Las ocurrencias del gobernador

“¿Pa’qué quieren el aeropuerto aquí?”: Secretario General de Gobierno

Funcionarios del gabinete de José Guadalupe Osuna Millán, no solo no han tenido capacidad para concretar proyectos; también han puesto en evidencia su ignorancia en temas clave para el desarrollo de Ensenada

Ricardo Meza Godoy

La incapacidad de funcionarios del gobierno estatal para resolver dos añejas necesidades en Ensenada, como son la construcción de un aeropuerto y mantener el abastecimiento de agua potable, se reflejó en meras ocurrencias durante las últimas semanas.

Sin duda, la más inesperada fueron las declaraciones del secretario general de Gobierno, Francisco Antonio García Burgos, el miércoles 15 de agosto, en torno a la posibilidad de mejorar y mantener el aeropuerto civil en esta entidad.

Durante un foro con funcionarios del Gobierno del Estado e integrantes de la Asociación de Periodistas de Ensenada, que se realiza los miércoles en el Centro Estatal de las Artes, Burgos, quien lleva un mes en el cargo, fue cuestionado sobre los avances en el tema del aeropuerto, asunto que lleva más de 30 años en la agenda de grupos empresariales y comerciales en la localidad.

“Yo sé que no les va a gustar a los ensenadenses lo que voy a decirles, así que ya pido disculpas por anticipado”, comentaría Burgos para iniciar su respuesta.

“Yo francamente les diría, ¿pa’ qué quieren el aeropuerto aquí?, ¿pa’ qué quieren un aeropuerto comercial aquí? Tienen uno a una hora de distancia, y en las ciudades modernas en el mundo, los aeropuertos están a una hora de distancia. Yo les diría a los ensenadenses, preserven su ambiente, cuídenlo como está, cuiden esta belleza que tienen aquí del mar y del valle… no lo echen a perder con un aeropuerto. No necesitan uno teniendo uno tan cerca”, remató el funcionario.

Sus declaraciones generaron la reacción inmediata de grupos empresariales en la ciudad. Incluso el propio gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, se vio obligado a salir en defensa de su secretario, afirmando que fue un error del funcionario.

Y es que fue el propio mandatario estatal quien, en julio de 2011, llevó a cabo gestiones ante el Ejército Mexicano para que la Base Aérea Número 3, ubicada en las instalaciones militares de El Ciprés, se mantuviera en funcionamiento para la aviación civil, tras darse a conocer un oficio girado a los usuarios del aeropuerto por parte de las autoridades militares, advirtiéndoles que debían salir del lugar, ya que sería exclusivamente de uso militar.

La posibilidad de cierre del aeropuerto a los civiles generó el rechazo de autoridades, empresarios y residentes de Ensenada, particularmente habitantes de la zona sur del municipio, quienes han utilizado cotidianamente este servicio durante años. Empresas como Yofo Servicios Mecánicos de Aviación; Aeroservicios California Pacífico; Afelio S.A. de C.V. Mantenimiento de Helicópteros; Aerocosta Taxi Aéreo S.A. de C.V., entre otras, se verían afectadas.

La propia Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado había adelantado la presentación de proyectos de modernización del lugar, donde se podían separar un poco las actividades civiles y militares. Hubo pues, una gran cantidad de información al respecto en todos los medios estatales durante semanas.

Un día después de sus declaraciones, el jueves 16 de agosto, Antonio García Burgos se vio obligado a enviar un comunicado a manera de disculpa, afirmando lo contrario de lo que dijo:

“El Gobierno del Estado mantiene los trabajos para mejorar las instalaciones de la Base Aérea Militar (BAM) No. 3, de ‘El Ciprés’, para que la aviación civil pueda seguir haciendo uso de sus instalaciones”. Después de una plática que sostuvo con el gobernador del Estado, García Burgos puntualizó que en sus declaraciones emitidas durante el encuentro con periodistas el miércoles pasado y publicados este jueves, no tuvo intención de confundir a la ciudadanía ni inquietar a los diferentes sectores económicos y sociales; y al momento de hacerlas “no contaba con toda la información necesaria”.

“Desafortunadas declaraciones” las de García Burgos, repetían políticos y empresarios de Ensenada. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) lamentó las afirmaciones; la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo lo propio; incluso el diputado federal César Mancillas Amador habló de un desconocimiento del funcionario en torno a la realidad de Ensenada.

Sin embargo, tras las declaraciones del secretario general de  Gobierno y de que resurgiera el tema del aeropuerto, un año después de la crisis por un inminente cierre, la realidad del sitio sigue siendo la misma. Los proyectos elaborados por el Gobierno del Estado para las nuevas instalaciones que separarían lo civil de lo militar, excepto en el uso de la pista, se han mantenido solo en eso.

En lugar de ser avances, la información más reciente al respecto fue una clara confirmación de la ignorancia sobre el asunto, de uno de los principales funcionarios del Ejecutivo estatal en uno de los principales temas para Ensenada.

Otro de los tópicos que se han mantenido solo en papel, ha sido la instalación de la planta desaladora en Ensenada, que desde 2008 el Gobierno del Estado pretende resolver, para evitar un desabasto de agua que se avizoraba a partir de este año.

Incontables reuniones y conferencias al respecto se han realizado en la ciudad. Foros de agua, conferencias sobre el agua, reuniones y mesas de trabajo enfocadas en el tema agua, visitas a grupos organizados de funcionarios de la Comisión Estatal del Agua (CEA) hablando sobre la escasez del vital líquido. Cinco años de pláticas y de retraso en un proyecto clasificado en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) como “Prioridad 1”, con un monto estimado de 424 millones 048 mil pesos.

Incluso el ingeniero César Obregón Martínez-Sanz, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y conocedor del tema, ha argumentado que son en realidad 13 años de insistencia ante las autoridades sobre la necesidad de atender el tema del agua, pues no solo se ha hablado de instalar una planta desaladora, sino de aprovechar el agua tratada que se tira al mar y que califica como una situación vergonzosa, al no contar con programas de reúso.

Aunado a los retrasos, el problema con la planta desaladora se tornó aún más complejo, luego de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) analizaba la viabilidad de que fuese instalada no en la zona originalmente prevista conocida como El Salitral, sino frente a la zona ecológica de arribo de aves migratorias conocida como La Lagunita. La decisión de la empresa ganadora de la licitación, Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL), aunado al silencio de los funcionarios estatales respecto a lo que estaba ocurriendo, provocó el descontento de asociaciones civiles enfocadas a la protección del medio ambiente, en particular de La Lagunita.

Si bien la instalación no estaría sobre el sitio, sí se colocaría en el predio baldío donde está el único canal natural abastecedor de agua de La Lagunita.

Además, la nueva ubicación cayó de sorpresa para los ensenadenses, y los organismos no gubernamentales que vigilan esa zona se vieron obligados a recopilar en pocos días firmas suficientes para tener acceso al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

En una carta dirigida el 12 de agosto a José Teodoro Barraza López, delegado de la SEMARNAT en Baja California, el oceanólogo Gabriel Camacho Jiménez, reconocido por el gobierno municipal como Ciudadano Distinguido en 2011 por su trabajo a favor de la ecología en San Quintín, planteó otra irregularidad en el tema de la desaladora frente a La Lagunita, tras haber revisado el MIA del proyecto.

Básicamente, Camacho definió una incompatibilidad de la desaladora con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCP): “La localización del proyecto se encuentra dentro del Subsector CH.6 del Sector Chapultepec, establecido en el PDUCP de Ensenada, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 13 de marzo de 2009… En la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo del PDUCP de Ensenada se establece dentro los usos especiales a las Plantas Desaladoras en la Matriz, se establecen como incompatibles las Plantas Desaladoras para el Subsector CH.6 del Sector Chapultepec”.

Como consecuencia y de acuerdo a Camacho, el proyecto “contraviene el PDUCP de Ensenada”. No obstante, autoridades federales o estatales no han vertido ninguna declaración pública al respecto. Situación que de ser confirmada, pondría en evidencia que omitieron revisar uno de los pasos básicos para todo nuevo proyecto: Ver la compatibilidad.

Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, en voz de su presidente Wenceslao Martínez Santos, han manifestado que es urgente la instalación de la planta desaladora. De hecho es el proyecto que consideran más viable a corto plazo, dado que las peticiones de un ramal del acueducto San Luis Río Colorado-Tijuana, no han hecho eco entre las autoridades estatales, aun siendo un derecho.

Tan solo estos temas, el de la planta desaladora y del aeropuerto civil en instalaciones militares, han puesto siempre en aprietos a los funcionarios del gabinete del gobernador Osuna Millán, pese a que su actitud no muestra la menor preocupación, o pone de manifiesto su ignorancia hasta el máximo nivel.

Al paso de los años, los temas no se han concretado, como no lo han hecho otros proyectos de similar importancia y demora para la industria y el comercio de la entidad; tales como el libramiento de Ensenada, donde literalmente se han comprimido sus dimensiones tras cada anuncio de avances. O el proyecto del megapuerto, reducido a puerto con posibilidades de crecer, en Punta Colonet. En esto, Osuna no ha dado una.

Otras investigaciones