Luego de permanecer arraigados por más de 70 días, los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, así como el Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, fueron consignados ante un juez federal por presuntos vínculos con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.
Los acusados fueron presentados ante el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de la entidad, Raúl Valerio Ramírez, en una sala de audiencias del penal de alta seguridad del Altiplano. Por tratarse de diligencias de carácter privado, se desconoce si los mandos castrenses rindieron su declaración preparatoria o se abstuvieron.
El caso de los generales del Ejército detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, inició oficialmente el 15 de mayo, cuando Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y posteriormente entregados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar.
El juzgador libró la orden de captura contra el General de Brigada, Rubén Pérez Ramírez, por delitos contra la salud “en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza”.
La PGR no había informado sobre la existencia de este mando, quien hasta junio de 2011 se desempeñaba como Comandante de la XXII Región Militar en el Estado de México, siendo detenido meses después por otros ilícitos.
Autoridades de la Procuraduría General de la República indicaron que su detención fue previa a la de los generales y del teniente arraigado, e incluso declaró contra Dawe al asegurar que éste presuntamente le envió a dos narcotraficantes cuando él fungía como jefe de la guarnición de Cancún, en 2007, para que facilitara al Cártel de los Beltrán Leyva el arribo de cargamentos de droga vía aérea en el aeropuerto de esa ciudad.
Otro militar implicado en el caso, es el Mayor Iván Reyna Muñoz, quien ya estaba detenido por un fraude y en esta indagatoria testificó contra Ángeles Dauahare, sobre sus presuntos encuentros con narcotraficantes.
Supuestamente, todos los mandos del Ejército acusados recibieron cuantiosos sobornos para permitir que el Cártel del Golfo recibiera sus remesas de cocaína desde Centroamérica, además de facilitar su traslado en territorio nacional y proteger las actividades de sus células, aprovechando sus posiciones de poder en las Fuerzas Armadas.
A partir del jueves 2 de agosto, la defensa de los mandos militares que ingresaron al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, desarrollará diligencias en las que el juez desahogará pruebas que ofrezcan los militares a través de su defensor particular, tras lo que se definirá si les inicia proceso, o se les dicta auto de libertad.
Ricardo Sánchez Reyes Retana, representante legal de Ángeles Dauahare, así como Fernando López Capella, defensor de Dawe González, aseguraron que lejos de afectar a sus clientes, la consignación de éstos permitirá refutar las acusaciones que formuló la PGR en su contra, pues insisten en que hay evidencias de que los cargos son infundados y solo se fundamentan en declaraciones de testigos protegidos, sin ninguna otra prueba que acredite la veracidad de esas versiones.
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