Comisionados: Que les paguen sindicatos

764 maestros y burócratas cobran del erario sin trabajar para el Estado

En Baja California los dos sindicatos más grandes -burócratas y maestros- suman en sus filas alrededor de 800 “empleados” incluidos en las nóminas del gobierno. Su pago sale de los impuestos ciudadanos, pero no acuden a desquitarlo ni a las oficinas de los tres poderes, ni a las aulas escolares, al estar registrados como “comisionados sindicales”

Sergio Haro Cordero

Conforme a los acuerdos entre los sindicatos y los gobiernos, los “comisionados” son empleados contratados por el Estado, pero están dedicados a realizar “actividades administrativas relacionadas con el gremio”. Aunque el sueldo sale de las arcas públicas, su patrón en términos de realidad es el sindicato, al ser ésta la entidad única que conoce dónde, cuándo, cuánto tiempo, cómo y en qué trabaja.

En el caso del Sistema Educativo estatal hay cerca de 344 maestros comisionados al Sindicato 184 en la Sección 37, que agrupa a lo que eran maestros estatales, y 160 en la Sección 2, que aglutina a lo que se distinguía como maestros federales.

Otro de los gremios mayoritarios en la entidad, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados  -mejor conocido como el Sindicato de Burócratas-, tiene cerca de 420 comisionados; 195 por los ayuntamientos, 118 en las llamadas paraestatales (comisiones de Agua, INDIVI, FIARUM), 18 del Poder Judicial y cerca de 85 del llamado Gobierno Central; aunque la semana pasada y de manera unilateral, el Gobierno del Estado les retiró 15 comisiones.

La primera semana de septiembre, en la prensa nacional trascendió el informe de la organización civil denominada Mexicanos Primero, quienes encabezan un proyecto al que bautizaron “Fin al Abuso”, mediante el cual insisten en la creación de un padrón nacional de maestros.

Por lo pronto han aportado varios datos relacionados con los comisionados en el sector educativo en todo el país, asegurando que en México existen 22 mil 553 maestros que no acuden a grupo por estar “comisionados al sindicato”, y que cuestan al erario 1 534 millones 988 mil 308 pesos.

En el caso de la burocracia bajacaliforniana, tan solo los comisionados del Gobierno Central implican un gasto de 24 millones 645 mil 728 pesos por año.

Contra ese tipo de gastos, en lo nacional se ha gestado una propuesta: Si los sindicatos quieren tener comisionados que los pague el mismo gremio y el dinero salga de sus recursos, los que obtienen  directamente de los patrones y de las cuotas sindicales.

En la pagina web de Mexicanos Primero,  David Calderón -su director general- alude al Artículo 86 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del 123 constitucional, donde se incluye que “las remuneraciones de los directivos y empleados del sindicato, así como el funcionamiento de éste, serán cubiertos por el propio sindicato”.

¿Quién paga?, la discusión

De acuerdo a la página de transparencia del Gobierno del Estado, la sección 37 del SNTE tiene tres rubros de licencias sindicales, una del Comité Ejecutivo (49) otra del Comité Adicional (113) y otra más del Comité Delegacional (22) que suman 184 maestros que en lugar de estar frente al grupo educando niños y jóvenes, presuntamente realizan labores relacionadas con el gremio.

En el caso de la sección 2 y de acuerdo al mismo portal, el Comité Ejecutivo de la sección tiene 47 comisionados y el Comité Adicional 113, sumando 160 los mentores en labores propias del sindicato.

Sobre el tema el Secretario de Educación Javier Santillán Pérez asume que “están totalmente vinculados al sistema educativo estatal” y lo explica en función de que todo el procedimiento de contratación de profesores nace de una propuesta sindical. Explicó que los llamados Colegiados –las áreas al interior del Sindicato– tienen que hacer los “encadenamientos”, es decir, los trámites de cambios de plazas y ciudades, actividad que realizan desde el sindicato.

“Son derechos ganados por los Contratos Colectivos de los Sindicatos”, refirió Santillán en alusión al número de maestros comisionados.

Para reducir el impacto negativo, el funcionario educativo comparó la realidad del Sindicato de Burócratas que con un poco más de cinco mil trabajadores –calcula– tengan alrededor de 500 comisionados al sindicato. En el caso de los trabajadores de la educación suman 40 mil trabajadores –entre las dos secciones– teniendo cerca de 200 comisionados para cada sección. Son numérica y proporcionalmente, menos comisionados.

Dije que anteriormente eran 500, pero en estos dos últimos años han disminuido cien.

— ¿Cómo evitar que sean puestos de aviadores?, se le pregunta y asegura que eso no es factible porque la labor que realizan los comisionados sindicales es muy intensa, calculando que en promedio tiene alrededor de 10 mil movimientos al mes, entre bajas, incapacidades, jubilaciones. Y quienes hacen todo este movimiento son los sindicatos, porque requieren de toda una estructura para realizar esta actividad.

“Lo que está en discusión es si debe de ser pagado con las cuotas de los propios sindicalizados o si deben de ser pagados por el gobierno, eso es lo que estamos discutiendo”, expuso el titular de educación en el Gobierno del Estado, quien consideró que en la medida en que se disminuya el tema de los comisionados, el tema de los interinos no tendría mayor trascendencia, ya que son 280 interinos (que han tenido problemas en su regularización) mientras hay 400 comisionados al sindicato.

Burócratas

De acuerdo a datos oficiales, el Sindicato de Burócratas cuenta en la entidad con 420 comisionados, de los cuales 118 corresponden a las llamadas Paraestatales, 85 al Gobierno Central, 195 a los ayuntamientos, cuatro del Órgano de Fiscalización, 18 del Poder Judicial.

Todo este personal –que no labora en su adscripción– le cuesta al erario anualmente 119 millones 576 mil 138 pesos.

Según la líder del sindicato de burócratas en Mexicali, Alicia Martínez, los comisionados son gente especializada en diferentes áreas. Ejemplificó con algunas de las comisiones eliminadas por el estado. Quienes estaban comisionados en el Centro de Capacitación, o en el caso del Salón Social –mantenimiento, agendas– o en el Gimnasio o en el Centro de Integración Humana que fundamentalmente aglutina a psicólogos y personal de apoyo. “A ellos los necesitamos, están prestando un servicio especializado a los compañeros trabajadores”, recalcó la dirigente.

Aparte hay una guardería que depende del sindicato y está operando con personal del gremio. De acuerdo a la Ley –aseguró Martínez– ésta debe operar auspiciada por el patrón, en este caso el Gobierno del Estado, pero no se concretó y el sindicato fue el que creó la estancia infantil. “No cobramos cuota, sin embargo tenemos 200 niños hijos de los trabajadoras y trabajadores, y también tenemos gente especializada trabajando ahí. No hay compañeros que no estén haciendo nada, no están de lujo”, aseveró la dirigente, quien refiere que tan solo en Mexicali cuentan con siete mil agremiados, 19 mil en todo el estado. “Necesitamos a más compañeros que nos ayuden a dar la atención”, sostuvo Alicia Martínez.

En el caso de su hija Claudia Lizette –quien estaba comisionada al sindicato– la lideresa comentó que ella es contadora, que está adscrita a la Secretaría de Finanzas del Estado y que en el sindicato estaba comisionada precisamente al área financiera del gremio.

“Lo que pasa es que somos 19 mil trabajadores que obviamente necesitamos compañeros que den atención a los demás compañeros, nosotros le quitamos cierto trabajo al gobierno del estado, les ayudamos con la chamba”, comenta la dirigente de la burocracia en Mexicali.

Del contrato colectivo

“La burocracia se debe a sus ciudadanos y empresarios, sus sueldo y prestaciones para el cumplimiento de sus funciones las pagamos entre todos, exigimos de parte de ella una correspondencia al entorno económico que estamos viviendo todos”, expuso el Consejo Coordinador Empresarial en la entidad a través de un desplegado publicado el miércoles 30 de agosto de 2012 en Baja California

“El incremento no es el problema porque sabemos que el dinero si lo tienen, el problema es la mutilación a nuestras condiciones generales de trabajo”, sostuvo la dirigente del Sindicato de Burócratas en Mexicali, Alicia Martínez, quien cuestionó las recientes acciones emanadas desde el Poder Ejecutivo que incluyeron el depósito unilateral de las Condiciones Generales de Trabajo, la demanda penal contra la lideresa por el plantón y cierre de las instalaciones gubernamentales la semana pasada y la eliminación de las licencias sindicales.

Y es que en las condiciones generales de trabajo –el símil del contrato colectivo en las empresas privadas– el gobierno del estado creó tres nuevos niveles en el tabulador por debajo del nivel uno, el de menos sueldo en los 18 renglones.

En cuanto a la premisa oficial de que los trabajadores sindicalizados se llevan la gran tajada del pastel, la dirigente revira al señalar que cuentan con 2 mil 735 trabajadores sindicalizados mientras que los de confianza y relación administrativa son 9 mil 600. “Ahí están funcionarios, coordinadores, gente de confianza de ‘ellos’ con bonos, prestaciones, compensaciones.

“A donde se va la balanza, donde queda el dinero, dónde está el ahorro BC?”, pregunta la dirigente señalando que a esos 9 mil 600 empleados también le subieron el sueldo en un 7.6 por ciento

Sobre el déficit financiero que se argumentan desde el gobierno y los municipios en relación a la propuesta sindical, Alicia Martínez expuso que es cuestión de administración. “Si no contrataran tanta gente, obviamente no hubiera tanta demanda”, asegurando que tienen las mismas plazas y las mismas bases, sin espacios nuevos.

Respecto al señalamiento de que aquí la burocracia tenga sueldos más altos que en otros estados y mencionó que el gobernador gana más aquí que en entidades con población similar –puso el ejemplo de Sinaloa– y refirió que en la medida que los trabajadores tengan mejores ingresos se puede contrarrestar la inseguridad y los robos.

“Nosotros generamos, aquí gastamos, aquí compramos el mandado, aquí hacemos los gastos, hay gente que se beneficia alrededor, que les compramos tacos, comida, es una derrama económica”.

Temas superados

Para el Gobierno del Estado el tema de las negociaciones salariales y la adecuación de las Condiciones Generales de Trabajo es un capítulo cerrado. “Estamos trabajando en otras etapas”, explicó el Oficial Mayor del Gobierno del Estado Raúl Leggs, en alusión a la implementación de una comisión de escalafón que analice y proponga basificaciones y donde será convocada la representación sindical. “La relación laboral es mucho mas allá de los temas que ya fueron superado”, aseguró.

Insistió en que con esa comisión se busca “cerrar el boquete” que significan las basificaciones a través de los tribunales y, armar un paquete de manera organizada para evitar que se vengan las demandas “sin ton ni son”. Aun con todo y la creación de esa comisión, Leggs aceptó que el trabajador puede optar por la demanda por basificación ante el Tribunal de Arbitraje, ya que es un derecho con el que cuenta.

También reconoció que han seguido platicando con los dirigentes de la burocracia porque hay, otros temas por negociar. En el caso de la demanda penal, Leggs aseguró que “tuvieron que hacerlo” por lo que consideraron una “afectación al interés público y un secuestro a las instalaciones de gobierno a partir de un hecho ilegal”.

Asimismo, justificó el volanteo encabezado desde el gobierno estatal con información respecto a los gastos en la burocracia, bajo la premisa de “darle información objetiva a la ciudadanía que le permita conocer los hechos y evitar ser presa de la desinformación que algunos dirigentes del sindicato han empujado”. Leggs insiste en el planteamiento de que todas las acciones que han encabezado están apegadas a lo que establece la Ley del Servicio Civil y el resto de la normatividad.

De acuerdo a un análisis realizado por Alberto Sánchez Luján, presidente de la Asociación de Abogados Laboristas, el titular de la dependencia debe ponderar la opinión del sindicato, aparte de que en el caso de las descentralizadas, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y no existe facultad del Estado para decir unilateralmente los destinos salariales y las prestaciones de los trabajadores.

Luis Alfonso Vargas, otro abogado laborista, también consideró que el patrón no puede depositar esas condiciones de manera unilateral ya que se trata de relaciones colectivas de trabajo que van a regir en las instituciones públicas.

“Se trata de una relación con una autoridad, el gobierno es patrón y autoridad, en razón de esa naturaleza jurídica ambigua, que es patrón como cualquier otro, pero es autoridad, no puede ejercer las facultades de imperio, tiene que ponerse de acuerdo con los trabajadores”, considera Vargas, quien opina que este tipo de decisiones lo único que reflejan es autoritarismo y arbitrariedad.

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