El asesinato de Carlos León Terreros

Fin de semana en el fraccionamiento Villas del Palmar en Mexicali. Sábado. Cerca de las 9:30 de la noche, Carlos León Torreros enfiló hacia su casa, localizada sobre Calle Buenaventura, para dejar a su pequeño hijo. El niño descendió del pick-up que manejaba León, empleado de la Secretaría de Seguridad Pública adscrito al área de Inteligencia.

Cuatro cuadras adelante, se detuvo frente a una tienda de abarrotes. Ahí lo esperaban dos sujetos en la banqueta. Vieron a León en su vehículo, y presurosos, se le acercaron. Le soltaron los primeros balazos. El funcionario apretó el acelerador y evadió una decena de disparos. Pero uno fue certero, la bala calibre .40 le atravesó la cabeza, matándolo instantáneamente.

Ya sin control, el carro terminó estampado con un auto estacionado en la acera contraria. En la confusión y el caos de los curiosos que se acercaron al lugar, los agresores huyeron en dos vehículos, aparentemente un Dodge Nitro y un Honda de color oscuro.

León Terreros fue funcionario de los primeros niveles en el área penitenciaria, antes fue Ministerio Público en la Subprocuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada, en la Procuraduría General de Justicia del Estado. En todos los puestos llevó la controversia aparejada a su desempeño: lo señalaron de haber “puesto” a los detenidos -policías municipales y estatales- por el atentado contra el secretario de Seguridad Pública en 2006 para que les dieran una golpiza cuando llegaron al penal de El Hongo. En 2003 se le acusó junto al titular de la UECO, Eduardo Villalobos, de apoyar la huida de un agente ministerial que mató a un joven de un balazo en la cabeza en el bar La Taberna. La Procuraduría de los Derechos Humanos intervino en el caso, emitiendo una recomendación por la evidente negligencia de la investigación realizada por la dependencia.

En contraparte, en septiembre de 2008 la Asociación Esperanza propuso oficial y públicamente a León Torreros para encabezar la Fiscalía Especial contra las Desapariciones, luego que su efímero titular, Héctor Grijalva Tapia, dejó el cargo para protestar como subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario.

Sobre el crimen de León, la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió una escueta declaración que incluye el esquema oficial de líneas de investigación: entorno familiar, laboral y personal. Pero de manera paralela, han trascendido varias hipótesis relacionadas con el crimen del empleado de seguridad estatal:

- Su posible involucramiento en la pérdida de un “clavo” de dinero y droga, escondido en un auto Camaro amarillo, a cuyos tripulantes detuvieron armados. El vehículo llegó hasta uno de los corralones, y de ahí lo sacaron agentes municipales y estatales.

- La localización de una casa de seguridad en la zona nororiental de Mexicali.

- La reciente detención de un grupo de jóvenes ligados a la banda de Los Garibay en el Valle de Mexicali, fortalecidos ante la reciente liberación de su cabecilla, Manuel Garibay Félix “El Gordo”, “El Manuelón”.

En su larga trayectoria, Carlos León Terreros acumuló varios señalamientos extraoficiales, como el que lo ligaba con un grupo encabezado por Arturo Salazar Aispuro “El Tury”, uno de los cinco ejecutados en el bar La Resaca en enero de 2001. Junto con él murieron Manuel Elizarrarás, un ex agente ministerial y José Guadalupe Beltrán, ex agente de la Policía Estatal Preventiva. El atentado se atribuyó a una pugna interna de grupos vinculados en la región al Cártel de Sinaloa.

Carlos León fue parte de un exclusivo grupo de funcionarios que hicieron carrera en el área de seguridad y procuración de justicia en las tres últimas administraciones panistas, incluyendo a Héctor Grijalva, Eduardo Villalobos y otro actual empleado de la SSPE, Francisco Vázquez.

El funcionario victimado inició su carrera como secretario de Acuerdos en la PGJE, en tiempos de Juan Manuel Salazar Pimentel, y mientras Eduardo Villalobos se desempeñaba como subprocurador en Mexicali.

Grijalva había estado adscrito a San Felipe, en la Agencia Mixta y en Robos. Luego León Terreros fue Ministerio Público en Homicidios Violentos y pasó a la UECO como segundo de a bordo de Villalobos. Una versión lo anota como una suerte de negociador con Gilberto Higuera “El Gil” -quien del Cártel Arellano Félix pasó al de Sinaloa-, en función de algunos secuestros que se suscitaron en la zona y donde Higuera alegaba tener nada que ver.

El 16 de septiembre de 2003, cuando el incidente en La Taberna, surgieron versiones de que tanto Villalobos como León habían estado esa madrugada en el bar, cuando uno de sus agentes asesinó a un parroquiano en el estacionamiento y huyó. Luego trascendió que hubo droga de por medio y, un mes después, Villalobos “renunció” a la Procuraduría, instancia entonces encabezada por Antonio Martínez Luna. La recomendación de la PDH vino hasta junio de 2005, cuando Villalobos había sido reacomodado en la dirección del Centro de Readaptación Social de Mexicali por el secretario Manuel Díaz Lerma -con quien estaba emparentado-, ya con Héctor Grijalva Tapia como subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, y Carlos León Terreros como subdirector de Centros Penitenciarios.

El 24 de agosto de 2005, Eduardo Villalobos fue asesinado, y en abril de 2006, Manuel Díaz Lerma, secretario de Seguridad Publica, sufrió un atentado donde participaron una treintena de sicarios. A principios del año siguiente fueron detenidos un grupo de presuntos participantes, entre ellos Javier Aldapa y el subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, Juan Abdón Ponce. También los ministeriales Rafael Cruz Ley y Jorge Antonio Heredia. Se les vinculó a Octavio Sánchez “El Güero Jícama”, quien estaba bajo las órdenes de Arturo Villarreal “El Nalgón”, del Cártel Arellano Félix

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México, pero en marzo 2007 se les envió al penal de “El Hongo”. En su posición de subdirector de Centros Penitenciarios, León Terreros iba a cargo del traslado y, al llegar, fueron recibidos con una golpiza que envió al hospital a varios de ellos.

Con el arribo del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán, Grijalva salió en los primeros tres meses, luego Carlos León. En septiembre de 2009, Héctor Grijalva fue nombrado titular de la Fiscalía Especial para Desaparecidos, y apenas se acomodaba en el cargo cuando, tras el motín en la Penitenciaria de Tijuana, fue ungido como subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario. Carlos León también reapareció como asesor jurídico -contestando amparos- asignado al área del sistema penitenciario. A finales de ese año, León fue trasladado al equipo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad.

“Nos ayudó con varias investigaciones que se realizaban sobre el crimen organizado”, explica Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública del Estado, quien como uno de tantos ejemplos, menciona el caso de un líder sindical secuestrado en Tijuana y liberado luego de una investigación instrumentada por la dependencia.

Al preguntar al funcionario por qué reingresar en la dependencia a un personaje con no muy buena fama pública, respondió: “Todos han sido dichos, le investigamos, se le realizó la evaluación de control y confianza, tanto aquí como en el centro, todo lo aprobó, antecedentes penales no tiene.

“En casos concretos, cuando se le requirió trajo buenos resultados, hubo buenas detenciones. Por ese motivo fue que vuelve a ingresar”, expone el secretario De la Rosa Anaya, quien de paso anota que apenas dos meses atrás, Carlos León Terreros había terminado el curso como Policía Acreditable.

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