Entre las irregularidades promovidas por el gobierno local, destaca el traslape de concesiones, el acaparamiento de espacios en zonas no autorizadas, la violación de bases y condiciones del título de concesión, la expedición de permisos transitorios y el vencimiento de la mayoría de estas anuencias, además de negocios en la desembocadura del arroyo Salto Seco Cabo San Lucas.- En septiembre de 2013, la dirección general de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) envió a un inspector para que elaborara un deslinde sobre la concesión de playa del hotel Cabo Villas, en la zona conocida como El Médano de este destino turístico. Los directivos del hotel, propiedad de Operadora CSL, S. de R.L. de C.V., habían solicitado el estudio topográfico porque, según la jefa de la unidad de Ecosistemas y Entes Costeras de la ZOFEMAT en Baja California Sur, María Teresa Hernández Huerta, “querían conocer la medida exacta del espacio concesionado y tener claridad sobre el límite del área para el uso y aprovechamiento de ese desarrollo en la playa más popular del destino”. Como única autoridad jurídicamente facultada para expedir permiso de concesión -de acuerdo al Artículo 22 del Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas y Terrenos Ganados al Mar- y durante la demarcación, lo primero que detectaron fue un traslape de concesiones entre el desarrollo hotelero y algunos prestadores de servicios especializados en la renta de lanchas, motos acuáticas, equipo de buceo y snorkeling, paracaídas, paseos, masajes y de tablas de paddle board. Con información en mano, el inspector de la ZOFEMAT estableció el espacio, guiado por las coordenadas, bases y condiciones de la concesión; posteriormente partió a la oficina central en México. Sin embargo, apenas se había marchado, cuando de manera inesperada cayó un operativo encabezado por técnicos y abogados de la ZOFEMAT, quienes iniciaron una revisión a fondo de todas las concesiones de playa en El Médano. En el operativo, que duró del 11 al 15 de noviembre de 2013, primero revisaron la documentación de todos los prestadores de servicios turísticos, incluidos vendedores ambulantes en la zona de playa; después midieron cada uno de los espacios con un equipo preciso y muy sofisticado, conocido como sistema de posicionamiento global e identificado como GPS. El resultado de toda esta verificación arrojó las siguientes irregularidades: 1. El traslape de concesiones, ya que la mayoría no coincide con las coordenadas autorizadas. 2. El acaparamiento o invasión de espacios en zonas no autorizadas. 3. La violación de bases y condiciones del título de concesión, porque algunos ampliaron sus actividades para lo que inicialmente estaban autorizados. 4. La expedición de permisos transitorios y el vencimiento de la mayoría de estas anuencias. 5. Negocios en la desembocadura del arroyo Salto Seco. La jefa de la Unidad de Ecosistemas y Entes Costeras de la ZOFEMAT, María Teresa Hernández Huerta, anticipó que con la información levantada, elaboraban en la Ciudad de México un diagnóstico, amén de armar un mosaico sobre las condiciones, bases y coordenadas de las concesiones de playa en El Médano, cuyo resultado habría de darse a conocer en una mesa de trabajo con todos los concesionarios de la zona. La anarquía La revisión de la Zona Federal Marítimo Terrestre puso en evidencia la completa anarquía que desde hace tiempo se vive en esa playa, considerada por el propio delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), José Carlos Cota Osuna, como “la más conflictiva en México”. En números fríos, la ZOFEMAT tiene expedidas -históricamente- alrededor de 30 concesiones a favor de hoteles y prestadores de servicios, desde la llamada Escollera hasta el hotel Riu en El Médano. Sin embargo, y benévolamente, algunos ex funcionarios de SEMARNAT expidieron entre 20 y 30 permisos transitorios que -según el delegado- “eran renovados cada tres meses, lo que permitía que tuvieran una concesión permanente, pero desde mi llegada, ya no se renovaron y tampoco se expidieron, en un afán de iniciar un programa de ordenamiento en esa playa”. — ¿Cuál es el estatus de todos aquellos que tenían permiso transitorio? “El estatus es que ninguno de ellos tiene permiso oficial, pero algunos siguen trabajando en la playa, protegidos con un amparo por la decisión que tomamos, porque creen que ganaron derechos sobre el espacio de playa que en su momento aprovecharon y explotaron de manera temporal, cuya situación estamos revisando con los abogados, sobre todo, basados en el marco legal. Durante una entrevista con ZETA, José Carlos Cota Osuna se dijo decidido a terminar con la anarquía en esa playa: “Vamos a ordenarla en cuanto tengamos el resultado del diagnóstico y estemos en condiciones de establecer una mesa de trabajo con todos los concesionarios, ver físicamente cómo están y tomar decisiones, si se ajustan los espacios o se quedan como están, porque tenemos que tomar en cuenta que mover a uno, tendrá un efecto dominó”. El funcionario federal reconoció que el problema creció de manera preocupante en los últimos años, por ser una zona de mucha afluencia turística y la más popular de Cabo San Lucas, a pesar de la creación y existencia de un comité o fideicomiso integrado por las siguientes autoridades: * Gobierno del Estado. * Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de ZOFEMAT. * Delegación de SEMARNAT. * Delegación de la Procuraría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA). * Delegación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP). * Delegación del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo al representante de SEMARNAT, las anteriores autoridades confluyen en la responsabilidad de vigilar y cuidar la Zona Federal Marítimo Terrestre. No obstante y paradójicamente, la playa con 30 concesiones formales, y entre 20 y 30 permisos transitorios y casi 400 vendedores ambulantes, “solo tiene un inspector de la PROFEPA, quien es la responsable obligada de vigilar el buen uso de las concesiones, bases y condiciones, y quien emite las sanciones correspondientes, en caso de detectar alguna irregularidad”. Cota Osuna complementó que desde su toma de posesión -14 de marzo de 2013- y después de un encuentro en Los Cabos con el Consejo Coordinador Empresarial, supo del problema de la anarquía en la playa de El Médano, donde evidentemente no había coordinación, ya que dejaron crecer el problema y nadie hizo nada; todos se echaban la bolita entre unos y otros.
Negocio redondo En base a la denuncia de prestadores de servicios y vendedores ambulantes y hoteleros, la única que aprovechó la anarquía es una red de corrupción que se extiende desde la dirección municipal de la ZOFEMAT, hasta la Tesorería del Ayuntamiento de Los Cabos. A espaldas del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, los integrantes, plenamente identificados por sus víctimas, tienen nombre y apellidos: * Gerardo Manríquez Amador, tesorero. * José Salvador Solorio Ceseña, director municipal de ZOFEMAT. * Maricela Ceseña Torres, coordinadora de ingresos de la delegación de la zona en Cabo San Lucas. * Víctor Manuel Leyva Valencia, coordinador de inspección fiscal en Cabo San Lucas. * Joel Alberto Barrientos Fajardo, jefe de inspectores de ZOFEMAT en la Playa El Médano. * Silvano Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, inspectores. Las evidencias de esta red brotaron después de que se descubrió que el director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, José Salvador Solorio Ceseña, contraviniendo el Artículo 22 del Reglamento para Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas y Terrenos Ganados al Mar, expidió una serie de cartas y/o permisos temporales para prestadores de servicios de masajes, paseos en caballo y lanchas, renta de motos acuáticas, tablas de paddle board, paracaídas, equipo de snorkeling y buceo en la zona de la playa. El delegado Cota Osuna fue tajante: “El Ayuntamiento o la dirección municipal de ZOFEMAT, no tienen facultades legales para otorgar permisos a nadie, en el aprovechamiento y explotación de concesiones en la playa”. — ¿Y sí lo hicieron?, cuestionó ZETA. “No tiene validez, porque es competencia de la Federación, además, si lo hicieron, el que la hace la paga, porque no vamos a tolerar que se estén dando estas prácticas”. Durante una investigación realizada por este Semanario, a raíz de la denuncia de prestadores de servicios y vendedores ambulantes que se quejaron de ser víctimas de extorsión por parte del Ayuntamiento de Los Cabos, se pudo confirmar la existencia de esta red de corrupción. A continuación, se describe su modus operandi: * El director municipal de ZOFEMAT, José Salvador Solorio Ceseña, es el encargado de otorgar el visto bueno para que algunos prestadores de servicios como Rolando Félix Barraza, pudieran “llevar a cabo la actividad de paseo de caballo en la parte de playa, y donde la dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre, no tiene inconveniente alguno en que se realice dicha actividad -transcribe textualmente en la carta,- toda vez que se hagan responsables de los desechos que generen, dejando la superficie en estado de limpieza, aclarando que su actividad será únicamente enfocada a los fines solicitados”. El oficio ZFM-592-06/12/13 establece que “el beneficiario debe contar con el permiso correspondiente del departamento de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos”. * Una vez expedida la carta o permiso, el jefe de inspectores de ZOFEMAT en la zona de playa, José Alberto Barrientos Fajardo, es responsable de negociar la cuota mensual de pago de 500 dólares -en el caso de los prestadores de servicios- para que el beneficiario pueda trabajar y evitar ser molestado en la Zona Federal Marítimo Terrestre. El inspector, originario de San Pedro Sula, Honduras, considerada la segunda ciudad más grande de ese país, tiene prácticamente diez años viviendo en Los Cabos. Casado en aquel país con la señora Victoria Ortega Hernández, la situación de este funcionario pasó de inmigrante a residente en julio de 2011, según datos recabados por ZETA en la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde actualmente se revisa el expediente del servidor público, porque cuando se resolvió su estancia legal, operaba una red de corrupción dentro de la institución federal encabezada por el ex delegado regional, Martín Segovia. * El hondureño también tiene a su mando a los inspectores Silvano Eduardo Contreras Medina y Martín Lagos Aceves, quienes prácticamente -y según algunas víctimas- recogen personalmente las cuotas en dinero en efectivo y sin expedir comprobantes de pago. En ocasiones tienen que recurrir a Maricela Ceseña Torres y Víctor Manuel Leyva Valencia, coordinadora de ingresos y coordinador de inspección fiscal de la delegación de Cabo San Lucas, respectivamente, a fin de presionar en los pagos irregulares, cuando alguno se llega atrasar. * La red es encabezada por el tesorero municipal de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, quien dicho sea de paso, carece de cedula profesional como contador público. Datos aportados por las víctimas indican que el tesorero habilitó a Silvano Eduardo Contreras Medina como inspector de ZOFEMAT, tras ser cesado de la Dirección de Inspección Fiscal por actos de corrupción a principios de 2011. Fue nombrado inspector junto con el hondureño Joel Alberto Barrientos Fajardo, pese a que ambos no dependen del ayuntamiento, sino del comité o fideicomiso de la ZOFEMAT, responsable de pagar sus sueldos, de 9 mil 515 pesos con 14 centavos, y 13 mil 515 pesos con 14 centavos. Según los propios afectados, la carta o permiso expedido por la dirección municipal de ZOFEMAT es la clave de que “están arreglados”, y de que “pagan cuota de protección”. “Por eso nos dejan trabajar en la zona de playa”, reveló uno de los afectados. Peor aún, de los más de 400 vendedores ambulantes que trabajan en la playa de El Médano, alrededor de 100 carecen de permiso. Sus víctimas aseguran pagar una cuota de 3 mil pesos mensuales por dejarlos trabajar. En suma, y en base a testimonios, el negocio deja estas ganancias a los involucrados: * Cada prestador de servicios paga una cuota de 6 mil 750 pesos al mes. Por los entre 20 y 30 prestadores de servicios con permiso irregulares, la utilidad mensual se estima en 168 mil 750 pesos, y al año asciende a 2 millones 025 mil pesos. * Cada vendedor ambulante paga una cuota de 3 mil pesos al mes. Por 100 vendedores, cuyo permiso es un amparo vencido –y la señal de que está arreglado con los inspectores-, se percibe un ingreso de 300 mil pesos, que cada año, representa 3 millones 600 mil pesos. Sin duda, un lucrativo negocio que arroja una ganancia de 5 millones 625 mil pesos por año. Las quejas Los propios hoteleros con colindancia a la playa El Médano tienen mucho tiempo denunciando toda esta serie de irregularidades. La última, el 12 de noviembre de 2013, cuando el gerente general del hotel Pueblo Bonito Rosé y Pueblo Bonito Los Cabos, Gregoria Osako Cruz, se quejó de que los prestadores de servicios, Alfredo Salgado Magaña e Ignacio Guzmán Herrera, quienes desde hace tres años han hecho mal uso de los permisos transitorios que tienen en su poder, robando y estafando a clientes y huéspedes. En una carta dirigida al director municipal de ZOFEMAT, la empresaria refiere que “el mal uso de los permisos ha fomentado que de manera grave, crezca el ambulantaje de venta de tiempo compartido en la playa, actividades acuáticas y deportivas”. Desde noviembre de 2011 a la fecha -según la representante de Pueblo Bonito-, “hemos solicitado la revisión de los permisos y hasta la actuación en contra de los prestadores de servicios del área de playa”. La causa de la última carta fue la estafa a la turista Julie Hanna, quien llegó a bordo del crucero Carnival. La turista se quejó de que los prestadores de servicios -Magaña y Guzmán- rentaron en 30 dólares un paseo de moto acuática, pero al terminar, decidieron cobrarle 45 dólares, obligándolos a pagar, por lo que la diferencia tuvo que ser reembolsada por la empresa hotelera. No solo eso. La propia anarquía permite que algunos prestadores de servicios como Ernesto Magaña -según una víctima de nombre Alma Idalia Avilor Rosas-, renten sus “permisos transitorios” a personas como Juan Carlos Noriega. El permiso para renta de motos acuáticas, y con la anuencia de la dirección municipal de ZOFEMAT, es utilizado para arrendar un avión ultraligero, equipo de buceo, paracaídas, motos terrestres, pesca deportiva, paseo en caballos y camellos, entre otras actividades turísticas. Las anteriores quejas se han presentado en la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, solo que los inspectores son protegidos -acusa la víctima- por el tesorero y el director municipal de la ZOFEMAT, Gerardo Manríquez Amador y José Salvador Solorio Ceseña. Los prestadores de servicios con “permisos transitorio” también fueron denunciados en el SAT, porque según una denuncia fechada el 27 de septiembre de 2013, algunas empresas como Sea Cabo, S.A. de C.V. “nunca expiden comprobantes fiscales, y si pides o exiges, te entregan un folleto publicitario de la empresa, como prueba de que contrataste el servicio”. La denuncia establece que “el dinero no entra a las arcas del SAT, y por lo tanto, se están evadiendo impuestos”. Hoy por hoy, y de acuerdo con el delegado de la SEMARNAT, José Carlos Cota Osuna, trabajarán en un programa de reordenamiento, solo que algunos prestadores de servicios como Jorge Luis Castañeda Sánchez, Blanca Esthela Rueda Mesa, Odori Villanueva García y Raúl Olivares Durán, recurrieron al amparo y se niega a salir, bajo el argumento de que generaron derechos en la zona de la playa El Médano. Los casos se resolverán el próximo año. El deslinde No obstante, el director municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, José Salvador Solorio Ceseña, se deslindó de la red de corrupción, inclusive de que “anden pidiendo dinero a mi nombre, porque estamos trabajando bien”. Afirmó tener un estricto control sobre los inspectores de ZOFEMAT, pero “si alguien pide dinero, es problema de cada quien, porque aquí están teniendo la oportunidad de trabajar, y cada quien es responsable de sus actos”. Durante una entrevista, reconoció que se han presentado quejas, sobre todo contra inspectores, pero de todo esto ha tomado nota la Contraloría Municipal, encargada de levantar actas y expedir sanciones, e incluso, de separar del cargo a quien infrinja la Ley. “Por eso es importante denunciar, para que se pueda levantar un procedimiento, porque no podemos correr a nadie injustificadamente”. — Hemos recibido denuncias de vendedores ambulantes y prestadores de servicios, todos se quejan de que son extorsionados por gente a su cargo. ¿Qué nos puede decir sobre esto? “Bueno, lo que yo puedo decir es que si esto es así, que presenten la denuncia correspondiente y vamos a actuar. A mí me han llegado quejas, pero los envío a la Contraloría Municipal, resulta que terminan por no poner la denuncia, y por obvias razones, no se levanta el procedimiento”. — El delegado de SEMARNAT asegura que la dirección nacional de ZOFEMAT es la única facultada jurídicamente para expedir permisos transitorios o temporales. Sin embargo, tenemos algunos expedidos por la dirección municipal a su cargo, donde dan facilidades a los prestadores de servicios. “Lo que pasa es que la gente se confunde y viene con nosotros a solicitar el visto bueno, yo lo único que hago es decir que no tengo inconveniente en que utilicen la playa para actividades sea espacio de CONAGUA o ZOFEMAT; pero eso no quiere decir que expidamos permisos o concesiones, porque nosotros somos municipio y dependemos de lo que diga la Federación”. — ¿Los permisos que ustedes expiden tienen validez? “Claro que no tienen validez”. — Y entonces, ¿por qué los expiden? “Porque son temporales, solamente para un evento y listo, donde pagan 500 o mil pesos para usarse un espacio de la playa”. Sobre el inspector hondureño, Solorio Ceseña expuso que hasta el momento “no tiene procedimiento alguno” y “está trabajando normal”. ZETA solicitó una entrevista con el tesorero Gerardo Manríquez Amador, pero éste declinó la petición a través de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos.
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