PGJE: Amenazas y muerte

Reacción violenta de agentes corruptos

La ola criminal de Mexicali, tiene su origen en el enfrentamiento entre células de ministeriales integrados a cárteles sinaloenses antagónicos y la molestia de agentes corruptos, al darse cuenta que sus nexos criminales están siendo investigados

Rosario Mosso Castro

Cristian Torres Cruz

La investigación de agentes ministeriales corruptos involucrados en el crimen organizados, en el robo de vehículos y protección a casineros, fusionada con una pugna entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leyva, tienen a Mexicali convertido en el centro de actividad pública criminal de Baja California.

En las indagatorias surgen nombres de criminales como Édgar Omar Amaya Ruiz “El 7” y/o “El 7-7” y uno identificado solo como “El Braulio” , reinicia acciones delictivas publicas el Cártel de los Beltrán Leyva y resurgen nombres de ex ministeriales presuntamente ligados al crimen organizado: Moreno, Palomares y Ortega.

La Procuraduría del Estado remite al 29 de agosto de 2012, el origen de los actuales

homicidios y amenazas escritas en mantas colocadas en puentes. En aquella fecha dos cabezas de cerdo con un cuchillo enterrado fueron dejadas en las afueras de la agencia de la PGJE  en Villaverde en Mexicali, tenían encima hojas donde escribieron los nombres de los ministerios públicos Luis Vega Tapia y Atalo Machado Yépez.

Las líneas de investigación planteadas oficialmente son: corrupción interna y control de narcomenudeo. La primera por encima de la segunda.

El resto de las autoridades de seguridad domiciliadas en la capital bajacaliforniana, integradas al Consejo Estatal de Seguridad, consideran que la actual jornada de muerte y violencia  tiene antecedentes más antiguos, plantean que inició a partir del 19 de enero de 2012 con el asesinato del policía municipal, Daniel Samaniego Félix, homicidio que incluso se relaciona con hechos criminales sucedidos en 2011.

Las fuerzas operativas, coinciden en la corrupción de ministeriales como parte de las razones, pero atribuyen la jornada violenta al incumplimiento de acciones de protección a los cárteles.

Todos, refieren a ministeriales inmersos en el “baje” de droga. Sin embargo, el único robo de enervantes hecho público hasta ahora, es el de 200 kilos de cocaína, en el que se involucraron ocho policías municipales y  de 20 a 28 agentes ministeriales, después que se encontraron en un vehículo decomisado en el ejido Islas Agrarias a principios del 2012.

Como parte de las causas, incluyen el recrudecimiento de una pugna entre cárteles, por una célula criminal que servía a Sinaloa en Mexicali que empezó a mover droga de los Beltrán Leyva y a tratar de recuperar el terreno que había controlado Víctor Javier Serrano Galván “El G1” hasta el 5 de diciembre de 2008, día en que fue detenido. Y el histórico pericial de las armas utilizadas en la actual pugna, han remitido a los investigadores a otro pleito inter-cárteles que incluía un intento de incursión del Cártel Arellano Félix (CAF) en Mexicali, precisamente en el año 2008.

Caso Aguilar y la investigación oficial

En agosto de 2012 se suscitó un enfrentamiento interno en la PGJE, un par de agentes ministeriales se pelearon con un ministerio público del Nuevo Sistema de Justicia Penal, como resultado un mensaje de amenaza en la forma de dos cabezas de puerco cercenadas. Este pleito obligó al procurador y subprocuradores a reconocer problemas de corrupción y a considerar la denuncia que involucraba a tres decenas de agentes de la procuraduría de Mexicali metidos en el crimen organizado que además participaba en robo y venta de droga. Iniciaron lo que llamaron un proceso de depuración interna.

Se inició una indagatoria y las referencias de los delitos continuaron acumulándose, Juan Cristóbal Aguilar Aispuro era parte de este expediente. Las autoridades no informaron si como investigador, informante o delincuente.

La noche del 2 de octubre de 2012, dos sujetos con la cara descubierta y una gorra en la cabeza ataviados con su camiseta tipo polo, entraron al casino Caliente frente a las cámaras de vídeo vigilancia y un centenar de personas, entre empleados y apostadores.

Jóvenes entre los 20 y 25 años, uno registrado oficialmente con “apariencia sinaloense” y el segundo con rasgos de nativos en el sur de México. Ingresaron a Caliente, 20 minutos antes del asesinato, armados, sin ser sometidos a ninguna revisión, compraron una tarjeta para apostar en las máquinas pero no sabían cómo usarlas, “como que nunca habían accedió a ese tipo de tecnología”.

Todo indica que no son matones locales, sus imágenes fueron corridas en los bancos de datos y hasta el cierre de edición no se había encontrado coincidencia.

Conforme a la versión oficial basada en reporte pericial, audio y video, plasmada en la indagatoria, los dos tipos llegaron y sin más le dispararon a Aguilar Aispuro, uno le descargo 4 tiros en la parte superior izquierda de la espalda y el otro del lado derecho, perforándole una zona del hombro, la axila y a la altura del tórax.

La escena del crimen, indica que trataron de ayudarlo, porque cuando llegaron los peritos, su cuerpo tenía la camisa de vestir abierta y la camiseta de tirantes blanca, rasgada. Los homicidas salieron con tranquilidad del casino, abordaron un auto compacto gris tipo Stratus donde los esperaba un conductor que los llevó con rumbo desconocido.

Ante el asesinato de Juan Cristóbal, entre el miércoles 3 y el jueves 4 de octubre, el Procurador y sus subprocuradores decidieron sacar de Mexicali al grupo de ministerial presuntamente involucrado con el crimen organizado que estaban investigando, para tratar de evitar más homicidios y desmantelarlos, mientras concluyen la indagatoria.

El viernes 5 de octubre un grupo de alrededor de 20 elementos de la PGJE fueron notificados que por necesidades del servicio y conforme a la ley serán reubicados en Tijuana, Rosarito y Ensenada. Lo que arruina el negocio de los corruptos incluidos en el paquete, razón por la cual manifiestan su inconformidad, pero los jefes no acceden.

Al día siguiente, sábado 6 de octubre de 2012, el joven estudiante universitario, Enrique Reyes Zavala recibió al menos tres impactos de bala, uno en el tórax, otro en el brazo izquierdo y un rozón cerca de la barbilla, la agresión se presentó a poco menos de dos cuadras en donde Aguilar Aispuro había sido atacado, el tipo de balas en ambos incidentes corresponde a un calibre .40.

Información de áreas de inteligencia proporcionada a ZETA por elementos de las corporaciones integradas al Consejo Estatal de Seguridad, considera una relación del joven con un grupo delictivo dedicado a robar vehículos que después eran utilizados para el cruce de droga en las inmediaciones de la Colonia Miraflores, colonia cercana al lugar en donde los agresores abandonaron el auto usado para trasladar a sus atacantes, prendiéndole fuego, era un Dodge Stratus gris con placas de circulación BHG-42-15.

No había pasado ni una hora cuando un robo con violencia se registró en el residencial San Pedro de una camioneta marca Honda el cual según fuentes municipales relacionaron con el ataque al joven Reyes Zavala, el vehículo fue finalmente localizado en la colonia Benito Juárez.

Reyes Zavala continúa inconsciente recibiendo tratamiento médico, sin embargo personal de la PGJE informaron que  antes de desvanecerse el día del ataque, aseguró que conocía a sus agresores, pero no revelaría sus nombres.

En el Caso Aguilar Aispuro las líneas de investigación son:

1)    La historia tras su captura en 2002, que eran las presuntas relaciones que tenía con los hermanos Higuera (representantes del CAF y después del Cártel de Sinaloa).

2)    El trabajo en la PGJE desde su reinstalación incluida la labor de inteligencia e investigación en el combate al robo que realizaba al momento de su muerte.

3)    Los elementos que colaboraban entonces con Aguilar en la agencia contra robo.

4)    La corrupción interna: células delictivas donde se mezclan delincuentes y ministeriales que pertenecen a grupos criminales antagónicos.

Protección a casineros

Otra línea que no ha considerado oficialmente la PGJE dentro del expediente de Juan Cristóbal, aunque los investigadores del caso admiten la posibilidad de que deba ser incorporada, es la existencia de dos grupos criminales en pugna que brindan protección a los casineros.

“Sabemos de la venta de droga al interior de algunos casinos, algunos ya los tenemos identificados y se están indagando, la presunta participación de ministeriales en su protección tampoco nos es ajena”.

Conforme a trabajos de inteligencia del consejo de seguridad, hay un grupo encabezado por un sujeto al que solo identifican como “El Braulio” que ha tratado de extorsionar a los empresarios de las apuestas. Lo clasifican como un individuo violento, “loco”; que en el primer semestre del 2012 atacó las instalaciones de algunos casinos localizados en Mexicali a manera de advertencia.

Porque se negaron a darle dinero, argumentando que le pagaban piso a un grupo de ministeriales, que ya los protegía del resto de las corporaciones y grupos delictivos.

Las reubicaciones

Para el martes 9 de octubre la tranquilidad se volvió a romper, el reporte al C4 indica que “…siendo las seis treinta y un minuto es reportado por medio de la línea de emergencia 066 que en el bulevar General Lázaro Cárdenas colonia Nuevo Mexicali reportan que están dos lonas colgadas sobre el puente peatonal, en las cuales dice el mensaje Ratas ministeriales, pónganse truchas, sigues tú, traidor, Francisco Valdez Verdugo; así mismo sobre el bulevar Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas hay otra lona con la misma leyenda”.

Al final, el informe de la Procuraduría General de Justicia del estado fueron 6 mantas colocadas en tres puntos de la ciudad, de manera simultánea en los puentes de Independencia y Adolfo López Mateos, Adolfo López Mateos y Bulevar Lázaro Cárdenas y el puente peatonal Lázaro Cárdenas y Calle Novena. Dos mantas en cada vialidad, todas con la misma leyenda, cuatro idénticas y dos más pequeñas.

El primer punto, se ubica a menos de 3 cuadras del centro de gobierno donde converge el Ayuntamiento, Congreso y Gobierno del Estado, el segundo en el Distribuidor vial, la avenida con mayor circulación de la ciudad, el tercero enfrente de la delegación de la Procuraduría general de la República, la cual cuenta con cámaras de video en el perímetro.

De esta última ubicación, testigos del lugar señalaron que fue alrededor de las 5 y media de la mañana cuando un hombre subió al puente peatonal, instaló 2 mantas e inmediatamente bajo del puente y salió corriendo por calle Novena en dirección norte al centro comercial Nuevo Mexicali hasta perderse de vista.

En el mensaje en letras mayúsculas con pintura verde acusan a quien fuera secretario de acuerdos del subprocurador contra la Delincuencia Organizada Abel Galván y que se pudo confirmar pese a la negativa de la misma PGJE que el agente se encontraba a cargo del homicidio de Cristóbal Aguilar Aispuro.

— ¿El agente amenazado es su secretario particular?, se le preguntó a Galván.

“Sí…, no, es una persona que realiza labores administrativas técnicas que tienen que ver con correspondencia y con la papelería de las oficinas”, fue la respuesta.

Las mantas fueron retiradas por personal de la PGJE casi de inmediato sin que los grupos de peritos pudieran realizar el trabajo en campo correspondiente. Los municipales y estatales que se acercaron antes a los puntos, no las habían movido porque conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal, eso impediría que fueran consideradas como evidencia en un juicio.

Rommel Moreno Manjarrez declaró públicamente la mañana del 9 de octubre de 2012, que el asunto de la amenaza tenía tres líneas de investigación: corrupción, amedrentar y narcomenudeo, pero consideró que la hipótesis más fuerte era rivalidades internas.

Consideró que los agentes corruptos reubicados cuatro días antes intentaban atemorizar a los jefes para que los regresaran a Mexicali. Porque por lo menos, cuatro de ellos encabezan células de ministeriales y delincuentes, poderosas criminalmente, que al interior se desenvuelven como el poder tras el trono, ninguneando y suplantando a los jefes nombrados por Moreno Manjarrez.

Sin embargo la tarde de el miércoles 10 de octubre de 2012, en conferencia de prensa, el subprocurador contra delincuencia organizada, Abel Galván declaró que la línea “fuerte de investigación es el combate al narcomenudeo”.

“Es un tema que veíamos venir, es un tema que tiene que ver con las propias labores de la institución, la entrada en vigor del combate al narcomenudeo, el 60 de los casos se están consignado, lo que no sucedía antes (en la PGR), esto obviamente se ve reflejado en actos intimidatorios en las instituciones, en este caso la PGJE, que es ahora de procesar los temas de narcomenudeo, es una forma de respuesta y de crear esta paranoia”.

Sin embargo admitió que al final es el mismo tema, porque el narcomenudeo y los policías corruptos que se involucran en los “bajes de droga”, protección a tienditas y trasiego de enervantes, “todo está relacionado”.

Para entonces, los presuntos malos servidores ya estaban despachando en los municipios de zona costa, según versiones internas, 10 de ellos en Rosarito, “lo que provocó que se calentara la plaza”, razón por la cual los ministeriales adscritos al V municipio, se quejaron con sus jefes y desde principios de la presente semana, se negaban a trabajar al lado de los recién llegados argumentando que desconfiaban y estarían en peligro.

Unidades oficiales en llamas

Las amenazas contra elementos de la PGJE continuaron, entre las 03:30 y 4:00 horas del miércoles 10 de octubre de 2012,  tres patrullas de la PGJE fueron incendiadas  simultáneamente.

La primera un pick up modelo 2010 Chevrolet con placas de circulación AM-90-103 color crema en la colonia Alianza para la Producción en la Avenida Argentina y calle Bernardo Reyes al norte de la ciudad, la unidad estaba asignada al jefe de aprehensiones, José Gabriel López Hurtado.

El segundo, un pick up Ford F250 color blanco con matrícula de circulación AM-90-050 quedó totalmente destruido sobre la calle Nanditas en la colonia Villa Florida, asignado al ministerial. También del grupo de aprehensiones, Jaime Everardo López Sánchez.

Y un pick up blanco Silverado con placas AN-40-930 doble cabina localizado en la colonia Villa Verde –cerca de Villa Florida– asignado a Cristóbal Ruiz León, encargado de despacho en la dirección de Estrategia Criminal de la PGJE según se pudo confirmar.

El vehículo sufrió pocos daños, lo lavaron, incluso fue movido para permitir que saliera otro auto de la cochera, sin que los cuerpos periciales entraran en acción, la unidad tampoco fue trasladada a los patios de la PGJE. Ruiz León es contemporáneo a Aguilar Aispuro, y el 27 de abril del 2011 fue reconocido junto con Cristóbal Aguilar por su participación en un operativo para frustrar un robo bancario.

La mañana de ese miércoles, ningún elemento de las policías municipal, estatal, Ejército o de la PGR acudió al lugar de los hechos, incluso se pudo observar durante la semana una menor intensidad de operativos de estas corporaciones, al interior de la PGJE la versión fue que los dejaron solos.

Sin embargo las fuerzas operativas consultadas, indicaron que en una muestra de total hermetismo, los elementos ministeriales aseguraron las zonas y se negaron a permitir accesos a otras corporaciones y rechazaron cualquier tipo de ayuda. “Están muy raros”.

Pugna entre cárteles

En conferencia de prensa, Abel Galván, Subprocurador contra la Delincuencia Organizada, señaló que los constantes ataques a la corporación tienen que ver con el tema del narcotráfico… y descartó que éstos tuvieran relación con el caso de Aguilar Aispuro.

Con ZETA admitió la corrupción interna, la existencia de elementos sobre los que hay dudas históricas que no se han corroborado y la operatividad criminal en Mexicali de grupos antagónicos procedentes de Sinaloa.

Y aunque el procurador Moreno y el subprocurador Galván reconocieron la recepción de versiones que vinculan a elementos ministeriales con apoderamientos de droga de diversos grupos criminales, explicaron que no han tenido acceso a elementos o acusaciones concretas y especificas.

Incluso en el caso del robo de los 200 kilos de cocaína en enero de 2012, no descartaron la posible participación de ministeriales. “Pero hasta ahora ese caso solo se vincula con agentes municipales”.

Sobre la participación de algún cártel específico en la ola criminal, Galván indicó, “Históricamente hemos hablado de los cárteles que han tenido presencia en nuestro estado, en este caso la presencia innegable del Cártel de Sinaloa, mas sin embargo estamos abocándonos al tema del combate en menor escala y lo que está llevando a reflejar este tipo de conductas hacia la corporación”.

Expuso que hasta el miércoles por la tarde no habían recibido ninguna amenaza directa, además de que su equipo continuaba con la misma seguridad, al cuestionarle sobre la aparición de 4 galones de gasolina en los patios de la PGJE desvirtuó que pudiera tratarse de una agresión, incluso dijo que pudiera tratarse de una persona que se robó un galón de gasolina.

Por su parte, informes de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California en Mexicali sí reportan la presencia más intensa del cártel de Los Beltrán Leyva, la cual se constata con la detención preventiva, el 28 de agosto de 2012, de Édgar Omar Amaya Ruiz “El 7” y/o “El 7-7”, integrante de esta célula criminal, antes operador del Cártel del Pacífico, su presencia en Mexicali fue detectada por las policías desde el mes de julio, con presuntos vínculos al tráfico de droga y personas.

Como presunto integrante del mismo grupo delictivo, el consejo de seguridad reporta la captura el 27 de septiembre de 2012, del ministerial Martín Ávila detectado con un carro particular equipado ilegalmente con estrobos, además de portar un arma corta y otra larga de uso exclusivo del ejército.

En el lado contrario, como operadores de Sinaloa del lado de los hermanos Arzate García están los ex ministeriales, Ramón Palomares y Antonio Ortega –señalados originalmente como protectores del CAF– quienes forman parte de indagatorias desde marzo de 2008, la última mención de sus nombres data de octubre de 2012, la hizo José Antonio Parra Camargo, compadre Gustavo Inzunza y “El Macho Prieto” y de Cenobio Flores Pacheco y/o Luis Fernando Castro Villa  “El Cheko”.

Otras investigaciones