Reformas a la transparencia, letra muerta

En dos años se han aprobado en México tres leyes para fiscalizar el gasto público, pero no se aplican

En 2012, según el índice de Transparencia, donde cero corresponde a la mayor percepción de corrupción y 10 a la menor, México tuvo una puntuación de 3. Académicos no esperan un avance con la reciente aprobación de legislaciones para fiscalizar la contabilidad gubernamental. “Sigue habiendo simulación y mientras no se combata de frente la simulación en el ejercicio del presupuesto de los recursos públicos no va a darnos satisfacción”, adelantó el economista José Luis Contreras Valenzuela

Francisco Navarro Fausto

Entre 2010 y 2012 la cámara de diputados ha aprobado tres leyes con las que se busca tener una mayor fiscalización y transparencia del uso en los recursos públicos. Sin embargo y hasta el momento el manejo que los tres niveles de gobierno hacen de los dineros públicos sigue siendo nebuloso, al grado de convertirse en una mera simulación del uso de los recursos, coincidieron expertos consultados por ZETA.

El tema es de vital importancia para todo ciudadano porque “contribuye al gasto del gobierno, y va a resultar beneficiado en la medida en que el esfuerzo de pagar impuestos se correlacione con la resolución de los problemas económicos y sociales que se viven en México”, externó el investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte, Eliseo Díaz.

La Ley de Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2010), la Ley de Coordinación Fiscal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011) y la Ley de Contabilidad Gubernamental (aprobada el 27 de septiembre).

Se supone que habrían de cerrar espacios a la corrupción así como a desvíos de recursos de la nación, y que a su vez, los órganos fiscalizadores sepan de la información financiera real, el uso del presupuesto, con el objetivo de detener y sancionar prácticas ilícitas, lo que a su vez, generará confianza para la atracción de inversiones.

Aunque lo anterior queda en un rosario de buenos deseos, pues “estos dictámenes son letra muerta, como todas las leyes que hay en el país. Bien puede haber muchas de ellas relacionadas con el tema pero si no son aplicadas de nada van a servir. Además hace falta tener las reglamentación de cómo habrán de aplicarse”, afirmó la contadora Eduviges Luna Sotelo.

Por otro lado, hay que recordar que México se colocó en la posición 100 de 183 países considerados en el Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparencia Internacional (TI), siendo el peor de los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), ya que se posicionó en el lugar 34 de igual número de miembros.

En el índice de Transparencia, donde cero corresponde a la mayor percepción de corrupción y 10 a la menor, México tuvo una puntuación de 3, y un avance de una décima en comparación con 2010, cuando su calificación fue 3.1.

El Índice de Percepción de la Corrupción evalúa 183 países. Se basa en información de 17 encuestas donde se indagan factores como la aplicación de leyes contra corrupción, acceso a la información así como conflictos de interés.

Leyes insuficientes

Respecto al tema de transparencia en el uso de recursos el Vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, José Luis Contreras Valenzuela, externó a ZETA:

“Qué bueno que se esté hablando y trabajando sobre esto que se supone nos va a permitir un manejo más honesto de recursos. Aunque si esto fuera suficiente, el mal manejo no se daría. Ahí tenemos el escándalo de la Estela de Luz –monumento que costó más de mil millones de pesos, en torno al cual se ha investigado una serie de corrupciones en el manejo del dinero– con todo y estas leyes.

“Sigue habiendo simulación y mientras no se combata de frente la simulación en el ejercicio del presupuesto de los recursos públicos no va a darnos satisfacción ni vamos a quedar medianamente satisfechos del manejo del dinero público. Tenemos que ir sobre la sanción para quien haga un mal uso de presupuesto, invalidado al involucrado para que desempeñe un puesto público, dependiendo de la magnitud del daño”.

Recordó: “Ahí tenemos el caso Humberto Moreira –quien pidió de forma ilegal empréstitos a nombre del Estado de Coahuila, sabemos de los 27 mil millones de pesos– y no sucede nada. Hay Ley de Contabilidad, de Transparencia y ¿qué pasa con esos créditos simulados que se hicieron? Nada. Insisto, estamos con un problema de la simulación”.

El académico afirmó que en la actualidad la carga tributaria traducida en impuestos para las empresas y los profesionistas representa el 40 por ciento de los ingresos, pero la aplicación de estas tributaciones no se ve reflejada en los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

“No habría problema –con el pago de tributos– si hubiera obra pública de mejor calidad, servicios eficientes, gasolina y electricidad más barata, pero no es así. Los casos de corrupción son continuos. Ahí tenemos la corrupción de PEMEX –la hija del líder sindical Carlos Romero Deschamps, fue exhibida por el desmedido nivel de gastos y estilo de vida que no corresponde al ingreso que su progenitor percibe–, la pagamos nosotros”.

El entrevistado agregó que cuando en un país se aplican las leyes contra la corrupción el inversionista tiene certeza de abrir un negocio, cosa contraria cuando se sabe que para iniciar se deben proporcionar regalías, lo que infunde desconfianza y cualquier dinero sin comprobante fiscal, tampoco asegura el bien pagado.

“Aquí se requiere, además de la legislación, la voluntad del mandatario para ejercer la Ley y eso lo vemos en todos los niveles”, finalizó.

Falta control en estados y municipios

A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) creado en 2002, las oficinas públicas tienen la obligación de poner al acceso del público la asignación y distribución de los recursos federales gastados. El ciudadano puede solicitar información sobre partidas, proyectos o acciones pagadas con recursos del erario.

Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Eliseo Díaz, en la actualidad el gasto público ha sido más trasparente, lo que es un avance por parte del gobierno federal.

Abundó que las reformas legales, como la expedición de nuevos ordenamientos, han contribuido a fortalecer y hacer obligatorio el marco de regulación del ejercicio del gasto. “Los pasos más importantes en esta dirección se dieron desde antes, con la creación del IFAI, porque ahora, los mayores controles del gasto público se dan en el nivel federal del gobierno, no así en los niveles estatal y municipal donde hay ancho margen para el manejo discrecional de los recursos, de lo que en los últimos años hemos presenciado casos de escándalo”.

Sin embargo, sentenció, la creación del IFAI y las leyes de transparencia replicados en los estados han dado paso a la creación de una nueva y “vasta burocracia” que ha tenido poco impacto sobre erradicar las prácticas para el manejo discrecional de los recursos, tanto de los ejecutivos estatal o municipales con el resto de los poderes en estos niveles de gobierno.

Según sus palabras, el establecimiento de leyes que combatan la corrupción en sí mismas no atraerá inversiones, pues ése no es el propósito, aunque recordó que parte de los requisitos que se exigen para la maduración de la democracia en las sociedad moderna, porque una condición fundamental de quienes pagan los impuestos, que luego se convierten en gasto público, es que conozca el destino de ese gasto y se pueda juzgar la calidad del gobierno y en particular de las personas que toman las decisiones.

“En la medida en que se logra la consolidación de la democracia, estaremos poniendo al país en el camino de un mayor progreso económico, lo que puede significar más inversiones, empleos y salarios”.

Recordó que desde los años setenta y ochentas el proceso de fiscalización del gasto público ha sido largo y ha ido a diversas iniciativas para fortalecer la contabilidad gubernamental y combatir la corrupción en el ejercicio del gasto público. “El marco institucional desarrollado en esos años buscaba evitar la corrupción con medidas coercitivas y de control y vigilancia, pero aplicables a las oficinas y los funcionarios públicos.

“Ahora el énfasis del control del gasto pasa de controlar y vigilar a transparentar las acciones de la autoridad que implican ejercicio de recursos, lo que implica informar, difundir los gastos y responder a solicitudes concretas de información que hagan ciudadanos, organismos y empresas interesadas en la acción del gobierno. Esto involucra la construcción de un gran entramado de instituciones, leyes y reglamentos, que es lo que vemos que reportan diferentes instancias del gobierno y los medios de comunicación”.

— ¿Cuál es el trasfondo de estas leyes?, se le preguntó.

“La corrupción daña a la sociedad porque deja en las personas la sensación de que los políticos abusan y de que la política solo sirve para el enriquecimiento de las personas que lo encabezan. Esto debilita o destruye la ética en la sociedad, condición necesaria para llevar a cabo las relaciones económicas, el respeto a la ley y la construcción de un estado de derecho, que es condición indispensable para la existencia del orden social necesario para el progreso de la sociedad.

“Por otro lado, se vuelve tema en el debate político y en consecuencia es una bandera para destruir carreras de políticos en el poder o que aspiran a acceder a él o conservarlo. Es parte de ese equilibrio, crear un aparato público más eficiente, que gaste bien y menos, es algo que toda la sociedad exige. Hay la creencia de que con transparencia se resuelve el problema de la rendición de cuentas, en realidad el problema va a resolverse con más ética en el servicio público”, acotó.

Gobierno debe transparentar gasto

En torno al tema, el Presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, Juan Diego Beristain detalló que la Constitución General de la República, como máximo ordenamiento legal en México, establece como una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, de la manera justa y equitativa que determinen las leyes, mientras que el Gobierno Federal, queda igualmente obligado a transparentar el gasto público.

“Es decir, deben crearse instrumentos jurídicos mediante los cuales el Gobierno Federal quede obligado a la rendición de cuentas, de modo tal que no exista duda alguna sobre su actuación. Ello implica una reingeniería jurídica, que a partir de la aprobación del presupuesto anual, que autoriza el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico,  dosifique cada centavo del dinero de los contribuyentes, de modo tal que no exista la mínima duda sobre su correcta utilización”.

Reconoció que hasta el momento surgen dudas y controversias sobre la transparencia del gasto público, ya que se han generado situaciones comprometedoras para el Gobierno Federal donde se han descubierto irregularidades.

— ¿Hasta antes de estas leyes quiere decir que no había una fiscalización de recursos transparente y real?, se le preguntó.

“Sí los había, pero dicha fiscalización no era del todo suficiente, debiendo considerarse que toda ley es perfectible y evoluciona justamente a la par del hombre y sus distintas necesidades.

“En otro orden de ideas, necesariamente bajo un escenario positivo, al ciudadano gobernado deben beneficiarle la vigencia y aplicación de dichos ordenamientos legales, a efecto de que existan mejores expectativas de vida y la seguridad y certidumbre jurídica”, acotó.

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