Golpetea gobierno a la burocracia

Impugnarán burócratas ante Tribunal de Arbitraje

Aparte de depositar las condiciones del contrato colectivo con un aumento considerado de manera unilateral, del 7.6 por ciento, la administración de José Guadalupe Osuna Millán denunció penalmente a líderes sindicalistas y eliminó comisiones a trabajadores. Los ánimos se calientan entre los burócratas que quieren más y un gobierno que no puede

Sergio Haro Cordero

En abierta beligerancia, el Gobierno del Estado acertó dos nuevos golpes a la burocracia bajacaliforniana, aparte de que la semana pasada depositó ante el Tribunal de Arbitraje las Condiciones Generales de Trabajo:

1. Denuncia penal a los líderes del gremio por la toma de edificios gubernamentales.

2. Eliminación de comisiones sindicales de 15 empleados que deberán regresar a laborar inmediatamente.

“Algunos compañeros se violentaron y cerraron”, expuso Alicia Martínez, lideresa del Sindicato de Burócratas en Mexicali, tras el paro realizado no solo en los edificios gubernamentales, sino bloqueando los accesos al Centro de Gobierno la mañana del lunes 27 de agosto.

Apenas el jueves de la semana anterior, el gobierno estatal anunció –a través del Oficial Mayor y el secretario general de Gobierno- el depósito de las Condiciones Generales de Trabajo ante el Tribunal de Arbitraje, incluyendo en el documento el aumento salarial del 7.6 por ciento, que incluía 4.5 directo al salario y 3.1 a prestaciones; de igual manera, la creación de tres escaños en el tabulador, menores al Nivel 1, de 12 mil pesos.

La acción gubernamental la justificaron debido a que no habían llegado a un acuerdo con la dirigencia del Sindicato de Burócratas que exigía 8.5 por ciento de aumento, monto similar al otorgado en 2011.

“Es la manera violenta de ser del gobernador”, acusó la dirigente del gremio en Mexicali, en alusión a la inmediata respuesta de la burocracia el lunes, cuando tomaron las instalaciones gubernamentales en un paro que tuvo lugar de las ocho de la mañana a las tres de la tarde.

“Aquí estamos esperando la llamada del gobernador”, insistió Martínez.

El paro -lo llamaron “junta extraordinaria a nivel estatal”-  incluyó no solo a los empleados del Gobierno del Estado; también a trabajadores de la burocracia adscritos al Ayuntamiento de Mexicali, paraestatales, Poder Legislativo y Judicial.

“Están tomadas las instalaciones porque así lo decidimos en su momento, aquí es donde está el gobernador y aquí es donde están los funcionarios, es una manera de hacer que nos hablen, que nos suban a la mesa de diálogo”, externó  la lideresa sindical, quien adelantó que interpondrían una impugnación ante el Tribunal de Arbitraje por lo que consideran “incoherencias en ese depósito”.

De acuerdo a Alicia Martínez, las condiciones depositadas no se han discutido, solo se hizo el trámite de la entrega ante la instancia laboral, por lo que el asunto queda pendiente.

Además de que, según una jurisprudencia existente, las Condiciones Generales de Trabajo no se pueden entregar de manera unilateral, sino que las dos partes tienen que estar de acuerdo, incluido el sindicato.

“Nosotros queremos seguir negociando”, recalcó la dirigente de la burocracia en Mexicali, para puntualizar que seguirían con un plantón permanente en las afueras del edificio gubernamental, donde se apostaron desde la mañana del lunes 27 de agosto.

Otro round

Esta misma semana, el secretario general de Gobierno anunció que se interpuso una demanda de carácter penal contra los líderes sindicales por la toma de las instalaciones gubernamentales: “Están impidiendo que entren los servidores públicos y los ciudadanos, les hacemos un llamado para dirimir las diferencias dentro de los cauces legales”.

Por su parte, el Oficial Mayor de Gobierno, Raúl Leggs, consideró lamentable que “los dirigentes sindicales hayan tomado la decisión de perjudicar a los ciudadanos”, cuestionando lo que llamó “la actitud mostrada durante los últimos meses”, en referencia a presiones y bloqueos impulsados por la dirigencia del Sindicato de Burócratas “ante la falta de argumentos”.

Leggs recalcó que el diálogo estaba abierto, y en mención aparte, dijo que tan solo en el Gobierno del Estado había 85 empelados de base comisionados al Sindicato, calculando que a nivel estatal -incluidos municipios, paraestatales y poderes-, el gremio tenía cerca de 500 trabajadores bajo comisión sindical.

El martes 28 de agosto, desde la Oficialía Mayor de Gobierno se anunció que “por necesidades del servicio público”, a quince de los empelados sindicalizados y comisionados al Sindicato se les retiraría esa comisión, debiendo regresar a sus lugares de adscripción laboral.

Oficialmente se informó que la medida fue tomada “a solicitud de diversas dependencias con la finalidad de incrementar el servicio de atención a la ciudadanía y evitar la contratación de más personal”, y según datos públicos, esos 85 comisionados significan un gasto anual cercano a los 24 millones de pesos.

Por último, se adelantó que hoy viernes 31 de agosto está programada una asamblea sindical estatal, a efectuarse en Mexicali.

La negociación salarial con el Gobierno del Estado marca la pauta en cuanto al aumento salarial contras instancias como los ayuntamientos y paraestatales, así como los poderes Legislativo y Judicial.

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