Polémica Casa de Arraigo de la PGJE

De enero al 20 de septiembre, 84 personas retenidas en ese centro

Según el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ramón Meza Verdugo, el hecho que el inmueble tenga rejas va contra la dignidad humana, pues quienes deben permanecer ahí, pasan por una medida cautelar, preventiva o precautoria, pero no han sido consignados; por lo que el lugar no debería parecer una prisión

Gerardo Zúñiga Pacheco

La primera noticia se dio el 15 de septiembre, y cuatro días después, el dilema volvió a ser la hoy famosa Casa de Arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur.

Los primeros en tocar el tema fueron los familiares de Daniel Sánchez Ávila “El Dany” o “El Hijo del Gobernador”, detenido y arraigado desde el 4 de septiembre como presunto responsable del crimen de Jonathan Hernández Ascencio; posteriormente lo hicieron los diputados priistas Juan Alberto Valdivia Alvarado y Omar Zavala Agúndez, quienes fuera de todo protocolo de seguridad, exigían entrar, conocer y supervisar por ellos mismos el sitio, supuestamente semejante a un calabozo, donde se estarían cometiendo actos ilegales en materia de derechos humanos.

Herencia del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, la Casa de Arraigo inició operaciones a principios de 2010, dentro del Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolecentes (CITA), en un espacio de aproximadamente 40 x 30 metros. Desde 2007, había sido destinado como área de observación y clasificación del CITA, donde los jóvenes de nuevo ingreso iniciaban sus estudios dentro de la penitenciaria de adolescentes.

Tal como lo exhiben fotografías obtenidas por ZETA, la Casa de Arraigo cuenta con dos áreas, para mujeres y hombres. Tiene cisternas de agua y cámaras de seguridad en cada habitación, así como áreas de uso común, como lavaderos de ropa, sanitarios, regaderas, jardinería y una cancha de basquetbol.

Pero existe un pequeño problema: cada habitación tiene rejas, lo que la asemeja a una prisión.

Según el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Ramón Meza Verdugo, el hecho que el inmueble tenga rejas va contra la dignidad humana, porque -recordó- todas las personas sujetas al arraigo atraviesan por una medida cautelar, preventiva o precautoria, y por lo tanto, deberían estar en un lugar decoroso, en tanto se resuelve su situación jurídica mientras se investiga un delito.

Desde su punto de vista, el sitio debería ser como una especie de hotel, donde los sospechosos de algún delito tengan dentro de su habitación cama, comedor, baño y un guardarropa.

Datos recabados por ZETA exponen que de enero al 20 de septiembre de 2012, 84 personas han sido arraigadas en este lugar, al ser sujetas a investigación por estar implicadas de forma directa o indirecta en delitos graves.

Sin embargo, en la CEDH únicamente se han presentado dos quejas en contra del también llamado Centro de Ejecución y Medidas Cautelares, sobre el caso del enrejado y la restricción de acceso al lugar. Por esta situación, el presidente del organismo gubernamental informó a este Semanario que actualmente trabajan en el proceso de supervisión y evaluación para emitir una recomendación a la PGJE.

En este caso, no solo la CEDH, ha intervenido: los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de Seguridad Pública de la XIII Legislatura, Juan Alberto Valdivia Alvarado y Omar Zavala Agúndez, pretendieron ingresar a la Casa de Arraigo, pero no se pudo porque, a decir del responsable de resguardar el espacio, debieron “haber enviado una solicitud por escrito a la PGJE, como parte del protocolo de seguridad que rige el lugar”.

El diputado del PRI, Juan Alberto Valdivia, de inmediato reacción y consideró que la Procuraduría debería tener más sensibilidad para que no solo legisladores, sino organismos de derechos humanos, hagan una inspección, “si no tienen nada que ocultar, entonces deben permitirnos el acceso”, planteó.

Hasta el momento, según la PGJE, el 95 por ciento de las personas sometidas a una medida cautelar han terminado por ser consignadas, y son parte de los 317 casos registrados en sus estadísticas, lo que indica que quienes fueron arraigados, ya estaban bajo investigación y fueron sujetos a este proceso por dos cosas: por sospechas de que pudieran evadir la acción de la justicia, y por  recabar pruebas para terminar de demostrar su responsabilidad en los hechos.

La herencia

En entrevista con ZETA, el titular de la PGJE de Baja California Sur, Gamill Arreola Leal, rechazó de entrada que el Centro de Ejecución y Medidas Cautelares opere en condiciones insalubres e inhumanas, ya que se destinan 120 mil pesos mensuales para mantenimiento de las instalaciones, donde se suministran artículos de limpieza, medicamentos, alimentación tres veces al día, colchonetas, cobijas y asistencia médica cuando ésta es necesaria.

El abogado del estado dijo que la Casa de Arraigo era “un desastre” cuando fue recibida como herencia del anterior sexenio. En enero de 2012 invirtieron más de 200 mil pesos en su remodelación interior, para seguridad de los habitantes y evitar una posible evasión de presuntos responsables en algún delito, los cuales temporalmente son internados y sujetos a investigación.

— ¿Han pensado en construir una nueva casa de arraigo?, se le cuestionó a Gamill Arreola.

“Por el momento no, primero porque no tenemos el presupuesto, y segundo, porque vamos a ver qué dice el Congreso ahora que se ha generado tanta polémica sobre este caso”.

— ¿Por qué esta restringido el acceso?

Por cuestiones de seguridad, si Ustedes se fijan, tenemos vigilancia porque, quienes están arraigados, son personas sujetas a una investigación por ser probables responsables de la comisión de un delito o estar relacionados, inclusive toda el área está resguardada e iluminada, y obviamente no puede entrar cualquier persona a cualquier hora nomás porque quiera, ya que entre nuestra responsabilidad, está la seguridad de quienes están arraigados y quienes pudieran ingresar al sitio”.

El procurador agregó que cada visita al sitio, debe ser bajo un protocolo de seguridad y “debidamente autorizado”, como sucede con los visitadores de la CEDH y otros organismos gubernamentales; inclusive con familiares que van a dejar libros a los detenidos, como en el reciente caso de Daniel Sánchez Ávila.

Arreola Leal negó que la Casa de Arraigo esté trabajando fuera del marco legal, porque la figura jurídica está contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, como una “medida limitativa” de la libertad que únicamente puede ser decretada por la autoridad judicial, a solicitud del Agente del Ministerio Público en el caso de los delitos graves, “siempre y cuando la Averiguación Previa no esté terminada, o haya el temor fundado de que el inculpado pueda evadir la acción de la justicia antes de que pueda ejercitarse acción penal”.

— Ése es el caso de Daniel Sánchez Ávila…, planteó ZETA.

“Así es, el Agente del Ministerio Público solicitó 30 días para terminar de recabar algunas pruebas de una investigación que ya estaba bastante avanzada, tiempo en el que dejará de tener vigencia y donde se determinará si se ejecuta la orden de aprehensión, o se resuelve el no ejercicio de la acción penal”, finalizó el procurador estatal.

La clausura

La polémica de la Casa de Arraigo ha sido tal, que hasta el Consejo Ciudadano para Atención de Víctimas del Delito solicitó el cierre definitivo, a razón de que “la Procuraduría priva de su libertad a quienes son sujetos de investigación”.

La organización representada por Arturo Rubio Ruiz, abogado con antecedentes penales por el delito de robo y procesado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en 1995, asegura que “la PGJE toma al indiciado, lo encierra  y lo incomunica”.

En un encuentro con los medios, luego de haber entregado formalmente la solicitud a diputados de la XIII Legislativa, el abogado señaló que la PGJE tiene la obligación de investigar primero, y posteriormente detener,  y aquí -dijo-“van por la cómoda: ‘detengo y luego investigo’”.

La propuesta de la cancelación de la Casa de Arraigo se debe a que “la medida cautelar no podrá darse en ese tipo de centros, sino única y exclusivamente en domicilios particulares”, precisó Rubio.

Por lo pronto, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso local, Juan Alberto Valdivia Alvarado, se comprometió a revisar el marco legal de la figura del arraigo y proponer una reforma para desaparecer esta medida cautelar del Código de Procedimientos Penales, que deberá ser revisada y analizada por el pleno.

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