Director ignora a Cabildo

Regidor Ruvalcaba: “…de ser necesario cese (de Sánchez Ríos), que se haga”

El de Transporte Público Municipal otorga concesiones de rutas temporales porque esperar el dictamen técnico de Cabildo “es tardado”. Trabajadores señalan más irregularidades: falsas revisiones mecánicas, inspecciones hechizas, taxis piratas y “clonación legal”  con la asignación de rutas temporales y la adjudicación a terceros de concesiones vencidas

María Isabel Mercado Juárez

Disfrazadas de temporales, el Ayuntamiento de Tijuana ha asignado rutas de transporte público sin la venia del Cabildo y desde la Dirección de Transporte Público, creando un antecedente para que concesionarios irregulares logren a futuro el amparo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los regidores de Tijuana también han sido rebasados por Bernardo Sánchez Ríos, director de Transporte, quien ha reasignado a diestra y siniestra los permisos vencidos que concesionarios no revalidaron en tiempo y forma. “No solo los cancela, sino que los asigna a otras personas sin la previa autorización del Cabildo, le hemos pedido nombres y datos de los nuevos concesionarios y se niega a proporcionárnoslos”, acusó el regidor presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, David Ruvalcaba Flores.

Para el edil, la actuación de Sánchez contraviene la Ley del Régimen Municipal y el Reglamento de Transporte Público de Tijuana, además de que solapa a transportistas que aprovechan esa coyuntura para operar irregularmente, maniatando el poder de decisión del Cabildo, que al final debe resolver entre aprobar esos permisos, o enfrentarse a los amparos que promueven en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Ante los excesos, Ruvalcaba solicita a Sindicatura que Sánchez Ríos “… sea llamado a cuentas y se le investigue hasta sus últimas consecuencias… de ser necesario su cese, que se haga, pues hay que actuar con firmeza y quien esté eludiendo al Cabildo, que asuma su responsabilidad, sin que se descarte una denuncia penal”.

Funcionarios denuncian al director

Trabajadores de base y de confianza de la Dirección de Transporte Público de Tijuana, enviaron a ZETA copia de una denuncia pública presentada al alcalde Carlos Bustamante Anchondo y a la síndico procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente. Se dicen “hartos de amenazas, hostigamiento y presiones”, y dan cuenta de una serie de irregularidades cometidas por funcionarios del círculo de confianza de Bernardo Sánchez.

Entre las anomalías señaladas, destaca la falta de revisión mecánica, sobre todo al transporte masivo. “Se revisan únicamente los que no están de acuerdo en pagar la cuota correspondiente”, indican.

Asimismo, aseguran que José Valle, jefe de Transporte de Pasajeros y Carga, y Vicente Verduzco Jiménez, jefe de Sección, se ostentan como supervisores generales y realizan labores de inspección en un vehículo particular rotulado como patrulla de la dependencia. “De esa situación ya tiene conocimiento el representante de Sindicatura en la Dirección de Transporte, Óscar Enciso Rivera, pero no ha levantado un acta de ello”, anotan los denunciantes.

Denuncian: la operación de taxis piratas continúa, afirmación que Transportistas Unidos de Tijuana, adonde pertenece Jesús Beltrán Lachica, avalan, y añaden: “La circulación de taxis clonados es más evidente en las colonias de la periferia de la ciudad, sobre todo en la Zona Este”.

La queja de los empleados llegó hace tres semanas a Sindicatura, al presidente municipal y al regidor presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, David Ruvalcaba  Flores, pero no ha habido respuesta ni investigación en el gobierno municipal.

Yolanda Enríquez de la Fuente dijo que efectuará un proceso de investigación, que ya instruyó a las direcciones de Responsabilidades y de Asuntos Internos, iniciarlo. Pero que por tratarse de una carta anónima, no puede actuar con mayor precisión y rapidez.

Dice a la fecha no ha recibido formal y directamente quejas contra de empleados o funcionarios de la Dirección Municipal de Transporte.

Adonde sí han llegado las denuncias de irregularidades, es a la Comisión de Vialidad y Transporte, donde, de acuerdo al regidor Ruvalcaba, “… se han venido recibiendo de forma reiterada quejas por parte de permisionarios de taxis en relación a supuestas reasignaciones de sus permisos”.

Si bien es cierto -aclara Ruvalcaba- la palabra reasignación no existe en la legislación local, el hecho es que las concesiones anuladas están siendo entregadas a terceros sin pasar por Cabildo, cuando el Artículo 6 del Reglamento de Transporte de Tijuana, establece que “únicamente el Cabildo será el encargado de otorgar concesiones y permisos para la explotación del servicio público de transporte”.

Hace ocho meses, al recibir la primera inconformidad, Ruvalcaba Flores requirió a Bernardo Sánchez una explicación, así como los nombres de los beneficiados con los permisos anulados; a la fecha ha enviado cinco oficios, ninguno ha sido respondido.

El regidor tiene en su poder un listado y testimonio de diez casos de permisionarios que intentaron revalidar permisos, y les dijeron que las concesiones ya no están a su nombre. Que fueron reasignadas. “Si estos ciudadanos interponen una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin duda obtendrán una resolución favorable y su permiso les será restituido, pero con ello se corre el riesgo que el tercero en discordia, al que se le asignó el permiso de otro, también se le permita operar”.

Advirtió Ruvalcaba: “En conclusión, estaríamos frente a una clonación ‘legal’ de taxis”.

Al edil le preocupa que el parque vehicular de taxis libres, de sitio o de ruta, crezca irregularmente. Sin previo estudio y por la falta de control en la dependencia que debiera imponerlo. Ante ello, Ruvalcaba integra los expedientes con los casos que le han sido expuestos. “Recopilamos el mayor número de datos para enviarlo a Sindicatura, con copia al presidente municipal, Carlos Bustamante”.

La Comisión de Vialidad y Transporte exigirá una investigación a fondo, “que se dé a conocer en qué fecha y a quiénes fueron reasignados los permisos, y quién o quiénes fueron los encargados de tan dudosos trámites, para ejercer las medidas administrativas sancionadoras a quienes resulten responsables”.

Si se comprueba responsabilidad de los funcionarios de Transporte, el cese será la única solución admisible, considera Ruvalcaba. “Se debe actuar con firmeza, no con tibieza, para atajar el problema de raíz”.

Otra de las anomalías que deberán ser sujetas a análisis por parte del Consejo Municipal de Transporte, es la operación sin permiso y solo con amparos de algunas líneas de transporte de personal, “esos concesionarios no renovaron y se encuentran amparados desde hace varios años y operan en forma independiente, hasta elaboran sus propias rutas, cuando la potestad del manejo del transporte es del ayuntamiento”, precisó el regidor, quien ha detectado tres rutas irregulares -otorgadas sin autorización de Cabildo- todas hacia la Zona Este.

“En lo que va de la administración se han aprobado doce ampliaciones de ruta, y si bien es cierto se ocupan otras más, éstas deben autorizarse previo estudio de por medio, sujetas a un riguroso análisis, porque de lo contrario propiciamos conflictos entre el mismo gremio transportista”, reclamó Ruvalcaba, quien también documenta el caso de la operación de rutas inconclusas: transportistas que obligan al usuario a transbordar, “que se exija al transportista otorgar el servicio completo, so pena de ser amonestado”.

Dirección de Transporte: agravios gratuitos

“En la Dirección de Transporte se manejan intereses muy fuertes. Cuando se toma resolución que no beneficia a algunas empresas o permisionarios, surgen agravios gratuitos, porque en este negocio, cada sí o cada no, representa eso”, expresó Bernardo Sánchez Ríos para justificar las irregularidades denunciadas por sus empleados y las documentadas por el regidor David Ruvalcaba.

El colaborador de Bustamante negó que en esa dependencia exista ese tipo de anomalías: “Se acabaron los taxis clonados en Tijuana, ya no existen”. Ponderó que el operativo efectuado hace seis meses, puso fin a ese problema; pero al preguntarle el número de unidades detectadas y retenidas, su respuesta fue imprecisa: “No sé, no llevamos una contabilidad así, pero fueron bastantes, muchos se retiraron sin necesidad de que los detuviéramos, cuando supieron que había una campaña contra ellos”.

Informó que no hubo seguimiento legal contra concesionarios piratas, pues para él no es necesario: “Nosotros somos la autoridad de Transporte, nosotros detenemos las unidades, las encerramos”.

De las concesiones suspendidas, dijo que la baja se da automáticamente, conforme a la Ley y Reglamento de Transporte: “Es responsabilidad del permisionario revalidar en tiempo y forma”, y negó la reasignación.

Sobre los permisos temporales a transporte masivo de pasaje, reconoció haber otorgado tres en 2012, atendiendo “una necesidad de transporte que hay que cubrir, se otorgan permisos temporales para darle el servicio a la gente y no esperar un dictamen técnico para que el Cabildo resuelva, lo cual es tardado.

“Nosotros no damos rutas ni concesiones, eso lo hace exclusivamente Cabildo, solo damos permisos temporales para cubrir necesidades específicas”, aclaró Bernardo Sánchez Ríos.

El funcionario considera las acusaciones en su contra sin fundamento, presume que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado lo auditó y solo requirió aclaraciones en temas relacionados con trámites de control vehicular.

Por último, sobre la advertencia de David Ruvalcaba, a quien asegura haberle contestado, le tiene sin cuidado: “Que turne el caso a Sindicatura si él considera que eso es lo que corresponde”.

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