Reviven “Caso Baturi”

Luego de 17 años, hubo cuatro detenidos y 19 órdenes de aprehensión siguen pendientes

A raíz de la detención de Julio César Salas Reyes, alias “El M4” en Tijuana, la PGR retomó el caso de un cargamento de 15 toneladas de cocaína que fue decomisado en La Paz en 1995. Dos de los cuatro detenidos son “testigos protegidos” y ya no están en México. En un año y tres meses prescribirán las órdenes de captura

Investigaciones ZETA

Con la captura de Julio César Salas Reyes, alias “El M4” en Tijuana, el caso conocido como los “Llanos del Baturi” oficialmente revivió y cobró fuerza después de 17 años que narcotraficantes, policías estatales y federales, al servicio del Cártel de los Arellano Félix, aterrizaron, descargaron, destruyeron y semi-enterraron un avión cargado con más de 15 toneladas de cocaína en ese poblado ubicado a 50 kilómetros de la comunidad de Todos Santos, municipio de La Paz.

El detenido forma parte de una de las células de esa organización criminal de Tijuana, que –según testimonios registrados en la averiguación previa 418/95 de la Procuraduría General de la República (PGR)— participó en la planeación y ejecución del descenso de la aeronave de fabricación francesa ocurrido el 5 de noviembre del 1995.

La investigación que la PGR hizo desde un principio, y después de haber relevado a todo su personal en ese estado, apuntó a casi 40 personas involucradas entre delincuentes y policías, sin embargo, únicamente se logró detener a cuatro, dos de los cuales terminaron por acogerse al programa de “testigos protegidos” y fueron llevados a Estados Unidos.

El resto de los involucrados, sobre todo policías estatales y federales, y bajo evidente protección oficial de las autoridades en aquel entonces, lograron huir del estado, luego de haber recibido la concesión de un “permiso” por tiempo indefinido para ausentarse de sus labores.

Oficialmente, fueron capturadas las siguientes personas:

1.- Fernando Gastélum Lara, ex director de la desaparecida Policía Judicial del Estado y ex coordinador estatal de seguridad pública.

2.- Óscar Campillo Valdés, ex comandante del grupo contra robos de la Policía Judicial del estado de Baja California.

3.- Isidro Salvatierra Márquez, ex comandante de la Policía Judicial del Estado en Todos Santos.

4.- José Luis Esparza López, ex agente de la Policía Judicial del Estado.

Los últimos dos, recluidos en el Cereso de La Paz, decidieron cooperar con la PGR y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), siempre y cuando fueran declarados como testigos protegidos.

En el 2008, tanto Salvatierra como Esparza fueron sacados del penal, bajo fuertes medidas de seguridad y desaparecieron de México. Desde entonces y hasta el 13 de abril, no se sabía nada sobre el estado que guardaban las 19 órdenes de aprehensión que el Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de las Comunicaciones, giró en contra de los involucrados hasta que fue detenido el ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal (PJF), Fausto Pérez Rafael, en San Francisco, por problemas migratorios, y posteriormente, enviado a una prisión de San Ysidro, California.

Ya en prisión, se revisó su situación y en el cruce de información con México se descubrió que tenía una orden de aprehensión en Baja California Sur, por lo que fue deportado y entregado a las autoridades, quienes lo enviaron a La Paz. Entonces fue recluido en el Cereso local.

El ex policía fue capturado como parte del proceso 13/1996,  donde –según el grupo de coordinación— aportó pistas que llevaron a la detención de Julio César Salas Reyes, “El M4”, y de otros implicados que ya son buscados en México y Estados Unidos.

Así, ubicado, el operador de Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, actual líder del Cártel de los Arellano Félix, fue detenido finalmente el 2 de julio por efectivos del Ejército Mexicano en Tijuana cuando traía en su poder un arma larga, tres armas cortas, cartuchos, cuatro celulares y un vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el “M4” fue pieza clave en la organización del aterrizaje clandestino del avión, un DC9 Sun Aviation SE 210 Caravelle, el cual fue descargado, destruido y semienterrado en el paraje de los “Llanos del Baturi”.

Las órdenes de aprehensión

Hoy por hoy, en la PGR están pendientes de ejecutar más órdenes de aprehensión libradas por el Juez Penal Federal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de las Comunicaciones. Entre éstas destacan las siguientes:

1.-  Juan Carlos Sosa de Castro, ex subdelegado de la desaparecida Policía Judicial Federal (PJF).

2.- Marco Antonio Nájera Ávalos, ex segundo comandante de la PJF.

3.- Armando Armas Durán y Teófilo Jesús Chavira, ex comandantes de la PJF.

4.- René Gaume Geraldo, ex comandante del grupo de aprehensiones de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE).

5.- José Luis Chang Unzón, Germán Núñez Valderrain y Gerardo Iván Nerio Hadad, ex agentes de la PJE.

6.- Antonio Muñoz, “El Toño”, Efraín Pérez, “El Jefe”; y Pedro Ramírez Escamilla, integrantes del Cártel de los Arellano Félix.

Todos están acusados de los delitos de asociación delictuosa, uso de pista clandestina, delitos contra la salud en su modalidad de transporte, introducción y comercio de cocaína. Después de 17 años todos ellos no han sido capturados por la PGR.

El Juez Penal Federal abrió sobre este caso dos causas penales: la 13/1996 y 147/1998, y desde entonces existen 19 órdenes de aprehensión libradas que tratarán de ejecutarse ahora que otra vez está fluyendo la información sobre el paradero de los implicados, sobre todo porque en un año y tres meses, todos los documentos para la captura prescribirán.

El cargamento

En los testimonios que obran dentro de la averiguación previa 418/95, la PGR supo que la aeronave de fabricación francesa traía un cargamento de más de 15 toneladas de cocaína. El enervante había sido descargado por criminales y policías estatales y federales, después de que el enorme avión DC-9 y con capacidad para 150 personas, aterrizó en la pista clandestina de los “Llanos del Baturi”.

La aeronave aterrizó cerca de las 4 y media de la mañana del 5 de noviembre del 1995, sin embargo, el tren de aterrizaje se quebró por el peso, cuando golpeó contra el suelo.

En la averiguación de la PGR, los testigos refieren que la aeronave ya no pudo despegar, por lo que inmediatamente, y como estaba planeado, comenzaron a descargar la droga en tres camiones de volteo, y los cuales inmediatamente, salieron de la zona y fueron escoltados por agentes estatales y federales, rumbo a Puerto San Carlos, donde horas después fue cargado en un barco que trazó su ruta por el océano Pacífico con dirección a Tijuana, y de ahí, hacia Estados Unidos.

En el paraje de los “Llanos del Baturi”, los criminales y policías, y ya para entonces, cavaban un enorme hoyo con maquinaria rentada en “Grúas Castillo” de la llamada Caterpillar y sepultaban el avión que se había accidentado, servicio por el que pagaron 6 mil pesos, cantidad que fue cubierta en efectivo con billetes de 200 pesos que fueron retirados de diferentes cajeros durante la madrugada.

Cuando la noticia corrió como reguero de pólvora, elementos del Ejército Mexicano, llegaron hasta el lugar e iniciaron las investigaciones. Y después de desenterrar el avión, conocer la matrícula y número de serie, supieron que estaba a registrado a nombre de la compañía “Iberoamericana de Carga”, ubicada en Santafé de Bogotá, Colombia.

En las investigaciones –que incluyen un informe del también desaparecido Instituto Nacional del Combate a las Drogas (INCD)— se descubrió que el cargamento había sido enviado de parte del Cártel de Cali al Cártel de los Arellano Félix.

Ya para entonces, la PGR había relevado a todo su personal de la PJF concentrándolo en la Ciudad de México, incluido el delegado en ese entonces, Héctor Cruz Solórzano, conocido como “El Tirantes”, por su modo de vestir.

Los nuevos agentes, y un grupo especial enviado desde la capital del país, iniciaron la investigación y en un operativo y cateo de una mansión en el Fraccionamiento “Las Garzas”, en La Paz, encontraron uniformes camuflados, armas y hasta herramientas, utilizadas en la maniobra del aterrizaje.

En el operativo de descarga y traslado de la droga, una camioneta tipo Explorer, manejada por el entonces comandante del grupo de aprehensiones de la PJE, René Gaume Geraldo, volcó cuando hacía un recorrido de reconocimiento a efecto de ultimar detalles para el arribo del aeronave.

La guardia de la PJE –describe uno de los testigos— llamó al señor Reynaldo Castro Cota, propietario del yonke “El Indio” para que levantara la unidad y la llevara hasta su negocio, y donde la consigna había sido desmantelarla y destruirla en partes hasta que no quedara el menor rastro de su existencia.

En este operativo, dos personas de sexo masculino y con acento de centroamericanos, solicitaron ser atendidas por lesiones y quemaduras en el hospital “María Luisa de la Peña”, conocido también como “Perpetuo Socorro”, y quienes llegaron escoltados por 10 camionetas tipo Cherokee de modelo reciente, algunas con placas del estado de Sonora.

Después se supo que los heridos habían salido disparados por la ventana del avión, cuando los criminales colocaron dinamita para hacerlo explotar y enterrarlo.

En el testimonio rendido por Isidro Salvatierra Márquez, ex comandante de la PJE y uno de los testigos protegidos, dijo que recibió el primer reporte de la explosión cerca de las 9 de la mañana del 5 de noviembre de 1995, y cuando fue acompañado de un agente hasta el lugar, encontró a un grupo de federales vestidos de negro y con ropa camuflada, quienes traían placas de la PGR, y dijeron que todo estaba “bajo control”.

¿Por qué no informó al destacamento de la Secretaría de Marina en Todos Santos?, le preguntaron.

“Se me pasó. No pensé. Aquí también vinieron ellos a reclamarme, porque no los puse al tanto”.

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