DICHOZ Y HECHOZ

Ramos tricolor

Dicen cercanos a los dos protagonistas de esta historia, que el favor se lo pidió Eligio Valencia júnior a Jorge Ramos Hernández. El primero hijo de priísta el segundo panista. Para llegar a un entendimiento. El ex alcalde de Tijuana le ayudaría a Eligio Valencia Roque candidato que es del PRI al Senado en el primer lugar de la fórmula por Baja California, para ganar la elección. Tres fueron las justificantes del hijo del priísta para pedirle al panista que traicionara a su partido y ayudara al del PRI: uno, que son amigos entrañables, dos, la experiencia de Ramos en el ámbito electoral ahora desaprovechada porque en el PAN no lo quisieron de estratega, tres, aún queda pendiente la entrega de un terreno de más de siete millones de pesos que el ayuntamiento de Jorge Ramos con la venia del regidor Eligio Valencia, le entregaron a El Mexicano para saldar pírrica deuda. Ahora sí que los partidos opuestos los hacen y ellos se juntan.

Finalmente en la PGR

José Guadalupe González Guajardo ingresó a la PGR en el año 2000 teniendo como jefe inmediato a la actual procuradora,  Marisela Morales en la Coordinación General de investigación en la ciudad de México. De 2003 a 2005 ocupó varios puestos en la delegación de Tamaulipas; estuvo un año en la delegación de Sinaloa; y de junio de 2006 a noviembre de 2011 en Monterrey. Llegó al estado, asignado a la subdelegación de Ensenada, en diciembre de 2011 y desde el 2 de mayo de 2012, se desempeña como encargado de despacho en delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California. Apenas lleva dos meses en esa labor, y es el primero, de todos los delegados impuestos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, que ha despertado comentarios positivos entre los representantes de los tres órdenes de gobierno al interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Su carta de presentación fue la remoción de la mayoría de los funcionarios de la procuraduría en Mexicali, denunciados de corrupción. Los reubicó, no los corrió, “pero los congelaron en los juzgados”, dicen que es provisionalmente  mientras investigan. Además que éste “…si recibe y empapela” a los presuntos criminales que remite el ejército y las policías preventivas. Aunque es temprano para calificar su desempeño, sí es destacable que contrario a la molestia generada al interior del grupo Coordinación por la “ausencia de trabajo y cooperación” de los ex delegados Alfredo Becerril, Martín Rubio, Javier Cossío y Fermín Gómez, prácticamente el final del sexenio el trabajo de la PGR esté despertando simpatías entre las fuerzas operativas bajacalifornianas.

Influyentismo

Ahora sí no hay duda. Si a los hechos nos remitimos es innegable la influencia de la que goza el panista y delegado del INAMI en Baja California, Antonio Valladolid Rodríguez. No sólo sus adversarios jurídicos han demostrado cómo utilizó los recursos del estado –un grupo operativo de la Policía Estatal Preventiva– para beneficio y protección de bienes de su familia en un litigio, sino que además ahora se confirma su influencia en la Procuraduría General de Justicia de Baja California. De acuerdo a un funcionario de la PGJE muy cercano a Rommel Moreno, el miércoles 26 de junio de 2012 a las 16:00 horas en la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales se presentó una denuncia contra María Isabel Mercado Juárez, reportera de ZETA, “por los delitos de calumnia, difamación”. El autor: Antonio Valladolid Rodríguez, a quien en la Procuraduría identificaron como “el delegado”. Entonces sucedió lo insólito: 24 horas después de presentada la denuncia, a las oficinas de ZETA llegó un citatorio a la reportera “para que rinda su declaración en su carácter de indiciado…”. Increíble el caso de la justicia expedita. Abogados consultados por este semanario determinaron que el lapso entre la introducción de una denuncia y el citatorio a los presuntos, es de un mes y medio, dos meses, pero en el caso del influyente delegado, esto se hizo ¡en 24 horas! Explicaron los colegiados: “una vez que presentas la denuncia en recepción en la Sánchez Taboada, de ahí pasa al Ministerio Público –en este caso de delitos patrimoniales– y ahí analizan el caso, lo que haya presentado el denunciante; después se le cita a él o a sus abogados para que éstos aporten documentación que acredite su dicho y testigos, pruebas, y en caso que resulte en la presunción de un delito, entonces se cita al denunciado para que a su vez presente pruebas y testigos, este proceso toma más o menos dos meses”. A los consultados por ZETA les llamó muchísimo la atención que a las 24 horas de presentada una denuncia se emitiera un citatorio, “eso sólo lo podemos entender debido al influyentismo, así con los panistas entre ellos”, refirió el abogado. Lo cual concuerda con lo dicho por don Filemón Bustos Díaz, uno de los propietarios de predios que han sufrido los privilegios de los Valladolid: “Trabajadores de la familia Valladolid tumbaron cercos y andaba ahí el guarura de Valladolid, tumbaron el cerco con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, Valladolid uso el poder y el influyentismo que como funcionario tiene… ahí está el video…”. Y sigue la prepotencia, ahora con ayuda de la ágil Procuraduría de Justicia del Estado.

PDH en las manos equivocadas

Arnulfo de León Lavenant no da una. Apenas tomó posesión de la Procuraduría de los Derechos Humanos que en sus manos puso el PRI, nombró a la licenciada Marisol Rodríguez Meza como coordinadora general de la PDH, un cargo que, vaya, no existe formalmente en la estructura, pero que le crearon en lo que es nombrada subprocuradora general de la dependencia. No habría ningún problema con el nombramiento si no fuera por un pequeño detalle. La abogada Rodríguez Meza fue destinataria de una recomendación de la PDH en el año 2011 cuando fungía como titular de la Unidad Orgánica de Homicidios Culposos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Sucede que el 6 de julio de 2011 el padre de dos víctimas, una menor que resultó muerta en un accidente y la madre de ésta que sobrevivió herida, acudió a la PDH para denunciar la injusticia. Que en la Unidad Orgánica de Homicidios Culposos fue “víctima de tratos indebidos por parte de servidores públicos adscritos a esa unidad”, justo cuando la hoy coordinadora general de la PDH era la encargada. Explicó el hombre que madre e hija fueron atropelladas por un hombre que conducía una pipa de gas, y el que asume por la libertad que le fue concedida, fue acreedor de beneficios en la Procuraduría de Justicia del Estado. De hecho en su denuncia ante Derechos Humanos el padre de la joven muerta relató las dilaciones, “no sólo en largas esperas y actitudes prepotentes, sino también en la falta de asesoría jurídica, aunado a la determinación del no ejercicio de la acción penal en contra del conductor del camión y archivando el expediente de forma definitiva, sin haber agotado las pruebas testimoniales solicitadas por quejoso”. Después de analizar el caso, los peritajes –incluso los que el denunciante señaló como manipulados– la actuación de la Unidad y de sus funcionarios, la PDH determinó que “se evidenció la existencia de actos y omisiones por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, específicamente de la Unidad Orgánica de Homicidios Culposos, de la cual era titular la licenciada Marisol Rodríguez Meza, trayendo como consecuencia una irregular integración de la averiguación previa, atentando así contra los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad y responsabilidad…”. Bueno, ella, una de las receptoras de la recomendación es ahora el brazo derecho del Procurador de los Derechos Humanos y próxima subprocuradora. De verdad, la PDH en las manos equivocadas.