Decomisan inmuebles al CAF

Casas de Rivera Martínez “El P1”
Dentro de las investigaciones abiertas por la SIEDO contra Gustavo Rivera Martínez  “El P1” y Saúl Montes de Oca “El Ciego”, luego de cuatro años la federación decomisó propiedades del Cártel Arellano en Baja California y Baja California Sur. Mientras los juicios continúan, la PGR local tiene un padrón de 19 propiedades aseguradas, algunas sin sellos y sin mayor seguridad que la de los patrullajes de la Policía Municipal por las áreas de ubicación

Investigaciones ZETA

La casa ubicada en Calle Saturno número 26, Colonia Santa Anita, en Lomas Hipódromo de Tijuana, es uno de los bienes incautados al Cártel Arellano Félix dentro de las averiguaciones previas PGR/ SIEDO/UEIDCS/116/2008; PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2008; y PGR/SIEDO/UEIDCS/429/2008.

En las tres indagatorias existe señalamiento por delitos federales contra Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, actual líder del CAF.

Esa vivienda es una de tres propiedades aseguradas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tras la captura de Gustavo  Rivera Martínez “El P1” el 11 de marzo de 2008 en Los Cabos, Baja California Sur, y de Saúl Montes de Oca “El Ciego” el 15 de marzo del mismo año, mientras se preparaba para correr en la carrera fuera de camino San Felipe 250, en el municipio de Mexicali, Baja California.

El inmueble fue cateado y supuestamente incautado entre el 19 y el 20 de marzo de 2008 por la SIEDO, pero el aseguramiento quedó inscrito de manera oficial hasta el 16 de febrero de 2012, como seguimiento de la investigación, a petición del Ministerio Público de la Federación radicado en el Distrito Federal.

Fue hasta el 2 de abril del presente año que la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud de la SIEDO, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), publicó un edicto, dando a los dueños  de esas residencias presuntamente usadas y compradas por miembros del CAF, 90 días para que “manifiesten lo que en su derecho convenga”.

Bajo las mismas causas penales están incautados: Una finca ubicada en Vía del Sol, lote 29 Punta Pescadero, camino Barriles, Delegación Los Barriles en La Paz, Baja California Sur; otra casa en el lote 34, manzana 1, de Calle Caleta Palmilla en San José del Cabo. En semejante condición legal quedaron motos, cuatrimotos, camionetas, vehículos y 36 mil pesos localizados en los cateos efectuados a los inmuebles entre el 19 y 20 de marzo en 2008.

Ante la publicación del edicto y dando seguimiento al proceso, ZETA visitó la propiedad de la colonia Santa Anita en Tijuana, primero en abril y después en la segunda semana de agosto de 2012. En ambas ocasiones se pudo apreciar que ni en las puertas ni en las rejas habían sido colocados engomados con los que acostumbran “asegurar” los inmuebles.

Hasta el cierre de esta edición, no había elementos de ninguna corporación resguardando.

De hecho en el primer recorrido, la música bailable y los movimientos al interior permitieron apreciar que la vivienda estaba habitada. En la entrada estaba un pick-up color claro de reciente modelo, sin placas.

Legalmente sobre esta casa existe la prohibición de enajenarla, gravarla o hipotecarla. Incluso al intentar realizar cualquier trámite en el Registro Público de la Propiedad o Catastro, el sistema de cómputo abre la pantalla con una leyenda  indicando que la vivienda está bloqueada por la SIEDO.

Negocio familiar

Sin embargo, los registros públicos de propiedad en el estado permiten conocer que el inmueble está a nombre de Elena Herrera, quien lo adquirió en enero de 1998. Documentos oficiales en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, acreditan que la señora Herrera Cruz aparece como esposa de Gustavo Rivera Martínez, quien para las autoridades es identificado como “El Gus” o  “El P1”, y ubicado como uno de los capos del crimen organizado implicados en la indagatoria que dio lugar a la incautación del inmueble antes mencionado.

Rivera Martínez usaba el alias de “Carlos Herrera Ávalos”, y desde  julio de 2003, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía 2 millones de dólares por información que llevara a su captura, considerándolo uno de los principales distribuidores e importadores de enervantes, lava-dólares y operador financiero del CAF por más de 20 años; además de mano derecha de Enedina Arellano Félix tras la muerte de Ramón Arellano y la captura de su hermano Benjamín en 2004.

De entrada, el procedimiento legal inicia con el edicto y tiene la intención de quitar a los Rivera Herrera, las propiedades que la SIEDO considera adquirieron con dinero producto de las drogas. Pero no han dejado claro si están investigando a la familia por lavado de dinero.

Las investigaciones del gobierno estadounidense que ubicaban a Gustavo Rivera “El P1” como principal operador financiero del CAF, también produjeron dos alertas -una en el año 2002 y otra en 2006- a través del Departamento del Tesoro, enlistando una serie de empresas que funcionaban lavando recursos del crimen organizado: Farmacias Vida  y Distribuidora Imperial de Baja California.

En cuanto a la residencia de la señora Herrera de Rivera, localizada en Calle Saturno número 26, Colonia Santa Anita en Lomas Hipódromo de Tijuana, el plazo del edicto publicado para recibir cualquier reclamo o solicitud para que el inmueble sea reincorporado a su propiedad privada, venció legalmente el 2 de julio de 2012.

La SIEDO no emitió ningún informe público al respecto para verificar el estado legal del inmueble.

Consumido el tiempo que tenían pata reclamar, ZETA consultó los documentos y registros públicos del estado y el municipio, en los cuales la propiedad continúa apareciendo, intervenida y a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Legalmente, si en ese tiempo nadie reclama la posesión, el bien causará “abandono” y pasará a poder de la federación.

Casas aseguradas por la PGR

En el caso de la propiedad de la señora Cruz Herrera, el aseguramiento que tardó cuatro años en concretarse y a la fecha solo se ha hecho en papel, fue ejecutado por SIEDO, dependencia que usualmente no proporciona informes de los inmuebles que tiene asegurados, a menos que, como en este caso, sea a través de la publicación de edictos para concluir el proceso de confiscarlos.

Sin embargo, el caso de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) es diferente y los expedientes son más actuales. Actualmente tiene a su disposición un total de 19 inmuebles asegurados, todas las averiguaciones previas que incluyen estos aseguramientos se iniciaron este año, y la mayoría de las investigaciones están en etapa de investigación. No obstante en el 80 por ciento de las casas no fueron colocados los sellos que acreditan que están aseguradas por la PGR, y tampoco cuenta con vigilancia externa de alguna de las policías operativas.

Para el servicio de vigilancia, en algunos casos la Procuraduría General de la República era apoyada por la Policía Municipal de Tijuana. Eso concluyó, mas no informaron la fecha. El argumento de los voceros de la corporación local fue que la vigilancia de cada inmueble tenía un costo estimado de 70 mil pesos al mes en sueldos de agentes –mínimo dos por turno para cada inmueble-, además de que el Ayuntamiento los necesitaba para mantener el orden en la ciudad.

Sin compromisos formales, los municipales ofrecieron mantenerlos vigilados durante los patrullajes, esa es la única vigilancia actual. De hecho en el recorrido realizado, ZETA fue abordado por uniformados locales, mientras se tomaban fotografías.

“En la delegación, los agentes que tenemos son pocos, apenas suficientes para hacer los traslados de internos a los Juzgados, por ello estamos buscando establecer acuerdos con las policías locales, y por supuesto, acelerar las investigaciones para que los inmuebles sean regresados a sus dueños o pasen a poder la Secretaría de Hacienda en el menor tiempo posible”, expuso al respecto Rafael González Cervantes, delegado de la PGR en Tijuana.

Los inmuebles asegurados incluyen los dos túneles en construcción localizados por elementos del Ejército entre el 11 y 13 de julio de 2012 en el fraccionamiento Garita de Otay, en el número 20 de la carretera Aeropuerto del ex Ejido Tampico, a un costado del Aeropuerto Internacional de Tijuana, como parte de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/2025/2012-M-X.

“En éstos, como en el resto de los casos, estamos buscando a los propietarios, se revisó el Registro Público, el Catastro, porque aunque haya empresas instaladas en el predio (recicladoras o bodegas), no significa que éstos sean los dueños de inmueble. Se han hecho citaciones, nos hemos topado con empresas arrendadoras, pero se está trabajando”, aseguró González Cervantes.

“Incluso platicamos con México la necesidad de sellar los túneles que están a nuestra disposición y proponer una medida viable, dado que en el presupuesto de la PGR no existen recursos asignados para este fin. Luego se dan casos como el túnel, donde la entrada está debajo del lavamanos en un pequeño baño, donde no es tan fácil como derrumbar. Pero ya se están buscando alternativas”, complementó el delegado.

También están dos de los cuatro inmuebles asegurados en el operativo realizado el 6 de marzo de 2012 por soldados de la II Zona Militar en la Zona Este de Tijuana, en las averiguaciones previas AP/PGR/BC/TIJ/745/2012-M-I, triplicado abierto de la AP/PGR/BC/TIJ/616/2012-M-I, donde decomisaron más de seis toneladas de marihuana, un arma larga y 115 cartuchos diversos.

En este expediente, el inmueble originalmente denunciado “porque emanaba un fuerte olor a la droga”, es uno de los que aún permanece. Ubicado en Calle Calafia número 24071, Colonia Ejido Francisco Villa en La Presa, se localizaron 786 paquetes con marihuana y dos hojas que aparentemente acreditaban la entrega de enervantes en tres direcciones más.

Ante la flagrancia, acudieron a la privada de Los Encinos, Fraccionamiento Villas del Real en La Presa, donde hallaron 300 paquetes de la yerba y notificaron al Ministerio Público Federal, que cateó los otros dos domicilios. La propiedad ya fue reintegrada a su dueño, lo mismo que el tercer inmueble cateado en Calle Sancho Panza del fraccionamiento Españoles, Delegación La Mesa.

De ese operativo, la residencia asegurada en Calle Niños Héroes, Colonia Colas del Matamoros, es la segunda que permanece a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal.

En cuanto a los inmuebles que son devueltos, como el ejemplo anterior en pocos meses, el delegado Rafael González Cervantes explicó: “Si lo rentaron de buena fe, y el propietario presenta el contrato debidamente fedatado o notariado, con testigos, recibos formales de los cobros de la renta, una credencial con fotografía de su arrendador, aquí no va a tener problemas. Eso ha sucedido. Pero si se presentan con compromisos hechos a mano o máquina, y firmados en privado, o contratos de esos que se compran en las papelerías o copias borrosas de las credenciales del arrendador, la oportunidad de recuperar los inmuebles es muy remota. De nuevo aquí nos estamos topando con que muchos de los trámites los realizan empresas dedicadas a vender y rentar casas”.

En la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/929/2012-M-VII, el 7 de abril de 2012 y respondiendo a una denuncia de intento de robo, la Policía Municipal localizó 180 kilos de marihuana distribuida en seis paquetes, dentro de la casa ubicada en Calle Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Maclovio Rojas, y la aseguró.

Lo mismo sucedió el 17 de abril, cuando la Municipal detuvo a dos hombres en posesión de 650 kilos de marihuana, en el domicilio Mayas número 37, Colonia Otay Loma II, asegurado en averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1083/2012-M-VII. Aquí se autorizó  la reserva del expediente, pero el inmueble sigue a disposición de la PGR.

En la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1056/2012-M-IX, el 18 de abril, la Policía Estatal Preventiva detuvo a Ramón Aguilar Alvarado en posesión de 200 kilos de marihuana, en un domicilio de Calle Princesas, Fraccionamiento Castillos del municipio de Rosarito. El expediente se consignó, pero el inmueble se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

Dos casas más fueron aseguradas en las calles Mulegé y Esterito, en la colonia Herrera, dentro de la AP/PGR/BC/TIJ/1833/2012-M-XIV el 24 de junio, después de que la PEP decomisara en ellas 455 kilogramos de marihuana y 700 gramos de cristal; además de detener a tres personas y presentar a tres más. Siguen en poder de la federación.

El 20 de julio, la Policía Municipal decomisó150 mil pesos apócrifos y detuvo a cuatro hombres adultos, un menor y una mujer, asegurando también la casa ubicada en Privada Lyon, Fraccionamiento Santa Fe. El domicilio quedó asegurado y está a disposición de la PGR en la averiguación AP/PGR/BC/TIJ/2110/2012-M-XIV.

El 30 de julio, en la averiguación AP/PGR/BC/TIJ/2159/2012-M-X, quedó asegurado el lote ubicado en Calle de los Charros, Colonia Magisterial, y un tracto-camión, después de que elementos de la PEP capturaron a dos presuntos traficantes con 230 mil dólares y 30 kilos de la droga identificada como cristal.

La lista de aseguramientos actuales de la PGR en Tijuana concluye con los inmuebles ubicados en:

- Bulevar Insurgentes número 18177, Fraccionamiento Privada Medina Mediterráneo, en la AP/PGR/BC/TIJ/97/2012-M-XII, por delitos contra la salud.

- Calle Chimalpopoca número 272, Colonia Aztlán, Playas de Rosarito, en la AP/PGR/BC/TIJ/261/2012-M-VII, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

- Calle Batallón San Blas, Colonia Las Palmeras en Tijuana, incluida en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/398/2012-M-IX, por delitos contra la salud.

- Calle Privada Imperial número 10098 V-24, Fraccionamiento Villa Residencial Primera Sección Santa Fe, en Tijuana, dentro de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/710/2012-M-II; triplicado abierto de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/685/2012-M-II por delitos contra la salud.

- Avenida El Pípila número 2603, esquina con Calle Tercera de la colonia El Pípila, en Tijuana, como parte de la AP/PGR/BC/TIJ/1566/2012-M-III, por delitos contra la salud.

- Rampa Primer Ayuntamiento número 1640, Colonia Roma de Tijuana, en la  averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1750/2012-M-VI, por delitos contra la salud.

- Calle Urbanistas esquina con Calle Astrólogos número 2201, Fraccionamiento Indeco Universidad, en Tijuana, en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1951/2012-M-III, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

- Calle Zircón, Privada San Miguel número 29, Fraccionamiento Hacienda Las Delicias en Tijuana, incluida en la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/2050/2012-M-VII, abierta por delitos contra la salud.

- Calle de Los Charros, sin número exterior, Colonia Magisterial, en Tijuana, como parte de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/2159/2012-M-X, por delitos contra la salud.

Ninguna de las casas recorridas por ZETA presentaba evidencia físicas de estar habitada, pero solo dos de los 19 inmuebles tenían sellos que realmente limitaran el acceso normal a las residencias. Una en la puerta de la reja del patio, y otra en el acceso a la cochera. En algunas los engomados estaban colocados sobre las casas, sin fin de sellar.

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