Se les va Agúndez

Sin embargo, el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, afirma que el amparo no significa que los ex funcionarios estatales vayan a dejar pronto la prisión. Más bien se irán a una disputa legal que habrá de resolverse en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación

Gerardo Zúñiga Pacheco

Cuando el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y su ex jefe de prensa, Antonio Alcántar López, fueron detenidos y encarcelados por los delitos de peculado en agravio del gobierno del estado de Baja California Sur, sabían perfectamente que ganar un juicio de amparo federal podría sacarlos de prisión, y permitirles volver a su vida normal, pero impunes y ricos por todo el dinero que sustrajeron de manera ilícita durante los 6 años que desempeñaron cargos públicos.

De entrada, los jueces federales –según el artículo 76 de la Ley de Amparo— “están obligados a suplir toda la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de agravios formulados en los recursos en materia penal”, es decir, en caso de que la defensa de los indiciados planteara deficientemente la queja por desconocimiento o descuido, el Juez –lo pidiera o no la defensa, y por mandato constitucional— prácticamente tiene que subsanar la demanda a favor del agraviado para corregir u operar la suplencia –así se llama en términos legales— y replantear la demanda del juicio de amparo para que proceda al estudio y análisis en el juzgado.

Lo anterior –según versión de un abogado penalista— es porque se supone que el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje) es una persona competente y profesional en la materia y cuenta además con todo el respaldo del aparato gubernamental.

Por eso, los indiciados Narciso Agúndez Montaño y Antonio Alcántar López, así como Alfredo Porras Domínguez, ex gobernador, ex director de comunicación social y ex secretario general del sexenio pasado, finalmente, y después de una batalla legal, ganaron el juicio de amparo federal que podría darles la libertad la primera semana de octubre próximo, a cuando menos dos de ellos.

En el caso de Agúndez y Porras, el Juez Segundo de Distrito en Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, ordenó el 12 de julio al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal revisar la acusación en contra del ex gobernador y del ex secretario general de gobierno, y “reclasificar el delito de peculado, en caso de que existiera una conducta distinta a este delito”, por el que están prisioneros desde el 24 de mayo y acusados de distraer 76 millones 200 mil pesos por concepto de la venta irregular de 7 bienes inmuebles en el exclusivo Fraccionamiento “El Pedregal” de Cabo San Lucas, bajo el expediente 477/2012.

En el caso de Alcántar, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur, José Manuel Bautista Encina, ordenó el 24 de agosto al Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal revisar la acusación en contra del ex director de Comunicación Social y “reclasificar las dos figuras delictivas –peculado y falsificación de documentos–, porque las pruebas presentadas resultan insuficientes para acreditar tales delitos”; por el que está prisionero desde el 28 de febrero y acusado de falsificación de documentos y desviar 820 mil pesos por concepto de la producción, impresión y empastado del libro “Acciones de Hoy para Sudcalifornia del Mañana”, bajo el expediente 23/2012.

Sin embargo, el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, consideró que el amparo no significa que vayan a dejar rápidamente la prisión, sino tendrán que irse a una disputa legal que terminará por resolverse en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación.

El abogado del estado comentó que en el caso de Agúndez y Porras ya se presentó un recurso de revisión por la actuación del juzgador federal, y en el caso de Alcántar, actualmente se está preparando la presentación de la inconformidad que tendrá que ser analizada y revisada por los magistrados federales.

La defensa del ex gobernador y ex secretario general de gobierno, Otoniel Gómez Ayala, espera que la resolución sobre su cliente se emita a más tardar la primera semana de octubre próximo y casi da por un hecho que saldrá a su favor.

Para el Juez Segundo de Distrito en Baja California Sur, Francisco Javier Silva Anda, las acusaciones de la PGJE en contra del ex gobernador y de su ex secretario general por el delito de peculado, no están bien fundamentadas –explica en el considerando de la notificación— porque “los diputados del congreso del estado autorizaron la operación de compraventa a particulares de los 7 bienes inmuebles que eran propiedad del dominio público”.

Como era de esperarse, la visión del juzgado federal es “algo desafortunado” para el Procurador, porque, según explicó a ZETA, “existen elementos suficientes que acreditan plenamente el delito de peculado, y aunque hubiera de por medio la autorización del congreso local, es evidente que estuvo fuera de la Ley, porque se trata de bienes que no pueden ser vendidos o cedidos legalmente a terceros, como lo establece claramente el artículo 103 de la Constitución Política de Baja California Sur.

Textualmente dice: “Los bienes del dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no están sujetos a la enajenación, mientras no varía su situación jurídica, acción o reivindicatoria o de posesión definitiva o interna”.

En el caso de Antonio Alcántar López, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur, José Manuel Bautista Encina, consideró que la factura falsificada presentada por el ex vocero como comprobante de gastos “tan solo constituye un indicio aislado que –desde el punto de vista— no es suficiente para tener por acreditado dicho elemento material del ilícito”.

Para el juzgador, las dos acusaciones en contra del ex jefe de prensa de Agúndez –y así lo expone en el considerando de la notificación— por los delitos de peculado y falsificación de documentos, representan “haberlo acusado y juzgado dos veces por el mismo delito (sic), lo cual contravendría el espíritu de la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 23 Constitucional”.

Hoy por hoy, el titular de la PGJE confió en que la resolución de los jueces federales pueda ser anulada o modificada, porque nadie puede estar por encima de la Ley y de la Constitución, porque –consideró— la averiguación previa está soportada e integrada debidamente, por lo que en una segunda instancia podrá ser ratificado el auto de formal prisión en contra de los acusados.

Sin embargo, en sus resoluciones los jueces decidieron ignorar el valor probatorio del delito: las operaciones irregulares y el dinero sustraído ilícitamente, y protegieron a los ex funcionarios detenidos, pese a que, en el caso de Agúndez y Porras, contravinieron a la Constitución Política del Estado, independientemente de que vendieron los terrenos en una auténtica ganga, en perjuicio los sudcalifornianos.

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