Compra masiva de ZETA

Francisco Pelayo Covarrubias no se dice afectado por la publicación de sus negocios millonarios.

El candidato a diputado federal del primer distrito del PAN se dijo despreocupado por la investigación de este Semanario sobre la asignación de contratos millonarios del gobierno estatal a favor de sus compañías “Prodeco, S.A de C.V” y “Construmateriales de BCS, S.A de C.V”. Sin embargo, en tan sólo dos días, la edición 1995 desapareció de cruceros y comercios de La Paz, Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Loreto, Santa Rosalía, Vizcaíno y Guerrero Negro.

Gerardo Zúñiga Pacheco

“No me preocupa la publicación de ZETA”, arengó Francisco Pelayo Covarrubias  cuando caminaba seguro de sí mismo entre decenas de acarreados el 23 de junio por algunas calles de Ciudad Constitución.

Con la banda tocando a todo lo que daba canciones como “La última sombra”, “El niño Zambada”, “El corrido del Katch” y otros narcocorridos, el candidato a diputado federal del Distrito I por el PAN saludaba a la gente que, obligada por el ruido de la música, salía de sus casas a ver qué es lo que estaba pasando.

“Todo mundo sabe que tengo esos negocios”, se justificaba, pero como dijo el candidato a senador del Movimiento Progresista, Leonel Cota Montaño, en un debate radiofónico en Los Cabos: “el problema no es que tenga negocios, sino que esté siendo favorecido ilícitamente con contratos millonarios de parte de su tío el gobernador, el director de compras y el oficial mayor, tal y como sucedía en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, con el yerno cómodo, Freddy Erubey Martínez Rivera”.

Sin embargo, con todo y que Pancho Pelayo se dijo despreocupado por la investigación publicada en la edición 1995, desde muy temprano comenzó una operación de compra masiva de periódicos en cruceros y comercios de Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Loreto, Santa Rosalía, Vizcaíno, Guerrero Negro y La Paz.

Los distribuidores reportaron que a los puntos de venta llegaban automóviles y camionetas particulares, preguntado sobre la nueva edición de ZETA.

- ¿La de Pancho Pelayo?, preguntaban y recibían como respuesta: “Esa mera”.

- ¿Cuántos tienes?, preguntaban e inmediatamente ordenaban subir los periódicos a las unidades automotrices y pagaban en efectivo el costo total del pedido.

Mucho más cuidadosos que en sexenio del PRD, los del PAN no usaban vehículos oficiales en la compra masiva que duró todo el día del 23 y del 24 de junio, hasta que la edición quedó agotada en prácticamente dos días.

- ¿Dónde más venden?, indagaban, apuntaban e iban al sitio indicado a seguir comprando ejemplares.

En algunos puntos de venta de La Paz y Comondú, los ejemplares alcanzaron un valor de hasta 50 pesos, porque a media mañana se supo que estaba en marcha un operativo para comprar la edición del Semanario.

“Todo mundo lo buscaba, pero nadie lo encontraba”, explicó uno de los distribuidores. La mañana del 25 de junio, la recepción de ZETA en Tijuana comenzó a llenarse de reclamos de los lectores porque no tenían acceso al periódico.

Uno de los lectores relató que tuvo que ir a Los Cabos a comprar cinco ejemplares para él y su familia, porque “en La Paz, de plano no encontramos por ningún lado el sábado en la tarde”.

El único medio de comunicación que retomó la nota de ZETA fue el canal de televisión Meganoticias, que habló de la publicación y entrevistó al líder estatal del PAN, Herminio Corral Estrada.

En la conversación, el dirigente panista trató de minimizar la investigación y dijo que “la nota de ZETA era parte de la guerra sucia”. No exhibió pruebas ni entregó elementos, únicamente expuso su punto de vista en torno a una investigación que inició hace cuatro meses y que contiene pruebas documentales de irregularidades y de compra de propiedades, como el penthouse que el candidato Francisco Pelayo Covarrubias adquirió en San Diego, California, como parte de las jugosas ganancias que ha dejado su negocio con el gobierno estatal, ocupado actualmente por Jazmín Guadalupe Damiani Alderete, ex directora del Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Comondú.

De estas operaciones ilícitas –y según datos recabados por ZETA– el menos informado es el propio gobernador porque su equipo de inteligencia encabezado por José Manuel Santoyo García “está más preocupado por cuidar la seguridad personal del mandatario que investigar lo que estaba sucediendo en torno a su administración”, dijo un colaborador cercano al gobernador.

Tan es así que de no ser por la nota publicada por este Semanario en su edición 1982 sobre “licitaciones amañadas en la Secretaría de Salud” nadie se hubiera dado cuenta que el hoy ex director de administración, Luis Humberto Araiza López y alfil del candidato del PAN, Carlos Mendoza Davis, estaba haciendo negocios con proveedores, y que al ser sujeto de investigación por parte de la Contraloría General del Estado, salió de la administración pública después de detectarse un desvío de 15 millones de pesos.

No es el único caso. Lo de Pancho Pelayo, los principales sospechosos de otorgar todas las facilidades al sobrino cómodo –y a espaldas del gobernador– para que haga su “agosto” y sea favorecido con millonarios contratos de la compra de materiales de construcción y materiales eléctricos, son el oficial mayor del gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, el director de recursos materiales y el director de compras del gobierno estatal, quienes de abril a diciembre del 2011, otorgaron contratos por cerca de 50 millones de pesos en un solo rubro.

El propio secretario de finanzas del gobierno estatal, José Antonio Ramírez Gómez, está obligado a explicar cuánto y de qué manera están liquidando los pagos de Francisco Pelayo Covarrubias como proveedor del gobierno estatal, porque evidentemente está más que enterado de lo que está sucediendo en torno a este caso.

A continuación se reproduce íntegro el reportaje de ZETA, “El Negocio de Pancho Pelayo”, que los compradores masivos de este Semanario impidieron a nuestros lectores enterarse:

Prodeco S.A. de C.V. y Construmateriales de BCS en la lista de proveedores del gobierno estatal.

El negocio de “Pancho Pelayo”

El candidato a diputado federal del primer distrito se sacó la lotería. De un humilde negocio de materiales de construcción, surgieron sucursales. Ahora es el principal proveedor del gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor, y de la mayoría de contratistas y constructoras que son contratadas para obra pública.

Gerardo Zúñiga Pacheco

Francisco Pelayo Covarrubias “El Panchito”, es un tipo con suerte. De tener un humilde, y poco fructífero, negocio de reciclaje de plástico en Ciudad Constitución incursionó en la venta de materiales de construcción, cuando su tío Marcos Covarrubias Villaseñor, asumió la Presidencia Municipal de Comondú en el 2005.

Los comundeños recuerdan que el negocio se convirtió en ese entonces en el principal proveedor de materiales del Ayuntamiento de Comondú, por lo que abrió su primera oficina en las calles de Niños Héroes y 16 de Septiembre en la colonia centro.

Hoy, y a la vuelta de los años, Francisco Pelayo Covarrubias, pasó a convertirse en todo un próspero empresario, por una simple y sencilla razón: es sobrino del gobernador de Baja California Sur, y uno de sus principales aliados familiares y de negocios.

Durante el primer año de gobierno de su tío, el negocio de “El Panchito” comenzó a crecer. De tener su matriz en Ciudad Constitución, paso abrir una sucursal en el kilómetro 8.5 de la carretera federal de La Paz a Cabo San Lucas, y hoy, cuenta con una planta en el corazón del parque industrial de La Paz.

No sólo eso. Es tanta la demanda de contratos que tiene por ser uno de los proveedores consentidos del gobierno estatal, y de casualmente, la mayoría de contratistas y constructoras que son contratadas para realizar obra pública, que su principal compañía denominada “Productos Derivados de Concreto, S.A. de C.V.” (Prodeco), se expandió y rápidamente, tuvo que crearse otra empresa: “Construmateriales de Baja California Sur, S.A. de C.V.”.

Los comundeños creen que “el negocio del sobrino” no hubiera tenido tanta suerte, de no ser, porque su tío, logró ser alcalde de Comondú, y hoy, gobernador del estado.

Hoy por hoy, las dos empresas de “Pancho Pelayo” suministran cemento, varilla, bloques y todo tipo de material de construcción. Los sudcalifornianos reclaman obras públicas, y el sobrino cómodo, pone los materiales para que los contratistas o constructoras, remodelen o edifiquen cualquiera que sea la “obra”.

Negocio redondo, y nada disfrazado, el del también candidato a diputado federal del PAN. Lo mismo vende sus materiales en “paquetes sociales”, que los entrega para remodelaciones, y construcciones de obras nuevas.

Nunca la fortuna le había sonreído tanto a Francisco Pelayo Covarrubias. Desde que empezó el nuevo gobierno, comenzó a recibir contratos millonarios como, por citar un  ejemplo, entregar paquetes completísimos de materiales para la rehabilitación de daños parciales en las viviendas víctimas del “Huracán Jimena”.

El negocio

La bonanza de este integrante de la principal familia de Baja California Sur fue confirmada, cuando fue beneficiado para surtir de 528 paquetes de materiales para la rehabilitación de casas que se repartieron en las comunidades de Benito Juárez, San Bruno, Villa Morelos, Heroica Mulegé, Palo Verde, Ramaditas, San Dionisio, Villa Hidalgo, Villa Ignacio Zaragoza, Ley Federal de Aguas No. 4, Palo Bola, Isla Bahía Magdalena, Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes, Jesús María, Ley Federal de Aguas N0. 1, Jesús María, Ejido Alfredo V. Bonfil, San Antonio, Guerrero Negro, Santa Rosalía, Ciudad Constitución y San José del Cabo.

Los contratos fueron adjudicados de manera discrecional entre abril y diciembre del 2011, y donde repartieron dos tipos de paquetes que traían lo siguiente.

El primero contemplaba 40 sacos de cemento, 6 tramos de armex, 40 tramos de varilla, 6 kilos de alambre, 3 kilos de clavo, 800 piezas de bloques, 20 metros de poliducto eléctrico, 4 cajas galvanizadas, 40 metros de cable TW, 2 rosetas, 2 apagadores, 6 metros cúbicos de arena y 6 metros cúbicos de grava, así como carretilla, pala, zapapico, 1 cuchara y 1 nivel.

El segundo contemplaba 12 piezas de barrote de madera, 12 piezas de fajilla de madera, 2 kilogramos de clavos, 8 piezas de hojas de triplay, serrucho y martillo.

El monto total ejercido por la entrega de todos estos paquetes de materiales de construcción fue de 29 millones 054 pesos con 21 centavos.

Adicionalmente, y aprovechando que el sobrino cómodo, estaba dispuesto a contribuir con tan “noble labor social” y llevar sus materiales hasta donde fuera, con tal de llevarse un dinerito a la bolsa, se hizo otra entrega de materiales para que se construyeran las siguientes viviendas.

1.- 31 casas de 32.55 metros cuadrados de una recámara, baño, cocina, comedor, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera y ventanas de aluminio.

2.- 96 casas de 55 metros cuadrados de dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera, ventanas de aluminio, tinaco, boiler e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, azulejo y muebles de baño.

3.- 24 casas de 32.55 metros cuadrados de una recámara, baño, cocina, comedor, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera y ventanas de aluminio.

4.- 42 casas de 32.55 metros cuadrados de una recámara, baño, cocina, comedor, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera y ventanas de aluminio.

5.- 15 casas de 32.55 metros cuadrados de una recámara, baño, cocina, comedor, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera y ventanas de aluminio.

6.- 2 recámaras de 15.65 metros cuadrados con baño, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera y ventanas de aluminio.

7.- 21 recámaras de 16 metros cuadrados con baño, y las cuales fueron construidas con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintadas e impermeabilizadas, puertas de madera y ventanas de aluminio.

8.- 1 vivienda de 48.40 metros cuadrados de dos recámaras, baño, cocina, comedor, y la cual fue construida con muros de bloque, losa de azotea de concreto, pintada e impermeabilizada, puertas de madera y ventanas de aluminio.

Lo anterior con un costo ya con materiales incluidos de 22 millones 584 mil 15 centavos y las cuales quedaron distribuidas en Ciudad Constitución, Villa Morelos, Ramaditas, San Dionisio, Villa Ignacio Zaragoza, Palo Bola, Bahía Magdalena, Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes, Jesús María, Ley Federal de Aguas No. 1, Guerrero Negro, San Pedro y La Paz.

Casualidad o no, pero la mayoría de los trabajadores que han participado en la construcción de todas estas viviendas, refieren que su patrón es nada menos y nada más que el cuñado del sobrino cómodo, Jesús Robles González, el flamante director general de la Administración Portuaria Integral (API), y de quien se sospecha, tienen intereses en la compañía constructora que actualmente remodela el malecón costero de Loreto y obras de pavimentación de avenidas y calles de esa población y de Comondú.

Las compañías

El nombre de la compañía “Productos Derivados de Concreto, S.A. de C.V.”, oficialmente, no figura en la lista de proveedores de bienes y servicios del gobierno estatal, a pesar de que existen decenas de facturas que se han expedido a nombre de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Baja California Sur, y las cuales son enviadas vía electrónica, y posteriormente pagadas a través de transferencias electrónicas.

No obstante, la empresa de reciente creación “Construmateriales de Baja California Sur, S.A. de C.V.”, sí aparece en la lista. Con el número BCS-OMDRM-P199-06-11, está dada de alta en el padrón del gobierno estatal.

Podría pensarse que un negocio con otro, no tiene nada que ver, pero se trata de la misma empresa y del mismo dueño: Francisco Pelayo Covarrubias.

Y es que resulta que en el anterior local ocupado por “Productos Derivados de Concreto, S.A. de C.V.”, hoy, está “Construmateriales de Baja California Sur, S.A. de C.V.”.

Otro dato. La información recabada por ZETA, expuso que el número telefónico 12 82170 de la compañía “Construmateriales de Baja California Sur, S.A. de C.V.”, aparece a nombre de “Productos Derivados de Concreto, S.A. de C.V.”, y la cual tiene otro número telefónico el 12 82180, cuya línea está registrada a nombre de Francisco Gibrann Pelayo Robles, hijo de Francisco Pelayo Covarrubias y Marbella Robles González.

La contraloría

De todas estas irregularidades, la contraloría general del estado a cargo de Maritza Muñoz Vargas, no ha tomado cartas en el asunto, y en un evidente acto de complicidad, se hace de la vista gorda.

Tanto el propio gobernador como sus colaboradores están violentando el artículo 46, apartados XI y XII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, que es muy claro: “los gobernantes y sus subalternos deberán de excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado”.

“El hecho de que el sobrino cómodo y candidato a diputado federal del PAN, Francisco Pelayo Covarrubias, sea proveedor del gobierno estatal, expone que están participando en la asignación ilícita de contratos”, explicó un auditor de la propia contraloría estatal, y reconoció que no sólo el gobernador y quienes hayan asignado los contratos son corresponsables de esta práctica que está tipificada como delito, también: Maritza Muñoz Vargas, la contralora general del estado.

El artículo 6 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado en su apartado XV, expone de manera clara que la funcionaria es responsable de “vigilar que las licitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así como adquisiciones de bienes o servicios observen las disposiciones legales y administrativas correspondiente”.

Al no existir ninguna investigación, cuando fue detectada la asignación de obras públicas a favor del sobrino cómodo, se convierte automáticamente en corresponsable de encubrimiento, porque en vez de actuar conforme a la Ley, protege la entrega ilícita los trabajos gubernamentales.

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