“Aquí está el expediente”, expone el titular de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juan Carlos Buenrostro, mientras toma en sus manos el grueso legajo que contiene el caso AP 11/12/104. El recurso se refiere a la venta fraudulenta de terrenos en San Felipe, con la evidente transa por parte de varias compañías fraccionadoras contra cientos de compradores extranjeros, a quienes prometieron zonas paradisiacas, con servicios y espacios equipados, pero en realidad no les cumplieron ni la mitad de lo prometido (ZETA 1919, enero de 2011). Pero ahora se han topado con la lentitud y anómala justicia mexicana: El juez del caso -Francisco Ávalos Hernández- alargó el proceso, argumentó sin justificación y, finalmente, en noviembre de 2012 negó otorgar la orden de aprehensión. El mismo magistrado fue suspendido en San Felipe por el Consejo de la Judicatura, acusado por ciudadanos del puerto -empresarios, comerciantes y ciudadanos- de cometer una serie de irregularidades en su tarea como juzgador. Pero el juez tramitó un amparo y regresó a su puesto, para continuar con los casos de ese Juzgado, entre éstos la denuncia de fraude de inversionistas norteamericanos. Con fecha 4 de diciembre, el Juez Ávalos firmó un documento remitido a la Procuraduría donde regresa el expediente del caso, tras negar las tres órdenes de aprehensión solicitadas por esa dependencia. Dos días después, empezó el periodo vacacional en el Poder Judicial, que culminó hasta el lunes 7 de enero de 2013. El documento llegó oficialmente a la PGJE el martes 8 de enero, pero además, en ese fecha trascendió que Ávalos Hernández había sido dado de baja de su puesto, debido a la no acreditación del proceso de evaluación implementado por el Consejo de la Judicatura. “Qué pasa en la justicia, parece que están jugando, ¿ahora me tengo que esperar hasta Pascua?”, cuestiona Bill Casey, uno de los norteamericanos fraudados, quien insistentemente ha seguido su caso por el intrincado y lento camino de la justicia mexicana, la cual no acaba de entender. El 26 de noviembre de 2012, el entonces juez no solo negó la orden de aprehensión solicitada contra tres de los vendedores de terrenos -Manuel Pérez Espinoza, José Rubio Rojas y Yolanda Félix Núñez-, sino que además rechazó que se tratase de un caso penal, aduciendo que era más bien de carácter civil. “Él dice que si firmaron un contrato de compraventa, se debe exigir por la vía civil y no la penal”, comenta Buenrostro, quien considera que existe la posible comisión de un delito; de ahí que ejercieran acción penal, consignando el expediente al Juzgado desde el 11 de julio de 2012. A decir por uno de los demandantes norteamericanos, Bill Casey, su expediente -y los de varios- estaban extraviados, aunque, según el titular de Averiguaciones Previas, el voluminoso folder no estaba en el Juzgado de San Felipe, debido a que fue regresado a la PGJE Mexicali. Buenrostro asegura que solo hay dos casos de demandas contra lotificadoras, uno el de Casey y otro asentado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Casey insiste en que hay más de 259 víctimas del fraude que aseguran haber interpuesto demanda por casos de fraude contra lotificadoras en San Felipe. Refiere que desde inicios de 2010 interpuso una demanda de carácter civil (mercantil), pero ésta no prosperó, por lo que en agosto de ese año interpuso la misma denuncia, pero por la vía penal, la cual nunca llegó. “La casa de Manuel Pérez está a medio kilómetro del edificio del Juzgado”, comenta irónico Casey en función de lo inexplicable que le resulta el evidente retraso en su demanda. Aparte, en los últimos años ha tenido que tratar con al menos cuatro diferentes abogados de la PGJE que se han encargado de su caso. “Con cada uno hemos tenido que empezar de nuevo”, asegura el norteamericano residente en San Felipe, a la par de que en meses anteriores le hicieron saber argumentos irrisorios del Juzgado, como el que un documento tenía mal escrita la palabra fraude, o que en el expediente no había el original del contrato firmado entre la lotificadora y el cliente. “El Juez Ávalos nunca tuvo miedo de hacer esas cosas”, acusa Casey, quien aún espera respuesta de la justicia mexicana. De acuerdo a datos oficiales, desde el 21 de junio de 2012, el Consejo de la Judicatura inició el proceso de evaluación para efectos de ratificación del Juez Francisco Ávalos, notificándosele el 3 de julio de ese mismo año. Se le solicitó un informe detallado de la estadística del Juzgado a su cargo, sentencias, apelaciones, amparos y carga de trabajo, así como de la actualización académica. Su caso fue agendado en la sesión del Consejo el 15 de noviembre, acordándose remitir el dictamen al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual votó la no ratificación en sesión efectuada el 10 de enero de 2013. El periodo del juez concluía oficialmente el 11 de enero. En el documento oficial se estableció que Ávalos “no gozaba de buena reputación, por lo que no conservaba la totalidad de los requisitos previstos en el Artículo 62 de la Constitución Política del Estado para desempeñar el cargo de juez”; por lo que no fue ratificado en su cargo. Desde la PGJE esperan regresar a San Felipe el expediente en estos días, solicitando nuevamente la orden de aprehensión contra los tres lotificadores, pero ahora ante un nuevo juez.
Publicidad
