Disputa por “Ojo de Agua”

5 mil hectáreas en la incertidumbre legal

Mediante el reconocimiento de un decreto presidencial de 1980, la Secretaría de la Reforma Agraria “entregó” las tierras al Ejido Ojo de Agua; quienes todavía ocupan esos predios, se preparan para defenderse jurídicamente. Pequeños propietarios, herederos, ganaderos, fraccionamientos y hasta el Gobierno del Estado, entre los afectados

Inés García Ramos

En 1980, el entonces Presidente de la República, Licenciado José López Portillo, decretó la creación del centro de población ejidal “Ojo de Agua”, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de junio de ese año.

En ella, se expone la problemática de “un grupo de campesinos carentes de tierras radicados en la Presa de Rodríguez que solicitó al Secretario de la Reforma Agraria, la creación de un nuevo centro de población ejidal”.

La solución del Gobierno Federal consistió en la dotación de 4 mil 494 hectáreas de terrenos de agostadero, ubicadas en el Rancho El Florido. Se trataba, en teoría, de terrenos baldíos propiedad de la nación.

En discordancia a lo dictaminado por el Gobierno Federal, las tierras se encontraban ocupadas por los sectores ganaderos, agrícolas y avícolas, en plenas vías de desarrollo. Además, entre los nombres de los 133 solicitantes, se encontraban Benjamín Escandón, entonces jefe de Asuntos Migratorios; Pablo García, subjefe de Aduana; Hernán Torres, administrador del Seguro Social; entre otros funcionarios y personajes públicos alejados de la imagen de campesinos, bajo la cual se cobijaron.

El caso fue difundido en los medios de comunicación y terminó con el arresto del ingeniero Gabino Mendoza, de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),  acusado de extorsión por los pequeños propietarios y de mentir en el reporte entregado a la instancia federal, en el cual constó que las tierras estaban desocupadas.

En el transcurso de 32 años, se desarrolló una serie de litigios y amparos por parte de los ejidatarios y del Gobierno Federal. Muchos de los terrenos en disputa fueron vendidos a terceros; ahí se asentaron nuevas comunidades y familias, para continuar con el desarrollo ganadero en la ciudad.

Sin embargo, en julio de 2012, la SRA decidió poner fin al conflicto y, mediante un oficio enviado desde la Ciudad de México al delegado en Baja California, Ignacio García Dworak, se le informa que debe, con carácter urgente, comisionar personal técnico al poblado “Ojo de Agua” para ejecutar la resolución presidencial de décadas atrás.

La tarea: encontrar 4 mil 494 hectáreas para los ejidatarios.

Ocho días después, con el plano proyecto, se “identificó” la superficie concedida. De acuerdo a los ingenieros Carlos Javier Domínguez Amaya y el ingeniero Braulio Ortiz, delegados de la SRA, el recorrido y mediciones tipográficas de los 30 polígonos de 4 mil 495 hectáreas, se realizaron entre las 9:00 horas del 11 de julio, y las 12:00 horas del 12 de julio.

Los delegados de la SRA firmaron el acta, dando así constancia de posesión definitiva a los representantes ejidales. En el documento, refieren que “el ejido quedó debidamente deslindado y amojonado, y que los linderos son perfectamente conocidos por las personas que asistieron a la diligencia”.

El mismo problema, 32 años después

En un recorrido realizado por ZETA, se constató que algunos de los terrenos señalados dentro de los polígonos todavía están ocupados por particulares. En colonias como El Florido Viejo y Colinas del Florido, se sobrepusieron letreros de venta de particulares que refieren “Propiedad Ejidal” o “Propiedad del Ejido Ojo de Agua”.

En las inmediaciones de estas colonias con la carretera Tijuana-Tecate, una lona, a punto de caer, sentencia con letra grande “Certeza jurídica, Ejido Ojo de Agua”, colgando sobre la estructura metálica que se utilizó en el evento del 3 de agosto.

Ese día, el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, viajó tres mil kilómetros para hacer entrega de los documentos agrarios al Ejido Ojo de Agua. Frases como “… desterrado el fantasma de la incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra rural”, se hicieron escuchar durante su discurso.

El evento sirvió para hacer oficial la resolución del caso, que a decir del comunicado de la SRA, “no se había ejecutado por inconsistencias en los planos”.

Residentes aledaños no recuerdan el evento, han escuchado rumores de que los ejidatarios buscan negociaciones directas con los pequeños propietarios, pero ninguna autoridad se ha acercado a ellos para informarles del caso.

Felipe Medina y Bernardo Solares, propietarios de un predio de 75 hectáreas, conocieron la situación cuando, hace un par de semanas, encontraron a ingenieros realizando trabajos topográficos dentro de su terreno.

“¿Qué están haciendo?, salgan de nuestra propiedad”, fue la primera reacción de uno de los socios. Entonces los trabajadores realizaron una llamada telefónica y representantes de Ojo de Agua acudieron para explicarles que cualquier reclamo debía ser dirigido a la Reforma Agraria y no a ellos, puesto que la entrega ya había sido realizada.

En un acercamiento posterior, aseguran que al igual que tres propietarios distintos contactados por este Semanario, los ejidatarios les ofrecieron una negociación. Podrán quedarse con sus tierras, siempre y cuando paguen los derechos a Ojo de Agua.

Los propietarios acudieron al Registro Agrario Nacional, en Mexicali, para solicitar la carpeta básica del ejido en cuestión, y comprobaron que sus 75 hectáreas están comprendidas dentro de la dotación realizada.

Pero un elemento fundamental de la carpeta fue omitido: el convenio entre la SRA y el Ejido Ojo de Agua para “intercambiar” la indemnización de 497 millones 288 mil pesos por las hectáreas.

Hasta el momento, el documento no ha sido proporcionado a los afectados, sin embargo, representa una parte crucial en el caso. De acuerdo a la resolución del Juzgado Octavo de Distrito respecto al juicio de amparo 475/2010-II, ante la constante negativa de la SRA para entregar las hectáreas debido a la imposibilidad de encontrar tierras disponibles del dominio nacional, la Suprema Corte de Justicia les ordenó pagar la cantidad señalada, en noviembre de 2010.

Menos de dos años después, se realizó un acuerdo entre las dos instancias para dar marcha atrás a esta resolución, de ahí que la SRA ordenara a la delegación estatal enviar a personal técnico para realizar la ubicación de las hectáreas.

El hermetismo respecto al convenio ha levantado sospechas entre los afectados, “ejecutaron lo inejecutable, se regresaron a un documento de 2002, en el que se ordena que realicen la entrega, a pesar de que la SRA había admitido que no podía hacerlo”, declaró uno de los propietarios.

En repetidas ocasiones, ZETA buscó una declaración del delegado estatal de la SRA, Ignacio García Dworak, sin obtener respuesta. En su lugar, el subdelegado jurídico de la SRA, David Olimón Mendoza, respondió: “En lugar de cantidad monetaria, se quedaron la tierra, esa fue la entrega que se les hizo”.

Cuestionado respecto a si la entrega ya había sido realizada, su respuesta fue: “(Las tierras) Ya las tiene el ejido”. Ante la insistencia de si había sido una entrega física, comentó: “Fue una entrega de tierras y ya está dado, eso es todo”.

En realidad, hasta el martes 2 de octubre, los trabajos topográficos de deslindes y mojoneras continuaban realizándose en la colonia El Florido Viejo. La posesión física de las tierras aún no se realiza, cientos de familias, propietarios y ganaderos continúan sus actividades como todos los días y pocos son los enterados de la situación.

“Si tiene que correr sangre, va a correr”

De acuerdo al acta de posesión y deslinde, los polígonos, en su mayoría, colindan con terrenos nacionales, zonas urbanas o federales, zonas conurbadas como las colonias El Niño y El Refugio, la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), la carretera Tijuana-Tecate, el Ejido General Francisco Villa y calles o avenidas.

Felipe Medina asegura: “En el acta dicen que nos citan a todos, pero jamás fuimos notificados… no sabemos en qué se sustenta la negociación ni por qué se les otorga la tierra, qué curioso que si no les pueden pagar la indemnización, entonces la Reforma Agraria agarra nuestras tierras y les paga con ellas”.

Muchos de los terrenos ubicados dentro de las casi 5 mil hectáreas se encuentran baldíos; algunos dueños empezaron a marcar los límites de sus propiedades con alambrado o cal. Letreros como “No invada, propiedad privada o aténgase a las consecuencias”, comienzan a ser frecuentes.

Terrenos baldíos, otros ocupados y laderas, componen mayormente las tierras, ahora en posesión del Ejido Ojo de Agua. “Solicitaron la tierra para siembra, pero ha sido ocupada por generaciones y son muchos pequeños propietarios los aquí afectados”, comenta Felipe Medina.

“Es importante que las autoridades hagan algo, nosotros vamos a buscar la posibilidad de amparo y asesoría jurídica para defendernos, pero si tiene que correr sangre, va a correr”, finalizaron los dos socios afectados.

Por ejemplo, Juan Luis Alvarado y sus hermanos recibieron como herencia de sus padres un terreno de una hectárea comprado en 1986 y escriturado un año después. Hace tres semanas, en una improvisada reunión con un representante legal de los ejidatarios en el patio de una casa, le ofrecieron un trato: “Te quedas con la casa, pero nos das tu patio”.

Desde el punto de vista del licenciado Jesús Corona, quien asesora legalmente a un grupo de pequeños propietarios, “la entrega fue ilegal porque la Reforma Agraria sostiene que esos terrenos no han salido del dominio de la nación, pero tenemos dos documentos de 1861 y 1912, en que se enajenan los terrenos del dominio de la nación”.

El abogado abunda: “Parece que la SRA escogió terrenos con servicios y hasta con construcciones, si son ejidatarios y se supone que los quieren para sembrar, pues no les van a servir”.

Sobre la obligación de la SRA de entregar tierras ya desposeídas, responde: “No hicieron la entrega física porque para ello, deberían anular los títulos de propiedad, les dejaron el problema a los ejidatarios”.

Por su parte, el subsecretario de gobierno de la Zona Costa, Gustavo Ley Ruiz, relató a ZETA la situación de las 450 familias del Arroyo Alamar en proceso de reubicación; el predio León Acuña quedó incluido dentro de las hectáreas destinadas al Ejido Ojo de Agua.

“El predio de 40 hectáreas lo adquirimos a través de un fideicomiso con Urbi, el problema fue cuando la Secretaría de la Reforma Agraria agarra y hace una dotación de tierra al Ejido Ojo de Agua, ahí teníamos el terreno, afectaron también a muchísimas familias que adquirieron de buena fe”.

Ya que el fideicomiso no está concluido, las acciones legales corresponden a la empresa inmobiliaria, y hasta que éstas concluyan, las familias serán reubicadas.

Respecto a los particulares afectados, citó: “Es una resolución que va a tener que combatir cada propietario contra el ejido, porque es a quien le dieron la dotación… va a ser una ‘cena de negros’ con una serie de litigios y pleitos, el ejido no va a poder sacar a toda la gente de ahí”.

Uno más de los propietarios, aseguró que “la SRA dio un doble discurso, hicieron una entrega de escritorio, elaboraron un documento y la entrega aún no se ha realizado, continúan realizando los deslindes”.

Hizo un recuento: “De 1980 a la fecha, ¿qué cambió? Pues hay más servicios, construcciones e inversiones, quienes no tengan los recursos para defenderse, van a perder la tierra”, para puntualizar: “Se están burlando del sistema jurídico mexicano, la tierra es de quien la trabaja, no de quien la solicita”.

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