57 mujeres asesinadas

No aplican delito de  feminicidios

Mensualmente se cometen 6 ó 7 homicidios en contra de niñas o adultas en Baja California. Tijuana tiene el mayor registro de asesinatos, 39 en 2011 y 30 en lo que va del año 2012. La PGJE justifica el incremento muertes violentas de féminas por su integración como delincuentes  al  crimen organizado a partir de 2008,  y  niega existencia de violencia de género

Rosario Mosso Castro

Sergio Haro Cordero

La primera semana de septiembre de 2012, una mujer residente del Poblado Guadalupe Victoria en Mexicali, fue salvajemente agredida, incluso un testigo dijo haber visto cuando el agresor –Juan Carlos López Robles de 25 años– golpeaba con un barrote el bulto envuelto en una cobija, el cuerpo de la mujer de 46 años fue arrojado a un despoblado cuando el criminal creyó que estaba muerta, pero sobrevivió y dijo haber sido violada, posteriormente se desdijo y le otorgó el perdón.

La “explicación” oficial fue que ella era casada y con la acusación de violación buscó encubrir el adulterio. “Vergüenza le debería de dar, le andaba poniendo el cuerno al marido”, expuso la Subprocuradora de Zona en Mexicali María Elena Andrade.

Pero eso no justifica la golpiza, le contra argumentó ZETA, y la funcionaria respondió: “Claro que no, pero que no diga que la violaron”.

La fémina sobrevivió porque hubo un testigo inesperado que pidió ayuda, pero la funcionaria explicó que el joven quedó libre porque consignaron el delito como “lesiones, y no homicidio en grado de tentativa” y en el delito de violación que se persigue de oficio, Andrade explicó que de no haberse otorgado el perdón, el joven agresor ya estaría ante un Juez de Garantías.

En el caso de Anahí, la menor de 16 años asesinada en Rosarito el 1 de septiembre de 2012, los paramédicos de la Cruz Roja consideraron en un primer reporte la posibilidad de que hubiera sido violada, sin embargo el delito fue retirado del expediente, porque a decir del Subprocurador contra la delincuencia organizada, Abel Galván, “…la joven tenía una vida sexual activa y no se podía determinar la violación”, como si un ataque sexual no presentara lesiones específicas.

Aunque oficialmente lo nieguen, en la fiscalía estatal, parecen justificar a los criminales, al presentar los apetitos o labores del tipo sexual de las víctimas, como argumento que “explica” sus asesinatos, secuestros o desapariciones forzadas, como si fueran culpables. Porque ésta es la tesis con la que rechazan la existencia de feminicidios en la región.

 Unos ejemplos:

-La probable venta de favores sexuales –el día del homicidio no se consumó como lo habían acordado, esto conforme solo al dicho de una amiga quien aseguró sería la segunda vez que la víctima aceptaba la propuesta del victimario– de parte de Anahí a su presunto homicida, Javier Hernández García propietario de una vagoneta Voyager guinda.

-El “trabajo como acompañantes” desempeñado por las jóvenes Ixcheal Leilany Domínguez y Cristi Alejandra Uribe Ortiz, asesinadas el 4 de septiembre en Ensenada, donde los presuntos responsables son dos muchachos que las llevaron de paseo a un rancho, de los cuales uno ya esta plenamente identificado.

-La aparente relación sentimental con un traficante identificado como Diego “El Poblano” de la joven Zulema C. H. desparecida en la Unidad Deportiva Tijuana la última semana de enero de 2012. Así como su lucha  legal por la patria potestad de su hijo con el hermano del ex ministerial Darío Castro Peralta, ligado por dos testigos protegidos al grupo de Raydel López Uriarte “El Muletas”. O sus relaciones amistosas con miembros del grupo criminal encabezado por un joven identificado como Luis “El Güero”, jefe del grupo criminal capturado por la Policía Estatal Preventiva el 21 de marzo de 2012 en un triple operativo en la colonia Villafloresta, donde 8 traficantes fueron detenidos y decomisadas armas y 38.9 kilos de mariguana.

Con todos estos sospechosos, la Procuraduría no registra avances, salvo el hecho de que después de ocho meses, tomaron la decisión de transferir el expediente del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Capea) a la Unidad Antisecuestros.

“Ahorita afortunadamente no hay secuestros en el estado y el grupo tiene que estar activo, y lo aprovechamos en este tipo de investigaciones, porque vamos a tocar puertas donde va a salir gente dedicada a este asunto”, explicó el subprocurador contra la delincuencia organizada, Abel Galván.

De los antecedentes de las mujeres asesinadas, la licenciada María Elena Andrade repitió lo que ha dicho el Procurador Rommel Moreno, que en muchos de los expedientes, ha sido por involucramiento en narcotráfico, narcomenudeo y donde la muerte no es exactamente por cuestión de género sino por la actividad ilícita a la que se dedican.

A la pregunta directa respecto a la constante en la procuraduría de exponer como argumento el “prestigio de la víctima” como si fuera un “se lo buscaron” el procurador Moreno Manjarrez respondió:

“Debemos partir que nosotros no somos el Estado mexicano, hay una serie de instancias que también están obligadas a tener este propósito con nosotros, énfasis en fuero común pero le corresponde a otras autoridades compartir con nosotros en el tema de personas desaparecidas o asesinadas”.

Intentó explicar que los argumentos no eran contra las víctimas sino para exponer que otras instancias como la PGR que deberían apoyar o trabajar coordinadamente, no lo están haciendo. “Desde hace tres años, pareciera que delitos como el homicidio hubiera sido eliminado del Código Penal Federal, no han atraído nada”.

Sin embargo es precisamente este desinterés, lo que resulta en ocasiones en la mala integración de expedientes. Como muestra, vale recordar; la liberación del militar Manuel Ponce, quien torturó y asesinó con saña a una meretriz de 22 años, madre de tres hijos, el  21 de mayo de 2008 en San Felipe, Mexicali: y la desestimación de algunas pruebas donde no se siguió el protocolo o hubo errores de procedimiento en el expediente por el asesinato de la profesora Alexandra Martínez, donde el presunto responsable capturado es el novio.

El baile de los números

Conforme a cifras otorgadas a ZETA en distintos períodos, entre el año 2000 y el 2004 un total de 191 mujeres fueron asesinadas dolosamente, a razón de 48 homicidios en el año.

Según registros y estudios comparativos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los años 2008 y 2010, Baja California ocupa el segundo lugar en tasa de defunciones violentas femeninas. Lo más grave, la mayoría en la impunidad porque se desconoce el móvil y el perpetrador.

Durante los años 2009 y 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), señaló negativamente a la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California por negar o limitar información de este tema, rechazó que los cientos de muertes violentas mostraran una situación de feminicidios, además aseguraban que el 60 por ciento de los casos estaban determinados o resueltos.

Además informaron que conforme a los datos a disposición del año 2002 al 2010, los asesinatos de mujeres, menores y adultas era mayor a las 330 víctimas: 248 entre 2002 y 2008; y 45 solo en el primer semestre de 2009.

Al respecto, el Procurador del Estado Rommel Moreno Manjarrez y el subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Abel Galván negaron que Baja California esté en el segundo lugar y refirieron que las cifras del INEGI son imprecisas porque no consideran factores importantes.

“Ellos son expertos en materia de población, pero el tema de procuración no tienen todavía toda la información, tiene que trabajar en dos vertientes porque hay estados con dos sistema acusatorio que tiene indicadores distintos al sistema tradicional, no pueden comparar cuando no son iguales.

“Para que tengan una idea de lo que sucede, el ejemplo es Ensenada donde existe percepción del incremento en este tipo de violencia, de enero al 19 de septiembre de 2012 se dieron en total 37 homicidios en total, de las cuales 10 han sido mujeres incluida una menor, 4 casos ya están resueltos, uno se turnó a la federación por incompetencia, y 5 siguen en investigación, de los cuales, 4 están involucrados con delincuencia organizada. No es ni un tercio y además con un alto porcentaje de resueltos. Tampoco se dispararon los homicidios, porque el año pasado en los mismos meses hubo 31 homicidios en total”, defendió Moreno Manjarrez.

Después, los números de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada: en 2011 en Baja California se cometieron 719 asesinatos, 73 (10.15 por ciento) en contra de mujeres, de los cuales 30 estuvieron relacionados con delitos contra la salud; en lo que va de 2012, de los 414 homicidios registrados, 57 (13.76 por ciento) la víctima fue mujer, 24 relacionados con delitos contra la salud.

En Mexicali van 15 asesinadas, pero la mayor cifra está en Tijuana con 39  mujeres muertas en 2011 y 30 en lo que va del 2012, 14 relacionadas en delitos contra la salud. “Además traemos el 40 por ciento de casos resueltos, ésa es nuestra efectividad”, refirió el Subprocurador Abel Galván quien explicó que las otras muertes de féminas se relacionan violencia intrafamiliar y robos agravados.

En CAPEA, en el estado durante el año 2011 hubo 1 mil 116 desaparecidos, se esclarecieron 989 asuntos, de los cuales 555 fueron casos de mujeres; hasta el 19 de septiembre de 2012, se lleva registro de 955 desapariciones, 813 expedientes se han agotado, de los cuales 464 expedientes corresponden a féminas.

Mujeres en el crimen

“Cuando nosotros hablamos de la cantidad de mujeres operando activamente en el narcotráfico, es cualitativamente muy diferente a otros estados de la República, porque eso no nos pueden comparar, la dinámica de la delincuencia organizada está trastocada de forma diferente. La participación de las mujeres se incrementó desde 2008 y 2010, y esto se refleja en las consignaciones de mujeres. Tenemos su participación en homicidios que no teníamos en 2004”, explicó y justificó el Procurador Moreno.

En cuanto a mujeres asesinadas “…tenemos un porcentaje similar el año pasado, que sí, son violentadas, pero ese índice corresponde a esas personas participando en el crimen organizado (40 por ciento). Lo que queremos dejar claro es que no se trata de violencia de que estén tratando de acabar con el género femenino”, completó el Subprocurador Galván.

A pesar de las declaraciones oficiales, y señalamientos en diversos expedientes, hasta ahora, solo una mujer ha sido señalada por las investigaciones ministeriales como cabeza de un grupo criminal, incluida en diversas indagatorias en 2010 y 2011, Lucero González Peña “La Burro”, presuntamente al servicio de Alfonso Arteaga “El Aquiles”.

“Pero hemos detectado mujeres involucradas en el 40 ó 50 por ciento de los casos que se investigan, varias como vendedores de droga al menudeo. Traen los globitos en las pantaletas para que no se les detecten en las revisiones”.

Conforme a las estadísticas la mayoría de las mujeres son asesinadas con asfixia por sofocación, degolladas o disparo de arma corta.

Reforma feminicidio

Baja California era de los pocos estados que seguía sin incluir el feminicidio en su código penal, pese a que existía una petición formal de una comisión especial del Congreso de la Unión desde 2007. En junio de 2012, los diputados locales aprobaron la reforma para incluirlo en el artículo 129 como delito.  En agosto, el procurador Rommel Moreno expuso que existían serios problemas para su aplicación y debía “adecuarse” la reforma.

Durante estos tres meses no se ha aplicado, mientras diputados y funcionarios de la PGJE trabajan en los cambios de manera conjunta. Para empezar le dieron la misma pena máxima de 50 años que un homicidio calificado, pero están incorporando “elementos subjetivos, difíciles de acreditar” según la procuraduría, como la amenazas y acoso.

“Además es anticonstitucional porque no trata igual a la mujer y al hombre”, reiteró Moreno Manjarrez quien señaló que la contrapropuesta de la Procuraduría es el establecimiento de Unidades de Violencia contra la Mujer con personal capacitado para atender todos los delitos cometidos en contra de este género.

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