El denunciante es René Pinal, un conservacionista de Los Cabos
El ex gobernador, quien el día de hoy enfrenta un proceso penal dentro del CERESO de La Paz, ya tiene encima una nueva demanda por cargos donde también se implica a Fernando González Rubio Cerecer, ex procurador de justicia de Baja California Sur, y a Hugo Carlos Mendoza Núñez. Los presuntos delitos son: abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Alejandro Acuña
El ex gobernador, quien el día de hoy enfrenta un proceso penal dentro del CERESO de La Paz, ya tiene encima una nueva demanda por cargos muy similares donde ahora sale a relucir el nombre de su amigo, Fernando González Rubio Cerecer, ex procurador de justicia de Baja California Sur, y, a Hugo Carlos Mendoza Núñez.
El denunciante es René Pinal, un conservacionista de Los Cabos, dueño de una propiedad de 857 hectáreas ubicadas a la orilla de la playa antes de llegar a Cabo San Lucas, donde se realizan actividades de ecoturismo como paseos a caballo, camello, campamentos escolares educativo-ambientales y liberación de tortugas.
Pinal asegura que desde el 2010 ya había denunciado a Hugo Carlos Mendoza Núñez –quien en aquel entonces se desempeñaba como agente del ministerio público investigador del fuero común de asuntos especiales en la PGJEBCS– por abuso de autoridad, con lo que se inició y se integró la averiguación previa número LPZ/53/SPB/2010, en la que una vez que se acreditaron los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del funcionario señalado, se llevó a cabo la acción penal por el delito de violación de garantías e impedimentos.
El 12 de junio del presente año Pinal presentó una denuncia en contra de Narciso Agúndez, quien tiene su actual domicilio en el CERESO. El señalamiento también contra Fernando González Rubio Cerecer y Hugo Carlos Mendoza Núñez es por los delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y los que resulten.
Invasión y despojo
René Pinal comenta a ZETA que desde el 1 de mayo de 1983 adquirió el predio conocido como San Cristóbal, sin embargo durante una serie de acciones fraudulentas se lograron registrar varias personas invadiendo gran parte de su propiedad. El 26 de julio del 2007 Pinal interpuso una denuncia ante el agente del ministerio público de asuntos patrimoniales por los delitos de despojo y daños, lo cual resultó en la averiguación previa número CSL/01150-PAT/07.
Por ello recibió una contra-demanda por presunta falsedad de declaración, quedando la víctima como indiciado. “El representante legal de la empresa Constructora Inzunza, José Cruz Salazar presentó documentos falsos, para tomar posesión del predio, el agente del ministerio público dio fe, y en ese momento promoví un amparo por considerar que las diligencias violaban mis garantías individuales respecto al derecho de posesión, donde he vivido más de 28 años”.
La ley marca que el agente del ministerio público no tiene facultades para quitar un bien inmueble; por la manera en que se llevó a cabo la acción esa atribución le compete a la autoridad judicial. En todo caso, lo que debió hacer el agente era la consignación de la averiguación previa conjuntamente con el aseguramiento y la autoridad judicial es quien debe determinar si se entrega el patrimonio dada una minuciosa revisión a los expedientes.
“El ex procurador Fernando González Rubio sabía lo que estaba pasando”, dice Pinal, quien asegura que el funcionario daba órdenes directas a Hugo Carlos Mendoza de cómo ejercer acciones ilícitas, por lo que en el 2010 se interpuso una denuncia por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte, por lo que deberá integrarse en su contra una diversa averiguación previa, y una vez constatada la participación delictiva y mostrando las pruebas se ejercite una acción penal.
Narciso Agúndez Montaño, Fernando González Rubio y Carlos Hugo Mendoza Núñez, conforme a los hechos se denota su participación delictiva, ya que cuando tenían el carácter de servidores públicos, se coaligaron, y se ejerció el abuso de autoridad, favoreciendo los intereses de la constructora Inzunza S.A. de C.V. Los ex funcionarios actuaron de mala fe, como dice Pinal. Ahora el afectado exige que se integre la averiguación previa y que se aplique la ley.
La procuraduría tomará cartas en el asunto
Por su parte la Procuraduría general de justicia de Baja Califonia Sur informó a ZETA que le dará pleno seguimiento a esta denuncia, la cual se canalizará a la agencia del ministerio público especializada en delitos cometidos por servidores públicos para investigación e integración conforme a derecho y en su momento se requerirá la presencia de los implicados para la declaración y el desahogo de pruebas. Entonces la autoridad podrá decidir si se realiza o no acción penal en contra de los ex servidores públicos implicados.
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