Plan estatal de rescate financiero a municipios
Los gobiernos locales de Baja California están en crisis, y para resolverla, se busca implementar un plan -apoyado con un préstamo federal- sujeto a la implementación de una serie de medidas, entre éstas el obligado recorte de personal y el congelamiento de esas plazas desocupadas
Sergio Haro Cordero
Para evitar la parálisis de las administraciones municipales, que podría derivar en la suspensión del alumbrado público, la recolección de basura e incluso actividades de seguridad pública, el Gobierno del Estado de Baja California prepara un plan de rescate basado en lograr un crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fungiendo ésta como aval solidario, pero sujeto al pago de deuda e interés por los municipios.
El plan incluye varias medidas necesarias, como el inmediato y obligado despido de personal para adelgazar la nómina, aunque hasta el momento no se ha concluido la discusión de éste con los ayuntamientos.
Manuel Aguilar Bojórquez, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, aseguró no tener hasta el momento la cifra del monto necesario para aliviar las finanzas municipales ni el número de empleados municipales susceptibles a ser despedidos, ya que esa información se analizará con los representantes de los ayuntamientos de Baja California.
En el caso de Mexicali, el propio alcalde Francisco Pérez Tejada ha adelantado que despedirán a 250 trabajadores -la mitad de base y la otra de confianza- y estimó la cifra necesaria para el rescate financiero en 500 millones de pesos; aunque como medida paralela, busca el adelanto de las participaciones federales.
El rescate
“Todo ha surgido a raíz de la situación financiera que han presentado los ayuntamientos, con excepción del municipio de Tijuana”, comenta el secretario de Finanzas del Estado, Manuel Aguilar Bojórquez, quien explica que de manera recurrente han solicitado anticipo de las participaciones federales que les corresponden en el mes para pagar sus catorcenas.
“Incluso en el mes de agosto recibimos oficio para que ya tengamos conocimiento de que necesitan adelanto para el pago del aguinaldo”, refiere el funcionario.
Ante esta situación –añade Aguilar Bojórquez- empezaron a buscar alternativas conjuntamente con la federación, para dar solución a la problemática financiera.
“Si siguen las cosas así, es muy probable que empiecen a suspenderse los tres servicios más importantes que prestan los ayuntamientos”, dice el funcionario en alusión a la recolección de basura, el alumbrado público y la seguridad pública, por la falta de gasolina para las patrullas.
Según Aguilar, ya ha sostenido reuniones con los alcaldes de Tijuana y Rosarito. El miércoles se reuniría con el tesorero de Mexicali.
Básicamente la propuesta tiene tres aristas. La primera tiene que ver con el análisis de la problemática financiera del ejercicio 2012, tratando de desmenuzar los elementos del déficit presupuestal.
El segundo punto se relaciona con las medidas necesarias a implementar para abatir el problema financiero, y en este rubro pretenden concretar por lo menos tres de ellas:
- Disminuir el gasto corriente.
- Reducir la nómina.
- Recortar el pago de pasivos.
En la parte de reducir la nómina, se busca derivarla de dos maneras: una donde se frene la contratación de nuevo personal y que las plazas que queden vacantes se congelen, lo cual tendría que ser obligadamente un acuerdo de Cabildo.
La tercera parte tiene que ver con el ejercicio 2013, bajo la presunción de que Ayuntamiento y Cabildo se comprometan a que no habrá déficit financiero en 2013.
Apoyo
La idea central es que a través de la federación -concretamente la Secretaría de Hacienda- se reciba un recurso para liquidar las plazas y anticipar el pago de pasivos, buscando así reducir el déficit.
“El recurso se recibiría con el único compromiso de pagar los intereses por el tiempo que se autorice el financiamiento”, refiere Aguilar Bojórquez en relación al préstamo que se podría otorgar.
En cuanto al monto, éstos deberán determinarse en base a pláticas con representantes de los cinco ayuntamientos.
“En el caso de Tijuana seguramente van a pedir una cantidad muy pequeña, porque su problema de flujo es para el mes de diciembre”, comenta el secretario estatal, entrevistado el miércoles 26 de septiembre al mediodía, antes de partir a la Ciudad de México. En el caso de Ensenada, aún no se ha programado la reunión.
En cuanto a las fechas, adelanta que el planteamiento dependerá de la información que les presenten. Se había calculado que el 30 de septiembre podría presentarse ante la Secretaría de Hacienda, lo que implica que hoy viernes 28 se pueda concluir con la información.
El programa tendría que ser autorizado por el Congreso, previa presentación ante la Secretaría de Hacienda. Según Aguilar, la dependencia federal estaría lista para aportar el monto que se definiera localmente.
Se insiste al funcionario sobre la cifra aproximada, pero rechaza aportar cualquier dato; y en cuanto a la mención del Ayuntamiento de Mexicali, de 450 a 500 millones, referida por el alcalde, el encargado de finanzas en Baja California aclara: “Se han estado confundiendo las cifras”.
Francisco Pérez Tejada ha hecho alusión al anticipo de participaciones federales. “Ese mecanismo significa adelantar ingresos futuros para salir adelante hoy, yo no sé si con eso va a salir adelante y ya no va a requerir el apoyo financiero”, argumenta Manuel Aguilar Bojórquez.
De igual manera, el funcionario estatal rechaza mencionar alguna cifra estimada de los posibles despidos, eso corresponde al análisis que realiza cada uno de los ayuntamientos.
“El problema que tienen los ayuntamientos es un problema estructural, su gasto de nómina representa por arriba del 80 por ciento en estos cuatro casos, y si no se resuelve la situación de fondo, el próximo año o los siguientes meses van a tener ya un problema serio. Necesitan resolver esta situación para sanear las finanzas de los ayuntamientos”.
Aguilar refiere que hace diez años la tendencia era que el 50 por ciento se fuera a nómina, ahora -aunque no oficialmente- la Secretaría de Hacienda ha determinado que el porcentaje sea entre el 50 y 60, solo como referencia. “Prácticamente todos los ayuntamientos están por arriba de ese porcentaje”, dice el funcionario estatal, quien insiste en no mencionar cualquier cifra relativa al monto del crédito financiero.
Los municipios
En el caso del Ayuntamiento de Mexicali, el alcalde Francisco Pérez Tejada ha adelantado que se pretende recortar a 250 empleados de la nómina municipal, y que buscan un apoyo financiero de 500 millones de pesos.
Pero una de las pretendidas estrategias desde el Ayuntamiento cachanilla, va en el sentido de lograr el adelanto de participaciones federales, y hasta mitad de semana, el presidente municipal dijo desconocer los detalles de la propuesta del Gobierno del Estado.
En ese marco, el Sindicato de Burócratas presentó la propuesta para revisar las condiciones generales de trabajo, solicitando 15 por ciento de aumento al salario e igual porcentaje en cuanto a prestaciones. Pérez Tejada calificó de exagerada la petición, señalando que la discusión se basaría en el 7.6 otorgado por el gobierno estatal a sus empleados.
Explicó que han tenido una serie de reuniones con funcionarios federales con el tema del posible adelanto a las participaciones, aunque aclaró que en cuanto al plan estatal de rescate, “son temas completamente distintos”.
Sobre los recursos federales, aseguró que busca concretar dos proyectos de urbanización, pero al día siguiente declaró que se pretende concretar el pago a proveedores y cubrir “todo lo retrasado”; pero en cuanto al fondo de rescate dijo: “Lo que sabemos es por medio de la prensa”. También adelantó que la idea era concretar la reunión de los cinco alcaldes con el titular de las finanzas estatales, pero sin especificar fecha.
En Tijuana tampoco se ha informado de manera oficial la implementación del Plan de Rescate, por lo que Antonio Cano, coordinador de Gabinete del XX Ayuntamiento, de manera cautelosa prefirió no especular sobre la viabilidad de su implementación en esta ciudad, limitándose a decir: “Todo lo que venga a apoyar económicamente al municipio de Tijuana es bienvenido”.
Sin embargo, la postura financiera del gobierno de Tijuana es que ya no se deben contraer más deudas, por el contrario, se deben solventar las que ya se tienen. Cano señaló que los pasivos de la ciudad son deudas contratadas con instituciones financieras, pero esos créditos se están pagando en tiempo y forma, y actualmente el Ayuntamiento de Tijuana no tiene problemas de liquidez.
El caso de Tecate es totalmente opuesto, al no tener deuda pública con bancos, sus compromisos económicos son con proveedores y acreedores, en gran medida por la falta de percepciones en impuestos.
Las autoridades de Tecate aún no han sido informadas oficialmente sobre el Plan de Rescate, indicó el tesorero Francisco Rebelín, pero aclaró que tienen conocimiento de su puesta en marcha por declaraciones del titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
Este Ayuntamiento destina el 70 por ciento de sus egresos al pago de 1 mil 146 empleados en nómina, de los cuales el 75 por ciento son sindicalizados y el 25 por ciento restante de confianza. Rebelín estima que de condicionar el rescate financiero a la reducción del costo de la nómina al 50 por ciento de los egresos municipales, sería muy difícil lograrlo sin afectar las áreas de servicio a la ciudadanía.
“Eso requeriría de toda una reingeniería de la estructura laboral y de servicios, optimizar los recursos y modernizar algunas áreas, de invertir en algunos procesos, y eso es muy difícil para el Ayuntamiento”, resumió.
De la misma manera, se tendría que implementar un esquema de retiro anticipado voluntario, mejor dicho, convencer a alrededor de 25 de los empleados de mayor antigüedad a jubilarse antes del tiempo límite. Para eso habría que efectuar un cuantioso pago a sus fondos de retiro de ISSSTECALI, monto que aún no se ha calculado a precisión.
Independientemente del programa estatal, el gobierno de Tecate ya ha comenzado una serie de recortes catorcenales al personal de confianza. En agosto de 2012 se tenían alrededor de 250 de estos funcionarios en nómina, en este periodo han despedido a 15, sobre todo del área de Parques y Jardines. Los recortes continuarán tentativamente hasta noviembre, para alcanzar un total de 60.
Francisco Rebelín aclaró que las áreas de atención al público y servicios no serán tocadas.
Para reducir el gasto corriente, se ha implementado un programa permanente de ahorro, principalmente en gasolina y papelería, resultando hasta ahora en un 15 por ciento de ahorro en combustible.
En Rosarito la situación financiera actual es grave, principalmente en su flujo corriente de capital. Se ha estimado que se necesita una inyección de aproximadamente 53 millones de pesos para cerrar el año y no recortar servicios básicos de la comunidad. En total son 409 millones de pesos en pasivos, pero la gran mayoría la constituye la deuda pública de 212 millones de pesos, más el costo de la deuda, que asciende a 348 millones. El resto son pasivos a corto plazo.
En ese municipio, el alcalde Javier Robles también emprendió desde algunos meses un plan de austeridad para reducir el gasto corriente que contempla eliminar y congelar plazas y asesores externos, reducción de sueldos, viáticos y gastos de reuniones, entre otras erogaciones.
De ser necesario reducir la plantilla del personal para que la nómina constituya la mitad del presupuesto, el tesorero Manuel Zermeño aseguró que no será muy complicado, ya que actualmente se destina alrededor del 56 por ciento.
“Es muy viable porque en Rosarito ya la administración estaba en ruta de hacer un esfuerzo interno y se habían realizado algunos trabajos al respecto para contener el gasto y salir adelante, pero por supuesto el anuncio de este plan de rescate del Gobierno del Estado es un gran respiro”, reconoció.
Ensenada es el único Ayuntamiento que rechazó el rescate financiero, así lo expresó el alcalde Enrique Pelayo Torres el 12 de septiembre.
“Yo en lo personal no he querido accesar (sic) a él, porque siento que es una situación escabrosa, difícil. No es momento ahorita también de agarrar ese fondo, desaparecer dependencias, porque el compromiso ese es de que te lo dan para que liquides un área, y esa área se cierra totalmente y no se vuelve a contratar… No me interesó el año pasado”, aceptó Pelayo.
La propuesta presentada por el Ejecutivo, agregó, es similar al programa federal. No obstante, reiteró no haber aceptado el compromiso.
A su consideración, el problema se debe a “conquistas sindicales”, las percepciones de los trabajadores han ido en aumento y el dinero es insuficiente para satisfacer el gasto corriente.
Por último, a pregunta expresa si hay manera de reducir la nómina, Enrique Pelayo respondió:
“No ha crecido, tampoco se ha reducido, aquí el problema es de que estamos en un círculo vicioso también, normalmente hay necesidad de recursos para liquidar a la gente, no hemos tenido ese recurso para sacar gente. Ese fondo que hacíamos mención al principio de la plática, es un fondo federal de la Secretaría de Hacienda que no quise utilizar porque iba a dejar también sin chamba a mucha gente”. (Con información de Luis Alonso Pérez y Ricardo Meza Godoy)
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