No hay detenidos ni sospechosos; PGJE nada informa
El homicidio sin resolver y la droga hallada en casa del consuegro del alcalde Enrique Pelayo Torres, además de la detección de nuevos plantíos de marihuana, se suman a la lista de problemas que abonan a los índices de inseguridad en Ensenada
Ricardo Meza Godoy
Han transcurrido más de dos semanas desde que la esposa de José de Jesús Jiménez López, suegro de Enrique Pelayo Navarro -hijo del alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres-, reportara al C4 -según las autoridades el 19 de septiembre- haber encontrado en el patio de su casa el cuerpo de su marido asesinado brutalmente, de acuerdo a los primeros reportes.
Hasta el 3 de octubre de 2012, en este asunto, registrado bajo el expediente 2559/12/300/AP, ninguna persona ha sido detenida y no hay sospechosos.
En este y otros homicidios, y casos relacionados con el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como ha sido el asesinato del regidor emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresario de la línea de transporte Rojo y Blanco, Arturo Castellanos Ruiz, quien también fue un personaje cercano a Pelayo Torres, la población se mantiene sujeta a la discrecionalidad en el manejo de la información, por parte de la dependencia encabezada por Rommel Moreno Manjarrez.
En Ensenada, los datos fluyen al ritmo que las autoridades estatales lo estiman pertinente, y en temas y por vías que la propia PGJE decide. Es decir, la Procuraduría habla lo que quiere, cuando quiere. Si quiere.
Ejemplo de ello es que dos días después del hallazgo de Jiménez López, el 21 de septiembre, sin una explicación clara ni formal del retraso, la PGJE decidió informar un detalle que habían omitido a la comunidad, y que el procurador Moreno simplificó como una “cuestión emergente en términos técnicos”: el hallazgo de 19 plantas de marihuana entre 1 y 1.5 metros de alto, sembradas en las jardineras ubicadas en el patio posterior de la vivienda del occiso, a pocos metros del cuerpo de quien fuera consuegro de Pelayo Torres. Plantas que, tras ser removidas, dieron un peso aproximado de 4.5 kilogramos, según la Procuraduría.
Con información del área de Comunicación Social de la Subprocuraduría de Zona Ensenada de la PGJE, la investigación del caso de las plantas de marihuana que se abrió de manera paralela al homicidio de Jiménez, de 72 años de edad, quedó asentada bajo el expediente 76/12/AGNM/ENS/AP.
Por ser una cantidad menor a 5 kilogramos de dicha droga, todavía es competencia del Gobierno del Estado, asunto de narcomenudeo que, de acuerdo a la nueva legislación enfocada a combatir la venta y consumo de drogas, corresponde a la PGJE investigar.
El mismo 21 de septiembre, el procurador Rommel Moreno decidió no abordar directamente el tema de las plantas de marihuana, dejando el reporte del hallazgo en manos del subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Abel Galván Gallardo, quien debió brindar a medios locales los datos generales de la ubicación, cantidad y tamaño de las planas de marihuana.
El funcionario estatal refirió también que mantendrían una investigación “para efectos de tener alguna responsabilidad en caso de los demás moradores del domicilio”, es decir, buscar a los responsables de este delito de entre los residentes de la vivienda.
No obstante y luego de dos semanas, dicha investigación tampoco ha arrojado resultados y ninguna persona ha sido formalmente acusada y/o detenida. De hecho se desconoce quiénes eran los demás moradores de la casa a los que hizo referencia Galván, conociéndose poco del caso por parte de la autoridad, que se ha mantenido reservada.
El mismo viernes 21, la PGJE, a través de la dependencia a cargo de Galván Gallardo, colocó sellos de clausura en la vivienda de Jiménez López, ubicada en Avenida Lago Victoria número 420 del fraccionamiento Valle Dorado, con el supuesto objetivo de recabar más pruebas al interior. Los sellos duraron dos días, y fueron retirados el domingo 23 de septiembre.
Para el 3 de octubre, la subprocuradora de Zona Ensenada de la PGJE, Lidia Gallegos Aguilar, refirió a la prensa local que en el asunto de Jiménez seguían trabajando con la escena del crimen: “Estamos trabajando muchísimo con la escena, con los dictámenes que estamos recabando, que ya están algunos en la averiguación”, aseguró sin dar mayores pormenores.
De manera extraoficial, empleados del gobierno estatal explicaron que el contexto en el que fue localizado quien fuera suegro de Pelayo Navarro, era simplemente extraño. Además de la localización de las plantas de marihuana, está el hecho de que el hombre estaba desnudo; no se encontraron rastros en su organismo de haber consumido alguna droga.
Asimismo, que la causa de la muerte había sido traumatismo craneoencefálico, con fracturas en cabeza, cara, lesiones en tórax, moretones por todo el cuerpo y evidencias que apuntaban hacia actividades de índole sexual.
Entre otras pruebas recabadas, se encuentra la ropa del occiso, ubicada a unos metros del cuerpo, donde entre una de las bolsas del pantalón, se halló una cartera con identificación de Jiménez, 220 dólares y 200 pesos moneda nacional.
La evidencia recabada y los demás avances de la investigación se mantienen bajo reserva, con el argumento de evitar que las propias averiguaciones de la Procuraduría se vean afectadas.
El 19 de septiembre, tras el reporte del descubrimiento del cuerpo de Jiménez, se presentaron en la vivienda el alcalde Enrique Pelayo Torres; el director de la Unidad Municipal de Transporte (UMT), Raúl Carrillo Espinoza; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Florencio Raúl Cuevas Salgado; y el director de Policía y Tránsito Municipal, Alfredo Rosales Green; así como Enrique Pelayo Navarro, yerno del occiso.
El gremio del transporte ha sido uno de los principales sectores golpeados por la violencia en el municipio de Ensenada, siendo éste el último caso y uno de los que han llegado hasta el último nivel en la esfera municipal, cercano -al igual que Castellanos- al presidente municipal.
Si bien las autoridades no han vinculado el homicidio de Jiménez López con el tema del transporte, el occiso formaba parte de este gremio en lo que se refiere a transporte turístico. En el caso de Castellanos Ruiz, el regidor formaba parte de una de las empresas más grandes del transporte público local, la línea Rojo y Blanco, que acapara la mayor parte de las rutas de transporte en la ciudad.
De hecho, el gremio permanece bajo la mira de las autoridades al tener a personajes involucrados en el asesinato del regidor, los cuales están siendo investigados por agentes ministeriales. En total hay cinco personas que son buscadas por la PGJE, tres de ellas por ser parte de los autores materiales, y los otros dos como autores intelectuales.
Más marihuana
El martes 2 de octubre, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ubicaron dos sembradíos de marihuana en una zona de cañadas, a unos dos kilómetros de la carretera Ensenada-Ojos Negros, a la altura del Kilómetro 25, entre el Ejido Piedras Gordas y el Rancho Agua Caliente.
La entrada al sitio es en el mismo punto donde fueron tirados los cuerpos de las jóvenes Christy Alejandra Uribe Ortiz, de 20 años de edad, e Ixchel Leilani Domínguez Carrillo de 22, el 30 de agosto. Las autoridades estatales no han determinado si existe alguna relación entre ambos casos.
En total, fueron 8 mil 700 plantas destruidas que los agentes localizaron tras haber detenido a cinco personas que se trasladaban en un vehículo Grand Cherokee color gris, placas BDJ4632, que no respetaba los señalamientos de tránsito y circulaba sobre la Calzada Cortez en la colonia Maestros.
Los detenidos fueron Jesús Andrés Bustillos Soria, de 33 años de edad; Bernardino Bustillos Arias, de 26; Joaquín Salgado Báez, de 35; y Rogelio Arias Piña, de 18 años.
Según el reporte de la PEP, la detención del vehículo se dio aproximadamente a las 15:20 horas, y tras ser interrogados, los aprehendidos manifestaron dedicarse al cultivo y cuidado de marihuana. En el vehículo traían cinco plantas de la misma hierba y, debajo del asiento del copiloto, un envase de plástico con semillas de la droga.
Fue en el interrogatorio de los detenidos cuando Bustillos Soria confesó a los oficiales la ubicación de los plantíos, adonde se trasladaron momentos después, encontrando en el sitio a un sujeto de nombre Amado Pérez Terán, de 35 años, quien portaba un rifle calibre .22 y 3 cartuchos. Pérez, quien al parecer fungía como guardián del sitio, les indicó la ubicación exacta de los plantíos y también fue detenido.
El primer plantío era de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, con 7 mil 500 plantas que rondaban el metro de altura. El segundo, en una superficie de 600 metros cuadrados, con unas mil 200 plantas de aproximadamente 45 centímetros de altura.
También en el sitio de difícil acceso, se encontraba un pequeño campamento con un camastro fabricado con partes de las mismas mangueras utilizadas para el riego de las plantas, y diversos accesorios para higiene personal y preparación de alimentos en el sitio.
Denunciaron 7 de #YoSoy132
Otro asunto pendiente dentro de la PGJE, es el caso de las denuncias de quienes se vieron agredidos por autoridades municipales durante los festejos del día del Grito de Independencia de México, la noche del 15 de septiembre.
Hasta el miércoles 3 de octubre, eran nueve los ofendidos que presentaron denuncia ante la autoridad, misma que quedó asentada bajo el expediente 4954/12/311/AP.
De esas nueve personas, dos pertenecen al medio de comunicación TVES, el resto son integrantes o simpatizantes del movimiento #YoSoy132 en Ensenada. Cabe recordar que esa noche fueron detenidas 21 personas, entre ellas un menor de edad.
Según autoridades de la PGJE, los casos siguen en integración y estarán apoyados en buena medida, además de las declaraciones hechas por los denunciantes, por los videos publicados a través de las redes sociales e internet, donde aparecen claramente los rostros de los policías que detuvieron con lujo de violencia a los manifestantes.
Lo que la autoridad aún no ha dado a conocer es hasta qué nivel de la cadena de mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dependencia responsable del operativo del 15 de septiembre, podría llegar la sanción.
Al frente de esta corporación se encuentra el general en retiro Florencio Raúl Cuevas Salgado, quien ha negado haber ordenado reprimir a los manifestantes, al igual que lo hicieran el director de Tránsito, Rosales Green, el cual aseguró que los policías actuaron por su cuenta, y el alcalde Enrique Pelayo Torres, quien sostiene que él tampoco dio la orden.
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