Víctimas de trata, a la deriva

Primer refugio en Tijuana

Un promedio de cinco casos al mes se presentan en Baja California, el 88 por ciento en modalidad de explotación sexual. Con números rojos, la entidad carece de espacios donde las víctimas adultas puedan ser atendidas y resguardadas de sus agresores las 24 horas del día en forma integral

Isabel Mercado Juárez

En Baja California, cuando se rescatan a víctimas del delito de “trata de personas” estás y estos,  son canalizados a albergues cuya finalidad y preparación es para atender  a víctimas de violencia doméstica.

La atención limitada que se les proporciona es además, sólo en horas de oficina, fuera de ese horario deben regresar a la calle y quedar nuevamente en el desamparo. No existe presupuesto oficial que permita dar asistencia a personas violentadas en su derecho elemental a través de la explotación humana.

Si bien en junio de 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para lo cual se reformó el artículo 73 Constitucional, la legislación solo da un sustento legal; y aunque establece la conformación de un fondo para brindar tratamiento y reparación del daño a las víctimas, no se definió un presupuesto.

A tres meses de vigencia el fondo está vacío; no existe en instancia alguna de gobierno, presupuesto para atender a estas víctimas. Tampoco un espacio físico para tratar y proteger a las personas.

“¿De qué sirve hacer tantas campañas de prevención si no hay qué ofrecerle a la víctima para rehabilitarla? Si el victimario está en su propia casa, ¿cómo se va a atrever a denunciar, dónde va a vivir?”, cuestionó Alma Sucker, de la Red Binacional de Corazones.

El caso de Rosa

Las cicatrices en manos y brazos son secuelas de un intento por borrar los tatuajes con los que su victimario la marcó; y aunque no son nada estéticas, Rosa las prefiere a las figuras en forma de mariposa que daban cuenta de los seis años en los que fue víctima de trata.

Vendida en 200 dólares en Tijuana en 1987 cuando tenía 13 años, fue obligada a un matrimonio en Estados Unidos. Procreó dos hijos, mismos que le fueron arrebatados cuando su comprador asesinó en su presencia a un hombre. Ella fue sentenciada a 25 años de prisión acusada de cómplice al no denunciar a quien la sometía física y psicológicamente.

Después de seis años de vivir explotada sexual y laboralmente –su marido la obligaba a trabajar en el campo sin darle derecho a disponer de su sueldo– en 1993 Rosa pasó a ser prisionera en San Diego, California. Entonces en Estados Unidos no existía una ley que considerara la trata como delito, pero luego de cinco años de estar en prisión y con una legislación que brindaba protección a las víctimas de explotación humana, una organización no gubernamental detectó su caso; durante años investigó hasta reunir las pruebas que la colocaban como víctima.

Rosa fue liberada en 2011, estuvo 18 años en prisión, y aunque se le dio la opción de gestionar desde un refugio estadounidense la residencia americana, prefirió ser deportada. En Tijuana buscó a familia e hijos, éstos fueron dados en resguardo a una tía, pero su familia la rechazó.

Sin sitio donde vivir, fue socorrida por la Red Binacional de Corazones, organización que le brinda apoyo sicológico y médico, “hasta me han ayudado a borrar parte de los tatuajes”. La organización carece de medios para darle alojamiento, Rosa ha tenido que recibir ayuda de personas altruistas de Estados Unidos para subsistir. Con 38 años de edad, busca recuperar la vida que le arrebataron a los 13, objetivo nada fácil cuando se carece de certificado académico tradicional y, para colmo, se está tatuado de manos y brazos. “Si la gente ve los certificados de estudio que obtuve en prisión, o las marcas de mi cuerpo, inmediatamente me rechaza”, lamentó.

Círculo vicioso

“A las víctimas de trata hay que defenderlas hasta de ellas mismas. Muchas no se reconocen como víctimas, piensan que lo que viven se lo merecen porque están enganchadas, o las enamoran, de ahí que sea necesario realizar un proceso que requiere de un tratamiento integral y personalizado las 24 horas del día, además de la imperiosa necesidad de protegerlas de sus agresores”, informa Alma Sucker.

La presión y abuso físico al que se somete a las víctimas de trata no es para menos, esta nueva forma de esclavitud humana se da principalmente con fines laborales y sexuales,  aunque también tiene como objetivo el tráfico de órganos, el matrimonio forzoso y la servidumbre; los menores de edad son sometidos a la exposición pública de la mendicidad, adopción irregular, e incluso son reclutados para el ejercicio de actividades delincuenciales.

Invariablemente, quien ha sido sometido a alguna de las modalidades de trata, va a sufrir daños colaterales en su salud física y/o mental, como pueden ser: Baja autoestima, infecciones de transmisión sexual e inseguridad. “Lo cual se agrava con la exclusión y rechazo social o laboral”.

Si la víctima no es atendida adecuadamente, corre el riesgo de caer en un círculo vicioso: “Que la víctima se convierta en victimario”, advirtió la especialista en casos de trata.

Desde la puesta en marcha de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, fuera de lo legal, la ayuda que reciben las víctimas adultas se reduce a ser canalizadas a organizaciones como la Red Binacional de Corazones, mientras los menores son refugiados temporalmente en los albergues del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

En los albergues los menores victimizados por trata reciben un tratamiento general, de hecho DIF carece de estadísticas de menores víctimas de trata. Pero el caso de los adultos es peor aún, al no contarse en Baja California con un sitio para tratamiento y resguardo.

El apoyo a quienes han sido explotados en su humanidad se centra en asesoría sicológica, médica o legal; esto a voluntad de la víctima, cuando el problema mayor es, precisamente, que la víctima no se acepta como tal. “El tratamiento debiera formar parte del seguimiento del caso, como un requisito para ello”, consideró Alma Sucker.

De hecho, la nueva legislación establece en uno de sus apartados brindar atención a las víctimas, además de imponer penas más severas.

“Uno de los aspectos más destacados de la nueva Ley es que a las víctimas se le concede el derecho de la reparación del daño y se les apoya a tratamientos especiales tanto médicos como sicológicos, a través de un fondo especial para ellas”, precisó a ZETA la Directora contra Trata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Hannia Constanza Echeverría, poco después de entrar en vigor la nueva Ley (ZETA edición 2001).

Pero el fondo está vacío, por lo que organizaciones no gubernamentales como la Red Binacional de Corazones, cifran sus esperanzas en la nueva legislatura: “que los diputados determinen la canalización de recursos económicos para atender a fondo este problema social”, dijo alentándose, Alma Sucker. Pero hasta el momento ninguno de los congresistas federales ha tomado esa bandera.

Primer refugio

La trata es la transgresión que menos se denuncia, sanciona y para la que menos infraestructura y recursos existen. A año y medio de su fundación, Red Binacional de Corazones ha atendido a 20 víctimas, 18 mujeres y dos hombres.

Ante la carencia de instalaciones se han limitado a enviarlos a refugios temporales, en lo que se tramita su regreso a sus lugares de origen, y cuando son residentes locales, regresan a su hogar luego de la atención.

El organismo decidió abrir un refugio para las víctimas, como un primer paso a un tratamiento completo, que permita frenar el crecimiento en el número de víctimas. Al inicio de su operación, el organismo tenía como fin la atención legal y académica, pero al descubrir que no hay autoridad que brinde apoyo integral a los explotados, optaron por ampliar la atención.

La asociación gestionó ante el gobierno federal la facilitación de un inmueble para dar refugio a quienes han caído en las garras de ese delito. En Julio de 2012 se les proporcionó una casa propiedad de la federación, aunque tiene que cubrir una alta renta de 18 mil 500 pesos al mes, pues la red aún no está registrada como Organización Donataria Autorizada (DA), una vez realizado el trámite la mensualidad se reducirá a 4 mil pesos.

La casa fue recibida en obra negra, la adecuación se prevé a largo plazo pero ya se habilitan áreas como oficinas para consultas médicas, sicológicas, legales y educativas, mismas que podrían entrar en operación para octubre. El centro está localizado en Tijuana y, por el limitado espacio, solo brindará atención a mujeres; en una primera etapa a mayores de edad, por lo que el área de dormitorios ya se acondiciona, así como la cocina y estancias principales. En una segunda etapa se prevé disponer una zona donde se refugiará a jóvenes entre los 12 y los 22 años.

Para el acondicionamiento de lo que se convertirá en el primer refugio para víctimas de trata, no solo en Tijuana sino en todo Baja California, Red Binacional de Corazones se vale de donativos y ayuda gestionada ante instancias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, donde han aportado enseres, cámaras de seguridad y vigilancia; también realizan actos para recabar ayuda, económica o en especie.

La Zona Norte de Tijuana es terreno fértil para la trata de personas, “definitivamente es un foco rojo; de hecho 6 chicas (de 18 atendidas) salieron de ahí”, dice Alma Sucker.

La estadística de este delito es incipiente, las víctimas pocas veces se atreven a denunciar. El registro inició hace poco más de un año, cuando se instauró la Unidad Estatal Contrata Trata de Personas, dependencia que sigue 42 casos, 37 de ellos de explotación sexual. La Unidad reporta haber ejercido 28 autos de formal prisión y 15 términos constitucionales positivos.

En total se ha detectado a 70 víctimas de trata en Baja California, 57 mujeres y 13 hombres; 22 de Tijuana; 41 de diversos estados del país, 7 extranjeros.

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