Empresa favorecida, de familiares del director de Turismo La Paz, Baja California Sur. A punto de cerrar el tercer año de administración, la alcaldesa priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán, vive un nuevo brote de corrupción dentro del Ayuntamiento de La Paz. Y es que a partir del listado de proveedores -según el resultado del análisis y revisión de operaciones de compraventa-, se confirma la entrega de manera discrecional de contratos a una empresa responsable de proveer artículos de limpieza, material de oficina y mobiliario. Lo anterior pudo haber pasado desapercibido, de no ser porque la compañía comercializadora Cecapro, S.A. de C.V., es propiedad de los padres del actual director de Turismo, Pedro Alberto Aguilar Bazúa. Tan solo de junio a agosto de 2013, la empresa tuvo compras por casi 500 mil pesos en operaciones que van de 555 pesos hasta 152 mil 070 pesos, según copias que obran en poder de ZETA. La empresa registrada a nombre de Fernando Manuel Aguilar Choy, y Norma Alicia Bazúa Beltrán, facturó de la siguiente manera: * 384 mil 324.06 pesos en junio. * 49 mil 721.43 pesos en julio. * 3 mil 939.38 pesos en agosto. En suma, se dispusieron 437 mil 984 pesos con 87 centavos distribuidos en 61 contratos, los cuales fueron asignados de forma benévola, porque el Artículo 53 de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, establece que podrá asignarse bajo este procedimiento, siempre y cuando, se considere: I. Podrá contratarse por adjudicación directa, cuando el importe de cada operación no exceda del equivalente a la cantidad de 4 mil 700 veces el salario mínimo diario general vigente en el estado. II. Podrá contratarse por invitación a cuando menos tres personas, cuando el monto sea superior al equivalente a la cantidad de 4 mil 700 y hasta 12 mil 821 veces el salario mínimo diario vigente en el estado, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública. Peor aún, en la revisión y análisis de los comprobantes fiscales, y en base a la opinión de un experto en contabilidad, de entrada fueron detectadas algunas irregularidades: 1. Operaciones de compraventa fraccionadas para evitar entrar en un proceso de licitación pública, sea estatal o nacional, como lo establece el Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Estado. 2. Facturación consecutiva, es decir, expedición de comprobantes fiscales con número de folios seguidos. Por citar solo un ejemplo, fueron expedidos los números 001A, 002A, 003A, 004A, 005A, y así sucesivamente, como si el Ayuntamiento paceño y el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, fueran los únicos clientes del proveedor. 3. Sobreprecio en algunas compras. Por citar un ejemplo, una silla ejecutiva con valor aproximado en el mercado de 2 mil pesos, fue comercializada en 3 mil 500 pesos. Por 12 sillas se pagaron 42 mil pesos. Las compras contravienen el Artículo 46, apartados XI y XII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el cual expone que “los gobernantes y sus subalternos, deberán excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado”. La versión del director El primero en dar la cara sobre este hecho fue el director de Turismo del Ayuntamiento de La Paz, Pedro Alberto Aguilar Bazúa, quien reconoció que efectivamente “la compañía es de mi papá”, pero recordó que “es un hombre de negocios de toda la vida, incluso antes de entrar como servidor público, yo trabajé en el negocio de la familia y siempre hemos hecho de todo, desde comercio hasta buceo y paseos turísticos”. 
Durante una entrevista con ZETA, el funcionario afirmó que a excepción de él, su familia “está metida en el negocio familiar, porque yo decidí hacer carrera política al lado de la alcaldesa Esthela Ponce, y no tengo nada que ver con la compañía, ni tampoco tengo injerencia o algo que ver en las decisiones que se tomen en la empresa sobre sus clientes”. Agregó que hace dos semanas preguntó, “porque había un run run del negocio de mi familia, y quise enterarme si era cierto que eran proveedores del gobierno municipal y supe que habían tenido compras pequeñas, porque los habían buscado para comprarles a crédito; pero cuando mi papá supo que iban a tardar en pagar, cerró el crédito y dejó de venderles. “Para mí, la verdad, es una vergüenza salir a explicar esto y tener que decir eso del Ayuntamiento de La Paz, pero es de lo que me enteré y es la verdad”, dijo textualmente. El director de Turismo comentó que por ahora la empresa familiar “está más metida en el negocio del buceo, porque tienen barcos y hacen recorridos de turistas por semanas completas a las islas de Baja California Sur”. La compañía La comercializadora Cecapro, S.A. de C.V., con domicilio fiscal en Calle Álvaro Obregón número 1665, local 2, Colonia Centro en La Paz, fue registrada formalmente el 19 de julio de 1993, según la escritura 12 mil 907, expedida por el Notario Público Número 2, Alejandro Davis Drew. La empresa con enfoque de servicios turísticos tiene como únicos accionistas a Fernando Manuel Aguilar Choy, y Norma Alicia Bazúa Beltrán, conformada para las siguientes operaciones: * Inmobiliaria; adquiriendo, construyendo y comercializando todo tipo de inmuebles, que van desde hoteles hasta marinas y condominios. * Comercio en general. * Prestación de servicios turísticos, terrestres, marítimos, aéreos y transportación de pasajeros. * Explotación del buceo deportivo e industrial. * Realización de documentos y reportajes gráficos submarinos y terrestres. * Explotación de recursos de pesca deportiva. No obstante, cuando la priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán asumió el poder, la compañía tuvo -el 5 de marzo de 2012- una asamblea extraordinaria de accionistas, donde María Hortensia González Valenzuela quedó registrada como nueva socia. De acuerdo al orden del día, en la junta fue propuesto, discutido y aprobado un cambio al objeto social que permitiera lo que a continuación se enlista: * Compraventa de artículos de consumo al por menor y al mayoreo. * Compraventa, distribución, importación y comercialización de productos de carácter industrial. * Compraventa, distribución, comercialización e importación de enseres, electrodomésticos, mueblería, computación, línea blanca, electrónicos y artículos. La protocolización de la asamblea de los accionistas de Cecapro, S.A. de C.V. fue registrada el 29 de noviembre, bajo el acta 700, según la validación del Notario Público Número 27, Carlos Enrique Lira Padilla. Un mes después, la empresa quedó formalmente registrada -6 de diciembre de 2012- en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, según la boleta de inscripción y de pago 209930. La investigación Sobre estos hechos, la oficial mayor del Ayuntamiento de La Paz, Rosa María Montaño, se negó a hablar, bajo el argumento de “estar muy ocupada en reuniones” y “no poder disponer de tiempo”. Sin embargo, el contralor José Luis Taylor Ojeda, sí habló y se justificó, diciendo que “las posibles irregularidades no fueron detectadas dentro del programa de auditorías”, porque “nosotros hacemos revisiones en cuanto a precios, calidad y licitaciones, pero no en cuanto a la razón social de los proveedores”. 
No obstante, dijo, abrirá una investigación sobre este caso en particular y ofreció una resolución “en unos días más”. De entrada, y en presencia de ZETA, pidió a la responsable del área de auditoría gubernamental, solicitar información sobre todas las compras a favor de Cecapro, S.A. de C.V., de 2012 y de 2013, e “ir más a fondo para poder investigar el caso”. “Lo que sea, van a saber la verdad”, dijo textualmente, tras revisar el acta constitutiva de la compañía y algunas facturas. Y expresó: “Lo que veo de entrada es congruente con alguna posible irregularidad, y en caso de que detectemos y confirmemos, por supuesto que van a saberlo, pero la primera en ser informada, va a ser la señora presidenta”. — ¿Por qué no tienen a la mano el acta constitutiva de las empresas de los proveedores dentro de los expedientes? “No la tenemos, porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las empresas se forman sin los nombres correctos (sic) pueden poner a Juan o Pedro y el dueño verdadero es otra persona, pero la evidencia que ustedes tienen, definitivamente debemos revisarla”. El funcionario agregó que a casi tres años de ejercicio gubernamental, a la fecha no han detectado algún desfalco o hecho grave dentro del programa de auditorías, salvo de cinco a siete irregularidades en procesos administrativos que fueron observados y finalmente solventados. Para concluir, presumió que el gobierno tiene buenos resultados, porque la alcaldesa Esthela Ponce instrumentó desde el inicio de su administración el programa “Cero Corrupción”, el cual gira en torno a los ejes de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y organización y modernización administrativa. El caso hoy expuesto exhibe lo contrario.
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