Abogado: Rommel sí sabía de informante

Procurador: “Quiñónez se declaró culpable en un caso juzgado”

La testigo María Pulido y Patrick Q. Hall, abogado del ex enlace de la PGJE de Baja California, preso desde 2010 en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, aseguran que el procurador Rommel Moreno autorizó a Jesús Quiñónez tener un informante, el cual operaba con el Cártel Arellano Félix. El fiscal asegura que esos dichos son “falsos”.

Rosario Mosso Castro

Patrick Q. Hall, defensor de Jesús Quiñónez Márquez, indicó que el ex funcionario de la Procuraduría del estado ligado al cártel de Fernando Sánchez Arellano (“El Ingeniero”, a través de la célula de Armando “El Gordo” Villarreal) se declaró culpable porque ninguno de los testigos estuvo dispuesto a trasladarse a declarar a Estados Unidos. Tenían miedo de ser relacionados con la investigación, de ser detenidos por colaborar con el acusado, o perder sus visas.

Uno de los que se negó, fue el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez. “Tratamos de entrevistarlos, se negó, personalmente fuimos a sus oficinas, le dijimos de antemano exactamente de qué queríamos hablar y se negó a vernos”, recordó el abogado.

“Hemos escuchado que (Rommel) hizo declaraciones de que ni hablaba con Quiñónez, aparentemente se siente que puede decir mentiras, pero eres el procurador, es tu director de enlace y nunca hablaste con él, ¿qué tipo de procurador eres? Decir que nunca hablaron es ridículo”, consideró Hall, quien buscó al procurador para corroborar la versión de su defendido, quien afirmaba que otro coacusado del operativo Luz Verde, José Alfredo Nájera Gil, miembro del Cártel Arellano Félix, era un informante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), aprobado por Moreno.

“Intentaron desde el principio que el fundamento de la defensa fuera mi testimonio, el cual en estricto derecho no pudieron argumentar porque su planteamiento era falso” reiteró el funcionario bajacaliforniano.

Manifestó que su respuesta ante abogados y familiares de Quiñónez siempre fue negativa.

“Siempre los remití al departamento jurídico, incluso a la señora Pulido. Quiñónez ya fue juzgado, confesó y el asunto terminó, incluso la fiscalía continúa aportando elementos en su contra ¿Qué va a hacer la familia? Al rato el tío o el abuelito también van a ir al ZETA, que me digan qué van a hacer porque también mi familia puede ir a empezar hacer declaraciones”, dijo molesto.

Este Semanario cuestionó al especialista en derecho si en las conversaciones grabadas hay elementos que permitan darse cuenta que Moreno conocía la existencia del informante de Quiñónez, a lo que respondió:

“No en las llamadas intervenidas, pero Rommel Moreno le hizo una declaración a un testigo, admitiéndolo, y la declaración de este testigo refiriendo su conversación con el procurador, forma parte del expediente”.

La referencia es respecto a la declaración de María Pulido, cuñada de Jesús Quiñónez,  fechada el 30 de enero de 2012,  quien afirmó tener cercanía con el procurador Rommel Moreno. Detalló  que tras varios intentos fallidos por comunicarse con el procurador de Baja California, lo atajó en una conferencia  con representantes de la Cámara de Comercio de Tijuana el 21 de diciembre de 2011, y habló con él:

“El señor Moreno me confirmó que solicitó la asistencia del señor Quiñónez en la investigación del homicidio en 2009 de Rafael Fimbres Hernández, y que autorizó expresamente a Quiñónez establecer una relación con, a usar un informante”.

De igual manera, reveló que el fiscal admitió que los datos del informante ayudaron a la captura de los dos responsables del asesinato, y que Rommel se comprometió a reunirse con el abogado de Quiñónez.

En entrevista con ZETA, Rommel Moreno negó lo anterior: “Eso es una cuestión mentirosa y mal fundada, fue su teoría desde un principio, después dicen que la atiendo (a Pulido) y le respondo lo que quiere oír. Es falso, lo que me pidió fue que lo ayudara (a Quiñónez), que interviniera por él, y yo la remito con el departamento jurídico”.

En este tema, el abogado de Quiñónez agregó: “El informador les ayudó en la investigación de Rafael Fimbres. Si ves los hechos de ese caso, el homicidio ocurrió dos días antes de que detuvieran a alguien, lo que es extraordinariamente rápido para una investigación, Jesús recibió una pista, así fue como resolvieron”. Pero Moreno continuó negándolo.

La información en posesión de Patrick Hall, indica que la identidad del informante (José Alfredo Nájera Gil) era desconocida para el titular de la PGJE en Baja California: “Rommel sabía que tenía un informante, probablemente no sabía su nombre, pero sabía que lo utilizaba en casos, tengo confianza de que no estaba enterado de todos los detalles, pero sabía que existía. Y por definición un informante es una persona que tiene información y una posición en la organización. Los usan en todos los países, los usa el FBI”.

Carta  Rogatoria

Moreno Manjarrez también evitó responder por escrito a una lista con 32 preguntas de la defensa relacionadas con el trabajo de Quiñónez y el informante,  mismas que el Tribunal aprobó le fueran enviadas en una “carta rogatoria”, según explicó Hall.

El representante legal del acusado atribuyó la negativa del fiscal bajacaliforniano al miedo, “…de ser asociado con la organización de Fernando Sánchez Arellano, de ser relacionado con el caso que está reclamando corrupción. Y por esa razón está negando las cosas en general, para crear una distancia de Quiñónez”.

El procurador de Baja California justificó el no haber respondido al cuestionario enviado por el Tribunal: “Para empezar, el requerimiento no llegó en tiempo y forma, y se violaron los requisitos de formalidad. Además, el inculpado  y la defensa optaron por un juicio abreviado, y en ese marco la respuesta al cuestionario ya no tiene sentido jurídicamente”.

Además de Moreno, de la PGJE se negaron a declarar en Estados Unidos los siguientes funcionarios: Eduardo Martínez (ex secretario del procurador), Martha Almanza (ex subprocuradora), Fermín Gómez (ex subprocurador de Delincuencia Organizada) y Fernando Jáuregui (ex coordinador de Antisecuestros).

— ¿El miedo de Moreno estaba fundado? ¿Había riesgo para el procurador en admitir que permitió el uso de informantes?

“No, porque el trabajo del procurador es resolver crímenes. Insisto, todos los países usan informantes, el FBI los usa. El miedo de Rommel era ser asociado, esto hubiera sido suicidio político para él, por eso no quería saber ni cuales eran las preguntas que le íbamos a hacer, simplemente negaba todo en general, fue una sobrerreacción política, él no debe temerle a nada, él no estaba involucrado, él tenía un hecho que era importante para nosotros probar: que Jesús tenía un informante que usó para resolver delitos”, contestó a ZETA Patrick Q. Hall.

 Los delitos

Todas las llamadas, contactos físicos, acciones, apoyos y crímenes que inculpan a Quiñónez, se cometieron del lado mexicano, pero Estados Unidos reclamó la jurisdicción porque ese mismo grupo trafica drogas a Estados Unidos.

Para el ex director de Enlace de la PGJE, el problema y el delito contemplado por la fiscalía estadounidense fue “la cercanía de esa relación entre Quiñónez y el informante, que era constante, hablaban e intercambiaban información. Nájera Gil le daba información y viceversa. Pero Nájera Gil estaba involucrado en un par de homicidios, y después de que mataban a la gente, él le hablaba a Jesús y le pedía información de a quién habían matado y después se la daba, porque esa persona le daba información”.

El oficial de la corte a cargo de la defensa complementó: “Esa fue una de las acusaciones, le imputan que al confirmarles esos dos homicidios, ayudó indirectamente a la organización Sánchez Arellano para infundir temor al grupo de ‘Los Teos’”.

En cuanto a las llamadas telefónicas intervenidas que relacionan al ex funcionario con el lavado de 13 millones de dólares, el legista de Estados Unidos detalló: “Un amigo de Quiñónez le habló y le dijo, ‘conozco a esta persona que necesita mover 13 millones de dólares de Los Ángeles, California a La Paz, Baja California Sur’. Nájera se enteró y le dijo, ‘te podemos ayudar a hacer esto, tenemos la organización y está a tu disponibilidad para mover ese dinero. Jesús y Nájera platicaron, hablaron de que se podrían quedar con una parte del dinero, dijeron que era como ganar la lotería. Planearon claramente presentar a esa persona a Nájera Gil, eso ocurrió durante el Mundial de Sudáfrica, el sujeto del dinero nunca regresó, los acusados nunca tuvieron los 13 millones ni los transportaron, pero en Estados Unidos el delito se completa cuando acuerdan realizarlo, y según la fiscalía, ellos lo hicieron”.

Patrick Q. Hall consideró que la transcripción de las llamadas intervenidas también era objetable, por la dificultad de entenderlas. “Nájera es la persona que habla más rápido y Jesús no está mucho mejor. Y hablan de esto y de aquello, sin especificar nada, y muchas veces es difícil entender de qué diablos están hablando”.

La información de Nájera

El defensor explicó que por haber muchos testigos que podrían correr riesgo, ante el hecho de que algunos de los coacusados del Operativo Luz Verde, como Nájera Gil siguen prófugos, la corte tiene sellado el contenido de algunas llamadas entre Quiñónez y su informante, pero:

“Como oficial de la corte puedo confirmar que hay llamadas donde consta que Nájera le dio información y Jesús trataba de actuar, de pasar la información a sus  superiores para impedir que se cometieran delitos. Una vez Nájera llamó para decirle que unos policías municipales tenían en custodia a un delincuente y le estaba ofreciendo un soborno para que lo liberaran, y él habló para impedirlo. Hubo varias comunicaciones para informar el paradero de un sujeto de apellido Uriarte, pero como los criminales eran de ‘Los Teos’, banda rival de Nájera, para la fiscalía estaba ayudando a un grupo, pero… Intencionalmente pasan por alto que Jesús era un oficial de la Ley, y cuando se entera de un delito, sea organización rival o no del informante, él estaba obligado a impedirlo”.

Hall refirió otra comunicación telefónica donde el ex enlace de la PGJE pregunta a Nájera la identidad del homicida de un oficial de la Patrulla Fronteriza.

Declaratoria de culpabilidad y sentencia

En su calidad de defensor, Patrick Q. Hall estimó que su cliente tenía posibilidades en un juicio, pero se enfrentó a un conflicto internacional. “Lo engañaron para traerlo, lo enjuician aquí cuando todo sucedió en México, y le niegan la posibilidad de presentar una defensa porque el juez argumenta inseguridad para que el fiscal tome declaraciones en México, la corte aprueba y  se envía cuestionario por escrito a Rommel, quien no contesta y no pasa nada, y  ningún testigo está dispuesto a presentarse”, señaló.

En Estados Unidos es conocido el riesgo que existe al irse a juicio, particularmente en las condiciones que imperaban en el caso de Jesús Quiñónez Márquez, porque en el transcurso existe la posibilidad de ser acusado de otros delitos y tener penas más largas; por eso es común que si la fiscalía ofrece un trato, lo acepten. “Más del 95 por ciento de los asuntos se van a trato, y en el Tribunal reconocen que mucha gente inocente se da culpable porque no quieren incurrir en los gastos de un juicio largo, o el riesgo de ser culpable de un cargo diferente”, precisó.

Aún no dictan sentencia a Jesús Quiñónez, pero conforme al acuerdo que firmó aceptando culpabilidad, la sentencia sugerida por el fiscal y la defensa es de 97 meses, de los cuales considerando los beneficios por buena conducta y los dos años que ha estado en prisión, le restaría cumplir cuatro en encierro.

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