Millonaria transa con autos usados

4 empresas controlan la importación en B.C.

Al endurecer los trámites para importar vehículos, el gobierno federal ha provocado el cierre de lotes de venta de unidades en la frontera, mientras que unos cuantos vivales se aprovechan de las necesidades de la población, y presumiblemente apoyados por funcionarios y jueces corruptos, controlan los permisos de internación de carros a México, desde Estados Unidos.

Sergio Haro Cordero

Jesús Manuel Herrera, líder de la Asociación de Vendedores de Autos Usados en Mexicali, se ríe forzado cuando se le pregunta cómo es que se sostiene en el negocio. “Pues medio sale”, responde desde su oficina.

Ahí paga renta, electricidad, empleados, toda una lista de impuestos y mensualmente tiene una cuota para importar sólo 20 autos desde Estados Unidos, de los cuales –si bien le va– vende unos cuantos.

“Se necesitan muchos recursos, y un grupo fuerte que haga ese trabajo”, dice en relación a las amparos logrados nada más por cuatro empresas de la zona, lo que ha permitido que por esa “puerta” entren a la región miles de autos con apenas un pago básico de impuestos, engrosando las bolsas estas escasas firmas autorizadas –vía amparos federales– para introducir autos sin cuota y con trámites mínimos.

En la práctica estas empresas se han convertido en una suerte de importadoras y vendedoras de facturas, logrando ganancias millonarias para su molino. Entre éstas se ubican: Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier S.A. de C.V., Estructura Automotriz, Importadora y Distribuidora Textilera S.A. de C.V.

Se sabe que otro amparo lo tiene un particular, de nombre José Antonio Ascanio Martínez, y recientemente trascendió que uno más fue otorgado al sanluisino Grupo Empresarial YAVME S.A. de C.V.

Todo esto implica que loteros de Mexicali, Ensenada, el Valle y Tijuana cruzan los autos usados por la aduana de Mexicali, donde cada dos, tres minutos entran a México unidades chocadas y desgastadas que saturan la región.

De acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de Comercio, cerca de 2 millones de autos usados han ingresado a México –a lo largo de toda la frontera– por la vía del amparo. Pero al parecer esto no ha sido gratis.

De acuerdo a diversas denuncias ciudadanas, el otorgamiento de los escasos amparos han sido por tráfico de influencias, entre políticos y jueces de Distrito. Incluso a raíz de diversos señalamientos hace un mes fueron temporalmente suspendidos por el Consejo de la Judicatura Federal dos Jueces de Distrito asignados a Mexicali y –como si no fuera suficiente– el miércoles 6 de junio trascendió la intercepción de una llamada entre los priistas Eli Topete y Enrique Acosta donde este último se refiere a la ausencia del “Senador” en una reunión con funcionarios del Sistema de Administración Tributaria para tocar el tema “de nuestros negocios…el de los carros”.

Una persona dedicada a la venta de autos e inconforme con lo está sucediendo, reflexiona ante ZETA: “Ahorita que el gobierno federal que ‘controla’ las aduanas no puede detener esto, y lo tienen controlado una bola de diputados locales y senadores federales priistas, ¿te imaginas si llega a ganar Peña Nieto cómo se va a poner esto? Todos perdemos’”.

Los decretos por virtud de los cuales casi se ha extinguido la actividad comercial de los vehículos de segunda mano establecen tres elementos que limitan mucho esta actividad, según sostiene de entrada el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Mexicali, Jorge Cervantes.

El primero tiene que ver con los llamados precios estimados, un mecanismo implementado por el Gobierno Federal para evitar la subvaluación de los autos a importar. “Aquí el problema de los autos es de que se determinó por decisiones centrales de México, de la Secretaría de Economía, de la Presidencia de la República, que los vendedores de autos usados falsificaban esas facturas que obtenían facturas con menos cantidad, y dijo, ‘sabes qué, pues ya no te creo que tú expidas las facturas, que la factura que tú presentas sea legalmente válida’”.

De ahí que se creó la disposición federal que vino en perjuicio de los comerciantes, por tratarse de un tabulador unilateral, sin fundamentos ni consistencia. Otro elemento tiene que ver con el cupo de importación, que limita a 20 autos mensuales por comerciante, fijado también desde la Secretaría de Economía.

Sin embargo hay otro rubro que les ha pegado más y que tiene que ver con la revisión del  control de las emisiones contaminantes, el llamado “smog check”. El problema es que desde la SE se les ocurrió que esta revisión debería de hacerse en Estados Unidos antes de cruzar el carro a México. Eso implica que los comerciantes de autos usados tienen que pagar entre 40 y 60 dólares en el vecino país para que le apliquen esta revisión.

Además, si el auto no pasa el “examen” se tiene que reparar en el Estados Unidos, lo que implica un gasto en dólares para el pago del mecánico y las refacciones. “Nosotros le hemos dicho a la SE que hay que favorecer el desarrollo empresarial en México y que se exige esa revisión del lado mexicano  al sacar las placas. Es una ventaja para el consumidor que en vez de pagar 40, 60 dólares vas a pagar 250 pesos. Pero lo que es mejor para el desarrollo empresarial es que las refaccionarias mexicanas son las que van a ganar si no pasa el ‘smog check’, los talleres mecánicos mexicanos son los que van a ganar”, expone el líder de la Canaco en Mexicali.

Cervantes considera que esa modificación al procedimiento ya se puede concretar debido a la instalación de sitios verificadores de esas emisiones en Baja California –que será una obligatoriedad para la revalidación de autos a partir del 2013–, pero la petición ha sido sistemáticamente rechazada desde el sector central.

Cervantes, quien es abogado de profesión, argumenta que todo esto ha hecho que los importadores recurran a los amparos bajo la lógica del Tratado de Libre Comercio, aprobado por el Senado y que su carácter internacional lo pone a la par del marco constitucional, por encima de decretos y reglamentos locales.

“Con estos amparos, los importadores lo que están haciendo es reducir los precios de importación, sin ‘smog check’, lo cual reduce el precio de importación a casi la mitad”, explica el dirigente de los comerciantes locales. Según sus cálculos, si eres importador y pasas por estos tres requisitos, el costo por el cruce sería de alrededor de mil 500 dólares, pero si estás amparado esa misma importación costaría entre 700 y 800 dólares.

— ¿Qué está sucediendo en este momento?, se pregunta y responde:

“Que todos los importadores se están yendo con los amparados”.

Cervantes considera que no habría necesidad de que los mexicanos tengamos que recurrir a un amparo por una decisión incorrecta del gobierno federal. “Esto ha provocado que las personas se amparen y ese amparo ha provocado que el gobierno reciba menos impuestos, todos perdemos.”, dice el líder de Canaco, quien calcula que el 99 por ciento de los comerciantes de autos usados están recurriendo a las empresas amparadas para importar sus vehículos.

El líder de Canaco en Mexicali comenta esperan que ahora sea a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se pueda eliminar la exigencia del “smog check” y finalmente refiere que actualmente cuentan con cerca de 160 asociados relacionados con el comercio automotriz, pero antes de esos decretos la cifra llegaba a los 400.

Desnudados

El 29 de mayo el Consejo de la Judicatura hizo un anuncio inusual: Dos jueces de Distrito asignados a Mexicali fueron “temporalmente suspendidos” de sus cargos mientras se realizaba una investigación por personal de esa misma instancia relacionada con una serie de señalamientos en cuanto a irregularidades en sus funciones.

Concretamente se trataba de los Jueces José André Nalda, Juez Tercero de Distrito, y Daniel González Vargas, Juez Segundo de Distrito, ambos asignados a Mexicali. De acuerdo al comunicado del CJF, la momentánea destitución de los jueces fue “en respuesta a diversas denuncias que se han recibido, en las que se imputan irregularidades a funcionarios pertenecientes a órganos jurisdiccionales de la zona.

“Con estas medidas se busca verificar los hechos que han sido señalados por abogados litigantes e incluso por personal de los propios juzgados y tribunales federales en los que se alude a diversas conductas irregulares”.

Casi un mes antes –el 24 de abril– el periódico El Economista publicó que importadores de autos presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el Juez José André Nalda acusándolo que vía amparo favoreció a una empresa para facilitarle la importación de vehículos desde Estados Unidos. De acuerdo a los datos aportados, Grupo Integral de Servicios Logísticos es quien goza con ese amparo (el 786/2010). También señala –en alusión a la queja presentada– que para esas facilidades han contado con el apoyo federal del diputado priista Héctor Pedroza, quien ahora es candidato a diputado local en Ciudad Netzahualcóyotl por el Distrito 29 y que en San Lázaro participaba como integrante de la Comisión Especial de Estudios para Evaluar y Supervisar el funcionamiento de Aduanas, Puertos y Aeropuertos.

La nota fue retomada por La Voz de la Frontera, publicada el lunes 30 de abril, añadiéndole que uno de los responsables de esa empresa Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier es Humberto Obed Montiel Herrera.

A este personaje se le recuerda en la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde fungió como “Ministerio Público” en los tiempos de Antonio Martínez Luna, aunque lo recuerdan más bien como “aviador” sin tarea alguna en esa dependencia, pero ligado al citado ex procurador desde los tiempos en que ambos laboraron en el sistema aduanero.

Desde un mes antes se había recibido en ZETA una denuncia ciudadana sobre el mismo caso donde ubicaban a “un ex administrador de la Aduana de Mexicali y Castro Trenti, tienen las manos metidas para su libre operación aprovechando sus conexiones en México”.

De acuerdo a los mismos datos, otro amparo había sido detenido, lo que posibilitó que Premier subiera los precios de sus trámites “afectando los intereses de la gente y llenándose sus bolsillos de cantidades industriales”.

Para cerrar ese círculo, el 6 de junio trascendió la mencionada grabación de una conversación entre el diputado local priista Elí Topete y el actual dirigente del sector popular del partido tricolor.

Enrique Acosta Fregoso se defendió atacando al gobierno estatal panista y recalcando que eran grabaciones que estaban “fuera de contexto”, asumiendo que es abogado y trabaja legalmente con su despecho, mientras que aceptó que asesora a una empresa importadora de autos usados la cual paga impuestos y está al corriente con el fisco.

Al senador Castro Trenti –presuntamente el aludido– se le buscó en el Senado. Al cierre de esta edición no contestó al llamado de ZETA.

Golpe a golpe

Jesús Manuel Herrera encabeza la Asociación de Vendedores de autos y camiones usados de Mexicali, Avacumex, que aglutina a cerca de 30 socios activos, aunque a principios del 2000 eran más de 130 los integrantes del organismo.

Se trata de comerciantes que buscan llenar todos los requisitos legales con un local donde cubren renta, luz, empleados y donde les exigen determinado número de metros cuadrados para la exhibición de vehículos, oficina, sanitarios.

La competencia se da a través de los terrenos baldíos que hay en toda la ciudad y son convertidos en espacios para la venta de autos de manera “independiente”, sin otorgar la garantía básica. “Nos pega bastante, pero no podemos hacer nada”, expone el líder de ese sector de comerciantes.

En cuanto a los trámites de importación, Herrera Barba comenta que el último implementado –el certificado de smog– ha sido un golpe más porque el 90 por ciento de los autos a importar no pasa ese examen, lo que implica el gasto en mecánicos y refacciones, todo en dólares.

Aparte se tiene que pagar una nueva cuota por Repuve –una suerte de Registro Vehicular– ante la aduana mexicana cuyo costo es de 60 dólares.  Luego tienen que lidiar con una cuota de importación de 20 autos, fijada por la SE para cada comerciante, aunque aclara que hay negocios que tiene cuota ilimitada.

Por eso apenas sonríe forzadamente cuando se le pregunta cómo sobrevive en esa actividad. “Para los que sí sale el negocio es para las comercializadoras beneficiadas con el amparo que maltratan a los clientes, les cambian de precio en unas horas, los tienen esperando afuera, hacen lo que quieren con ellos”.

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