A capricho, vuelven cibermultas

Insensible, la presidencia municipal de Tijuana sostiene contrato y costo de infracción

Una compensación de 150 millones de pesos y la extensión por cuatro años más de un desventajoso contrato para el Ayuntamiento de Tijuana, fue el resultado de una demanda interpuesta por Global Corporation y que los dos últimos gobiernos municipales dejaron perder a expensas de los ciudadanos, quienes ahora deberán pagar las consecuencias de las deficiencias jurídicas.

María Isabel Mercado

La empresa Global Corporation se impuso al gobierno de Carlos Bustamante Anchondo.

Claro no sin ayuda de; la administración de Bustamante se declaró incompetente para dar batalla legal y revertir el contrato leonino. En detrimento del erario, optó por indemnizar a la empresa con 150 millones de pesos y ampliar el plazo del contrato por cuatro años.

La decisión de convenir la transacción judicial la tomó el alcalde Bustamante con su gabinete desde el 13 de diciembre de 2011, de manera unilateral, sin mediar una consulta al Cabildo de Tijuana como corresponde.

Fue hasta el sábado 6 de octubre de 2012, por mero trámite, que el “renovado” acuerdo  se presentó a todos los miembros del cabildo, cuyas posturas se fragmentaron con una débil oposición rebasada por la mayoría numérica de los ediles del Partido Revolucionario Institucional encabezados por el alcalde, quienes, sin más, avalaron el acuerdo.

De entrada aprobaron una ampliación presupuestal del orden de los 89 millones 910 mil pesos para un primer pago a Global Corporation, a costa del erario municipal.

Impericia legal

La razón en el Ayuntamiento para desistir de dar una batalla legal a Global Corporation fue el temor a perder un juicio que, entonces sí, los obligara a pagar los ocho mil millones de pesos que eran exigidos por la parte actora como indemnización. El argumento jurídico con el que la actual administración municipal se obliga a proporcionar la indemnización millonaria y una ampliación del plazo del contrato resulta poco claro y poco convincente, solo se remite a un caso perdido en una primera instancia y omite precisar la resolución de la segunda instancia, o el porqué de no haberse optado por un amparo.

La decisión que tiene una afectación millonaria en las arcas municipales, fue justificada por los priistas en la sentencia definitiva relativa al juicio ordinario mercantil que promovió Global Corporation Tijuana, S.A. de C.V. en el juzgado Tercero de lo Civil.

El fallo en esta primera instancia, desfavorable al Ayuntamiento en abril de 2009, lo condena al cumplimiento del contrato de prestación de servicios especializados y al pago como contraprestación del 65 por ciento de los recursos captados por los rubros y conceptos del programa Gobierno Electrónico, no al pago de 150 millones de pesos.

“El municipio no cobró esas multas, por lo que no estaba obligado a pagar esa o cualquier otra cantidad a la empresa, sí a reanudar el contrato y, en el último de los casos, hasta ampliarlo, pero no hay una base legal para darle 150 millones de pesos”, dilucidó el edil panista, Erwin Areizaga Uribe.

Añadió el regidor: aún quedaba una segunda instancia, “la cual resolvió en 2011, durante la actual administración,  y cuya resolución es un misterio, pues no se nos ha permitido acceso a esos archivos”.

Jurídicamente, la promoción de un amparo directo, luego de la segunda resolución, era la vía más recomendable para el gobierno municipal, tomando en cuenta los antecedentes del contrato, que además de lesivo en lo económico para la parte contratante, se produjo en forma irregular, sin pasar por la aprobación de cabildo, además de que Global Corporation también ha incumplido con algunos puntos del acuerdo original.

“Si la sentencia de la segunda instancia se dio durante el actual gobierno, éste pudo recurrir a un juicio de amparo directo, aunque ello implicaba un juicio más prolongado”, explicó a ZETA Armando Atilano Peña, Vicepresidente en la Región Noroeste de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México.

Para el abogado, otra opción de defensa del municipio habría sido el incumplimiento de contrato. Para el alcalde de Tijuana analizar este punto está demás, porque, “no estamos viendo si es lesivo o no el (contrato) original, el chiste es que se debe cumplir, no sé si se debió haber firmado o no, pero se firmó”.

En el punto de vista de la defensa jurídica del XX Ayuntamiento “se corría el riesgo de que nos intervinieran las cuentas, las cajas, y el 30 por ciento de las participaciones federales, pues el 70 por ciento ya está comprometido”, esgrimió Carlos Bustamante Anchondo.

Y señaló en forma incisiva: “Este juicio lo dejó perder irresponsablemente el anterior gobierno”, por lo que no ve otra solución que sacrificar los ingresos municipales, vía captación del gravámenes municipales o sanciones administrativas aplicadas a los ciudadanos para cubrir la onerosa indemnización.

La misma opinión la comparte el secretario de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra Batista, para quien “no pagar no era opción porque los juicios se perdieron, solo faltaba ejecutar y cuantificar las multas registradas”.

El responsable de las arcas municipales advirtió: “yo no creo que el juez, si reconoció que perdimos vaya a emitir una sentencia menor, o que son 150 millones de pesos o menos, lo más seguro es que vaya a ser más, a lo mejor no los 8 mil millones que pedía la empresa, pero de que iba a ser más de 150 millones de pesos sí era posible y preferimos no arriesgarnos”.

Continúa contrato ventajoso

El convenio original signado con Global Sight, ahora Global Corporation, por Jesús González Reyes en 2005, fue ratificado y ampliado por el gobierno de Jorge Hank Rhon a finales de 2006, en el se estipulaba una vigencia hasta el 20 de diciembre de 2016, lapso durante el cual el Ayuntamiento se obligaba a entregar a la empresa el 65 por ciento de lo captado por las cibermultas, el resto quedaba para las arcas del municipio.

El acuerdo avalado por el Cabildo del XX Ayuntamiento determinó una reducción del cinco por ciento, por lo que al reiniciarse la aplicación del Gobierno Electrónico, la empresa obtendrá un 60 por ciento. Será hasta después del 20 de diciembre de 2016, una vez concluido el contrato original e iniciado el lapso adicional de cuatro años, cuando el porcentaje para ambas partes se equilibre en un 50-50.

Otra modificación establece aportar la parte proporcional a la empresa de acuerdo a los ingresos en caja por ese concepto, y no en lo captado por las cámaras.

Respecto a las multas captadas en las cámaras durante la administración de Jorge Ramos, cuya parte proporcional requería la parte actora, con todo e intereses, el Cabildo optó por suprimir ese párrafo, por lo que “habrá borrón y cuenta nueva, se comenzará el contrato de cero”, declaró Rufo Ibarra desdeñando los 150 millones que habrán de entregarse a Global Corporation para antes de noviembre de 2013, plazo en el que prevé liquidar la cantidad comprometida.

Respecto al retorno de las cibermultas, se acordó dar un plazo de un mes, previo a su aplicación, para que el Ayuntamiento emprenda una campaña de difusión en la que dé a conocer a la población el programa, los límites de velocidad, aún no determinados, y la colocación de las cámaras de vídeo vigilancia.

Para complementar el nuevo convenio, será menester revisar y adecuar el reglamento de tránsito. Como tecnología adicional, el municipio requerirá a la empresa cámaras con cobertura de 360 grados y no 180 como se tenía programado anteriormente.

Dedicarle un mes a la ciudadanía para informar su ubicación, límite de velocidad y señalamientos adecuados no será rápido, será en el 2013

El resto del contrato no se modificó, por lo que está vigente, pero será hasta que la empresa actualice la base de datos y repare o dé mantenimiento a su equipo, que incluye 423 cámaras de vídeo vigilancia, cuando de nuevo se inicie con el programa.

Los vehículos con placas americanas no serán considerados en la aplicación de las cibermultas, pero en el futuro se buscara crear una base de datos que genere un antecedente que permita a Tránsito Municipal incluirlo si el conductor de esa unidad incurre en alguna otra infracción, anotó el secretario de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra.

El monto de las sanciones de las cibermultas causó mucha irritación, ya que además de altas, mil 500 pesos en promedio, se multiplicaban al ser captadas varias veces por las cámaras en un mismo tramo, anomalía que, asegura Rufo Ibarra, será corregida, pero no consideró disminución alguna de los montos anteriormente aplicados.

El alcalde Carlos Bustamante tampoco consideró elevadas las cibermultas, “¿Multas caras y repetidas? Son solo fantasías”, dijo.

Onerosa renta

Una renta anual del orden de los 54 millones se entregaba a Global por la prestación del servicio de vídeo vigilancia que incluía pago de patente, seguros y el mantenimiento del equipo, cantidad que el gobierno de Jorge Ramos desistió de cubrir, lo que derivó la demanda por incumplimiento de contrato por parte de la empresa.

El XIX Ayuntamiento escudó su falta de pago en el inadecuado y deficiente funcionamiento de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Mando (C2), pero legalmente no procedió en demandar la anulación del contrato. De hecho no contestó la demanda interpuesta en la primera instancia.

El caso se retomó en la administración actual, en la que se reanudará el alto pago a Global, prácticamente en las mismas condiciones ventajosas que en el contrato original, el Ayuntamiento se encargará de cobrar las multas y apoyar en la parte administrativa y técnica a la empresa, la cual recibirá el 60 por ciento de las multas electrónicas. Total, son los ciudadanos quienes pagan, “tenemos que participar todos, dicen es muy alta (la infracción), pues no la cometas”, sentenció Rufo Ibarra.

Otras investigaciones