Gerardo Zúñiga Pacheco
Las lluvias que caen desde el mes de agosto, y que hasta el cierre de esta edición eran provocadas por el degradado huracán “Miriam”, evidenciaron los lamentables retrasos en materia de infraestructura vial, pluvial y de vivienda en Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.
Los aguaceros, que contradictoriamente han dejado grandes beneficios a la ganadería, agricultura y los mantos freáticos, han generado al momento cuantiosas pérdidas materiales en más de 10 mil viviendas por las inundaciones, sobre todo en zonas de alto riego y partes bajas.
Sin duda alguna, lo más grave es el colapso de las redes de drenaje, agua potable y la incuestionable destrucción de calles, avenidas y hasta carreteras de las principales poblaciones, construidas con pésimos materiales, de muy baja calidad.
El propio titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Salvador Pérez Ramírez, reconoció que luego de las últimas lluvias “existen calles que de plano requieren de una reconstrucción total, porque su lamentable estado no hace posible que los baches y hoyos puedan seguir tapándose temporalmente con asfalto”; determinación producto del levantamiento de un estudio sobre las vialidades más dañadas. Algunas tenían más de diez años sin ser sometidas a un programa de conservación.
Datos recabados por ZETA, y en base al citado análisis, exponen que tan solo en La Paz, el 30 por ciento de las calles tendrán que ser sometidas a una reconstrucción total, es decir, 170 kilómetros de pavimento de los 500 existentes, tendrán que ser reemplazados y colocar nuevo asfalto, que será distribuido en 37 de las principales arterias de mayor tráfico vehicular.
Asimismo, las fuertes precipitaciones exhibieron la ínfima calidad de los materiales utilizados en las obras de construcción que no aguantan una gota más de agua, sobre todo en ciudades como La Paz, Cabo San Lucas y Loreto, donde las precipitaciones casi doblaron el registro de la media nacional.
Según la jefa del Departamento del Sistema Meteorológico Nacional en Baja California Sur, Sandra Robles Gil, hasta el cierre de esta edición, el registro se basaba en cuatro fuertes aguaceros y cuatro huracanes que cayeron sobre la entidad:
- El 14, 15, 17 y 24 de agosto hubo cuatro torrenciales lluvias en La Paz, Los Cabos y Loreto.
- El 29 de agosto pasó el huracán “Ileana”.
- El 3 de septiembre arribó el huracán “John”.
- El 13 de septiembre azotó el huracán “Kristy”.
- El 25 de septiembre llegó el huracán “Miriam”.
Para la buena fortuna de los sudcalifornianos, ninguno de los ciclones golpeó directamente al estado, y las fuertes precipitaciones registradas fueron únicamente por su influencia y cercanía en su paso por el Océano Pacífico.
Las lluvias obligaron a los responsables de Protección Civil a realizar operativos de evacuación y sacar de los cauces de arroyo a la gran mayoría de las más de 13 mil familias que habitan en esas zonas, ante el temor de la llegada de aguas broncas que pudieran arrasar con las viviendas.
Durante las lluvias de los últimos días, ZETA recorrió las colonias y zonas más afectadas y de mayor riesgo en Los Cabos y La Paz, detectando viviendas evacuadas, vehículos varados y atascados, así como calles y viviendas inundadas y redes de drenajes colapsadas que por sus coladeras, expulsaban miles de litros de aguas negras que escurrían por las calles en dirección al mar, arrastrando a su paso tierra, basura, piedras y todo lo que hubiera a su alcance.
Las escenas más trágicas se vivieron en la joya de oro de Baja California Sur, Los Cabos, donde de nueva cuenta la vulnerabilidad ha sido más que evidente en las llamadas invasiones o zonas de alto riesgo, donde familias no solo se han resguardado de las lluvias, agazapadas dentro de sus endebles viviendas de materiales de re-uso como cartón, madera, lámina, lonas y desechos plásticos, sino que también han expuesto su integridad física y la de sus familias, al estar habitando dentro de los lechos de arroyos, que son el paso natural de las aguas broncas, con la venía de los gobiernos del perredista José Antonio Agúndez Montaño, y del panista Marcos Covarrubias Villaseñor.
Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado incidentes mayores, solo daños materiales que no han terminado de ser cuantificados.
La emergencia
Las precipitaciones pluviales no solamente han agarrado desprevenidos a los pobladores; también a las propias autoridades municipales y estatales.
Por ejemplo, en La Paz, el gobierno municipal de la alcaldesa priista Esthela Ponce Beltrán no tenía dinero ni para comprar asfalto, arena y chapopote para tapar los huecos de las calles, por lo que tuvieron que gestionar recursos emergentes para resolver el grave problema de las calles y avenidas de manera temporal.
El director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de La Paz, Juan de la Peña, dijo a ZETA que el gobierno tuvo que solicitar 2 millones 600 mil pesos al Consejo del Fideicomiso de Obras de infraestructura Social (FOIS), obtenidos del llamado Impuesto sobre la Nómina, a fin de empatarlos con algunos recursos propios y armar una bolsa de 5 millones de pesos, e instrumentar inmediatamente un programa de bacheo.
El funcionario agregó que en el transcurso de 2012 han tenido que aplicar poco más de 3 mil metros cúbicos de asfalto, con un valor de 6 millones 600 mil pesos. Sin embargo, reconoció que los esfuerzos no han sido suficientes, sobre todo en esta época de lluvias, ya que solo han podido colocar 100 metros cúbicos de carpeta asfáltica.
“Definitivamente la ciudad de La Paz requiere de un reencarpetado en las principales avenidas”, citó De la Peña.
Las lluvias también dejaron cientos de charcos de aguas en la mayoría de las colonias populares, afectando a los habitantes porque, aparte de complicar el paso de peatones, se han convertido en foco de infección y criadero de zancudos, moscas y los llamados bobitos que se cuentan por enjambres.
La mayoría de los daños en viviendas están catalogados como “incuantificables”, al tratarse de artículos de línea blanca, electrónica, muebles y hasta ropa de decenas de familias que prácticamente perdieron todo.
A decir de María Hernández Rosas, habitante de la invasión “Caribe Bajo” de Cabo San Lucas, la noche que perdió su patrimonio, el 13 de septiembre, estaba dormida. Empezó a llover y, como pudo, ella y su esposo se levantaron a despertar a sus tres hijos.
La madre de familia de 34 años de edad, relató a ZETA que estaba cayendo mucha agua, por lo que en medio de la lluvia, trataron de tapar con una bolsa varios huecos que tenía la lámina del techo; sin embargo, el viento volaba el plástico y terminaron por dejarlo así, y sin ofrecer mayor resistencia, no pudieron evitar que el agua cayera dentro de su casa.
Lo que hicieron fue meterse a la cocina y esperar a que pasara la lluvia: “Cuando estaba sentada en una silla, vi cómo empezó a entrar el agua por la puerta de la cocina, y por todos lados, y se empezó a inundar el lugar. Mis hijos estaban acostados en la mesa, y observé preocupada cómo subió de nivel y se hizo como un arroyo, lo que tuvimos que hacer fue romper un pedazo de la lámina de un costado para que saliera por ahí, y así estuvimos toda la noche hasta que llegó la mañana”.
Cuando la luz del día aclaraba, y todavía con lluvia, Hernández comenzó a revisar su pieza y la de sus hijos. Lo único que encontró fue todo completamente mojado. “Las camas, los romperos, los burós, los zapatos, las colchas; y por supuesto, la ropa mía, de mis hijos y de mi esposo, estaba toda empapada”, comentó.
El día que ZETA visitó su hogar, ningún aparato electrónico y de línea blanca servía. Los residentes de la vivienda traían ropa prestada de algunos familiares que fueron a verlos y se dieron cuenta que no tenían ni qué ponerse.
Pero el caso de María Hernández Rosas es solo uno de los 5 mil 600 que oficialmente fueron reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Social, como de personas que habrían sufrido daños totales en sus viviendas.
Durante un recorrido, el director de Protección Civil, Carlos Enríquez Rincón, estimó que poco más de 13 mil familias habrían sufrido daños parciales y totales en sus casas, y por lo tanto, se requería de recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para entregar materiales de construcción, láminas y cobijas.
Aunque la evaluación de daños todavía no termina, a razón de que sigue lloviendo aunque el huracán “Miriam” se debilitó, la jefa del Departamento del Sistema Meteorológico Nacional en Baja California Sur, Sandra Robles Gil, adelantó a ZETA que “una nueva zona de inestabilidad asociada a los remanentes de la onda tropical número 14, se extendía desde el Norte de Veracruz hasta el occidente de Oaxaca”, preludio del nacimiento de una nueva tormenta tropical, y por ende, un nuevo huracán que, como ha sucedido últimamente, podría subir y caminar rumbo al noroeste mexicano.
Vulnerables
Luego de cuatro aguaceros y cuatro tormentas o huracanes, la infraestructura vial, pluvial y urbana de Baja California Sur se encuentra muy frágil.
En Los Cabos, el principal problema no es la lluvia, sino las corrientes de agua que cada vez que llueve, arrastran miles de toneladas de arena que terminan por taponar y colapsar el sistema de drenaje y los cárcamos de rebombeo que sirven para transportar millones de litros de metros cúbicos de aguas negras.
La explicación que ofreció a ZETA el director de Comunicación Social del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS), Jorge Castañeda, es que “los equipos en vez de succionar agua, agarran arena, lo que truena el sistema”, causando el derrame de aguas negras por las coladeras, que escurre por todos lados y va directo al mar.
Durante las lluvias que dejó el paso del huracán “Ileana”, el organismo de agua potable dio a conocer que se colapsaron 100 pozos de agua, una planta de tratamientos de aguas negras, un subcolector y un colector, así como tres cárcamos de rebombeo en Cabo San Lucas y San José del Cabo.
Los daños estimados en una sola precipitación pluvial fueron superiores a 2 millones de pesos. El equipo se tuvo que restituir porque, aunque no deje de llover, debe estar trabajando las 24 horas para poder ofrecer el servicio a la población.
Las fuertes lluvias también han terminado por reblandecer el piso. El lunes 24 de septiembre, el derrumbe de un cerro de piedra destrozó las líneas de conducción del Acueducto I y dañó el suministro de agua potable a todo el corredor turístico y de un importante sector de Cabo San Lucas, informó Ramón Rubio Apodaca, titular de OOMSAPAS en ese destino de playa.
El alud de piedra y tierra que cayó sobre el principal distribuidor de agua potable, destrozó parte importante de tubería de asbesto a la altura de una zona conocida como “Cerro Colorado”, por lo que inmediatamente se procedió a la reparación, en virtud de que suministra a los principales hoteles de Cabo San Lucas y a los desarrollos turísticos sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas.
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