Dinero abandonado, dinero robado

Incapacidad y falta de infraestructura en la Procuraduría de Justicia del Estado

Ante el hurto de más de 65 mil pesos y arriba de los 21 mil dólares de una Agencia del Ministerio Público en Tijuana, Asuntos Internos sospecha de todos, pero no consigna; señala y ex agente del Ministerio se queja: lo señalaron y lo exhibieron, mientras el Visitador General declara: “pudo haber sido cualquiera”

Adela Navarro Bello

Rosario Mosso Castro

El licenciado Martín Sánchez Puerta era Agente del Ministerio Público en Tijuana. El 9 de diciembre de 2011 estaba de turno cuando agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado presentaron a varias mujeres, hombres, y dinero; fue el resultado de un operativo contra la trata en tres bares de la zona norte.

En total el efectivo fue contabilizado en la Unidad de Delitos Sexuales: 26 mil 587.50 dólares y 252 mil 256 pesos. Así quedó inscrito en papelería oficial: “Averiguación previa 1681/11/202 se encontraba fedatada la cantidad de 11 mil 627 dólares, así como la cantidad de 39 mil diez pesos. Por cuanto hace a la averiguación previa 1682/11/202 se fedató la cantidad de 9 mil 463 dólares y 116 mil 710 pesos; por cuanto al expediente 1683/11/202 se encuentran fedatados 5 mil 497.50 dólares y 69 mil 959 pesos”.

Una vez salvado el trámite de contarlo, confirmar el resultado y la denominación de los billetes por otros funcionarios del Ministerio Público, cuenta el licenciado Sánchez Puerta que procedieron a resguardar el efectivo. Primera irregularidad. La caja fuerte, pequeña y maltrecha que se encontraba en la unidad no servía. Los cajones en un hechizo mueble de madera estaban también vulnerados en su seguridad. Los del MP optaron por guardar el efectivo en una caja de cartón. La misma que sellaron con tape y firmas de seguridad para evitar que los amarres fuesen violados. Total, el dinero sería llevado a Recaudación de Rentas en las siguientes horas.

No sucedió así. Tres días después la caja con los dólares y los pesos, seguía abandonada en un rincón de la agencia del Ministerio Público, y cuando los funcionarios, incluido Sánchez Puerta, indagaban sobre la fecha que el dinero sería retirado y depositado en lugar seguro, les decían que dentro de unos días. Pero no pasó nada, hasta el 9 de enero de 2012.

La caja conteniendo lo asegurado en bares de la zona norte estuvo a la intemperie, en una oficina sin seguro, sin alarma ni candado, durante un mes. En el piso y solo protegida por tapes (como se aprecia en las fotos en poder de ZETA).

Cuando de la Procuraduría fueron a recoger el dinero 30 días después de asegurado, faltaba efectivo.

Personal de Asuntos Internos llegó hasta la Unidad del Ministerio Público de Delitos Sexuales y cuando requirieron el dinero se les mostró la caja; fue abierta no sin antes tomar muestras periciales para iniciar la investigación del hurto; les fueron tomadas las huellas para comparación a 31 funcionarios de la Unidad.

Cuando se abrió la caja, solicitaron a Sánchez Puerta contara el dinero. El faltante se contabilizó así: menos 67 mil 410 pesos y menos 21 mil 893.50 dólares. El jefe de asuntos internos zona costa era Sergio Alberto Lagunas, hoy director de averiguaciones previas de la procuraduría, y quien cuenta con sus propios señalamientos de irregularidades por parte de personal de la Policía Ministerial.

Sánchez Puerta refiere a ZETA, que aparte de él muchos manejaron la caja durante los 30 días que estuvo expuesta con el dinero en efectivo; ciertamente comentó, sus huellas aparecerían porque fue él junto con otros funcionarios quienes contaron el dinero, lo introdujeron en sobres y sellaron la caja. “La verdad todos sospechábamos de todos cuando se reportó el faltante. Algunos que habían comprado carro, otros casa, otros más pagado algún rescate o finiquitado deudas; los de asuntos internos incluso sospechaban de todos, un día decían que había sido el Policía, otro día algún compañero y un día que fui yo”.

Para las primeras semanas de enero, de Asuntos Internos suspendieron a dos Ministerios Públicos, al que entregó y al que recibió el dinero. Ahí iba Sánchez Puerta, “nos suspendieron por no haber resguardado el dinero, por no haberlo entregado cuando nadie nos lo quiso recibir y durante un mes la caja estuvo expuesta, nos suspendieron por robo”; el agente Sánchez renunció los primeros días de abril a la Procuraduría. Dice haberlo hecho porque no quería que lo corrieran y con ello cerrar su futuro laboral en los cuerpos de seguridad, e insistió:

“Lagunes no pudo determinar quién fue el que robó el dinero, y luego nos suspendieron para una investigación preventiva”.

Sin embargo, Sánchez entregó documentos a ZETA donde prueba que no lo consignaron por robo sino por presuntamente favorecer a los abogados de los bares donde se había incautado el dinero. Acusó la Procuraduría: “con las declaraciones ministeriales rendidas por Jorge Vargas Andrade, Sergio Pérez Bolaños y Antonio Hernández Rodríguez, anteriores declaraciones de las que afirma el representante social se desprende que el sujeto activo Martín Sánchez Puerta, con su conducta dolosa concedió indebida ventaja a los indiciados al modificar sus primeras declaraciones…”.

Aun con ello la orden de aprehensión contra Sánchez fue negada por el Juez Séptimo de lo Penal, y en agosto de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Baja California confirmó la negativa así: “Se confirma en apelación el auto que negó la orden de aprehensión, dictado por la Juez Séptimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a favor de Martín Sánchez Puerta, por el delito de delitos cometidos en la administración de justicia, por el que fue preventivamente acusado por el representante social”. Resolvieron así por unanimidad los Magistrados Perla del Socorro Ibarra Leyva, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Emilio Castellanos Luján.

El ex agente del Ministerio Público alega en su defensa: “No se comprobaba el delito de trata, las mujeres detenidas decían que estaban en los bares ofreciendo sus servicios por voluntad propia, una incluso que era profesionista pero le gusta ese trabajo, los hombres eran empleados, gerentes y trabajadores de los lugares, el delito no se comprobaba”. Refiere que una vez levantadas las declaraciones de los presentados, abogados de los mismos quisieron agregar información, que la secretaria ya se había retirado y que él como Ministerio Público lo hizo, pero que ello no significó favorecer. De ahí que primero el Juzgado y luego el Tribunal negaran la orden de aprehensión.

Pero a pesar de ello, el nombre de Martín Sánchez Puerta fue incluido en un boletín que consignaba para conocimiento público, la suspensión de varios funcionarios de la Procuraduría. De hecho el comunicado fue dado a conocer en mayo de 2012, semanas después que Sánchez había renunciado a la Agencia del Ministerio Público. El hecho le trajo consecuencias negativas. No solo laborales, también algunos de sus documentos internacionales le fueron retirados.

El 14 de mayo la procuraduría emitió un comunicado donde avisaba de elementos suspendidos: Saúl Castro Villareal y Julio César Peña Cureses, por participar en forma material en el secuestro de un casa cambista. Martín Sánchez Puerta y Antonio Martínez Fonseca, por la desaparición de 20 mil dólares que tenían en custodia. Rosa Evelia Madera Ramírez, solicitar dinero a detenidos. Jesús Martínez Morales, solicitar dinero a detenidos. Rigoberto Lechuga Sánchez, lesionar a policía. Rafael Hernández Muño, uso de tarjeta de crédito clonada. Arnoldo Sauceda Almeida, manejar en estado de ebriedad vehículo oficial. Manuel de Jesús de los Santos León, acusado de disparo de arma de fuego. Raúl Gerardo Cobo Montejano, alterar diligencias en una averiguación previa. Fernando Alonso Salas Cerecer, robo con violencia a mujer. Sin embargo como se verá adelante, algunos de ellos fueron suspendidos pero no separados del cargo.

“Yo lo que quiero es que la Procuraduría se desdiga de mi suspensión porque la hicieron pública cuando yo ya había renunciado, además que se disculpen públicamente, pues se negó la orden de aprehensión en mi contra; me señalan de robo porque encontraron una huella mía en la caja, pues si yo conté el dinero, yo estaba ahí cuando lo resguardamos, claro que iba a aparecer una huella mía”.

Hasta la fecha, el licenciado Sánchez Puerta ha salvado los procedimientos legales en su contra, de hecho mostró a ZETA documentos que acreditan su solvencia jurídica e incluso el finiquito que de la Procuraduría le hicieron al renunciar.

“Pudo ser cualquiera…”, Dueñas Hurtado

Joel Hidalgo Dueñas Hurtado es el Visitador General de la Procuraduría de Justicia de Baja California, en términos llanos el responsable de las investigaciones internas. De entrada aclara: “No, no fue en mayo la suspensión (de Sánchez Puertas). La di a conocer mediáticamente en mayo, pero fue hecha legalmente desde que tuvimos conocimiento, que fue el 9 de enero”; y que se dio porque “no hubo un correcto cuidado del dinero”, lo cual desencadenó en el robo:

“Como 22 mil dólares y 60 mil pesos aproximadamente; esos dineros estuvieron guardados en una caja de cartón, junto con el resto de la evidencia, misma caja que estuvo siempre debajo del escritorio del agente del Ministerio Público, trabajan por turnos, son tres los que dan vuelta; uno va, uno llega, uno va, uno llega, pero el detalle, eso ya es como que imposible así saber en qué momento”.

Aceptó el funcionario la reacción tardía para asegurar el dinero: “nosotros tenemos conocimiento el 9 de enero, ahí el detalle está en que cuando recién se da el hecho, se hace un traspaso, él y los agentes se tienen que hacer una entrega de bienes, entonces el que entrega dice ‘aquí está esto y aquí está el dinero’. Lo que debe hacerse es ‘quiero ver que me lo entregues, yo quiero verlo’, y luego lo vuelve a guardar para ya ahora sí hacerlos cerrados; como él no había hecho ese procedimiento porque obviamente el turno se va corriendo, entra el otro de relevo y el otro ni hace esa verificación del dinero, ni el que entrega se preocupa por dejarlo. ¿Qué pasa con eso? Propicia una incertidumbre sobre si estaba o no estaba el dinero cuando se entregó…entonces esos actos son irresponsables”.

— ¿La lógica indica que ellos se tienen que quedar el dinero? ¿No hay una instancia que les reciba ese dinero?, porque lo acaba de decir, no es una televisión de bulto. ¿A quién tocaba recibir ese dinero, o se lo tenía que quedar el Ministerio Público?

“Ajá; obviamente tenemos, la verdad, en la Procuraduría que admitirlo: hay carencias, no tenemos una relación de evidencias, no tenemos a lo mejor gente tipo Estados Unidos, donde van y entregan, pero eso no implica que la gente tenga creatividad y responsabilidad sobre los bienes que guardan”.

— ¿Él se lo tenía que quedar?

“De entrada sí tenía que quedárselo, en lo que se definía a dónde iba a parar, porque el problema está que cuando pasa de una mano a otra, pasa sin el procedimiento adecuado…”.

—Pero no lo habían pasado…

“No, los dos ministerios públicos se lo pasaron…Sí, ‘oye te están entregando acá este dinero, ¿ya lo contaste?’. –‘Sí, ya lo conté…’. ‘Hay que contarlo otra vez…’. – ‘No, si tú ya lo contaste, así déjalo…’, y así fue, esto no lo estoy inventando, salió de las investigaciones de ellos, de palabras de ellos mismos”.

Por increíble que se lea, no existía –antes del robo– la norma de entregar el efectivo decomisado a la Secretaría de Finanzas, explica Dueñas: “aquí estamos todos los días, la verdad, actuando sobre los errores, también, por qué no, y si hay una deficiencia a lo mejor por parte nuestra, tenemos que hacer todo por solventarla. Se decidió enviarla a la Secretaría de Finanzas…”.

— ¿Y cómo determinan que fueron ellos?

“Una cosa es el robo, que es una cuestión penal, y otra cosa es la fase administrativa, que es por cuestiones de trabajo. Visitaduría tiene la modalidad penal-administrativa, entonces, penalmente hablando, pues no determinamos ‘fuiste tú’, donde hacemos las suspensiones y esas clases de actos es en lo administrativo”.

— ¿La suspensión fue por…?

“Ahí fue una suspensión por falta de probidad en el acto, falta de cuidado, no ser responsable en el cuidado de ese dinero, y no procurar, lo cual propició la pérdida. Que pudieron haber sido ellos, tal vez, también. Ahora bien, si en lo administrativo de alguna manera absorbe lo penal en el sentido de que si ya te demostré que tú fuiste, pues entonces aparte ya no nomás digo que eres irresponsable en tus conductas; aparte digo que no eres honrado”.

— ¿Cómo está demostrando que no es responsable?

“No estoy juzgando sobre su responsabilidad, simplemente al ser ellos los que tuvieron contacto directo con ese dinero, entonces hay que investigar cómo es que pasa de unas manos a otras, y ver que hay un acto de apatía, de irresponsabilidad en el manejo de esas cantidades que propicia su pérdida… se suspende preventivamente, sigue la investigación, Martín Sánchez Puerta decide renunciar, no tenemos nada que ver con eso, me refiero en que haya habido una resolución por parte de nosotros para separarlo, no; la renuncia es un acto unilateral, voluntario y de facultad exclusiva del servidor público”.

— ¿Y Ustedes no le siguieron ningún procedimiento en contra?

“Estamos con el procedimiento administrativo, al momento que ya renuncia, pues deja de ser servidor público, pero el expediente como tal también está contra quien resulte. Por otro lado tengo el penal, por robo y por lo que resulte, ahí cualquier cosa que pueda darse…”.

Sobre las condiciones de seguridad de las Unidades del Ministerio Público para el resguardo de dinero como en el caso, respondió Dueñas a la pregunta sobre si las puertas del edificio tienen seguro:

“En la oficina del Ministerio Público no recuerdo… están en un cuarto. En la oficina del Ministerio Público, estamos hablando de una oficina de cuando mucho 3 x 4, está el escritorio, está la entrada, el dinero estaba del lado derecho, en una caja de cartón”.

—Y no había dónde ponerlo, o sea, pensaron “me los llevo a mi casa, allá están más seguros”…

“A lo mejor hasta… Si yo me coordino con los agentes, donde sabes que solo el dinero lo voy a extraer de esa caja y lo tengo conmigo en mi turno, si tengo que salir, me lo llevo”

— ¿Pueden hacer eso, llevárselo a su casa?

“Hay que hacer lo que sea necesario para evitar… siempre y cuando sea legal, hablo de la oficina, tenerlo tú contigo a la vista, si tengo que irme qué pasa, pues le dejo a mi secretario, a mi primer secretario de confianza, ‘voy a salir de urgencia, ten’. A lo que me refiero es a no desentenderte. Hay una caja fuerte que ellos tienen solamente acceso, hay una llave y tienen su clave”.

— ¿Y había dinero ahí? ¿Sí funciona la caja? ¿La puerta para entrar ahí tiene llave?

“Sí, había más cosas, sí funciona. Normalmente no hay llave”.

— ¿Entonces pudo ser –el del robo- el que hace la limpieza también, o alguien que estuviera afuera que entró y se hizo patito?

“No; es que hasta ahorita pudo ser cualquiera, siendo honestos…”.

— ¿Y no había manera de meter la mano?, porque estaba enteipada, pero siempre hay manera de doblar…

“Hubiera quedado marcado, cada agente del Ministerio Público estuvo enteipando cada turno. Lo que pasa es que lo que sí se determina en base a los cortes que pudo haber sido entre el 9 de diciembre y el 13 de diciembre, más o menos, por lo que los propios MPs que estaban custodiando de entrada, porque uno de ellos dice ‘no, es que yo lo recibí en sábado, en el caso de Sánchez, y el martes enteipé’. El problema es dónde dejaste entonces… ‘no, pues ahí dejé la caja’, ¿y enteipaste y aseguraste? En una declaración dice que sí, y en otra declaración dice que no”.

—Para aclarar el punto de la cadena de custodia: ¿Qué tenían que haber hecho con el dinero?

“Lo primero, tenías caja fuerte, para empezar, bueno, así como la ponemos, Ministerio Público va a entregar turno, paso número uno que debió haber hecho, a la entrega es contarlo, que no se hizo, el otro debió contar para poder dar certeza jurídica que la cantidad de dinero que le estaban entregado fue la misma que introdujo al sobre. Una vez que recibe el sobre, sellarlo, embalarlo, un sello de la Procuraduría, arriba le pones tapes, lo rayas atravesado, lo que tengas que ponerle”.

—Entonces en la cadena de custodia, en la caja fuerte se pudo haber quedado un mes, dos meses…

“Es que al mes precisamente se iba a consignar el expediente, no iba a durar ni gran cosa, en los términos de una investigación, más de esa naturaleza, un mes es un tiempo relativamente corto, atendiendo a las necesidades y tiempos en que funcionamos, se atravesó diciembre… y al 9 de enero ya está lista el acta para consignarse, o sea, qué pasa, ‘a ver, ahora sí vamos a contar el dinero para mandarlo al Juzgado’, ¿por qué ahora sí te preocupas por contar el dinero, por qué no hiciste lo mismo con el juez?  Porque el juez te hubiera dicho ‘no señor, a mí primero me cuentas aquí en mi cara y te recibo’. No vas a ir con el juez con los sobres sin haber verificado que llevas la cantidad exacta, y qué haces, empiezan a contar el dinero precisamente Martín Sánchez Puerta y curiosamente en cinco minutos supo que le faltaba dinero y, ¡plop!, pasó todo”.

Procuraduría sin seguridad

La realidad es que en Baja California la Fiscalía Estatal no tienen ni reglamentación ni instalaciones para resguardar las evidencias de los casos que investigan. Sean de corte penal o civil; dineros, documentos, droga, enseres y otros objetos. En las Unidades Ministeriales los funcionarios –como lo explicó Dueñas– deben usar su creatividad para actuar con probidad.

El Procurador Rommel Moreno Manjarrez comentó a ZETA su intención por promover la creación de la Dirección General de Bienes Asegurados, Control, Resguardo y Manejo de Evidencia, incluso dijo utilizarían la legislación que en Baja California Sur dio origen a esa institución para avanzar en la local.

La gravedad no es sólo el robo al que se expone a la mercancía decomisada –dinero, drogas, en particular–, sino lo que ello afecta en las investigaciones ministeriales. Como en el caso del dinero robado, la Visitaduría no ha tenido la capacidad ni los elementos para procesar a funcionario alguno por el hurto, pero sí ha señalado sin mucha evidencia de por medio a quienes sospechan culpable, y la realidad es que dinero decomisado, abandonado y robado, ya no será recuperado en perjuicio del Estado.

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