Valladolid, el delegado impune

Escoltas que utilizó en caso particular, sí fueron suspendidos por investigación en la PEP

En la PGR desisten investigar denuncia por tráfico de influencias contra Antonio Valladolid Rodríguez; turnan el caso a PGJE, donde se declaran incompetentes para indagar al delegado de INAMI en Baja California. Ante la negativa a la justicia, Don Filemón Bustos demandará ante la Secretaría de la Función Pública

María Isabel Mercado  Juárez

La demanda por tráfico de influencias contra Antonio Valladolid Rodríguez, delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California e interpuesta por el señor Filemón Bustos, fue rechazada tanto por la Procuraduría General de la República, como por la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El señor Bustos denunció al panista cuando éste, abusando de los recursos del Estado, recurrió a escoltas que le fueron asignados -a petición expresa- por la Policía Estatal Preventiva, para amedrentar y resguardar terrenos de propiedad personal y no pública.

Mientras el panista escapa a la justicia y negarse dos entidades a investigarlo, los guardias de la PEP que utilizó en el abuso de poder, fueron separados de sus actividades y suspendidos para ser investigados.

Sin embargo, en la PGR desestimaron como prueba la participación comprobada, admitida por la propia PEP, de Cruz Barragán, custodio que fue del delegado, y la de otros agentes de la Policía Estatal Preventiva que el 6 de mayo de 2012 apoyaron al personal de los ranchos Carmona y Huerfanitos, en el derribamiento de un cerco perimetral e invasión en Rancho La Avena.

Deseada exoneración

“El argumento de la PGR, que no hay un delito, cobijado por una supuesta incompetencia, es -además de absurdo- algo muy sucio que coarta el derecho constitucional de la parte ofendida”, señaló Sergio Torres, abogado de Filemón Bustos Díaz, quien ya prepara una denuncia contra Antonio Valladolid Rodríguez ante la Secretaría de la Función Pública.

El 10 de julio de 2012, Bustos Díaz interpuso la denuncia por tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte, en contra del aún delegado del INAMI y quienes resulten responsables. Pero la ausencia física de Valladolid Rodríguez en el lugar de los hechos fue la explicación oficial para que, el 12 de septiembre del mismo año, la PGR se declarara incompetente para atender la denuncia, de acuerdo a la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1980/2012-M-IX.

Fue precisamente la participación directa del guardaespaldas Cruz Barragán, adscrito como agente de la PEP y asignado a la seguridad de Valladolid, lo que llevó a Bustos Díaz a denunciar. El empleado de seguridad del delegado requirió apoyo de más elementos de la PEP, ayuda que fue consentida por Carlos Alberto Gómez Miguel, subdirector operativo de esa corporación.

En la PGR consideraron turnar el caso a la PGJE, dado que los hechos señalados “resultan ser competencia del Agente del Ministerio Público Común”. Añaden en la resolución: “Se aprecia (que) los sujetos activos de delito son servidores públicos dependientes de la administración pública estatal”.

En la PGJE abrieron un proceso para investigar la participación de los agentes de la Policía Estatal Preventiva que, a bordo de las patrullas 713, 645, 576, 661 y 708, y a cargo del jefe de grupo, Gilberto Uriarte Durán, apoyaron a Cruz Barragán en el enfrentamiento contra los adversarios del delegado de INAMI; pero el Estado tampoco investiga la participación del funcionario federal. También se declararon incompetentes respecto a ello.

La denuncia se turnó a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales de la PGJE, con sede en Tijuana y a cargo de María Sandra Rodríguez Becerra, quien citó al ofendido a comparecer el miércoles 26 de septiembre. En la audiencia se le hizo saber que el investigar al funcionario federal por esa causa “tampoco era de su competencia”, por lo que solo se abocarían a dar seguimiento a la denuncia contra los elementos de la PEP implicados.

En contraparte, Jorge Eugenio Granado Rodríguez, albacea en la sucesión de bienes de Jorge Isaac Granados Juárez, promueve un juicio de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito, contra la resolución de la Secretaría de la Reforma Agraria que reconoció como propietario y asignó el título correspondiente, a Filemón Bustos Díaz.

A Valladolid “lo protege el mismo gobierno”

“El hecho que en el pleito se encuentre inmiscuido Antonio Valladolid y su familia me pone en desventaja, pues las autoridades solo le dan vuelta al asunto, de alguna manera lo protege el mismo gobierno”, reflexionó Bustos Díaz después que su denuncia fue rechazada tanto en la PGR como en la PGJE.

Jurídicamente, el seguimiento de las denuncias presentadas por Don Filemón Bustos no ha sido acertado, “no es lo que determina la Ley, por eso se conmina a la PGR y la PGJE que atiendan conforme a derecho este asunto”, anotó el defensor del afectado.

De acuerdo a la Ley, explicó, debió integrarse una indagatoria sobre los hechos denunciados, y si de esa investigación no se desprenden elementos, entonces integrar una consulta de reserva y luego declarar su incapacidad ante un Juez de Distrito, autoridad que sí está facultada para reconocer la situación jurídica de los elementos estatales y su participación directa en los hechos señalados.

“Es demasiado marcado lo que la PGR le echó la mano a Valladolid, pues lo exoneró sin siquiera investigar”, acusó el litigante, y añadió que ante el carpetazo de la instancia federal, se recurrirá también a un juicio de amparo indirecto.

Para iniciar este nuevo procedimiento, se envió un escrito a la PGR pidiendo notificar en forma oficial al afectado sobre su incompetencia, “así podrán correr los términos legales para poder ampararnos y dar un seguimiento a la defensa”, precisó.

La desestimación de sus demandas por parte de la PGJE no sorprende a Bustos Díaz, de hecho, indica que la denuncia por tráfico de influencias la interpuso luego de haber sido ignorado en una querella anterior que presentó por robo a lugar cerrado en mayo de 2012, en la que acusa la participación de personal de los ranchos Carmona y Huerfanito, ambas propiedades pertenecientes a las familias Rodríguez Izabal y Granados Rodríguez, con quienes desde hace años mantienen pleito legal por terrenos asentados en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.

“El guardaespaldas del delegado del INAMI y elementos de la PEP, irrumpieron en mi propiedad el 6 de mayo, en el convoy de patrullas también se encontraba un vehículo Jeep con número de placa BFF-20-84” detalla.

En aquella ocasión el propietario de Rancho La Avena requirió ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, dependencia que atendió el llamado enviando unidades al lugar de los hechos, pero al acercarse las unidades de la corporación local, los de la PEP emprendieron la huida, señala Gustavo Gómez Rosas, testigo. Aunque no hubo detenidos, el hecho se consignó en primera instancia ante la juez de la delegación La Presa, bajo el reporte T-07/564/2012.

Gómez Rosas anota que un segundo allanamiento se suscitó dos días después, cuando un grupo de cinco personas de los ranchos Granados Izabal y Rodríguez Izabal intentaron, el 7 de mayo de 2012, levantar una cabaña en el predio La Avena. En el grupo de trabajadores fueron identificados Víctor Hugo Carrillo, abogado de los parientes de Antonio Valladolid, y José Alberto Maldonado Escobar, empleado de ambas familias.

Estos hechos también se denunciaron ante la juez en turno de la Subdelegación Los Pinos, Rosa Martínez Esquivel, pero no se actuó en consecuencia, según anota el denunciante.

El 16 de mayo de 2012 se presentó formal denuncia por robo a lugar cerrado ante la Unidad de Atención y Orientación Temprana Zona Río, y turnada a la Agencia de Ministerio Público receptora de La Mesa, pero simplemente “no tuvo seguimiento alguno, a pesar que personalmente acudí en varias ocasiones para saber de su avance”, se quejó Bustos Díaz.

Sobre el seguimiento de las denuncias presentadas por Filemón Bustos en las agencias de la PGJE, ZETA ha requerido información en múltiples ocasiones, y la respuesta ha sido que “los expedientes se encuentran aún en integración, por lo que no se tiene información al respecto”.

PEP, obligada a aclarar

En la Policía Estatal Preventiva argumentan que la intervención de los agentes de la PEP fue a la solicitud de apoyo, pero sin explicar por qué su participación se dio un día después de que, se supone, el guarura del delegado de INAMI “observó gente armada en las propiedades de su principal”, cuestionamiento del que Bustos Díaz espera respuestas en la indagatoria que realiza la PGJE.

“La participación del guardaespaldas de Antonio Valladolid es clara, lo que hace evidente el tráfico de influencias, pues fue él quién requirió el apoyo de los agentes de la PEP y estuvo en el lugar los hechos, hay testigos de ello”, subraya el afectado.

Como evidencia de esa afirmación, está el parte informativo en relación al apoyo otorgado al área de protección a funcionarios que documentó la propia Policía Estatal Preventiva, donde se asienta que el agente de la PEP, Cruz Barragán, asignado como custodio de Antonio Valladolid Rodríguez, solicitó para el 6 de mayo de 2012 el apoyo de unidades del área operativa para resguardar “algunas propiedades de su principal”, argumentando que un día antes había detectado “gente armada”.

Fue así como el director operativo de la PEP, Carlos Alberto Gómez Miguel le proporcionó el apoyo requerido, asignando para ese evento las unidades 713, 645, 576 y 661, a cargo del jefe de grupo Gilberto Uriarte Durán, según se lee en el documento.

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