Las pifias de la SIEDO

 

 

Policías municipales y ministeriales acusados públicamente, hoy en libertad

Ante la incapacidad para integrar averiguaciones previas, la ausencia de una investigación ministerial y científica, de manera sistemática la PGR pierde los casos donde pretende juzgar a elementos presuntamente del crimen organizado. Cuando no se equivoca como en el caso del supuesto hijo de “El Chapo”, comete errores como en el caso Hank Rhon, o la fallida captura de Joaquín Guzmán Loera en Los Cabos. Aparte, decenas de policías señalados de servir al crimen organizado, gozan de libertad y exigen justicia ante irregularidades.

Rosario Mosso Castro

Adela Navarro Bello

Los yerros del gobierno federal en materia de impartición de justicia, muchas veces los pretenden justificar culpando al poder judicial por la administración de la justicia. Sin embargo, cuatro casos recientes confirman la incapacidad del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a partir de la PGR y la SIEDO, para investigar, perseguir, aprehender y consignar casos relacionados con el crimen organizado.

La mayoría de los policías que en Baja California fueron detenidos entre 2008 y 2010, han recuperado su libertad por haber sido los suyos casos irregulares, aprehensiones ilícitas y expedientes carentes de investigación.

Aparte con la anunciada detención de un hijo de Joaquín Guzmán Loera, que después se confirmó no era, la PGR exhibió la pobreza en la integración de sus investigaciones. Lo cual trajo a la memoria otras pifias. La liberación de Jorge Hank Rhon luego de ser detenido por acopio de armas, la ocasión en que “casi” detienen a “El Chapo” Guzmán, y los policías que han ganado por detenciones irregulares, tortura y violencia.

A continuación, las pifias de la SIEDO.

 

Inconstitucional arresto de ministeriales y municipales

 

El 29 de julio de 2010, el ejército hizo efectivas 62 órdenes de aprehensión concedidas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra policías y ex agentes de Baja California.

Casi dos años después, el 6 de junio de 2012, Carlos N. A. Olea Peñaflores, Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, liberó a los últimos policías que permanecían en prisión bajo el argumento de “…la inconstitucionalidad del ejercicio de la acción penal… y la invalidez de todo lo actuado  en la causa penal”.

Quedó evidenciado el desaseo del agente del ministerio público que representó a la SIEDO y la ausencia de minuciosidad en el trabajo del juez segundo de Distrito en Tamaulipas. Al solicitar la orden de aprehensión el MPF presentó ante dos jueces la misma averiguación previa, con los mismos quejosos, “pruebas” y acusados. (ZETA 1899, publicado el 20 de agosto de 2010). En enero de ese año, un juez en Nayarit negó  la orden de aprehensión contra 22 por delincuencia organizada, y la giró contra 25 de ellos por delitos contra la salud en la causa penal 17/2010-VIII. La SIEDO insistió. Y el14 de febrero de 2010, con el mismo documento pero otra causa penal 37/2010-VII, recurrió a otro juez de distrito.

En Matamoros, Tamaulipas, el 15 de abril de ese año le concedieron las órdenes de aprehensión contra los 122 señalados.

Lo anterior, conforme al análisis del magistrado Olea Peñaflores: “…implica necesariamente una actuación ilegal, que trasciende a todas sus consecuencias, esto es la inconstitucionalidad del ejercicio de la acción penal respecto a la averiguación previa”.

Con esta sentencia de respaldo, se presentaron en ZETA Ernesto Silva Fraustro y Rigoberto Silva Fraustro, ex policías municipales, y los ex ministeriales Manuel Alcázar Tiscareño, Alfredo López Rosales, José Francisco Valencia López y  Francisco Alonso Rodríguez Pacheco.

Desmejorados, algunos irreconocibles con 20 ó 40 kilos menos, exhiben las huellas del aislamiento, la deficiente atención médica, el hacinamiento, las condiciones ínfimas de higiene y peores de alimentación que padecieron en el Centro Federal de Readaptación Social  Número Cinco “Oriente” ubicado en Cerro León, Villa Aldama, Veracruz.

Pero esos abusos quedaron atrás. Su molestia y denuncia tienen que ver con las violaciones inconstitucionales, el desprestigio público y la afectación de su futuro laboral provocado por las “mentiras y actos ilegales” de la SIEDO en su contra.

“El acceso a una debida defensa, el sistema, la defensoría pública federal no existe, sólo el que tiene apoyo de fuera tiene posibilidad de defenderse. Venimos decepcionados del sistema judicial”, reclamaron.

“Uno pensaría que el detenido tendría más resentimiento con el ministerio público por ser la contraparte acusadora, pero no es así, porque sabes que es tu contrincante; pero quien debería defenderte, el defensor público federal, está en contra tuya; el que debe ser imparcial, que es el juez, el secretario de acuerdo, está en contra tuya. Y realmente los resentimientos son con ellos”.

Relataron los liberados que su caso de injusticias no es el único. Que básicamente es la norma, es Villa Aldama, “antes de salir nos comprometimos allá dentro a hacer público lo que sucede, que se sepa lo que está pasando con el sistema judicial, culpables y no culpables, nadie tiene derecho a una defensa, y es más grave tratándose de inocentes”, puntualizó Francisco Alfonso Rodríguez Pacheco.

 

Los denunciantes como ejemplo

 

Ministeriales y municipales relataron sus casos: no hubo testigos fehacientes que declararan haber delinquido en su compañía, menos se mencionaron circunstancias de tiempo, modo y lugar. Incluso cuando el primer juez de Nayarit rechazó emitir orden de aprehensión fue porque en la mayoría de los casos la acusación la hacía una sola persona. Culparon al endeble sistema de la SIEDO con los testigos protegidos, a quienes pide acusar a cambio de beneficios y éstos contribuyen con hechos falsos sólo para obtener privilegios.

“De hecho ellos (testigos protegidos) saben que con esos elementos no va a tener mayor éxito la investigación porque manejan el derecho: a Manuel Alcázar Tiscareño y José Francisco Valencia López los señaló el testigo protegido Juan López Ochoa, y cuando solicitaron carearse la SIEDO respondió que ellos no lo tenían en custodia, después dijeron que era de Estados Unidos y finalmente la DEA también respondió que no lo tenían a disposición. ¿Cómo te defiendes de un acusador que no aparece?”.

Tiscareño explicó: “Declaró que no me conoce, ni habíamos delinquido juntos, pero que una vez hubo una reunión de capos en una funeraria y yo iba escoltando un carro donde iba un tal Ciego… no es cierto”.

El ex agente Francisco Valencia explicó cómo otro testigo protegido lo acusó: “Dijo que en 2003 me conoció porque me vio en un estacionamiento en la Colonia Buena Vista, según su dicho entré acompañando a un tal Tavo para quitarle unos GPS a unos carros, que el Tavo se los quitó y nos fuimos… eso no sucedió, pero ni siquiera dice que hablamos, tampoco cómo supo que era yo, nada”.

López Rosales: “El que me señaló dijo que medía 1.80 metros y pesaba 120 kilos”, refiere indignado, el que es un hombre pequeño, enjuto con 71 años encima. Del señalamiento en su contra: “En el 2002 mataron a una chamaca, la asesina fue  la esposa del amante de la muchacha, cuando voy por ella, no la encuentro y detengo a dos jóvenes que estaban en su casa lavando carros. Cuando la presunta responsable acude a las oficinas para liberar a los detenidos, la aprehendo y con instrucción del ministerio público, libero a los chamacos. Ahí la Kika, que después se desdijo, me acusa de haber liberado al ‘Güero Tacos’, un sujeto al que nunca conocí”.

Rodríguez Pacheco se careó con Marcos Assemat Hernández “Fernando”: “Manifestó que no le constaban los hechos, que nada más había escuchado. Como en su declaración original dice que en alguna ocasión nos presentaron, yo le digo que él no me conoce, él se ríe y me dice ‘tú no me conoces a mí’, al final dijo la verdad, no me consta que él haya participado en un proceso delictivo, y eso quedó inscrito en la averiguación”

Carlos Alejandro Melo Albarrán “Kika”, declaró contra Ernesto Silva y Rigoberto Silva: “Primero mencionó que  se acuerda que una vez, no se acuerda cuando, que nos vio a los Silva en una fiesta en Rosarito donde estaba El Muletas y El Teo”, recordó Rigoberto.

“Después se desdijo, declaró ante funcionarios de Derechos Humanos y ante un ministerio público que le pusieron unos álbumes y le dijeron que señalara a tal y cual, para que obtuviera beneficios”.

 

El baile del amparo

 

Los ministeriales y municipales que se presentaron en ZETA, relataron que quedaron libres en junio de 2012 por un amparo que promovieron entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2010, cuatro meses después que les dictaran auto de formal prisión. El proceso tardó 20 meses luego que jueces en cuatro estados se declararan incompetentes para conocer de su caso.

En 2010 sus abogados presentaron la solicitud de amparo ante un Tribunal Unitario en Matamoros el cual se declaró incompetente. Una autoridad en Xalapa recibe el caso y se auxilia de jueces en Puebla y Zacatecas que después de tres meses también se declaran incompetentes. Otra vez el caso a Xalapa, una vez más a Matamoros donde después de meses, se resuelve a favor de los detenidos. “Fueron casi dos años en los que la gente piensa –están defendiéndose, están en careos, presentación de pruebas–, pero no hay absolutamente nada, está muerto el proceso.

“En la determinación el juez no habla de falta de elementos, dice que es ilegal, entonces si la actuación es ilegal hubo un delito. Es evidente que hay un acuerdo en el gobierno federal entre el poder ejecutivo y el poder judicial, nos queda claro, y se llevan a culpables pero también a muchos inocentes”.

En este esquema, los ex ministeriales y municipales afectados, están analizando actualmente la “necesidad” de promover juicios civiles, procesos penales, o procedimientos administrativos ante el Consejo de la Judicatura, a pesar de la negativa en la Procuraduría y el ayuntamiento, algunos insisten en recuperar su empleo.

“Porque no cometimos ningún delito y queremos recuperar nuestro prestigio y nuestros derechos”, analizan: ¿si reclaman les resarcirán el daño económico o moral que les causaron? “No queremos afectar a nadie. Pero no es posible que quedemos marcados y hasta nuestros pasaportes estén en riesgo”.

 

Policías municipales: sin trabajo, señalados y libres

 

23 policías municipales de Tijuana fueron detenidos en marzo de 2009. A partir de un procedimiento iniciado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En colaboración con las autoridades locales, los hombres fueron exhibidos en las instalaciones del Ejército Mexicano, quien a petición del gobierno federal, se convirtió en prácticamente un centro de arraigos local y momentáneo.

Entonces (ZETA edición 3 de abril de 2009) se señaló a los Policías Municipales y a unos tantos Ministeriales, como elementos que estuvieron al servicio del cártel Arellano Félix. En aquella época habían sido señalados de aceptar órdenes y dinero de narcotraficantes como el prófugo Fernando Sánchez Arellano, y los detenidos Teodoro García Simental y Luis Felipe Ramírez Vázquez.

De acuerdo a la investigación en aquel marzo de 2009, criminales detenidos señalaron a Policías Municipales a su servicio y éstos a su vez, denunciaron a otros compañeros que supuestamente también habían colaborado con los narcotraficantes. El efecto dominó, le llamaron las autoridades de Baja California a las detenciones de policías.

Particularmente los acusaban de recibir dinero a cambio de desviar patrullas, ocultar información para operativos, liberar detenidos, proteger en la comisión de delitos, acordonar áreas y otras tareas de logística oficial para el desarrollo de actividades delictivas.

Un grupo de oficiales detenidos lo fue a partir de las delaciones que hizo otro agente aprehendido en la fecha, Luis Enrique Carrillo Osorio, y así se liberaron órdenes de presentación, de detención e inició la investigación federal. Después del arraigo de 40 días en las instalaciones militares. El 15 de mayo de 2009 les dictaron la orden de aprehensión y fueron trasladados al penal de Nayarit. Trece de ellos recuperaron su libertad el 10 de agosto de 2010. Los diez ex agentes restantes están a la espera de una resolución que los saque del cautiverio.

Los ex Policías que fueron liberados en agosto de 2010: Jorge Ernesto Pérez Avendaño, Blanca Berenice Guizar Munguía, Manuel Guerrero Flores, René Cristian Huante Mondragón, Manuel Olivas Coss, José Alberto Castillo Ortiz, Artemio Duarte Martínez, Gerardo Garduño Escobar, Rolando Saldaña Chacón, Jorge Sánchez Reyes, Miguel Ángel Mesina López, Alfredo Cuevas Higuera, Roberto Zaragoza Martínez.

Y quienes permanecen presos: Salvador Bolaños Sánchez, Samuel Alonso Ureña Baro, Luis Alberto Toledo Coello, Víctor Manuel Méndez González, Rodolfo Ismael Nava, Jaime Berumen Borrallo, Maximino García Luna, José Carlos Avalos Luis y Raúl Delgado Rivera.

Tres de los trece oficiales liberados recuperaron su trabajo como Policías Municipales luego de ganar un amparo al Ayuntamiento de Tijuana, es el caso de Jorge Ernesto Pérez Avendaño, Blanca Berenice Guizar Munguía y Roberto Zaragoza Martínez, mientras los otros diez esperan la resolución en un caso que introdujeron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, donde los 23 ganaron el caso fue en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los ex agentes detenidos y los liberados, lograron una recomendación a su favor en diciembre de 2011. La recomendación 87/2011, “relacionados con el caso de la detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tortura y atentados contra la libertad sexual de 2 civiles y 23 elementos de la Policía Municipal de Tijuana, Baja California y con el caso de 2 defensoras de oficio”.

Los sujetos de la recomendación 87/2011 son, el General Secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván; la Procuradora General de la República Marisela Morales Ibarra, el Gobernador del Estado de Baja California José Guadalupe Osuna Millán y el Ayuntamiento de Tijuana.

Ex policías municipales comentaron a ZETA: “Todas las dependencias dicen que ya acataron la recomendación, pero no se nos ha reparado el daño, ni en términos económicos ni laborales. No tenemos trabajo, no tenemos dinero y exigimos una disculpa pública.

“Además por ese caso estamos boletinados en los Estados Unidos, nos quitaron la visa pensando que éramos culpables y no nos la regresan después que nos dejaron en libertad. El Ayuntamiento no nos han recibido, aunque no era el alcalde Carlos Bustamante, pero le hemos insistido y nada, no nos pagan salarios caídos ni indemnización, nada”.

Aparte los agentes cargan con la tortura física y psicológica a cuestas. Al menos de la que dicen fueron objeto. “Porque no detuvieron por puros dichos, no por una investigación, además dichos arrancados a base de tortura. En las instalaciones militares le pagaban a los agentes para que dijeran quiénes eran los otros policías corruptos, después de la tortura pues daban nombres pero nombres de agentes que ya estamos libres porque se comprobó que éramos inocentes”.

La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica a las autoridades destinatarias: reparen el daño a los 23 ex agentes; cesen las detenciones arbitrarias, que detenidos no sean enviados a instalaciones militares sino a la autoridad correspondiente; que militares no realicen interrogatorios a detenidos; que se inicie averiguación previa contra quien resulte responsable, que apliquen el programa de derechos humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Sin embargo, a seis meses de emitida la recomendación favorable a los ex policías municipales, ninguna de las autoridades señaladas ha reparado el daño, tampoco les han devuelto sus trabajos ni se les ha otorgado una disculpa pública. No pueden internarse a los Estados Unidos y les ha sido difícil conseguir otro trabajo debido a lo público de su detención y a los señalamientos que en su momento se les hicieron.

Los trece policías liberados resumieron: “No queremos venganza, queremos justicia”.

 

El hijo que no lo era

 

Aclarado el punto de que el joven Félix Beltrán León, detenido por la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco, no es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, la Procuraduría General de la República le mantiene arraigado en la capital del país.

Dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIARV/051/2012, se investiga su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa, además de dar seguimiento a las armas de fuego y granadas de fragmentación aseguradas supuestamente en el domicilio del muchacho, donde fue detenido junto a su medio hermano Kevin Beltrán Ríos.

Una semana ha transcurrido hasta el momento. Cinco mujeres luchan para librar a Félix Beltrán León de la medida cautelar a la que fue sometido. La abogada Verónica Patricia Guerrero Vinueza las encabeza. Las otras son Elodia León Vega, Karla Pacheco, Patricia Yepes y la pequeña Jade Beltrán; madre, esposa, suegra y la hijita de un año ocho meses de edad, respectivamente, de Félix.

La defensa del sinaloense de 23 años de edad ni siquiera ha tenido acceso a la indagatoria. Tampoco se ha podido nombrar en el asunto, ante la férrea oposición de funcionarios de la PGR en el Centro de Arraigos que han designado a un abogado de oficio para que asista jurídicamente a los indiciados.

Verónica Guerrero y su socio Heriberto Rangel Méndez han recibido amenazas y piensan seriamente en claudicar en el caso. Las advertencias que llegan al teléfono celular de la abogada tapatía y de su colega, son precisamente para que dejen la defensa de los hermanos Beltrán, “para que no les pase nada”. Al cierre de esta edición, ambos profesionistas continuaban con el apoyo a las parientes de los indiciados.

ZETA pudo establecer contacto vía telefónica con Karla Pacheco, esposa de Félix Beltrán León, quien el miércoles 27 de junio se encontraba a las afueras del Centro Nacional de Arraigos de la Procuraduría General de la República, luego de visitarlo de manera breve y solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A continuación, la transcripción de la charla con la mujer.

– Se cumple una semana de la detención de su esposo y su cuñado, ¿qué ha pasado luego de que se aclaró la falsa identidad que la Marina daba a Félix?

“Nada, absolutamente nada. Yo no logro entender por qué si ya está aclarado todo, por qué no los dejan libres. Ellos están ahora en arraigo de 40 días. Sí, ya pude ver a Félix, gracias a Dios. Está bien físicamente, pero emocionalmente está destrozado, obviamente”.

– ¿Cuándo lo vio?

“El martes por primera vez y el miércoles. Fui, pero un ratito nada más, porque llegaron los de Derechos Humanos, entonces tuve que salirme. Le llevé a su niña y ¡uuuy nooo!, casi se muere. Félix se agarró llorando. Es una persona muy fuerte, pero se agarró llorando. No tienen idea de la forma en que nos han lastimado. Mi niña no puede ver policías, no puede ver encapuchados, no puede ver a un hombre grande porque se agarra llorando. Está traumadísima”.

– ¿Cuánto tiempo le dieron para verlo?

“Nada más lo vi una hora más o menos el martes, y el miércoles un ratito porque llegó Derechos Humanos. Los llamamos porque aquí hay muchas cosas negras, raras, entonces yo tengo mucho miedo, porque ya amenazaron a mi licenciada y es casi cien por ciento seguro que va a dejar el caso, ¿entiende? Todos tenemos mucho miedo, toda mi familia y yo tememos por la familia de la licenciada, de los dos licenciados. A mí no me han marcado, pero sí temo por la vida de mi hija. De cualquier cosa que nos llegue a pasar, hacemos responsable al gobierno”.

– Desde el viernes 22 de junio quedó establecido que su marido no es hijo del “Chapo” Guzmán, ¿se sigue con el procedimiento de identificación de personas por parte de la PGR?

“Yo llegué al Centro de Arraigo con un oficio a nombre de Félix, pero me comenta él que en su papeleo le siguen poniendo Félix Beltrán y/o Alfredo Guzmán, o sea, ¿qué onda? Eso ya estaba aclarado. No entendemos por qué lo tienen con dos nombres, creo que ya hasta hubo una disculpa pública o algo así, pero a mí no me importan las disculpas públicas, yo nomás lo quiero libre. Lo quiero en libertad porque ahora ya intentan relacionarlo con otro tipo de cosas. Todo el país estará de acuerdo en que si las autoridades se equivocaron en lo más importante, se están equivocando en todo, como también le sembraron las cosas que dizque había en mi casa. Sembraron armas, sembraron granadas, todo lo que están poniendo es sembrado. Han de saber que yo estaba ahí. Yo lo viví todo. Yo sé realmente lo que había en mi casa, y obviamente ellos (los indiciados) no tienen forma de conseguir ese tipo de cosas, porque jamás han tenido nexos con narcos ni nada, y tengo una bebé de un año ocho meses”.

– ¿Cómo fue la irrupción de la gente de la Marina a su casa? ¿A qué hora fue?

“Eso fue más o menos como entre cuatro y media, cinco de la mañana. Estábamos dormidos con la beba, como es nuestra primera niña, estamos acostumbrados a dormir juntos los tres. En el otro cuarto estaba dormido mi cuñado. En la noche habíamos ido a cenar todos y mi cuñado me preguntó que si no había problema en que se quedara a dormir en mi casa, y le dije ‘claro que no’. Él se iba a ir a Culiacán el jueves como a las ocho, nueve de la mañana en carro. Entonces, estábamos dormidos y escuché ruidos afuera. Traté de despertar a Félix y nada, estaba bien dormido. Pensé que querían entrar a robar y de repente se bajó la luz, me di cuenta porque yo estaba despierta con mi aire y con mi Sky y se apagaron.

“Al minuto o menos truenan la puerta de madera, o sea, la principal, la de abajo, ¡súper fuerte! Tronó horrible y grité ‘¡Félix!’, y obviamente despertó. En diez segundos subieron hombres gritando ‘¡La Marina! ¡La Marina!’. Yo siempre duermo con seguro en mi recámara, es costumbre porque soy muy miedosa. Abrieron a golpes la puerta donde estaba dormido mi cuñado. Mi puerta estaba cerrada y empezaron a tocar, yo me paré a abrir, más que nada por mi niña. Félix estaba en boxer y se levantó para ponerse el pantalón. Abro, los dejo entrar y nos ordenan sentarnos. Preguntaron dónde estaban las armas, drogas, dinero, etcétera, al tiempo que esculcaron y empiezan a tirar todo de mi closet.

“A él (Félix Beltrán), uno de la Marina lo agarra así, como abrazándolo y apuntándole con un arma. Lo agarran y se lo llevan a mi vestidor y le preguntan, ‘¿qué hay en esa puerta?’, o sea, en el baño. Abre y obviamente no había nada ni nadie. Lo dejan sentado conmigo y empiezan a esculcar. Me robaron muchísimas cosas. Me robaron documentos, cámaras, lentes, relojes, iPad de mi bebé. También les gustaron mis maletas y se las llevaron”.

– ¿En qué momento las encuentran o dónde estaban?

“En ningún momento nos explican, nunca nos dijeron nada. A mí él me comentó, ayer que lo pude ver, porque le pregunté, ‘oye ¿dónde viste las armas o qué onda, cuándo supiste tú que te las estaban poniendo?’. Me dijo, ‘en el momento en que me hicieron subir la escalera para presentarme ante los medios de comunicación, subo y veo toda la mesa llena de armas’, y que él y Kevin se agarraron llorando. Obviamente los niños súper inocentes, están en sus edades, 19 y 23 años, ven todo eso y dicen ‘¡no, con esto que me achacan, me muero en la cárcel!”.

– ¿Cómo vio a su esposo, cómo está físicamente? ¿Hubo tortura o malos tratos para que se incriminara?

“No, él nada más me dijo que no lo golpearon. No le hicieron daño alguno, pero sí lo cachetearon. A él lo vendaron en mi casa, me dijo que cuando él llegó a la Ciudad de México, enseguida la DEA lo quería hacer firmar su extradición y él les decía, ‘¿pero por qué voy a firmar mi extradición si yo no soy esa persona? Yo no me llamo Alfredo’. Le decían ‘es que tienes que firmar’, y bla, bla, bla. Félix les contestaba que no les firmaba y dice que no les firmó, aunque el defensor de oficio que le asignaron le insistía en que les firmara. Hasta le dijo mi marido, ‘tú vienes a defenderme o a atacarme, ¿cómo voy a firmar si yo no soy esa persona?’. Y le contestaba, ‘es que tienes que firmar’. No firmó, si no, ¿se imaginan?… ya estaría en Estados Unidos. Con todo y su gran error ya se lo habrían llevado. Y le insistí: ¿Te torturaron, te pegaron? ‘No’, me dijo, ‘me cachetearon, pero hasta ahí”.

– En cuanto sus familiares fueron llevados al Centro de Arraigo se promovió un amparo, ¿hay nuevas promociones de amparos, queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alguna demanda por daño moral u otra acción legal?

“Sí. Fui a Derechos Humanos, por eso le digo que el miércoles llegaron los visitadores y me tuvieron que sacar de la visita. Les pedí que por favor le llevaran a Félix un psicólogo, porque mi esposo está impresionantemente afectado. Aparte está asustadísimo, porque la gente de adentro del Centro de Arraigo, le dice que le van a dar 40 años de cárcel, o sea, miles de cosas. Le dije, ‘no hagas caso, no te van a dar nada, tú tienes que salir libre de aquí del arraigo. Tienes que ser muy positivo y vas a ver que tú, de arraigo sales. Es más, por la niña tienes que salir’. Exijo la libertad inmediata de los dos, porque no saben la forma en que acabaron con nuestra vida, en verdad”.

– ¿Ha influido o puede influir el hecho de que las autoridades fueron exhibidas a nivel internacional por su incompetencia, sobre todo por la detención de una persona diferente a la que buscaban?

“Exactamente, es lo que temo. En verdad tengo mucho miedo que por ese motivo, ellos no quieran quedar peor ante los medios. Aparte, ya mis abogados, que son penalistas, me dijeron que saben cómo se las gastan. Temo que, como no les han encontrado nada, ni les van a encontrar nada, van a manipular la información. Y ese es mi miedo, en verdad tengo mucho miedo. Yo pido por favor que no nos hagan más daño, los dejen en libertad y nos dejen en paz”, finalizó Karla Pacheco.

 

Jorge Hank, en posesión de armas y liberado

 

Tras una denuncia, la madrugada del sábado 4 de junio de 2011, elementos del Ejército Mexicano catearon la propiedad del ex alcalde priista Jorge Hank Rhon. En tres puntos de la propiedad localizaron escondidas 88 armas de fuego y más de 9 mil cartuchos útiles, 49 de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de las cuales dos fueron relacionadas con homicidios cometidos en Baja California. Las otras 39 eran de las permitidas con licencia, pero solo diez tenían permiso. Cuatro se encuentran bajo la licencia colectiva número 186 de Baja California, una más, amparada en la licencia colectiva del Distrito Federal, y las otras cinco a nombre de personas físicas que no figuraban entre los diez hombres detenidos con Hank, que formaban parte de su equipo de seguridad.

María Elvia Amaya, esposa del ex presidente municipal de Tijuana, declaró públicamente el día de la captura que las armas localizadas en su casa tenían permiso. Después declaró ante una visitadora de la de CNDH que no sabía nada: “Me dijeron que me parara frente a unas armas que se encontraban en el piso y me tomaron unas fotos, armas que nunca había visto y que no reconozco”. Acto seguido, la mujer también negó todo.

El priista fue trasladado el 5 de junio a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Ampliaron a 96 horas el término para definir su situación jurídica, porque además del delito de acopio de armas, la PGR decide investigarlo por delincuencia organizada.

Lo consignaron junto a sus diez empleados de seguridad  por acopio, para regresarlo a Baja California el 8 de junio, día en que es declarado en el Juzgado Noveno de Distrito, por la juez Blanca Elena Parra, quien el 14 de junio del año pasado dictaminó que no había elementos para acreditar la posesión de armas, además de que el parte informativo con que lo remitieron, mostraba inconsistencias. La SIEDO anunció que apeló, y no volvió hablar del proceso.

Patricia Burgain, entonces subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, reconoció que no tenían elementos para acusar al empresario por delincuencia organizada. Que la posesión se había acreditado y que, a pesar de estar de acuerdo con la determinación del Poder Judicial, la respetarían, pero se preguntó en voz alta: “¿Qué hago ahora con las 88 armas?”.

Por su parte, el Presidente de la República, Felipe Calderón, reclamó públicamente a los jueces la impunidad en el caso Hank, solicitándoles reconsiderar que dos armas estaban involucradas en asesinatos, pero nada pasó.

El 15 de junio de 2011, Jorge Hank Rhon fue liberado de los delitos federales durante unos segundos, al ser reaprehendido por la Procuraduría del Estado, al estar presuntamente vinculado al homicidio de  la novia de unos de sus hijos, la joven Angélica Muñoz Cervantes, asesinada el 13 de agosto de 2009. Lo arraigaron unas horas y posteriormente quedó en libertad.

Según declaraciones públicas del procurador Rommel Moreno, el expediente sigue abierto, pero no ha tenido mayores consecuencias.

 

“El Chapo” se les fue en BCS

 

Como si fuera un logro, José Cuitláhuac Salinas, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, anunció el 11 de marzo de 2012 que Joaquín Guzmán Loera había escapado de un operativo implementado por la Policía Federal. Según su dicho, los agentes llegaron unos minutos tarde a la casa localizada en el número 114 del conjunto Las Residencias, perteneciente al fraccionamiento Bahía Ballenas.

La autoridad mexicana tuvo conocimiento del arribo del narcotraficante al municipio de Los Cabos en Baja California Sur desde en febrero, pues oficiales de Estados Unidos les proporcionaron la información. “El Chapo” llegó a Punta Ballena en compañía de una mujer y un piloto.

Sin embargo, enviaron a las fuerzas federales al territorio sudcaliforniano a destiempo. Adicionalmente, el operativo de búsqueda no fue un secreto. Helicópteros de visión nocturna y ocho camiones cargados de agentes federales iniciaron los cateos el 17 de febrero en el fraccionamiento Rancho Paraíso, ubicado  a 10 kilómetros de la mansión del capo.

No encontraron nada,  pero se alertó al traficante. Para entonces la versión filtrada a la prensa y corporaciones locales, era “Vienen por ‘El Chapo’”. Continuaron revisando otras zonas y llegaron al fraccionamiento donde Guzmán residía hasta el 21 de febrero de 2012; de nuevo helicópteros, y más de diez camiones llenos de uniformados.

Ahí detuvieron al piloto, a una mujer presuntamente relacionada con “El Chapo” de manera carnal, a la camarista y hasta el mozo. De acuerdo a declaraciones de los detenidos, Cuitláhuac Salinas y la procuradora Marisela Morales determinaron que estuvieron a punto de detenerlo porque la meretriz les informó que recién se había ido, al decidir dejar las relaciones sexuales para otro momento porque ella estaba “en su período”.

La información que los agentes recibieron el 21 de febrero, día de la fuga, fue que el criminal había abandonado  Los Cabos en una camioneta blanca, resguardada por una gris y una negra, todos rumbo a Ciudad Constitución y de ahí a Ensenada, Baja California.

Dejaron pasar alrededor de 72 horas, y hasta el 25 de febrero instalaron cinco inútiles filtros de revisión vehicular en la carreta entre La Paz y Ciudad Constitución, en los que evidentemente ya no detuvieron a nadie.

A la pifia de reconocer una fuga, se sumaron las declaraciones de algunos vecinos del delincuente en Las Residencias del fraccionamiento Bahía Ballenas, quienes señalaron que “El Chapo” abandonó la zona al día siguiente que empezaron los cateos en la ciudad.

Y afirmaron: “Alguien salió caminando el 18 de febrero,  por la parte de la cocina, y se subió a una lujosa camioneta de color dorado que llegó de madrugada a la casa”.

Así de fácil.

 

 

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