Los manoteos de Tony Agúndez

Malos manejos en cuentas públicas de mayo y junio

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Los Cabos, no aprobó las cuentas por una serie de irregularidades detectadas en el manejo de 33 millones 402 mil 321 pesos en Presidencia, Tesorería y Oficialía Mayor. Los regidores también observaron que retenciones de trabajadores e impuestos fiscales por el orden de 17 millones 597 mil 378 pesos, no fueron declarados en la SHCP

Gerardo Zúñiga Pacheco

San José del Cabo, Baja California Sur. A un año y casi seis meses de administración, los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Los Cabos, no tuvieron más remedio que rechazar las cuentas públicas de mayo y junio pasado del gobierno municipal del alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio Agúndez Montaño, en virtud de una serie de irregularidades y malos manejos que exponen la opacidad y falta de control en el manejo del dinero público.

Sin embargo, con la vieja escuela de su hermano, el indiciado ex gobernador Narciso, preso en el Centro de Readaptación Social de La Paz y acusado del delito de peculado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el otro Agúndez recurrió al mayoriteo para, con la venia de regidores, aprobar y tapar el cochinero contable y administrativo antes de que fuera sujeto de revisión en el Congreso del Estado de Baja California Sur.

El dictamen de la comisión integrada por el síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Reynaldo Zatarain Valera y Julio César Castro Pérez, determinó no aprobar la cuenta, ya que en base a la revisión contable y financiera de esos meses, concluyeron que “incumple de manera parcial lo dispuesto por la Legislación y Normatividad aplicable al presupuesto autorizado, y aun cuando la contabilidad se lleva de forma legal, no es con base a la Ley de Contabilidad Gubernamental vigente a partir del 2009 y de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Normatividad del Contenido y Control de Cuenta Pública de Baja California Sur”.

Las irregularidades

Entre las irregularidades detectadas en el dictamen que obra en manos de ZETA, destacan:

1. El Ayuntamiento entregó pagos de anticipos a proveedores de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública, cuando ni siquiera habían terminado de comprobar gastos de un contrato anterior. Es el caso de la compañía identificada como Bloquera El Palmar o Villagómez Jurado, S.A. de C.V., la cual después de recibir un millón 420 mil 943 pesos, únicamente comprobó 250 mil 926 pesos, y aun teniendo pendiente entregar comprobantes por un millón 170 mil 017 pesos, irresponsablemente fue liberado un nuevo anticipo, elevando su saldo a un millón 873 mil 863 pesos.

2. El Ayuntamiento no comprobó la entrega de anticipos para obras con cargo al presupuesto, lo que permitiría exigir el cumplimiento de garantías en caso de detectar vicios ocultos o irregularidades en las construcciones. Por tal situación, algunos proveedores no terminan por entregar comprobantes desde el inicio de la administración, como son las compañías Iluminación Sustentable, Movicreto, S.A. de C.V., Maquinaria y Suministros, Cabo Nuevo Construcciones, Ramón Ramos Serrano y Constructora Roja, S.A., que en conjunto ascienden a 18 millones 286 mil 669 pesos.

3. Los funcionarios Edilberto Graciano Chávez, José Salvador Solorio Ceseña, Miguel Ángel Palacios Romero, Jesús Druk González, Alejandro Rosas Cañedo y José Álvarez Vizcarra, no comprobaron gastos en su conjunto por el orden de los 2 millones 198 mil 316 pesos, dinero que había sido entregado para sus fondos revolventes.

En el dictamen, los regidores exponen que “como ha quedado evidenciado, los responsables de las áreas o dependencias que participan en las adquisiciones de bienes y servicios, incumplen con la Normatividad y la Ley, toda vez de que al no ser entregada oportunamente la comprobación de gastos, permiten que no haya un manejo apropiado en el registro contable”.

4. La Tesorería a cargo de Gerardo Manríquez Amador tampoco recabó todos los comprobantes que amparan el saldo de la cuenta de anticipos para gastos diversos pendientes de aplicar al presupuesto, lo que en una simple lectura de los regidores sobre la balanza de comprobación, permitió detectar que lejos de disminuir, subió a 6.7 millones de pesos.

5. La Tesorería tampoco ha instrumentado un control contable del efectivo a través de la cuenta de Caja General, lo que de manera benévola no permite hacer una conciliación mensual del monto de los ingresos fiscales correspondientes a cada centro de recaudación, y que hayan quedado pendientes de depositar en el último día de calendario como prueba de depósitos posteriores.

6. La Oficialía Mayor, a cargo de Edilberto Graciano Chávez, carece de un control detallado sobre el consumo de gasolina por dependencia, el cual debería haber sido integrado en términos de litros y costos para analizar si los consumos corresponden al número de vehículos de cada dependencia, toda vez que en un solo mes, el Ayuntamiento está reportando gastos por 4 millones 342 mil 473 pesos por concepto de combustible y aditivos.

7. La Tesorería, a través de la direcciones de Ingresos y Contabilidad, no ha protocolizado un sistema con los recaudadores de rentas del municipio, como habían solicitado los regidores desde el inicio de la administración, a fin de conciliar mensualmente el dinero que ingresa a través de la cuenta bancaria 0102-0000-0000-00-00.

En la revisión contable y según el dictamen edilicio, los regidores detectaron un marcado favoritismo para ciertos proveedores del Ayuntamiento de Los Cabos, porque mientras algunos no reciben pagos desde abril de 2011, otros sospechosamente reciben pagos hasta de contado incluso antes de terminar sus servicios o trabajos, como es el caso de Gilberto Corral Alemán, Comercializadora Sekapa, Azucena Díaz Logan, Noé Espinoza Garduño, Muebles El Sinaloense, Importadora San José, S.A. de C.V., Armando Macías Juárez, José Montes Salinas, Imprenta Oroz, Patricia Palafox Cota, Servicio Automotriz Baja SRL, Marisol García Valdés, Jorge Yépez Zazueta y Lucía del Carmen Santacruz Mendoza, quienes en su conjunto y en los primeros cinco meses del ejercicio fiscal 2012, recibieron 25 millones 468 mil 043 pesos por concepto de anticipo, abono o liquidación.

Cantidad que según el dictamen edilicio, tuvo un manejo irregular durante los meses de mayo y junio, y asciende a 33 millones 402 mil 321 pesos en las áreas de Presidencia, Tesorería y Oficialía Mayor.

No solo eso. Según el documento de 21 hojas, los regidores observaron que los descuentos realizados vía nomina a los colaboradores del Ayuntamiento, bajo el concepto de “Retenciones a Favor de Terceros”, por carecer de una política específica, no están siendo entregados puntualmente junto con los “Impuestos a Pagar”, particularmente el llamado Impuesto Sobre la Renta, conocido por sus siglas como ISR, pues a pesar de descontar el dinero a sus colaboradores, tan solo en el mes de junio no se reportaron o declararon fiscalmente recursos por el orden de los 17 millones 597 mil 378 pesos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que permite que el dinero público sea manoteado discrecionalmente.

La aprobación

Después de una acalorada discusión entre regidores del Ayuntamiento de Los Cabos, y en medio de la duda por la serie de irregularidades detectadas, el 13 de septiembre y viendo que el dictamen de la comisión edilicia decretaba no aprobar las cuentas publicas de mayo y junio pasado, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño maliciosamente tuvo que operar dentro del seno del Cabildo para que sus cuentas finalmente fueran avaladas por la mayoría de los regidores.

La votación quedó de la siguiente manera:

1. El sindico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Juan Fernando Sánchez Navarro, Mario Fernández Alonso, Reynando Zatarain Valera y Ana María Wilson Izquierdo, votaron a favor del dictamen porque -según expusieron en la reunión de Cabildo- “las cuentas no estaban nada claras y había una serie de observaciones de carácter general y particular sobre el análisis financiero y contable que tenían que volver a ser revisadas, por lo que solicitaban a todos los funcionarios y dependencias involucradas en el manejo de los recursos financieros, cumplir con la Normatividad y la Ley vigente”.

2. El alcalde José Antonio Agúndez Montaño y los regidores Juan Mauricio Albañez Albañez, Jesús Octavio Arvizu Buendía, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Ortegón Góngora, Emilia Vega Uribe, Eda María Palacios Márquez y Julio César Castro Pérez, votaron en contra del dictamen. Sin argumentos o una justificación válida, los regidores -según sus propios compañeros- se dejaron llevar en el sentido de la votación del otro Agúndez.

Para algunos de los regidores -quienes se negaron a que su nombre fuera publicado para evitar mayores confrontaciones en el seno del Cabildo-, la actitud del presidente municipal de Los Cabos deja mucho que desear, sobre todo la postura asumida por el regidor Julio César Castro Pérez, ya que siendo integrante de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, firmó el dictamen de que no fueran aprobadas las cuentas públicas del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, empero a la hora de la decisión final, reculó y votó en contra del dictamen que él mismo había elaborado junto con el síndico y otro regidor. “Eso es tener doble cara”, expresaron los ediles que contactaron a ZETA.

Los regidores comentaron que comúnmente el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, se queja con empresarios y desarrolladores de no tener el respaldo del Cabildo, cuando se trata de frenar proyectos de inversión en la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología; sin embargo, en casos como el de la aprobación de sus cuentas dudosas, inmediatamente operó y controló a la mayoría de los ediles que avalaron tapar su cochinero.

Durante un encuentro con este Semanario, los ediles señalaron que el dictamen edilicio es producto de una revisión contable y administrativa de tres meses, por lo que las cosas no se están haciendo bien dentro del Ayuntamiento de Los Cabos y las mañas de “Los Agúndez”, están quedando en evidencia en el manejo del dinero público.

En el dictamen edilicio, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública advirtieron que “esta comisión realizará, por conducto de la Contraloría General Municipal o con personal de la Sindicatura, una revisión encaminada a verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y el respectivo reglamento en la materia para el municipio de Los Cabos, toda vez que en su conjunto, las operaciones comerciales observadas rebasan los límites para la asignación directa de contratos, y pudiera resultar que en algunos casos, sea necesaria la celebración de un proceso de licitación, o mínimo la invitación a tres proveedores”.

Gastos no comprobados hasta junio pasado

Los fondos de Caja de Funcionarios

Fuente: Dictamen edilicio de regidores de Los Cabos

Dinero entregado en el primer semestre de 2012

Proveedores consentidos

Fuente: Dictamen edilicio de regidores de Los Cabos

Otras investigaciones