Posesión en entredicho

Familia de delegado del INAMI gana juicios locales, pierde en el ámbito federal

Durante años las familias Rodríguez Izabal y Granados Rodríguez han buscado la posesión legal de terrenos ubicados en el vaso de la Presa “Abelardo L. Rodríguez”; mediante adjudicaciones y preinscripciones, han logrado que instancias locales les reconozcan derechos de posesión que en gran parte les ha nulificado la Secretaría de la Reforma Agraria, por lo que mantienen pleitos legales con al menos tres contrapartes. Propietarios de otros ranchos exponen su circunstancia, mientras PEP confirma actuación en dichos predios a solicitud de escolta de Antonio Valladolid.

María Isabel Mercado Juárez

A mediados de mayo de 2012, Filemón Bustos Díaz y Gustavo Gómez Rosas se presentaron en las oficinas de ZETA para denunciar públicamente supuestas arbitrariedades de las familias Granados Izabal y Rodríguez Izabal, así como abusos de poder que documentaron con fotografías, videos y una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

Desde la década de los ochenta, Bustos Díaz enfrenta un pleito legal con quienes además son parientes de Antonio Valladolid Rodríguez, actual delegado en Baja California del Instituto Nacional de Migración (INAMI), a quien los quejosos acusan de intervenir en el pleito civil para favorecer a su familia.

El litigio se inició con Eugenio Rodríguez Izabal, abuelo materno de Antonio Valladolid Rodríguez, y con Jorge Isaac Granados Juárez, tío del funcionario. Por casi tres décadas ambas partes han ganado y perdido juicios, aunque en el caso de Bustos Díaz, la justicia federal le ha sido más favorable; en contraparte la familia del titular de INAMI ha logrado sólo el amparo de las instancias locales.

Así lo reconoció ante ZETA el jueves 17 de mayo de 2012 Víctor Hugo Carrillo,  abogado de las familias Granados Rodríguez y Rodríguez Izabal, quien admitió que las resoluciones de la Secretaría de la Reforma Agraria no han sido favorables a los intereses de sus representados, y que sólo a nivel local -así consta en la documentación presentada a este Semanario- han logrado ganar algunos amparos, a final de cuentas revocados por la dependencia contra la que denostan.

El encono de los familiares de Valladolid no es sólo contra Filemón Bustos y Gustavo Gómez, también contra los propietarios de los ranchos Poza del Encino y Cerro de La Avena, quienes acusan a los Granados Rodríguez de invadirles parte de sus terrenos.

En aras de poner fin a esos conflictos, en 2006 la Secretaría de la Reforma Agraria determinó un deslinde de cada propiedad, el cual no dejó satisfechos a los involucrados.

Mientras la sucesión de bienes de Jorge Isaac Granados Juárez y Eugenio Rodríguez Izabal se inconformaba con el deslinde que les disminuyó la cantidad de terreno que dicen poseer, Víctor Manuel Castro Cebreros, Ricardo Zúñiga y Gustavo Gómez Rosas, propietarios de los ranchos Cerro de La Avena, Poza del Encino y La Avena, respectivamente, se dijeron en desacuerdo porque finalmente la SRA reconoce a ambas familias el derecho de posesión de terrenos que, a su decir, obtuvieron en forma irregular.

Historia de juicios

En 1983, Filemón Bustos Díaz solicitó ante la Secretaría de la Reforma Agraria la enajenación del Rancho de La Avena, asentado en una superficie de 75 hectáreas de terrenos nacionales. La petición fue avalada por la dependencia el  15 de noviembre de 1994, fecha en que se expidió el título número 587735.

Dicho inmueble colinda al norte con Rancho Carmona, propiedad de Eugenio Rodríguez Izabal, abuelo materno de Antonio Valladolid Rodríguez, quien en 1998 reclamó que una superficie (no determinó cantidad) de Rancho de La Avena se sobreponía a su predio, por lo que demandó la nulidad de dicho procedimiento ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 48 (hoy Distrito 45), con sede en Ensenada. El 10 de julio de 2000, esa instancia local dictó sentencia a favor de Rodríguez Izabal.

Ante el fallo, Bustos Díaz se inconformó en el Tribunal Superior Agrario, instancia federal que el 30 de noviembre de 2000 dictó resolución dentro del recurso de revisión 491/2000-48, ordenando reponer el procedimiento de titulación, y atendiendo los lineamientos de esa resolución judicial.

La sucesión de Rodríguez Izabal y Granados Juárez inició en 2001 un juicio de reacción reivindicatoria por la vía ordinaria civil, el cual se radicó en el Juzgado Sexto bajo el número 1487. La sentencia emitida en 2004 fue favorable para la familia de Antonio Valladolid, y al ejecutarse, Bustos Díaz fue desalojado del predio.

Terceros en discordia

En 1996, Jorge Isaac Granados donó el predio identificado como Rancho El Huerfanito, de 33 hectáreas, a su esposa Laura Elena Rodríguez Rojo. El terreno se traslapa con el rancho Poza del Encino, cuyo propietario, Ricardo Zúñiga Díaz, reclama como suyas 96 hectáreas. Por ello la familia Granados Rodríguez también mantiene un pleito legal desde 1999.

En 2005, Víctor Manuel Castro Cebreros, dueño del rancho Cerro de La Avena, de 30 hectáreas, se inconformó ante la SRA porque en los deslindes de El Huerfanito se invade parcialmente su predio.

En forma paralela, en 2002 Arturo Granados Juárez demandó ante el Juzgado Segundo Civil la preinscripción de un predio de 33 hectáreas conocido como Polígono A, Fracción A, ubicado en la Presa “Abelardo L. Rodríguez”, precisamente dentro del rancho La Avena, obteniendo una sentencia favorable que le valió un título de propiedad.

El Juzgado Sexto de Distrito, con sede en esta ciudad, concedió a Bustos Díaz un amparo el 10 de diciembre de 2004 en contra de esa resolución; no obstante, Granados Juárez continuó con la promoción de diligencias de jurisdicción voluntaria con efectos prescriptivos, alegando poseer el inmueble desde 1985, pero omitiendo informar al juzgador que el predio era poseído física y jurídicamente por Filemón.

Fue hasta noviembre de 2010, al ser emplazado como tercero perjudicado en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, que Bustos Díaz se percató que en la disputa de su terreno se integraba alguien más: Armando Ortiz Ríos, quien se dice poseedor del rancho denominado El Avión, el cual se sitúa en una superficie de 33 hectáreas, exactamente las mismas que las de la Fracción A, que Arturo Granados pretendió prescribir en el juicio 1600/2002.

Como pruebas de la propiedad, los demandantes presentaron una sentencia a su favor, otorgada por el Juez Tercero de lo Civil, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, así como una clave obtenida en Catastro Municipal, bajo la denominación de Rancho El Avión, en la que Arturo Granados y Armando Ríos aparecen como copropietarios.

SRA da un revés a los Rodríguez

Para dar solución a los conflictos en  los ranchos El Huerfanito, Poza del Encino, de La Avena y Carmona, el 30 de noviembre de 2005, el Tribunal Superior Agrario inició el deslinde de terrenos, siendo el Rancho Carmona el primero al que se revisó la superficie. El 3 de diciembre continuó en el predio denominado Poza del Encino, el 5 de diciembre del mismo año se revisó la superficie del predio de El Huerfanito, para concluir el 7 de diciembre de 2005 con el deslinde del Rancho de La Avena.

El 29 de diciembre de ese año, los peritos comisionados para llevar a cabo los trabajos de deslinde rindieron su informe de comisión, precisando que hicieron los caminamientos en los respectivos polígonos, conforme a los planteamientos de los propios promoventes.

El área técnica de la SRA emitió su informe el 31 de julio de 2006, y el 16 de octubre de ese año, por medio de la Dirección General de Ordenamiento y Regulación y la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, ordenando la titulación de propiedad en favor de Filemón Bustos Díaz de una superficie de 50 hectáreas, de las 75 hectáreas que tenía el Rancho de La Avena, “… la cual es resultado de segregar de la superficie en conflicto con el predio Rancho Carmona, de la que comprende el título original correspondiente a dicho predio y que fue declarado nulo…”, establece el documento.

A los herederos de Eugenio Rodríguez Izabal solo les reconoce una superficie de 69 hectáreas, de las 96 que decían poseer. Y resolvió: “Se sobresee en el juicio de amparo 333/2007-1, promovido por la sucesión de bienes de Eugenio Rodríguez Rojo, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Eugenio Rodríguez Izabal, así como de Jorge Eugenio Granado Rodríguez, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Jorge Isaac Granado Juárez, contra los actos que reclamaron…”.

La SRA acordó expedir título de propiedad a quien resulte sucesor a bienes de Jorge Isaac Granados Juárez respecto al predio El Huerfanito, de una superficie de 33 hectáreas, mientras que al rancho Poza del Encino le otorga un título por 69 hectáreas, resultado de segregar 27 hectáreas a favor del rancho de los Granados Rodríguez. Para ello nulifica los títulos presentados por ambas partes y concede nuevos.

Es esta resolución de la SRA, la que la masa sucesoria de Jorge Isaac Granados Juárez y Eugenio Rodríguez Izabal buscan combatir, argumentando contar con documentos que los acreditan como los propietarios de una extensión más amplia del terreno que les fue reconocido en el deslinde.

Su representante legal, Víctor Hugo Carrillo, se quejó de que el último fallo de la dependencia no fuera favorable a sus clientes, y esgrimió: “Es lamentable que para la Reforma Agraria, el derecho documental sea perjudicial”.

Por su parte, Víctor Castro, propietario del rancho Cerro de La Avena, acusa a los Granados Rodríguez de continuar invadiéndole 6 de las 30 hectáreas de su propiedad, por lo que “el conflicto sigue latente”, mientras tanto, se dice a la espera de una nueva resolución de las autoridades agrarias, pues el brete por los terrenos situados en el vaso de la Presa “Abelardo L. Rodríguez” no se ha resuelto del todo.

Delegado y uso de la fuerza pública

Pero mientras la dependencia emite un nuevo dictamen, el 24 de octubre de 2009, luego de realizar la tramitología correspondiente, Bustos Díaz logró obtener el título de propiedad Número 1010583, mismo que le expidió la propia SRA. Así quedó registrado el 14 de enero de 2010 ante el Registro Agrario Nacional, bajo el número 105517.

El título se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Tijuana el 20 de enero de 2012; el 30 de enero del mismo año se realizó una cesión de derechos a Gustavo Gómez Rosas, de una superficie de 220 mil hectáreas correspondientes al Rancho de Las Avenas, ante el Juez Tercero de lo Civil en Tijuana.

En ese inter, Filemón Bustos y Gustavo Gómez se quejan de invasión de terreno por parte de los familiares del delegado de INAMI, a quienes acusan de ampliar el cerco de su deslinde hacia terrenos de Rancho de La Avena, y de derrumbar un cuarto construido en ese predio; acciones que “fueron efectuadas con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, bajo el influyentismo que como funcionario tiene Antonio Valladolid”, revelaron a ZETA.

Prueba de ese señalamiento es el parte de la PEP con fecha 6 de mayo de 2012, en el que el agente Cruz Barragán, comisionado por el Área de Protección a Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al resguardo de Antonio Valladolid Rodríguez, hace una solicitud el 5 de mayo a la corporación. En ella requirió el apoyo de unidades del área operativa, argumentando haber detectado gente armada “… en algunas propiedades de su principal”.

Carlos Alberto Gómez Miguel, subdirector operativo, consintió que los agentes realizaran recorridos de prevención en el vaso de la Presa “Abelardo L. Rodríguez”, y para el 6 de mayo asignó las unidades 713, 645, 576, 661 y 708, a cargo del jefe de grupo, Gilberto Uriarte Durán. A las 9:00 horas de ese día arribaron al lugar, pero solo encontraron personas trabajando en la modificación de un cerco perimetral, “en ningún momento visualizaron gente armada”, concluye el parte policiaco.

En su momento, estos hechos fueron negados tanto por el funcionario como por el representante legal de su familia.

Al ser abordado por ZETA el 16 de mayo de este año, Antonio Valladolid Rodríguez admitió proteger sus derechos, pero negó su participación directa en el conflicto civil que enfrenta su familia. Sin embargo, el documento que acompaña este reportaje, membretado por la Policía Estatal Preventiva, confirma que, efectivamente, se utilizó a agentes de la Estatal Preventiva para un operativo en terrenos bajo litigio.

Otras investigaciones