En la lista, dos ex procuradores, un ex fiscal especial y tres ex agentes del ministerio público
Daniel Sánchez Ávila, “El Danny” o “El Hijo del Gobernador”, fue consignado el 28 de septiembre por el crimen del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo del 2010
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur.- Luego de la consignación y el encarcelamiento de Daniel Sánchez Ávila, “El Danny” o “El Hijo del Gobernador”, el 28 de septiembre, acusado de ser el autor material del crimen del joven abogado Jonathan Hernández Ascencio, ahora la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur dirige su investigación hacia los presuntos responsables de haber “torcido” la indagatoria oficial.
En la nueva averiguación previa LPZ/013/HOM/2012, y en la principal línea de investigación, figuran por ahora seis ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Son los siguientes:
1.- Fernando González Rubio Cerecer y Francisco Karim Martínez Lizárraga, ex titulares de la PGJE.
2.- Francisco Javier Álvarez Marrón, ex fiscal especial del Caso Jonathan.
3.- Adrián Flores Canett, Antonio López Rodríguez y Guadalupe Higuera, ex agentes del ministerio público del fuero común asignados a la desaparecida Fiscalía Especial del Caso Jonathan.
Las primeras indagatorias, y en base a los testimonios rendidos por policías y comandantes de la propia Policía Ministerial del Estado, los ex servidores públicos habrían integrado la averiguación previa para tratar de inculpar a personas inocentes en el crimen, como es el caso de Gary Gaines Hidalgo, Carlos Alejandro Castro Castro, Jazziel Soto Murillo y Emilio González Rubio Ojeda, liberados el 20 de octubre pasado por la propia PGJE, después de desistir de las acusaciones por considerar que “no había elementos jurídicos suficientes para haberlos consignado”.
La Procuraduría entonces solicitó su liberación a la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, Rosario del Carmen Palacios Montaño, quien sobreseyó la causa penal número 133/2011.
La principal hipótesis que actualmente sostienen los investigadores del caso es que la causa de haber enturbiado la indagatoria, obedece a tres razones:
1.- La presión ejercida por la familia Hernández Ascencio sobre la PGJE.
2.- Desviar la atención del móvil del crimen.
3.- Proteger al autor intelectual del homicidio.
Los policías y comandantes que rindieron su declaración formal sobre el caso, hoy se convirtieron en testigos, cuyas versiones obran en el expediente, y son la principal base con la que la Procuraduría inició esta nueva etapa de investigaciones.
En el expediente, un comandante de grupo y cuatro agentes, expusieron que ocho días después del crimen, es decir, el día 12 de marzo del 2010, pretendieron entregar formalmente un informe, bajo el número de oficio 2132/2010, a fin de que se abriera otra línea de investigación.
Sin embargo, el fiscal especial del Caso Jonathan, Francisco Javier Álvarez Marrón, se negó a recibirlo porque –les dijo— “tumbaría su investigación y ya iba muy avanzado como para volver a empezar” e integrarla a la averiguación previa LPZ/010/HOM/2010.
Por la negativa, los investigadores –en aquel entonces— se entrevistaron ese mismo día con el ex procurador Francisco Karim Martínez Lizárraga en la oficina de Homicidio de Alto Impacto, localizada en Benito Juárez entre Josefa Ortiz de Domínguez y Héroes de Independencia de la colonia Centro en La Paz.
En el encuentro, el entonces titular de la PGJE, se negó también a recibir el parte informativo porque –les explicó— “el fiscal especial iba muy avanzado en su trabajo y podría echar abajo todo lo que había recabado en días”.
En el parte informativo, los agentes investigadores, presentaron elementos de prueba, del análisis de los hechos e indagaciones que hicieron en la escena del crimen y fuera del bar y en algunos puntos de la ciudad, inclusive, datos recabados de algunos testigos que no se animaron a rendir su declaración formal ante la autoridad judicial.
En el escrito, figuraba el nombre del presunto responsable de haber disparado el arma en contra de Jonathan, Daniel y Héctor Hernández Ascencio, y hasta su domicilio particular. Se trataba de Daniel Sánchez Ávila con domicilio en la calle Manuel Encinas No.1037 entre Josefa Ortiz de Domínguez y Lic. Primo Verdad.
El cochinero
En la nueva investigación que sigue la PGJE se expone que la serie de irregularidades, en la indagatoria surgió desde el mismo momento en que el ex procurador Fernando González Rubio permitió que el tío de Jonathan, Héctor Hernández Aguirre, prácticamente dirigiera la averiguación previa, cuando jactándose de ser Agente del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tijuana, se entrometió en la investigación, lo que llevó a la renuncia del entonces agente del ministerio público del fuero común, Sammgar Gómez Reyes.
Los testigos describen que el fiscal no estaba de acuerdo en que el familiar de la víctima, estuviera prácticamente manipulando las declaraciones de su hijo y su sobrino, Héctor Hernández Ceseña y Daniel Hernández Ascencio, porque de “no recordar al principio el rostro de la persona que habría disparado el arma en su contra, cuando sobrevivieron al ataque”, repetidamente, y en solo 24 horas, dijeron recordar el nombre del supuesto criminal: “Gary Gaines Hidalgo”.
En una parte del expediente, Daniel Hernández Ascencio, después de cambiar su declaración, dijo textualmente: “Yo corrí, y cuando doy vuelta para agarrar la subida, voy volteando seguido, y veo que era el Gary, le gritaba que se tranquilizara que éramos amigos, que no tirara y soltaba los puros balazos. En la subida lo vi muchas veces que iba corriendo, y seguía tirando, doy la vuelta y todavía se queda a mitad de la calle tirándome, ya no pude correr, empecé a caminar y me seguía tirando”.
Para los investigadores del caso, el testimonio de Daniel, el hermano de Jonathan está evidentemente falseado, porque en la revisión del expediente, detectaron que no solo cambio su declaración inicial, sino advirtieron una serie de irregularidades. Son las siguientes:
1.- Los dos sobrevivientes de esa noche cambiaron su testimonial en dos ocasiones.
2.- Los testigos de cargo fueron manipulados por Héctor Hernández Aguirre, quien antes de rendir sus declaraciones, platicaban con el familiar de Jonathan.
3.- El agente del ministerio público a cargo de la investigación e influenciado por el tío de Jonathan, cambió las declaraciones de los testigos que acusaban directamente a Gary Gaines Hidalgo como el autor material, y a sus supuestos cómplices, Emilio González Rubio Ojeda, Carlos Alejandro Castro Castro y Jazziel Soto Murillo.
4.- La PGJE detuvo y torturó a los presuntos inculpados para que aceptaran su responsabilidad sin lograr que se declararan confesos, a pesar de que fueron arraigados por 30 días.
En el expediente existe un testimonio que detalla que el 6 de marzo del 2010, cuando el tío de Jonathan, Héctor Hernández Aguirre, advierte que Gary Gaines Hidalgo rindió su declaración e inmediatamente se retira a su casa, llama a la familia y pide que hablen y presionen al entonces procurador Fernando González Rubio.
Después sobrevino la destitución de Fernando González Rubio y el nombramiento de Francisco Karim Martínez Lizárraga, como titular de la PGJE, quien –según el expediente— “basado en la investigación que hasta ese momento llevaba la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, consignó el caso a la fiscalía especial, y apresurados porque venía el penúltimo informe del entonces gobernador, Narciso Agúndez Montaño, solicitaron al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, conceder el arraigo por treinta días en contra de Carlos Alejandro Castro Castro, Emilio González Rubio y Alonso Jazziel Soto Murillo, toda vez que existía el temor fundado para sustraerse de la acción de la justicia, en tanto terminaban de integrar la Averiguación Previa”.
El encargado de despacho de la PGJE, Francisco Karim Martínez Lizárraga, por su parte, según el expediente, solicitó “el respaldo de las autoridades estadounidenses con una orden de presentación en contra de Gary Gaines Hidalgo para ubicarlo, en tanto, se giraba la orden de aprehensión correspondiente a más tardar el 12 de marzo del 2010, lo que fue denegado porque no acreditaron la flagrancia ni la urgencia, ya que se había sustraído de la acción de la justicia”.
Sin embargo, todos fueron liberados después de 19 meses y 18 días de prisión, porque se comprobó que nada tuvieron que ver en este homicidio.
La investigación
El 5 de octubre, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Eulogio Verdugo Perpuly, resolvería la situación jurídica de Daniel Sánchez Ávila “El Danny” o “El Hijo del Gobernador”, después de que su defensa solicitó ampliar el término constitucional de 72 a 144 horas, a fin de presentar testigos de cargo a favor del inculpado.
En su declaración preparatoria, el indiciado negó haber asesinado a Jonathan Hernández Ascencio, porque cuando ocurrió el crimen, ya no estaba en el bar. El joven de 27 años relató que ese día había asistido a ver un partido de futbol acompañado de su amigo Ángel Enrique Vázquez Cota y dos amigos de él, retirándose cerca de la una y media de la madrugada.
Sin embargo, tres testigos, uno incluso que lo vio de frente, cuando comenzó a disparar, lo señalan como la persona que accionó el arma, matando a Jonathan e hiriendo a Daniel Hernández Ascencio y Héctor Hernández Ceseña.
En la rejilla de prácticas, “El Danny”, reconoció tener antecedentes de estar relacionado en otros delitos, entre ellos, el del crimen de César Eduardo Valencia en el 2003 y en una riña callejera, así como tener adicciones a alcohol, mariguana y cocaína.
Los testigos coincidieron en señalar que la persona que disparó el arma la noche del 4 de marzo del 2010 “era aproximadamente 1.75 metros de altura, gordito, tez morena, cabello negro, sin barba ni bigote”. Cuando vieron un set fotográfico de cinco personas, inmediatamente reconocieron el rostro de Daniel Sánchez Ávila, y cuando fueron llamados a una confrontación física, y después de un año y 8 meses del crimen, volvieron a reconocer la cara del joven, como la persona que disparaba el arma la noche del asesinato, entre cinco personas que tenían las mismas características físicas en estatura, complexión, color de piel y vestimenta.
En la primera diligencia estuvo presente su abogado defensor, Miguel Ángel Meza Figueroa, quien solicitó ampliar el término para ofrecer pruebas y tratar de demostrar la inocencia de su cliente, el cual solicitó que se citara a comparecer a los hermanos Rafael y Ángel Enrique Martín Vázquez Cota, Arturo Cuevas Carrillo, Jorge Enrique Tamayo Robles, Maité Carrillo y sus hermanos Rafael y Alejandro Sánchez Ávila, así como a los testigos de la PGJE.
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