DICHOZ Y HECHOZ

Regidora V

La regidora María Luisa Sánchez, del PAN, por supuesto, anda haciendo proselitismo en las mismísimas oficinas de Palacio Municipal. La señora no niega la cruz, o en este caso, la “V” de su parroquia política. Apilados en su despacho popular se encuentran artículos, despensas, pulseras, volantes y demás parafernalia que promueve a Antonio Valladolid, el todavía delegado del INAMI, para algún cargo de elección popular en Acción Nacional. Ni saben a cuál tirarle o cuál recibirán, por eso no aclaran en sus panfletos si a regidor, diputado o jefe de casilla. Da lo mismo, lo que quieren es ganar terreno con la campaña. Un día sí y otro también, entran señoras panistas con necesidades diversas a visitar a la regidora Sánchez, y ésta les entrega su despensa, pulsera y calcomanía, al momento que les hace un llamado a organizarle una comida a Valladolid. Total que ella absorbe el costo de los alimentos. Ahora sí que con esos funcionarios, el PAN no requiere enemigos políticos, solitos se exhiben.

Inversión

Por primera vez en décadas, el Gobierno del Estado de Baja California le invirtió al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana, ubicado sobre el Bulevar Sánchez Taboada. Solicitaron 30 millones de pesos, y por lo pronto les autorizaron 20 para garantizar la dignificación, remodelación y restructuración funcional de las oficinas que ya ni puertas con cerrojos tenían. La construcción inició en junio de 2012 y concluirá a mediados del  próximo año. De manera temporal, las agencias de Delitos Sexuales y de Atención a Adolescentes, las reubicaron en sus oficinas del Puente Benton. Terminada la obra, el edificio de la Zona Río albergará las unidades de Investigación,  áreas de Control de Procesos y Averiguaciones Previas, con un espacio especial para Informática, destinado a conectar tecnológicamente todos los edificios de la PGJE bajacaliforniana.

Plantada

Quienes de plano ya están ignorando a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, son los tres consejeros ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Estado. Los dos priistas, Carlos Jiménez y Andrés Garza, y el panista Gilberto González Solís, decidieron no acudir cuando, posterior al Grito de Independencia, correspondió al Poder Judicial el honor de izar la Bandera Mexicana. La presidenta María Esther Rentería llegó acompañada de sus incondicionales magistrados, y hasta ahí. Los consejeros ciudadanos de la Judicatura se quejan que la abogada Rentería quiere controlarlos hasta en las decisiones que de manera individual y ciudadana, deben tomar. Ni hablar que no pueden gastar un peso -como entidad administradora que es la Judicatura- sin que la colegiada lo apruebe. Por eso mejor decidieron hacerle el feo, o el frío; o dejarla sola, pues.

Constituciones

Es una reluciente edición -como dicen los militares- en azul zeta. 288 páginas completan el texto impreso en los talleres gráficos de la Cámara de Diputados. Es la última edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de agosto de 2012 y elaborada por la LXI Legislatura -la anterior a la actual-, y pagada (obvio) con recursos de los mexicanos todos. Peeero, la Constitución no fue repartida en Tijuana, específicamente en el Noveno Distrito y por el panista Ricardo Esparza, a electores de esa demarcación electoral. Por supuesto, la entrega fue a nombre de Óscar Arce Paniagua, quien segurito y cuando fue presidente de la Comisión Permanente del Congreso, mandó a hacer los libros. Hoy, como ex, los reparte con fines electoreros en secciones panistas. Recuerde Usted que el ex, quiere ser candidato a gobernador, no le aunque que se acabe los ahorritos que hizo en la Cámara, así sean en especie y en constituciones. Por cierto, la Carta Magna viene firmada por Arce y sus saludos. Uff.

Refutan amparo

“Contrario a lo concluido por el juez de amparo, existen pruebas fehacientes para acreditar la probable responsabilidad penal de Juan Sillas por el delito de delincuencia organizada”, respondió el Ministerio Público Federal al inculpado narcotraficante  y a su representante, Eleazar Bernal Beltrán, en el recurso de revisión que presentó en respuesta al amparo que les había sido otorgado. La fiscalía federal presentó como elementos de prueba el secuestro, investigación y rescate de un hombre privado de la libertad el 30 de diciembre de 2010. Con declaraciones de policías y secuestradores, expusieron que se dan los requerimientos de jerarquía, con Sillas a la cabeza, división de funciones y la existencia de una organización demostrada. En cuanto al señalamiento de que el juez estuvo más allá de sus posibilidades jurídicas, el contrargumento fue: “Un juez no puede variar los hechos cuando no hubieran sido señalados por el Ministerio Público”, pero la actividad criminal organizada sí fue señalada en el expediente, y “los jueces pueden ampliarse en sus estudios para dictar resoluciones apegadas a la verdad”.