Solo se documentan 250 denuncias al año en México
Una Ley federal incipiente, escasa coordinación en la persecución de la “trata de personas” y el silencio de las víctimas, propician la impunidad. Según estadísticas oficiales, este delito tiene un crecimiento exponencial en Tijuana. Estudios internacionales revelan que en México, más de 40 células delictivas secuestran a sus víctimas o las enganchan, ofreciéndoles trabajo en el norte de la república como edecanes, meseras, damas de compañía o asistentes. La violación como estrategia de sometimiento es la constante
María Isabel Mercado Juárez
La explotación humana registra un auge alarmante en México. Baja California ocupa el cuarto lugar en la incidencia nacional, y es Tijuana el municipio en el que este delito encuentra condiciones más propicias para su desarrollo.
Solo superado por la venta ilegal de armas y el narcotráfico, la trata humana es el delito de mayor generación en México. Los reportes anuales más recientes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aportan cifras estimadas alarmantes: Cuando menos 16 mil menores de edad, principalmente indígenas, son víctimas de trata, mientras que en adultos, podría elevarse a 80 mil, compartió Gabriela Navarro, representante de la CNDH en Baja California.
A pesar de su alta incidencia, el mutismo que genera el miedo y la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades encargadas de castigar este ilícito, propicia que la denuncia sea escasa, situación que sirve de argumento a las autoridades para no registrarlo y sancionarlo, exponen activistas de derechos humanos.
Muestra de ello son las bajas estadísticas de procesos en contra de quienes incurren en tan lucrativa transgresión, las cuales contrastan con la dimensión de este flagelo.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la Procuraduría General de la República (PGR), documenta un promedio de 250 casos anuales, es decir, la autoridad encargada de impartir justicia, solo atiende el 5.5 por ciento de las cifras estimada por la CNDH.
En Baja California y a un año de su creación, la Unidad contra Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha ejercido 28 autos de forma prisión y 15 términos constitucionales positivos, logrando rescatar a 134 víctimas de explotación sexual. El 95 por ciento de los casos tienen relación con la explotación sexual, principalmente contra mujeres; el resto de las denuncias derivan de explotación laboral.
El combate a este delito en México es incipiente. Apenas el 14 de junio de 2012 entró en vigor en México la Ley contra Trata de Personas, que obliga a autoridades locales, estatales y federales a coordinarse para su combate, además de perseguirlo de oficio.
Ceguera oficial
Pese a ser un fenómeno palpable que lacera a la sociedad, la trata es “prácticamente un delito invisible a los ojos de las autoridades, y con las escasas cifras oficiales supondría que no existe, pero el reto es hacerlo visible”, apuntó Hannia Constanza Echeverría Cerisola, directora general contra la Trata de Personas de la CNDH.
Es en los bares y cantinas, ubicadas en las zonas de tolerancia de todos los municipios y poblados, donde es más evidente el lenocinio en México, aunque la explotación humana no solo es sexual, sino también laboral, incluso para el tráfico de órganos.
También existen otras modalidades, como es el matrimonio forzado; en el caso de los menores de edad, éstos son sometidos a la exposición pública de la mendicidad, adopción, e incluso son reclutados para el ejercicio de actividades delincuenciales.
Para la diputada federal Rosi Orozco, en cada lugar de la República Mexicana los habitantes saben los lugares donde se ejerce la explotación sexual, la forma más evidente de trata de personas. “En Tijuana, por ejemplo, de todos es sabido que es en el Callejón Coahuila donde mujeres, muchas de ellas menores de edad, son exhibidas y comercializadas como objetos, ante los ojos omisos de las autoridades”, fustigó.
Y remató: “Pero este problema de esclavitud moderna, tan evidente a los ojos de los ciudadanos, pasa desapercibido para las autoridades, lo que hace de Tijuana uno de los principales puntos del país, donde más se ejerce la trata de personas.
“Las jóvenes, incluso también varones, son enganchados en sus lugares de origen a través de anuncios de periódico o por internet, ellos llegan a esta ciudad en busca de una oportunidad laboral y terminan siendo víctimas de explotación humana”, advirtió.
Sin embargo, Daniel León Valdez, director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, refutó a la legisladora y a la “voz popular” que ubica a la calle Coahuila como el centro de la zona de tolerancia en la ciudad de Tijuana. Descartó tajantemente que en los bares y cantinas de la Zona Norte de esta ciudad se ejerza la trata de personas.
Más aún, sostuvo que la dependencia a su cargo efectúa operativos de inspección continua que le permiten garantizar que en ningún antro de la ciudad trabajen menores de edad, mucho menos que sean explotados con fines sexuales.
Basa su afirmación en la inexistencia de señalamientos directos y en la presentación de credenciales de elector de quienes laboran en bares y cantinas.
En 2011, el Municipio clausuró siete bares, al ser encontrados en su interior siete menores de edad, “pero ellos estaban por su propia voluntad, en calidad de clientes”, dijo León Valdez, quien añadió que una vez cubierta la sanción administrativa correspondiente, los negocios operan de nuevo.
Combate, escaso e infructuoso
En diciembre de 2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) llevó a cabo un sorpresivo operativo en la Zona Norte de Tijuana, donde se ubica el área de tolerancia y el mayor porcentaje de bares y cantinas de la ciudad. El área fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano.
Meretrices y empleados de varios centros nocturnos, caracterizados por ofrecer el espectáculo de desnudistas, principalmente el denominado Hong Kong, fueron obligados a identificarse. El operativo inició a primera hora del viernes 9 de diciembre, y concluyó a las 11:00 horas de ese día, con la detención de 20 personas que horas después fueron puestas en libertad “por falta de pruebas”, estableció la PGR.
Daniel León Valdez avaló el proceder de la dependencia federal, al destacar la existencia de un video “… en el que claramente se ve cómo los menores de edad encontrados en el bar Hong Kong fueron sembrados momentos antes de la irrupción de los elementos de la SIEDO, por lo que no se fincó responsabilidad alguna”.
Por su parte, a través del área de Comunicación, la PGJE informó a ZETA que más de seis meses después, el caso no ha sido consignado porque “faltan unas diligencias por hacer”.
Otro ejemplo. En febrero de 2012, una menor de 15 años desaparecida fue localizada por su familia en el bar El Zorro de la Zona Norte en Tijuana, y para rescatarla, tuvieron que requerir de apoyo policiaco. El gerente del lugar, Raúl Sandoval Huerta, fue detenido, mientras que el negocio fue cerrado.
El caso fue consignado el 6 de febrero de este año, quedando el detenido inculpado por corrupción de menores.
Mientras que el 23 de julio de 2012, la PGJE desarticuló en la Zona Norte de Tijuana una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, la cual contaba con una página de internet en la que exhibían fotos explícitas de pornografía de personas del sexo masculino con un enlace para contactarlos.
La denuncia fue hecha por un menor de 13 años de edad y un joven de 22 años que fueron rescatados, mientras su victimario los transportaba en un vehículo con placas de California, tripulado por Marck Rivera García, de 39 años, de San Diego, California, quien le ofreció al niño 50 dólares a cambio de relaciones sexuales. No era la primera vez que éste accedía como una forma de obtener recursos para regresar a su Nayarit.
Como seguimiento de este caso, Ramón García García, de 32 años y nativo de Culiacán Sinaloa, también fue acusado por tener relaciones sexuales con los menores, y exhibir fotos de éstos en la página. Además, se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de dos personas más, las cuales no han sido detenidas.
Gabriela Navarro Peraza, coordinadora regional en Baja California de la CNDH, informó que de enero a junio de 2012, la Comisión ha consignado cuatro casos de “trata” en esta entidad, dos relacionados con menores de edad y el otro tanto con adultos. “Tres están relacionados con explotación sexual, y uno con utilización laboral”, dijo.
La ruta de emigrantes en México es donde se da el índice más alto de trata, por lo que Baja California ocupa un lugar destacado en ese delito, pero el número de denuncias es mínimo, precisó Hannia Constanza Echeverría Cerisola, directora general contra la Trata de Personas de la CNDH.
Es Tlaxcala el principal foco rojo por su alta incidencia, seguido del Distrito Federal, Chiapas y Baja California, aunque la ruta incluye a estados como Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y todas aquellas entidades de paso de emigrantes.
Para la representante de los Derechos Humanos, las redes sociales son factor de riesgo para la trata de personas, por lo que hace falta generar esfuerzos para su combate desde casa, “de lo contrario ningún programa para su combate será suficiente”.
Reconoció que no todos los casos que se denuncian llegan a la CNDH, por lo que hace falta una mayor difusión de los programas de apoyo para que las víctimas se atrevan a denunciar. “Niños, niñas, mujeres y hombres, todos son susceptibles a explotación, nadie está exento del delito”, asentó.
No obstante, observó que son las zonas más marginadas del país, en las que habitan más de ocho millones de mujeres indígenas, dónde el riesgo de trata es mayor.
Seducidas con engaños
Para la legisladora Rosi Orozco, las víctimas son enganchadas con mentiras y a través de una red de bandas que han hecho de la trata de personas su modus operandi, las cuales prácticamente siguen las mismas pautas de reclutamiento que adecuan a cada región del país; la pobreza y el desempleo coadyuvan a su crecimiento.
“De acuerdo a un estudio de la American Bar Association (ABA), en 2009 en México operaban 47 organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual y laboral de menores y adultos, y entre los estados que han quedado documentados como de mayor riesgo, está Baja California”, sostuvo.
Una de las formas utilizadas para reclutar con fines de trata, es a través de ofertas laborales, ya sea para vacantes de edecanes, meseras, damas de compañía y asistentes, o simplemente se les secuestra; en ambos casos la violación y sometimiento son la constante.
Es principalmente por medio de anuncios clasificados que las víctimas son enganchadas, y por lo general los empleos se ofrecen en otro punto del país, los “empleadores” les facilitan traslado y hospedaje para hacer más atractiva la oferta laboral, “si son menores de edad hasta identificación falsa les consiguen, para aparentar una mayoría de edad”, señaló Orozco.
Ya en el sitio de la explotación, las víctimas son coaccionadas a la explotación sexual o doméstica, se les obliga al pago de viáticos de su traslado y hospedaje, o se les amenaza con la retención de su documentación oficial y hasta con hacer daño a sus familiares, pues por lo general quienes operan estas redes, tienen bien identificado el origen de las personas sometidas.
“La víctima termina siendo dependiente de quien la explota y se forma un círculo vicioso difícil de romper, derivado de la falta de denuncias y de la desidia oficial”, refirió la consultada.
Nueva Ley
A pesar de que es un delito muy antiguo, la trata de personas tiene poco tiempo de estar concebido y legislado como tal en México.
Presentada al pleno del Congreso desde agosto de 2011, apenas el 14 de junio se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
La nueva legislación reforma el Artículo 73 y establece penas de hasta 40 años de prisión, y de 2 mil a 20 mil días de multa contra quienes realicen actos de explotación o abuso sexual a menores de 18 años, y determina la atención a los afectados a través de la Ley de Atención a Víctimas.
Asimismo, abroga la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, además de reformar y adicionar otras disposiciones de tipo federal anteriores.
“El objetivo es unificar la legislación a través de una Ley de orden general que permita y obligue a los tres niveles de gobierno aplicarla”, anotó Hannia Constanza Echeverría.
A quienes integran las redes de trata, se les impondrá de 5 a 15 años de cárcel, y de mil a 20 mil días de multa.
La misma penalidad será aplicada a quien explote laboral o sexualmente a menores de edad, o los emplee para la comisión de actos ilícitos, u obligue a las víctimas a matrimonios forzosos, o las utilice para adopciones irregulares o tráfico de órganos.
También establece sanciones a publicaciones engañosas que promueven la trata.
“Uno de los aspectos más destacados de la nueva Ley, es que a las víctimas se le concede el derecho de la reparación del daño y se les apoya a tratamientos especiales tanto médicos como sicológicos, a través de un fondo especial para ellas”, precisó la directora contra Trata de la CNDH.
“La trata es el delito que causa mayor daño a la dignidad humana y más ofende a la sociedad, porque constituye una grave violación a los derechos a la vida, integridad, libertad y dignidad de las personas, además de causar daños colaterales graves a su salud física y mental, entre los que destacan: infecciones de transmisión sexual, alcoholismo, inseguridad, baja autoestima, exclusión y rechazo social”.
Por ello, concluyó Echeverría Cerisola, espera que la nueva Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas logre la coordinación entre federación, estados y municipios, no solo para sancionar este delito, sino para prevenirlo y romper de raíz las cadenas que lo promueven, lo cual no se ha hecho, so pretexto de la falta de leyes, “ahora, con esta legislación, ese argumento ya no es válido”, advirtió.
Para vigilar el cumplimiento de la nueva Ley por parte de los servidores públicos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició este mes con la instalación de 13 Comités Regionales contra la Trata de Personas. Con ello se busca proteger y dar asistencia a las víctimas en forma más directa.
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