Aguilar Aispuro: Asesinatos relacionados

Detenido y reinstalado

Contrario al resto de los homicidios, la Procuraduría del Estado oculta información en torno al homicidio de su ministerio público Juan Cristóbal Aguilar Aispuro. A pesar de las cámaras y más de 100 testigos, en el expediente ni siquiera han integrado la descripción física de los agresores. El mensaje principal de este asesinato al interior de la Ministerial, tiene relación con la llegada a Mexicali de sicarios que operan certeros e impunes

Investigaciones ZETA

Una de las líneas de investigación, del crimen del Agente del Ministerio Público y ex Comandante de la Policía Ministerial en Mexicali, Juan Cristóbal Aguilar Aispuro, sugiere que podría estar ligado al reciente asesinato del funcionario de la Secretaria de Seguridad Pública, Carlos León Terreros, acribillado el 5 de agosto de 2012 en una céntrica esquina del fraccionamiento Villas del Palmar, donde vivía.

A Juan Cristóbal lo balearon en un lugar aún más público, entre el mar de parroquianos que animados, jugaban en el interior del Casino Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon y ubicado en una de las esquinas más céntricas de Mexicali, Independencia y Benito Juárez. Siete balazos lo penetraron a corta distancia y desde atrás. Murió minutos después.

Trascendió que momentos antes, se había reportado a su casa para avisar que ya salía para allá.

Todavía estaba sentado frente a la máquina de juego cuando un par de sicarios, ambos enfundados en gorras beisboleras y a quienes no les importó ni la “seguridad”, ni las cámaras, ni los usuarios de la casa de juego, arribaron para darle por la espalda a Aguilar. Uno de ellos sacó un arma y le disparó a quemarropa, de manera certera.

Ahí quedaron desparramados los siete casquillos 5.7, presumiblemente de una sola pistola, tipo escuadra, automática. De inmediato se armó la confusión y los clientes del lugar buscaron huir en estampida, situación que los agresores aprovecharon para abandonar impunemente el casino.

En el exterior del estacionamiento del casino, frente a la salida sureste, los peritos localizaron en el piso tres casquillos percutidos  calibre 9 milímetros. En el interior, en las inmediaciones a la puerta de acceso, también se encontraron dos proyectiles incrustados en la herrería que resguarda un almacén, y finalmente, un orificio en la pared de la salida de emergencia en la zona este del edificio.

La información de parte de la Procuraduría, de la que Aguilar Aispuro formó parte, ha sido sumamente escueta, pero el silencio oficial solo ha propiciado que desde el interior de la misma corporación surjan versiones extraoficiales.

Una de éstas incluye el dato de un “gane” que involucró igual a León Terreros en el caso de un auto amarillo, un Camaro con un “clavo” de droga y dinero calculado en 250 mil dólares. Los tripulantes fueron detenidos con armas y el vehículo fue trasladado al corralón, pero de ahí lo sacaron policías municipales y estatales.

La otra posible tiene que ver con la reaparición en la región de Manuel Garibay Félix “El Gordo”, recientemente liberado de un penal de alta seguridad en Jalisco y que, según versiones de inteligencia, opera principalmente en la zona del Valle de Mexicali, donde ha reclutado a decenas de jóvenes veinteañeros para sus filas.

Larga historia

Juan Cristóbal Aguilar Aispuro había sido designado recientemente como Agente del Ministerio Público al área de Robos de sistema tradicional. Antes estuvo cercano a la subprocuradora de zona en Mexicali, María Elena Andrade.

Había regresado a la dependencia en 2007, tras ganar un pleito ante el Tribunal Contencioso. Al antecedente no era muy halagüeño, en aquel momento, Aguilar acababa de ser liberado después de casi cuatro años detenido en el penal de Máxima Seguridad de Almoloya de Juárez, ahora conocido como “La Palma”. Versiones de gente cercana al ministerial anotan que, encarcelado, cayó en depresión y hasta intentó suicidarse.

El 10 de abril de 2002 había sido aprehendido en Tecate, como parte de un grupo de 62 elementos policiacos entre agentes ministeriales -algunos mandos- y municipales de Tijuana y Mexicali, acusados de estar vinculados al Cártel Arellano Félix. Habían sido citados en las instalaciones del Instituto Estatal de Policía para un curso ordinario, pero salieron esposados y a bordo de camiones militares rumbo al Aeropuerto de Tijuana, con destino final a la Ciudad de México.

El contexto tenia que ver con la evidente presencia en Mexicali de un grupo dedicado al narcotráfico, encabezado por Gilberto Higuera “El Gilillo”, protegido por elementos de la Policía Municipal de Mexicali, y por agentes y mandos de la Policía Ministerial.

Desde esos tiempos había menciones de conductas anómalas de un grupo de funcionarios de la Procuraduría. La lista incluía al ex subprocurador Eduardo Villalobos, asesinado en mayo de 2005; Carlos León, abatido a balazos el mes pasado; y Juan Cristóbal Aguilar Aispuro, ultimado la noche del 2 de octubre de 2012.

Aquellas indagatorias de 2002, relacionaron a Aguilar y a todo el grupo con un personaje al que apodaban “La Tamalera” -ligado al Cártel de Sinaloa-, quien tenía su centro de operaciones en el Motel Olimpo en Mexicali.

El traficante gozaba de la impunidad para organizar reuniones en un domicilio del fraccionamiento Vista Hermosa. Ahí aparecían otros ministeriales como Nando Villegas, Bramasco, Molina y otro apodado “El Chupón”, la mayoría ya muertos o encarcelados. Luego de su regreso a las filas de la dependencia, Aguilar primero fue parte del equipo cercano a la entonces subprocuradora Cecilia Maciel, pero ante el relevo de ésta, el agente fue “heredado” a la actual titular, Elena Andrade.

Acorde a compañeros ministeriales de Aguilar, existen datos sueltos que la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada y la de Homicidios deben por lo menos investigar para deslindar  “como la posible liga del crimen con un asesinato días antes, ahí en la colonia Independencia Magisterial, donde fue localizado muerto un abogado de nombre Javier Rangel Herrera”.

El cuerpo torturado y baleado de Rangel fue localizado el 1 de octubre de 2012, en unos apartamentos de la Avenida Jiménez. La última semana de septiembre había sido detenido un ministerial en posesión de un arma larga. Conforme a testigos, los asesinos del abogado era hombres “pelones”, con camisa blanca y pantalón tipo Levi’s, quienes huyeron en un Toyota gris.

Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría -como en otros casos relacionados con sus propios elementos- parece dar palos de ciego. Abel Galván, titular de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, que incluye a Homicidios Violentos, informó que habían recabado cerca de un centenar de testimonios de testigos, empleados, clientes, gente que estuvo cerca del evento y hasta quienes estaban en el estacionamiento. Aparte han revisado las llamadas en el radio del abogado y funcionario, y analizado los videos del casino.

El funcionario de la Procuraduría explicó que se estaban examinando pericialmente los casquillos encontrados, cruzando datos no solo con la Zona Costa, sino con el vecino Estado de Sonora.

Por su parte, el visitador de Asuntos Internos, Joel Dueñas, dijo que Aguilar Aispuro había sido reinstalado tras un pleito legal que ganó ante el Tribunal Contencioso Administrativo en 2006, aclarando no tener ninguna denuncia ni queja en esa área.

Cuestionado respecto a si habría ceremonia para despedir al funcionario acribillado, y si se podía considerar que éste murió en cumplimiento de su deber, el procurador del Estado de Baja California, Rommel Moreno, respondió:

“No es necesariamente en cumplimiento de su deber porque estaba en ese momento franco, es decir, no estaba trabajando en una actividad y por eso somos muy escrupulosos. El código ético trabaja esa línea, tiene que ser una actividad concreta específica, y aquí independientemente somos muy cuidadosos, queremos ser muy prudentes y estamos investigando”.

Sobre las actividades laborales del occiso, Moreno Manjarrez aludió al “sigilo de la investigación”, pero por la labor de Aguilar en el área de Robos, “estamos derivando algunas investigaciones”. No descarta el tema de la delincuencia organizada.

Por último, en el Servicio Medico Forense se dijeron extrañados que hasta al mediodía del jueves 4 de octubre, personal de la Procuraduría no se había presentado para identificar el cadáver, tampoco familiares del funcionario abatido, pese a que habían transcurrido 24 horas de la conclusión de la revisión médico-forense.

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