibir 17 millones de dólares, fue entonces cuando el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 48 ejecutó la sentencia de desalojo contra “Mano Negra” y se regresaron formalmente tres predios ubicados en Bahía Concepción, a Olivia Higuera Aguilar y Mark J. Burbey.
Enseguida, el Registro Agrario Nacional interpuso una denuncia penal en contra de Rafael Muñoz Martínez, bajo el número de averiguación previa PGR/DDF/SPE-X/255/0601, por la probable comisión del delito de falsificación de documento y uso de documento apócrifo.
En diversas ocasiones, Higuera y su esposo han declarado pasar por una década difícil, ya que con esfuerzo han levantado un pequeño hotel y un modesto restaurante para los visitantes. Asegura que las tierras han sido heredadas por generaciones, y de buenas a primeras llegó un tipo “con la mano negra a la cintura y dijo ‘esto es mío’”.
El Tribunal Unitario Agrario celebró una audiencia el 27 de marzo 2011, donde se lleva el expediente TUA-48-47/2006, relacionado a un contrato de arrendamiento del hotel Buenaventura con María Olivia Higuera Aguilar y Michel J. George; contrato de asociación a favor de los asociados de la playa Buenaventura en Bahía Concepción.
El Artículo 314 del Código Penal del Estado de Baja California Sur estipula que se impondrá prisión de hasta nueve años de cárcel, y multa hasta por seiscientos salarios mínimos vigentes, a quien por medio de la violencia física o moral, la furtividad o el engaño, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca. Hoy “Mano Negra” está bajo proceso en el CERESO de Santa Rosalía.
Legalmente el delito cometido por Muñoz no es considerado grave, por lo que tiene derecho a seguir su juicio en libertad bajo fianza, la cual fue establecida por el juez en 30 mil pesos.
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