Oficialmente operan un cártel y cinco bandas criminales
En agosto, la Procuraduría asumió la responsabilidad de combatir el delito en Baja California Sur sin dinero, ni capacitación eficiente o personal adecuado. En entrevista con ZETA, el Procurador Gamill Arreola Leal reconoció que “carecen de recursos económicos para invertir pronto en infraestructura, equipamiento y contratación de personal especializado en combate al narcomenudeo”
Investigaciones ZETA
Desde el 21 de agosto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) asumió oficialmente la responsabilidad de combatir el delito del narcomenudeo en Baja California Sur, sin dinero ni capacitación eficiente, y menos aún con recursos humanos que puedan garantizar resultados a corto y mediano plazo.
A partir del mes de febrero, esta entidad federativa ha sido una de las pocas que ha creado las llamadas Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), diseñadas específicamente para estrechar la coordinación de los ministerios públicos federales y locales, además de trabajar en un equipo de análisis delictivo y un grupo de investigación de operaciones criminales.
Sin embargo, hoy por hoy, carecen de un análisis, detallado de las operaciones delictivas en ciudades como La Paz, Cabo San Lucas y Guerrero Negro, donde desde hace dos años tienen centros de operaciones, conformados por autoridades federales, estatales y municipales.
La presencia de la llamada UMAN, que desapareció para abrir paso a lo que ahora se conoce como Centro de Operaciones Estratégicas (COE), prácticamente centró su trabajo en la detención de los casi 14 mil consumidores -según datos del Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC)- y dejó libre el camino a las células del crimen organizado, dedicadas a la venta de todo tipo de drogas al menudeo en los municipios de La Paz, Los Cabos y Mulegé.
Con tres centros de operaciones formalizados, el combate al narcomenudeo solo ocupa el 7 por ciento en las estadísticas de la PGJE, cifra que contrasta notablemente con el 40 por ciento de detenidos presentados y consignados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Más triste aún es que los responsables de enfrentar la violencia y el poder económico de la delincuencia organizada, no tienen un mapa delictivo actualizado de los grupos criminales, aunque de no ser por el grupo de inteligencia del Grupo de Coordinación de Seguridad, nadie sabría sobre la actividad de las células que operan el trasiego y distribución de droga en el estado. Son los siguientes:
1. El Cártel de “La Oficina”, dirigido por “El Pecalas”, “El 7” o “El Calaveras” y su lugarteniente, “El 30”, jefes de plaza en Cabo San Lucas.
2. La banda de Javier López Rivera, Javier Acosta López o Javier Munguía “El Javy” o “El Javier”, jefe de la plaza en San José del Cabo.
3. La banda de Héctor Antonio Salazar Monzón “El Oaxaco” o “El H” -hasta antes de su muerte-; jefe de plaza en La Paz.
4. La banda de Ramiro Miranda Claro “El Grillo”, brazo derecho de Inés Zamudio Beltrán “El Zamudio”, jefe de la plaza en Comondú.
5. La banda de “El Profe”, jefe de la plaza en Loreto.
6. Las bandas de “El Señor de los Cerros” y de Francisco Vega “El Gorila”, jefes de la plaza en San Rosalía y en Guerrero Negro.
En entrevista con ZETA, el procurador Gamill Arreola Leal reconoció las limitaciones: “Carecen de recursos económicos para invertir pronto en infraestructura, equipamiento y contratación de personal especializado en el combate al narcomenudeo”.
Sin embargo, dijo que con todo y las limitaciones, operan tres COE en La Paz, Cabo San Lucas y Guerrero Negro, donde asignaron el siguiente personal:
- 6 ministerios públicos.
- 24 agentes de investigación.
- 6 peritos.
- 6 administradores.
Todo este personal tiene como competencia dar atención, investigación y persecución de los delitos concurrentes contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y conexos, lo cual quedó plenamente establecido en un convenio de coordinación y colaboración para la creación y funcionamiento de los Centros de Operación Estratégica, firmado entre la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, y el gobernador de Baja California Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor.
Las limitaciones
El principal problema para la PGJE es el recurso económico, porque prácticamente no hay dinero que haya sido asignado al presupuesto del combate al narcomenudeo.
Las ciudades más complicadas como La Paz y Cabo San Lucas, serán atendidas únicamente por dos ministerios públicos, ocho agentes de investigación y dos peritos, situación que el propio procurador calificó de “insuficiente” por el tamaño de las poblaciones, pero “es el primer paso para ir absorbiendo esta nueva responsabilidad”.
— ¿Considera suficiente este personal para combatir un delito tan grave?, cuestionó ZETA a Arreola Leal.
“No, definitivamente no, sabemos y estamos conscientes que no es suficiente, pero en la medida en que vayamos obteniendo recursos económicos, iremos invirtiendo en infraestructura, equipo y contratación de personal”.
El procurador agregó que en comparación con otras entidades, Baja California Sur es uno de los estados con mayor número de centros de operación estratégica del país, donde los tres niveles de gobierno contribuyen en la prevención, investigación y persecución de delitos contra la salud en la modalidad de posesión, suministro y venta de narcóticos en dos individuales.
En el encuentro con ZETA, Gamill Arreola reveló que la PGJE tenía un presupuesto de 50 millones de pesos en 2011 y este año logró aumentar a 103 millones de pesos, recurso definitivamente insuficiente para combatir el flagelo, porque tan solo un vendedor de droga al menudeo -según documentos que han sido encontrados en pertenencias, cuando son capturados– llega a vender hasta 10 mil pesos en un día, lo que representa un ingreso mensual de 280 mil pesos.
Para Arreola, en este tema “no deben levantarse falsas expectativas en lo inmediato”, ya que los diputados locales apenas discutirán a finales de diciembre, por primera vez, lo relacionado al presupuesto que asignarán en el combate al narcomenudeo para el ejercicio fiscal 2013.
Por eso, ante la falta del dinero y en una primera fase, la PGJE envió elementos y agentes del Ministerio Público y peritos al COE, recurso humano que evidentemente mermará los resultados en otras agencias, y únicamente contrató al personal administrativo que estará en esas instancias.
En números fríos, el Centro de Operación Estratégica absorberá entre el 60 y 70 por ciento de la carga de trabajo que tenía la delegación de la PGR en el combate al narcomenudeo.
Los COEs tendrán un coordinador estatal y un responsable por cada una de las ciudades donde operan, y posiblemente, si los diputados lo avalan, reforzarán las unidades existentes, ya que actualmente el estado “no tiene personal suficiente para asignarlos a esas tareas”, explicó el procurador.
En lo que va del año, la PGJE ha remitido 166 casos de combate al narcomenudeo por incompetencia a la delegación de la PGR. Sin embargo, desde el 21 de agosto se delegaron al Centro de Operación Estratégica, y en una segunda fase ya podrán tener indicadores y experiencias para trasladarlos al Poder Legislativo, para estar más de acorde a las circunstancias del problema en la entidad.
A decir de Gamill Arreola, la posibilidad de combatir realmente el narcomenudeo se dará hasta 2013, donde también tendrán que coordinarse con el Sector Salud, porque, según estudios, en el estado existen más de 14 mil farmacodependientes, la mayoría habitantes de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Ciudad Constitución, quienes consumen en promedio de dos a tres dosis por día, por lo que al tener esa adicción y al carecer de dinero, salen a cometer delitos.
El delito
En 2009, en el Código Federal de Procedimientos Penales basado en los cambios a la Ley General de Salud, la posesión de droga para uso personal ya no era un delito en los siguientes parámetros:
- Marihuana, 5 gramos.
- Cocaína, 50 miligramos.
- Cristal, 40 miligramos.
- Metanfetamina, 40 miligramos.
Con la nueva responsabilidad y de acuerdo al convenio de colaboración y la reforma legislativa en Baja California Sur, el agente del Ministerio Público del Fuero Común tendrá la facultad de castigar el delito del narcomenudeo, siempre y cuando la droga incautada sea mayor a la permitida.
Según la Ley, la portación de 5 gramos de marihuana no es punible, lo que significa que cualquier individuo que sea sorprendido con una cantidad menor, no podrá ser castigado. De acuerdo a expertos en la materia, esto equivale a portar entre dos y tres cigarros de marihuana de un tamaño normal.
Un abogado consultado por ZETA aclaró que en este caso, cualquier individuo puede portar todos los narcóticos registrados en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal, “siempre y cuando no excedan lo establecido por la Ley General de Salud”.
Paradójicamente, quien tenga un gramo arriba de lo permitido incurre en un delito contra la salud, que puede alcanzar de 10 meses hasta tres años de prisión, y el caso pasa a ser competencia del Agente del Ministerio Público de la Federación.
Los juzgados
A casi dos semanas de que la Procuraduría General de Justicia del Estado asumió la responsabilidad del combate al narcomenudeo, ahora las inquietudes están en los Juzgados penales del fuero común, pues hasta la fecha -aseguran- no han recibido capacitación en la materia; tampoco recursos humanos y materiales.
Dos jueces accedieron hablar con ZETA sobre lo que se viene ahora que tendrán que juzgar por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Lo primero que comentaron, es que carecen de básculas, porque puede haber abogados que soliciten volver a pesar la muestra de la droga que quedará bajo resguardo del COE, quienes conocen de la droga y disponen de lugares para guardar los narcóticos por determinado tiempo.
En palabras del juez, las básculas deberán tener otros complementos como guantes y cubrebocas para manipular la droga y evitar que se contamine la muestra, en el caso de una diligencia que comúnmente hace el personal de los Juzgados.
Ambos consultados coincidieron en que “definitivamente se ocupa más recurso humano, sobre todo uno de personal administrativo y un secretario de Acuerdos, para que el juez se encargue directamente de trabajar en esta nueva encomienda de castigar este delito”, de lo contrario, “estarían condenando todo al fracaso”.
Sin embargo, los jueces saben y están conscientes de que en lo que resta del año no habrá más recursos humanos y económicos, ya que toda propuesta tendría que entrar en el presupuesto de 2013.
— ¿Qué sería lo ideal?, se le preguntó a uno de los jueces.
“Que hubiera Juzgados especializados en el narcomenudeo, porque la verdad va a ser mucha carga de trabajo, actualmente existen más de seis mil expedientes rezagados, y cargarnos de más trabajo sería prácticamente un error que se verá reflejado en el trabajo”.
Otras investigaciones
Sección A
Sección B
Ediciones Especiales
