El pasado de “El Dany”

Según la PGJE, tres testigos lo identifican como el asesino de Jonathan

El 24 de agosto de 2003, según expediente en manos de la Procuraduría Estatal, el entonces joven de 17 años fue indiciado, detenido y procesado por estar presuntamente implicado en el crimen del boxeador César Valencia. Se le liberó por falta de pruebas

Gerardo Zúñiga Pacheco

Daniel Sánchez Ávila “El Dany” o “El Hijo del Gobernador”, presunto responsable del crimen del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, asesinado a balazos el 4 de marzo de 2010 en el bar Las Micheladas de La Paz, arrastra un pasado que no lo condena, pero lo marcó para toda la vida.

El 24 de agosto de 2003, según expediente que obra en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el entonces joven de 17 años fue indiciado, detenido y procesado por estar presuntamente implicado en el crimen del boxeador César Valencia, registrado en la colonia Harinera de la ciudad capital.

El entonces menor de edad fue capturado por la Procuraduría Estatal  junto con Edgar Iván Rochín Magdaleno, de 16 años, y Rafael Isiordia Figueroa, de 19, acusados por el delito de homicidio. Este último, y según su declaración preparatoria, dijo que la noche del crimen estaban en una fiesta en compañía de otros amigos, cuando al interior de un local comercial se registró un altercado y comenzó una riña a golpes.

Los asistentes intervinieron, logrando calmar los ánimos hasta que posteriormente se dirigieron hacia afuera del local, donde continuó la pelea y el boxeador amateur fue atacado con un arma blanca, y asesinado afuera del salón de fiestas.

Isiordia Figueroa no recordó quién, porque andaban muy tomados, solo comentó que huyeron del lugar. De acuerdo a un parte informativo de la Comandancia contra Homicidios de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), “El Dany” fue detenido como uno de los presuntos responsables. Aunque se le liberó tres o cuatro días después por falta de pruebas, y porque en aquel entonces no existía el sistema integral de justicia especializado en adolescentes. Sin embargo, el nombre del joven quedó registrado dentro de los expedientes y antecedentes policiacos y judiciales.

Después de ese hecho sangriento, y según comentó el propio padre de “El Dany”, José Cruz Sánchez Astorga, fue enviado a Vancouver, Canadá, como parte de un intercambio escolar, donde pasó entre cinco y seis meses.

Hoy por hoy, y a la vuelta de nueve años, Daniel Sánchez Ávila es nuevamente implicado en un crimen, solo que en esta ocasión se le acusa de ser el presunto autor material del homicidio del joven Jonathan Hernández Ascencio.

Las investigaciones

Sobre el caso Jonathan, y en el capítulo más reciente hasta el cierre de esta edición, los tres testigos que de manera directa señalaron a “El Dany” como la persona responsable de haber disparado contra el joven abogado, ratificaron su declaración y testimonio en una confrontación física con el presunto autor material, según confirmaron a ZETA los investigadores de la Procuraduría.

Después de dos años, los testigos fueron llevados a observar detrás de un cristal polarizado a cinco hombres con la misma apariencia física, altura, color de piel y complexión, y vestidos -todos iguales- con playera tipo polo, pantalón de mezclilla y gorra color verde olivo.

Los cinco individuos  fueron puestos de frente, de espalda, de perfil derecho y de perfil izquierdo, y cuando  los testigos fueron pasando uno a uno a observarlos, sin dudarlo señalaron a Daniel Sánchez Ávila como la persona que disparó el arma la madrugada del 4 de marzo en contra de Jonathan, Daniel y Héctor, de apellidos Hernández Ascencio. “Es él”, dijeron en la confrontación física.

Los testimonios son hasta ahora la prueba más firme para la PGJE en contra del también conocido como “El Hijo del Gobernador”. La primera vez que su nombre figuró en el expediente del crimen fue el 12 de marzo de 2010, cuando agentes de la Comandancia contra Homicidios de la Policía Ministerial del Estado, y una vez cerrando su investigación, entregaron el parte informativo, bajo el número de oficio 2132/2010, al entonces fiscal especial del Caso Jonathan, Francisco Álvarez Marrón.

Lo que procedía –y así lo explicaron los investigadores del caso- es que debió haber abierto una línea de investigación e integrarla a la Averiguación Previa LPZ/010/HOM/2010.

Sin embargo, Álvarez Marrón se negó tajantemente a recibir el parte informativo, cuya copia fue entregada a Irineo Martínez Ordaz y Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex director de la Policía Ministerial del Estado y ex titular de la PGJE, porque según argumentó el fiscal, tumbarían su investigación y ya la tenía bastante avanzada; derivando que a la par de la investigación del crimen, todos los ex funcionarios relacionados al caso hayan sido integrados a un proceso penal, bajo el número de Averiguación Previa LPZ/013/HOM/2011, por haber torcido la investigación.

En la investigación del fiscal especial del Caso Jonathan, se contó con la participación de tres agentes del Ministerio Público del Fuero Común, identificados como Adrián Flores Canett, Guadalupe Higuera y otro de apellido López Rodríguez.

De hecho, y según los investigadores del caso, el nombre del joven actualmente arraigado por la PGJE, nunca estuvo ajeno a la investigación, solo que no figuró hasta ahora por “el mal manejo que tuvo la investigación”.

Sin embargo, una semana después del crimen, el 12 de marzo de 2010, y según el oficio 2132/2010, los agentes ya lo ubicaban como la persona responsable de haber disparado el arma en contra del joven abogado, y textualmente transcribieron el nombre de Daniel Sánchez Ávila, con domicilio en Manuel Encinas número 1037, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Licenciado Verdad, Colonia Centro de La Paz.

Las contradicciones

En la última semana, la familia de “El Dany”, principalmente el padre, de nombre José Cruz Sánchez Astorga, ha pretendido deslindar de toda responsabilidad del atroz crimen a su hijo, incluso lo maneja como un “chivo expiatorio” de la PGJE; y en su afán de defenderlo sobre lo ocurrido la noche del asesinato y del perfil que del joven se maneja, ha caído en una serie de contradicciones que a continuación se enumeran:

1. En un desplegado a la opinión pública, primero dijo que Daniel nunca había estado esa noche en el bar Las Micheladas; después reconoció que sí estuvo ahí.

2. En entrevista con ZETA, expuso que su hijo era empleado de la compañía Baja Tigers, y después, en otro medio dijo que era socio de una empresa que vende gorras, carteras y cinturones.

3. Ante este Semanario, sostuvo que su hijo no tenía carro e incluso no sabía manejar, sin embargo, en una investigación de ZETA se descubrió que el 3 de marzo de 2012 tramitó y consiguió la licencia de automovilista número 211548,  donde registró el tipo de sangre O RH +.

4. Lo más notorio es la versión de que su hijo estaba en estado de ebriedad la noche del crimen, incluso señaló: “Se lo llevaron cargando porque iba demasiado borracho”. Sin embargo, en el expediente figuran los testimonios de tres de sus amigos que esa noche andaban con él en Las Micheladas, y nunca refirieron tal hecho.

Contradictoriamente a lo expuesto por su padre y hermano, de nombre Alejandro, Eunice López Huerta, una estilista conocida como “Nichi”, expuso que esa noche conoció a “El Dany”, quien se presentó -y así lo dijo textualmente- como “Daniel Salgado”, quien estaba acompañado de Jesús Rivas y Manuel Reséndez.

La mujer, de entonces 24 años, detalló a la PGJE que el 3 de marzo de 2010 llegó al bar aproximadamente a las nueve de la noche, donde estuvo viendo un partido de futbol en la planta alta, en compañía de su amiga Michell Cota, y hasta que ya se iba de madrugada, descendió a la planta baja, donde se encontró a sus amigos Manuel y Jesús, quienes le presentaron a “El Dany” y otras tres personas más que “lucían bien”.

La testigo comentó que ella se retiró y ahí se quedaron, hasta que después se enteró del crimen.

Politizan el caso

Como era de esperarse, y después de casi tres semanas de arraigo del presunto responsable del crimen de Jonathan Hernández Ascencio, no solo los padres del acusado han politizado el caso, sino también partidos y hasta diputados.

El caso más reciente ocurrió el 19 de septiembre, cuando los diputados del PRI, Omar Zavala y Juan Alberto Alvarado Valdivia, se presentaron a la casa de arraigo de la PGJE y pretendieron ingresar al lugar.

Los guardias negaron el acceso, argumentando  que tenían que hacer el respectivo trámite en la Procuraduría Estatal, al existir un protocolo de seguridad a seguir para visitar las instalaciones.

Pero no solo los legisladores se han parado por el lugar. El 15 de septiembre, padres y familiares de Daniel Sánchez Ávila hicieron una manifestación afuera, exigiendo que el joven fuera sacado del lugar y llevado a otro sitio porque “estaba muy deteriorado” y “los ocupantes vivían en condiciones infrahumanas”.

Los familiares del joven arraigado no quitaron el dedo del renglón, y el 19 de septiembre fueron al palacio del Poder Legislativo a solicitar a diputados que clausuraran la casa de arraigo de la PGJE, ya que desde su punto de vista, “estaban ahí estaba en contra de su propia voluntad y retenidos ilegalmente”.

Las acusaciones de los familiares generaron una réplica del titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, quien advirtió que no cedería a presiones, “como sucedió en el pasado”, además de que las investigaciones llegarían hasta sus ultimas consecuencias.

El procurador señaló que la figura de arraigo está dentro del marco legal, y contemplada en el Código de Procedimientos Penales. En caso de cualquier modificación, correspondería al Poder Legislativo tomarla.

El abogado del Estado comentó que la casa de arraigo opera en condiciones normales y no trabaja fuera de la Ley, ni tampoco a capricho de alguna autoridad. “La medida de arraigo es limitativa de la libertad, dictada y decretada por un juez a solicitud del Agente del Ministerio Publico en el caso de delitos graves, cuando haya temor fundado de que el inculpado pueda evadir la acción de la justicia, y la averiguación previa no esté terminada antes de que pueda ejercerse acción penal”, subrayó.

Arreola Leal expuso que dentro del llamado Centro de Ejecución y Medidas Cautelares, las personas reciben tres alimentos al día, atención médica y, cuando es necesario y una vez haciendo los trámites correspondientes, la visita legalmente autorizada.

Asimismo, que las personas arraigadas cuentan con servicios sanitarios para cubrir necesidades fisiológicas y de higiene personal, e inclusive disponen de una cancha de basquetbol.

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