Armas sin control

By Edicion 2009 On octubre 1, 2012

En Texas, los principales proveedores

A pesar del descenso en los índices de homicidios, el tráfico de armas hacia Baja California no cesa. Las pruebas periciales las relacionan cada vez menos con otros crímenes cometidos en el estado, pero no hay manera de saber si han sido utilizadas en otras partes de México o en Estados Unidos, al no existir protocolos para compartir información con los gobiernos federales de ambos países

Luis Alonso Pérez

La artillería y las municiones llegan a Baja California por dos vías: por “contrabando hormiga”, a través de las garitas de California, escondidas en automóviles o en el equipaje de peatones, y en mayor cantidad de otros estados del país, principalmente los colindantes con Texas.

A medida que cambia la operatividad de los criminales, éstos modifican sus armas. Ahora utilizan armas cortas, fáciles de esconder, pero casi igual de precisas y letales que las ametralladoras. Lo único que sigue igual es que en su inmensa mayoría, son compradas y traficadas desde los Estados Unidos.

Rastro truncado

Edgar Carrasco Ávila contaba con 24 años al momento de su muerte, ocurrida la noche del martes 25 de septiembre. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta frente a la casa número 166 de la calle Donato Guerra, en la colonia Obrera de Tijuana.

En el interior del domicilio se encontraron 54 “ladrillos” de marihuana, algunos envueltos con cinta adhesiva roja, otros en plástico transparente. También se hallaron dos bolsas pequeñas con hierba, listas para venderse a granel.

Los análisis periciales realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a los casquillos encontrados en la escena del crimen, determinaron que el arma había sido utilizada en dos ocasiones: el 23 de septiembre, en contra de Ernesto Julián Martínez, de 27 años de edad, en la zona de Los Pinos. También se relaciona con los homicidios de Manuel Montes Morán, de 34 años, e Irineo Torres Mendoza, de 26, acontecido el 16 de agosto en la colonia Mariano Matamoros.

Por las características de los homicidios, la Fiscalía lo catalogó como un posible caso más de narcomenudeo, otro delito del fuero común.

Hasta ahí llegó el rastreo de esa pistola y de todas las armas decomisadas en Baja California, por lo que no se puede determinar si fue utilizada en otras ocasiones fuera de la entidad, ya que el sistema informático que analiza y registra las armas y casquillos decomisados, no está enlazado a nivel nacional, lo que impide a investigadores estatales identificar posibles nexos entre grupos criminales, más allá de sus límites territoriales.

Tampoco les permite trazar posibles rutas de tráfico de artillería y municiones, menos aún, fincar cargos de tráfico a detenidos en posesión de armas, aunque se presuma que su intención era comercializarlas.

Lo mismo sucede en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), que a pesar de su carácter federal, no mantiene un protocolo de intercambio de información de los análisis periciales de las armas con delegaciones de otros estados, ni con la central en el Distrito Federal.

La delegación de PGR de Baja California tampoco comparte esa información con el gobierno de Estados Unidos ni con sus contrapartes en el vecino Estado de California, “solo se hace a nivel central”, aclaró el delegado Rafael González Cervantes.

Agregó que las ocasiones en que se han rastreado armas utilizadas en Baja California con su punto de venta en Estados Unidos, han sido por indagaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la cual también pertenece a PGR, “pero ellos se manejan aparte”, sostuvo el entrevistado.

“Muchas veces SIEDO comparte información con la Procuraduría de Justicia del Estado, con lo que es la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada” precisó.

Según reportes de la PGR Baja California, el decomiso de armas a nivel estatal ha aumentado constantemente en un periodo de seis años, sin embargo, ese incremento se ha mantenido estable durante los últimos tres. En 2006 fueron decomisadas 1 mil 379 armas; en 2007 esa cantidad bajó a 1 mil 238, pero experimentó un repunte en 2008, año en que se decomisaron 2 mil 307. A partir de 2009, esa cifra comenzó a descender, al decomisarse 2 mil 151; en 2010 se incautaron 2 mil 102 armas, así como 2 mil 134 el año pasado.

Lo contrastante, es el drástico descenso en el número homicidios cometidos en Baja California. De 853 durante 2008, a 673 en 2011. Cuestionado sobre este fenómeno, el delegado de la PGR expuso que no son factores que se puedan relacionar directamente, es decir, un mayor número de armas circulando no significa que debe haber más asesinatos.

Cambia el crimen, cambian las armas

Uno de los motivos del descenso en el índice de homicidios en Baja California, particularmente en Tijuana, es que los propios delincuentes han cambiado su forma de operar, conforme a las hipótesis sostenidas por las autoridades del Consejo Estatal de Seguridad.

En 2008, un importante número de asesinatos fueron cometidos con armas largas, especialmente rifles AK-47, AR-15 y sus variantes; ahora predominan las pistolas calibre .40 y 38, explicó la doctora María Guadalupe Licea Castellanos, directora de Servicios Periciales de la PGJE.

“A lo mejor porque es muy visible traer un arma larga y es más fácil ocultar un arma corta”, detalló la doctora Licea, quien dirige a un equipo de 223 peritos en el estado.

“Años atrás encontrábamos desde 100 o 200, casquillos hasta 1 mil 600 o 1 mil 800 casquillos en una escena del crimen, ahora estamos encontrando dos o tres” precisó, para añadir que las distancias desde las que se dispara son cada vez menores, “esto nos está hablando tal vez de gente más experta para el manejo de arma corta”.

Comparado con años de mayor violencia como 2008 y 2009, las armas y casquillos decomisados por la PGJE y analizados en laboratorios periciales, cada vez tienen menos relación con otros hechos violentos.

“Si no nos dan antecedentes, lo más probable es que esas armas sean nuevas”, precisó Licea.

La titular de Servicios Periciales adelantó que será en los próximos meses cuando se implemente a nivel nacional el sistema de rastreo de armas conocido como E-Trace, que permitirá determinar el origen, proveedores y puntos de venta de las armas decomisadas en todo el país.

La implementación fue anunciada desde noviembre de 2011 por la procuradora general de la República, Marisela Morales, durante la vigésimo sexta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En este acto, Morales reveló que desde 2010, México tiene acceso al sistema E-Trace de Estados Unidos, lo que ha permitido a la PGR conocer qué personas están vinculadas al envío de armas al país. Casi dos años han pasado, y el sistema sigue en etapa en planeación.

Las rutas de tráfico

Debido a que las armas incautadas en Baja California aún no son rastreadas a su punto venta, solo se puede especular sobre la manera en que son traficadas hacia la entidad.

Una de las hipótesis establecidas por la delegación de PGR y la milicia, es que en parte llegan por “contrabando hormiga” desde California.

“Muchos de los asuntos donde se logra seguirle alguna pista a las armas, es porque la mayoría de las personas detenidas nos refiere que tiene un primo, un vecino o algún amigo que trabaja en Estados Unidos, y que cuando vino se trajo en ‘operación hormiga’ el arma guardada, y se la regaló o se la vendió” explicó el delegado Rafael González Cervantes.

Tal ingreso de armas es mínimo comparado con el trasiego que se efectúa en otros estados del vecino país del norte. De acuerdo con datos de rastreo de la Oficina Federal de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno estadounidense (ATF, por sus siglas en inglés) y el análisis de investigadores del Centro Johns Hopkins sobre Políticas de Armas e Investigación, los estados con las tasas más altas de exportación de armas hacia México son Arizona, Nuevo México y Texas, incluso cuatro veces más que California.

“Dichos investigadores atribuyen esto a que California tiene leyes más estrictas en materia de venta de armas que los demás estados fronterizos. California sería entonces un entorno poco atractivo para traficantes que quieren adquirir armas”, enuncia un comunicado emitido por el Centro de Políticas de Violencia, organización no lucrativa con sede en Washington, D.C. que analiza y desarrolla políticas públicas para un control más responsable de las armas de fuego.

De acuerdo con un comunicado del Buró de Crímenes Violentos de la ATF emitido en abril de 2012, de las 99 mil armas de fuego decomisadas y analizadas en México entre 2007 y 2011, más de 68 mil provienen de Estados Unidos.

Una investigación del periódico estadounidense Washington Post, publicada en diciembre de 2010, estableció que son los 12 vendedores a gran escala que abastecen de armas a los cárteles mexicanos de la droga; ocho de ellos se ubican en Texas, tres en Arizona y una en California. En los últimos seis años, la actividad de combate a los traficantes de armas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Federal de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos, ha sido mayor en Texas que en los otros tres estados de la frontera sur.

De 2006 hasta la fecha, tres casos de tráfico de armas se han llevado a juicio en Nuevo México, seis en California, 13 en Arizona y 50 en Texas.

Los resultados de esta investigación efectuada por más de un año coinciden con la información proporcionada por autoridades militares a ZETA: el mayor ingreso de armas a Baja California se ha detectado en los retenes de Sonora, y posiblemente provienen de estados del noreste del país.

Comparación de homicidios y armas decomisadas en BC

2006-2011

Homicidios