Invasión de Sobrerruedas
En dos años de gobierno de Bustamante hay 47 mercados ambulantes más en Tijuana.
Mercados ambulantes que abarcan 3 kilómetros de vialidades, la proliferación de basura, piratería, y los abusos cometidos por vendedores que obstaculizan cocheras y accesos a viviendas, son parte de “la pesadilla” del comercio informal. “Para los gobiernos, han sido el orificio donde sale la presión y que les permite más o menos capotear el asunto cuando no se generan empleos”, explica el economista Francisco González Bermúdez. “No los multamos, porque difícilmente van a pagar. Para que vengan tenemos que decomisarle la mercancía y no se vale que lo hagamos”, afirma David León, director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento.
Francisco Navarro Fausto
Comparando las cifras del departamento de Inspección y Verificación Municipal de 2010 con las de la presente administración, los mercados sobrerruedas en Tijuana han pasado de 340 a 387, es decir a la fecha hay 47 comercios más de este giro en la ciudad.
La cifra oficial de agremiados del Ayuntamiento establece que son 12 mil 341 personas dedicadas a este negocio, mientras que en 2010 la cifra se colocaba en 12 mil.
Mientras tanto, la realidad que se vive en las calles donde se instalan los sobrerruedas, es prueba del desorden que prevalece en el llamado comercio informal (sin permiso), que ha aumentado en un 30 por ciento (aproximadamente 3 mil 600 más) y prácticamente se ha apoderado de las banquetas.
ZETA recorrió los mega-comercios ambulantes de la colonia Pancho Villa, El Florido, El Refugio, El Jibarito y Mariano Matamoros. En promedio, estos espacios abarcan 20 y 30 calles (en aproximación cada vía mide 50 metros y en ella caben 17 puestos de tres metros cuadrados cada uno, lo que en promedio da 300 comerciantes por cada mercado).
Así, a lo largo de kilómetro y medio de longitud, se instalan los vendedores que con frecuencia ocasionan el descontento de los habitantes en cada una de las zonas donde se apuestan y no hay poder humano que los remueva. Bloquean estacionamientos, usan la calle como baño público, dejan bolsas con excremento o envases de plástico con orines en todas partes, se molestan si se les pide removerse del punto donde están obstruyendo el tráfico, son groseros e irreverentes.
Además de lo anterior, los sobrerruedas representan un riesgo latente tanto para quienes acuden como para los inquilinos en la zona, ya que en caso de presentarse un incendio, una fuga de gas o un problema en las redes eléctricas hay obstrucción del paso, tanto para unidades de bomberos como para las ambulancias o patrullas de la policía municipal.
Prueba de esta inseguridad se dio el domingo 24 de junio cuando el reportero recorría el mercado de la colonia Pancho Villa. Y es que de acuerdo a uno de los habitantes una persona lanzó un par de tenis a las líneas de eléctricas lo que generó un chispazo y en consecuencia un apagón en la zona, por lo que tuvieron que llamar a los bomberos.
Al lugar llegó una unidad de bomberos. El Capitán al cargo Roberto Díaz Morales dijo:
“En este caso tuvimos un tiempo de respuesta de 5 minutos para llegar al lugar del incidente, estamos cerca, pero cuando hay mercados (sobrerruedas) en la calle nos dificulta y atrasa nuestra llegada. Me ha tocado ir a otras zonas de la ciudad donde tengo que pasar por lugares con este tipo de comercio y nos demora el tiempo para llegar al incidente; eso para nosotros representa salvar una vida”.
En su mayoría la vendimia es de comida, por lo que se requieren minas de gas y aceite hirviendo. También se puede encontrar ropa, artículos electrodomésticos, muebles y zapatos, todos ellos de segunda mano. Hay venta de saldos, mascotas, mini estéticas. “Proliferan los puestos de películas piratas así como artículos de dudosa procedencia”, externó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Karim Chalita.
Ante este panorama, la Inspección y Verificación Municipal sólo atinó a reconocer que hay un crecimiento de mercado informal en la ciudad a quienes con insistencia se les pide retirarse, pero sin llegar a aplicar la ley. Aunque el reglamento municipal contempla aplicar multas a los reincidentes o quitarles la mercancía, la autoridad no lo hace, pues justifica que ante la falta de empleo, ésta es la manera de mantener a la familia. Así, el desorden prevalece.
La inconformidad
Entre 3 y 4 veces por semana se instala un sobrerruedas en El Refugio. Desde las 4 de la mañana se escucha el caer y levantar de los tubos galvanizados con los que los vendedores forman sus puestos para la vendimia.
“Se suben al jardín o ponen la camioneta sobre la banqueta. Se ponen en doble fila. Pobre la persona que les diga algo porque adrede se vuelven a poner. Usan la calle como baño público. De todo esto le decimos al guardia de seguridad que los acomoda pero no hace caso”, dijo Martha García, quien vive en dicha zona.
En otro punto de la ciudad, precisamente en la colonia Pancho Villa las calles están muy estrechas debido a que los puestos se colocan en la vía pública. Ahí sí de plano las cocheras de las casas, en la avenida principal, permanecen obstruidas varios días de la semana.
“No podemos salir porque cierran la cochera y si en algún momento dejan un espacio es un problema para circular, porque en medio de la calle circulan los vendedores de pays, calcetas, plantas, y pues así no se puede”, expresó Ana Rodríguez a este Semanario.
Un punto muy alejado pero muy concurrido es el mercado sobrerruedas de El Jibarito, que abarca 3 kilómetros de vialidades y colonias como el Granja, Salvatierra y San Bernardo; está conformado por ocho asociaciones.
Dicho mercado debía ser reinstalado desde mayo de 2011, pero es fecha que no hay respuesta de parte de la autoridad. Al respecto, Jorge Ramos, en calidad de presidente del Comité de Vecinos de la Colonia Salvatierra, externó:
“Firmamos un pacto con del Director de Reglamentos el 17 de mayo de 2011 donde se comprometía a que en un término 45 días lo reubicaría. Ya se cumplió un año y no ha habido respuesta”, subrayó.
“Vamos a decir la verdad, no lo va a querer mover porque es mucho dinero que se maneja, estamos hablando que son entre 8 y 10 millones de pesos anuales. Él acepta que el 60 por ciento de la plaza es pirata y al hacerlo se convierte en cómplice. Todos los miércoles tiene juntas con los líderes y no hay solución”
García Martínez agregó que supuestamente se habría dado una reubicación, pero la realidad es que los líderes no quieren dejar las calles ya que si quitan tres puestos regresan 10, además de que la informalidad en la zona ha crecido un 30 por ciento.
Más adelante denunció: “La avenida principal no debe ser usada para vendimia, pues en una cuestión de emergencia, ¿qué pasaría? Ya hemos tenido tres incendios de casa y dos de carros. Y ha habido incendio total. Los vendedores invaden escuelas e iglesia, cierran las calles, entonces cuando vienen las personas a recoger los niños es un problema. La repuesta de Reglamentos es que la situación económica es difícil, pero aquí lo que pasa es que hay vacío de autoridad y si es así, que deje el cargo a alguien que si quiera cumplir la ley y que nos regrese las calles”, finalizó.
Las ventajas de ser ambulante
Para Blanca Gallegos, quien tiene 16 años vendiendo artículos para teléfonos celulares y juegos para videoconsolas en el mercado ambulante de la Colonia Pancho Villa, el negocio ya no es el mismo; primero, porque la gente no tiene dinero, y segundo, porque hay muchos puestos sin permiso que ofertan lo mismo que ella.
“Así se queman las plazas y no hay una depuración real del padrón de los comerciantes. Nosotros compramos en remates y tenemos que pagar importación, mientras que los informales no. Sólo cubren una cuota de 30 pesos por el día y ya. Además vienen a vender personas de Estados Unidos que se quedaron sin trabajo, sus familiares les juntan cosas y aquí las venden. Estamos soportando aquí, porque no nos dan trabajo en ningún lugar por la edad (ya ronda los 50 años)”.
Ricardo Pérez, dueño de un puesto de ropa de segunda, recalcó que los sobrerruedas surgieron como un acuerdo de comerciantes del Mercado Hidalgo y otros negocios similares para llevar a las colonias más alejadas los productos de primera necesidad.
“Mi papá tenía un puesto en el Mercado Hidalgo y yo me acuerdo que venía con él. Antes sólo se vendía fruta y verdura. Ahora se ha desvirtuado. Se oferta de todo”, abundó.
Celia Ibarra se acaba de independizar de su papá, que tenía un negocio de verduras. Vive en la zona este y desde hace un año paga plaza en distintos puntos sin un permiso oficial.
“Aquí el que gana es el líder, que por dejarnos instalar nos cobra aunque no tengamos permiso oficial. En una asociación donde estaba (no quiso decir el nombre) pagaba hasta 200 pesos, pero donde estoy son 100 ó 50, dependiendo de la plaza. Quienes ya tienen permiso cubren una cuota de 50 pesos a la semana. De ese dinero los líderes pagan 20 pesos por seguridad y limpieza y el resto se lo quedan. Aunque los puestos de comida pagan más, 200 ó 300 pesos”, informó.
Armando Pelayo ha trabajado más de 30 años en el negocio de ambulante y desde su punto de vista las ventas son de acuerdo a lo que se oferta. “Es lógico que si traes cosas buenas te va bien, si no pues te va mal. Durante muchos años trabajé en tiendas de ropa como Dorian’s, pero me cansé y me decidí por esto”, finalizó.
Sirven a la comunidad
El líder de la unión que lleva su nombre, Rafael García Vázquez, dijo a ZETA que su organización agrupa a cuatro más, pero cada una de ellas es autónoma en su régimen interno y sus acuerdos.
Reconoció que algunos organismos cobran 3 mil o 4 mil pesos por ingresar a la unión y otros tiene cuotas aparte por el servicio de vigilancia y basura, que según sea el caso puede rondar entre los 50 ó 100 pesos ya sea por semana o mes.
Su organización comentó, es muy diferente a las demás. Para ingresar pagan entre 150 y 300 pesos cuando son puestos grandes. El 50 por ciento de sus agremiados no paga, pues son personas de la tercera edad de escasos recursos. Cada vez que trabajan se les cobra 20 pesos por puesto. De ahí guardan un peso para la cuota de la unión, dinero que al fin de año se rifa en la cena de Navidad, donde han llegado a aportar hasta 100 mil pesos.
Y aunque dijo que hay organizaciones que tienen otro sistema de regulación se mostró respetuoso de cada gremio. Agregó que en la COR (Confederación Obrero Revolucionaria) tienen cuatro uniones más.
— ¿Cuánto se tarda en ingresar a una unión?, se le preguntó.
“En el caso de la uniones entran diez y se van 5, siempre hay espacio para los que van ingresando. Pero a veces tardan tiempo en que el gobierno les dé el permiso que establece los días para que vendan, siempre y cuando sea gente estable se regularizan”.
Respecto al excremento que las personas dejan en la calle, dijo que en el caso de su gremio los habitantes de lugar les prestan los baños y le cobran 5 pesos por el servicio, razón por la cual no buscan rentar baños móviles. “Ninguna de mis plazas (57 autorizadas por el gobierno) está cerrando el tránsito vehicular, ésa es la norma que tengo, por eso he tenido éxito en mis organizaciones, porque no tengo problemas con la autoridad, ni con vecinos”.
A pregunta expresa de cuál es la aportación a los colonos de este tipo de mercados comentó que están dando un servicio a la comunidad, pues llevan productos a las zonas más alejadas de Tijuana donde no llegan los artículos de primera necesidad y consumo básico.
El aumento de la informalidad, justificó, es porque se han cerrado fuentes de empleo, aunque “lo nuestro no es comercio informal porque pagamos impuestos. Somos pequeños contribuyentes. En el caso si no encuentran trabajo en una fábrica van a ir a engrosar filas de desocupados y eso está peligroso”.
Los desempleados
De acuerdo al investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Alejandro Díaz Bautista, para los 3 primeros meses de 2012 se registraron 81 mil 972 personas sin trabajo en el estado, lo que representó un incremento en la tasa de desocupación en la entidad en comparación con el primer trimestre del año pasado.
En Baja California la tasa de desempleo se elevó del 5.44 por ciento en el primer trimestre de 2011 a 5.74 por ciento en el primer trimestre de 2012. Cabe recordar que la tasa estatal en el cuarto trimestre de 2011 llegó a nivel crítico (7.01 por ciento). Aun así, hubo más de 80 mil personas sin laborar en esta entidad.
Por otro lado, la informalidad y el subempleo registrados los primeros meses del año mantuvieron los niveles históricos más altos que se tengan registrados en el país. Las cifras oficiales dicen que 763 mil personas más se sumaron a la informalidad a nivel nacional. Hasta marzo pasado, 13.7 millones de personas trabajaron en dicho sector, representando a 29.1 por ciento de la población ocupada, proporción mayor que el 28.5 por ciento de ocupados en la informalidad de igual período de 2011, lo que alcanzó 12.94 millones de personas.
Cabe recordar que de acuerdo a los indicadores de la población desocupada que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de 4.51 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en diciembre de 2011, porcentaje inferior al que se presentó en el mismo mes de 2010, cuando se situó en 4.94 por ciento
Según información preliminar de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en diciembre de 2011 la población sub-ocupada, que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó el 8.2 por ciento de la población ocupada, porcentaje superior al del mismo mes de un año anterior, cuando se ubicó en 6.8 por ciento.
Pero el Centro de Análisis Multidisciplinario de (CAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisa que el número verdadero de las personas sin trabajo es de 8.7 millones y no los 2.4 millones que el INEGI identifica como población desocupada al cierre del año pasado. De acuerdo a un estudio del CAM, señala que la administración de Felipe Calderón Hinojosa habría maquillado las cifras reales de desempleo en el país, pues la metodología que utiliza el INEGI para calcular la tasa de desocupación no es la más pertinente.
“Son una pesadilla”
“Con respecto a los mercados sobrerruedas, recuerdo que la política que se estableció en torno a ellos se centraba en que era una parte importante en la cadena de comercialización que iba a evitar que los acaparadores hicieran que se incrementaran los precios. Surge como una alternativa para reducir precios y contactar al consumidor con el productor. Lo que a la vez iba a beneficiar a los consumidores y al proceso inflacionario”, recordó en torno al tema el Economista Francisco González Bermúdez.
“A la larga, lo que he visto es que se han transformado en una pesadilla para los consumidores y para el estado, pues se establecieron una serie de acaparadores y líderes corruptos que de alguna manera se asociaron al partido en el poder (PRI) y que servían como gente que iba a apoyar las propuestas del partido o del gobierno. Esto de que los productores se acercaran a los consumidores se borró por completo”.
Ahora, subrayó el académico, lo que se tiene es gente que vende ropa usada, piratería y cosas de dudosa procedencia, además no existe control estricto sobre los lugares en donde se instalan los mercados ambulantes que dejan las calles llenas de basura, generando incomodidad para la gente que está alrededor y en ocasiones hasta violando su derecho a la propiedad privada.
“Parece que el estado no ha tenido alternativa alguna, porque les ha sido útil políticamente hablando. Lo que se debería hacer es crearles algún lugar fijo donde pudiesen tener empleo, donde paguen impuesto de manera correcta”.
El catedrático agregó que Estados Unidos tiene sus propios tianguis, que son sumamente regulados y ubicados en sitios bien establecidos, y no en colonias donde lo que están provocando, además de lo ya enlistado, son focos de infección y de preocupación para quienes viven en esos fraccionamientos de Tijuana.
En términos mercadológicos, agregó, estos negocios tienen su mercado meta y son las personas que trabajan en una maquiladora a quienes con 700 pesos a la semana sólo les alcanza para adquirir ropa usada, lo que a su vez perjudica fuertemente a la industria textil en el país que de alguna forma cumple con sus obligaciones fiscales.
Aparte, la informalidad es un mercado meta para aquellos que gustan de la piratería, o de aparatos electrónicos de dudosa calidad y de dudoso origen. “Los mercados sobrerruedas están sucumbiendo dada la gran proliferación de las tiendas de autoservicio y también de aquellas tiendas de conveniencia muy exitosas. Estarían pasando a ser una cosa del pasado. Pero nota estoy diciendo en algunas zonas de Tijuana, en el caso de Tepito o de algunas zonas de México en lugar de extinguirse ahora no se pone cada semana, es un mercado permanente que invade calles, aceras donde no deja pasar al transeúnte”.
De alguna forma “el comercio ambulante proviene de ese mercado sobrerruedas que se hace permanente y crónico, para los gobiernos han sido el orificio donde sale la presión y que les permite más o menos capotear el asunto cuando no se generan empleos, como el caso concreto de este gobierno que nos dejó más desempleo del que supuestamente generó”, finalizó el investigador.
Afectación a comercio establecido
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO) en Tijuana, Karim IV Chalita Rodríguez, coincidió en decir que los mercados ambulantes representan una competencia para el comerciante formal, quien debe pagar impuestos.
“A nivel nacional tenemos 14 millones de personas en la informalidad, en el estado no tengo la cifra. Lo que puedo asegurar es que en el sexenio se ha agravado mucho por la falta de competitividad, nosotros lo que intentamos hacer es buscar esquemas o analizar de fondo las políticas publicas para poder apoyar al comercio o que las personas que se instalen se incorporen a la formalidad”.
A decir del líder de los comerciantes, si bien es cierto que el Ayuntamiento firmó un acuerdo con la CANACO para la agilización en la apertura de establecimientos, implementando una mejora regulatoria y simplificación administrativa, hace falta que los costos de los servicios municipales sean más baratos.
“Muchas veces la autoridad lo que intenta ver es de qué manera pueden sanar sus finanzas y es ahí donde nos hemos dado cuenta no le apuestan a tener un esquema de volumen y ser mas prácticos y que la tramitología sea expedita, fácil y de acuerdo a las necesidades sociales. En suma realizar los trámites correspondientes, en promedio tienen un costo entre los 7 y 12 mil pesos y eso no deja de ser gravoso”.
Muchos de los motivos por los que los comercios informales no se suben a la formalidad, dijo, es por tanta barrera que hay y eso obedece a cuestiones financieras del gobierno.
“El Sistema Rápido de Empresas no es sólo esquema de mejora regulatoria. En la práctica tengo que cumplir con lo requisitos y el costo. Se requiere de una política pública más popular, o acorde a las necesidades sociales para desfogar el sistema de informalidad y puede ayudar a que se vengan disminuyendo la problemática de sobrerruedas y otras alternativas”.
40 por ciento crece informalidad
El director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, Daniel León Valdés, puntualizó a ZETA que en la ciudad hay 12 mil 341 permisos de sobrerruedas otorgados, y se cuenta con 84 organizaciones gremiales.
Según los registros de inspección tienen un crecimiento de 40 por ciento de informalidad en los mercados sobrerruedas debido a la falta de empleo y a raíz de la crisis económica.
“Todos los días visitamos los lugares para tener control de ese crecimiento inmoderado que traemos. Llegan y se ponen y nos empieza a provocar desorden. Traemos entre 12 o entre 20 calles. Todos los días tenemos desalojo de gente que está fuera de un permiso. Para las revisiones traemos 14 personas para revisar servicios y los fines de semana se reducen a 9 personas diario”.
Según el funcionario municipal lo que las autoridades hacen en primera instancia es amonestar, buscando convencer a las personas que no pueden permanecer en la zona. “No los multamos porque difícilmente van a pagar. Para que vengan tenemos que decomisarle la mercancía y no se vale que lo hagamos. La mayoría lo entiende, otros nos retan y actuamos en consecuencia”.
Por su parte León insistió que en la actualidad no están otorgando permisos a sobrerruedas ni a comercios ambulantes, sin embargo la realidad es que la informalidad se desborda en Tijuana hasta con la proliferación de cantantes con todo y sonidos estruendosos, cirqueros y bailarines que se han apoderado de plazas públicas, parques y cruceros, contribuyendo al problema de la contaminación auditiva y siendo un grave riesgo para los automovilistas.
En relación al mercado sobrerruedas de la Colonia Salvatierra el funcionario aseguró que semanalmente tienen reuniones con los gremios, a quienes les han insistido con la reubicación a otra zona.
Justificó: “Cuando nosotros llegamos los mercados ya estaban instalados con su problemática. Mucha gente acepta y otra no. Hemos hecho conciencia que no hagan necesidades detrás del carro, que dejen la calle limpia, que no tapen las entradas y salidas de las calles. Que dejen el acceso para una posible emergencia y hemos avanzado.
“Desaparecer el mercado como tal sería difícil. Tenemos que buscarle reubicación y hacer un sondeo para ello, porque son demasiadas las familias (16 mil) que dependen del ingreso del mercado. En Salvatierra tenemos un año negociando reubicación, estamos 85 por ciento de lograrlo”.
Daniel León externó que en 2011 el 60 por ciento de los vendedores no habían pagado a tiempo sus permisos, razón por la que en el presente año las cuotas bajaron al 50 por ciento. Hasta el momento más de la mitad ha cumplido con esta norma. En aproximaciones, una vez revalidados los más de 12 mil permisos de mercados sobrerruedas, la autoridad municipal tendrá un ingreso de 17 millones 627 mil, 158 pesos. Mientras que los conductores de vehículos y, peor todavía, los residentes de fraccionamientos que cubren sus obligaciones de predial y demás servicios públicos son los que deben soportar los abusos constantes de los sobrerruedas.








