La batalla jurídica contra la extradición a los Estados Unidos por parte del narcotraficante Carlos Herrera Ávalos, mejor conocido como Gustavo Rivera Martínez “El P1”, jefe de pistoleros al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF) le rindió frutos. Un fallo en juicio de amparo detuvo la inminente entrega del hombre reclamado por introducir al vecino país grandes cantidades de marihuana y cocaína. El juez segundo de distrito en materia de amparo en el Estado de México resolvió proteger al sicario en el juicio de garantías 1339/2012 al considerar que existen incongruencias en el dictamen por medio del cual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, declara procedente la extradición del quejoso. Carlos Herrera Ávalos, quien utiliza el falso nombre de Gustavo Rivera, se encuentra preso desde el 12 de marzo de 2008, cuando fue aprehendido en Los Cabos, Baja California Sur junto a otros de sus cómplices pertenecientes al CAF. De inmediato se cumplimentó en su contra una orden de detención con fines de extradición internacional. Cinco años de volteretas “El P1” es reclamado por el gobierno de los Estados Unidos acusado de dos cargos: Asociación delictuosa e introducción y tráfico de drogas (marihuana y cocaína) en esa nación. Sin embargo su caso ha dado varias volteretas y desde hace más de cinco años no se le ha conseguido expatriar.
El 5 de junio de 2009, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, emitió su opinión jurídica y declaró procedente la extradición solicitada por la Embajada de los Estados Unidos. Un mes y un día después, la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición. Es ahí donde la infinidad de juicios de amparo promovidos por “El P1” han prosperado y logró evitar su entrega a los estadounidenses. Se ordenó la reposición del procedimiento y de nueva cuenta, en resolución de 13 de noviembre de 2012, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, “el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos concede al Gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición internacional del señor Carlos Herrera Ávalos, y su ejecución”. Datos de dos procesos Debido a esta última declaración de procedencia de extradición, los abogados de Carlos Herrera Ávalos promovieron un nuevo amparo, el antes citado ante el Juzgado Segundo de Distrito en la materia. La protección de la justicia federal se otorga al quejoso al comprobarse que los norteamericanos aportaron pruebas diferentes durante el procedimiento y las autoridades mexicanas las convalidaron ilegalmente. Los cargos imputados inicialmente al jefe de sicarios y que generaron la orden de detención provisional con fines de extradición internacional se apoyaron en la solicitud del gobierno extranjero bajo el proceso 03CR01843-K (asociación delictuosa y contra la salud), pero al realizarse la petición formal de extradición, se presentaron las constancias del proceso superviniente 03CR01843-L (delincuencia organizada y contra la salud). La diferencia, además de la sustitución del cargo de asociación delictuosa por el delincuencia organizada, es la penalidad aplicable para cada ilícito, pues mientras que, para el primer tipo penal la sentencia no sería menor de un año y no mayor a los 10 años de prisión, en el segundo caso combinado con los delitos contra la salud la pena sería por “un término no menor de diez años de prisión y no mayor a cadena perpetua y no trae aparejada pena de muerte”. De acuerdo al razonamiento del juez de amparo, la resolución reclamada transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se señaló cuál es el fundamento legal que permite una acusación de reemplazo o las circunstancias especiales del caso que permitan tal circunstancia. Además de lo anterior, el juez protector de las garantías del “P1” detectó que los dictámenes que en materia de identificación fisonómica obran en el expediente son insuficientes para elaborar un estudio comparativo entre la media filiación referida en la nota diplomática 261 y la confrontación que se hace de una fotografía del reclamado, lo que “evidencia la falta de motivación (señalamiento de las circunstancias especiales) en la resolución reclamada” y de lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no dijo nada. Así, el juez ampara y protege al quejoso para efectos de que la Cancillería mexicana “deje insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción emita una nueva, pero en el que se subsanen las irregularidades apuntadas”. Aún faltará conocer si las autoridades responsables interponen el medio de impugnación contra este fallo, que es el recurso de revisión. Confirman negativa a “El Chava” Aunque a la fecha no ha sido detenido, Salvador Alcalá González “El Chava”, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos de América, recibió un nuevo revés en su intento por escapar de la justicia. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal confirmó la sentencia dictada en junio pasado por el Juez Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la que niega a “El Chava” la protección Constitucional en contra de la orden de detención provisional con fines de extradición dictada en su persona.
Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que la orden de captura solicitada por el país del norte y concedida por el Juez Decimoctavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, cumple con todos los requisitos de legalidad previstos en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. El prófugo Salvador Alcalá González es reclamado por el gobierno de la unión americana para enfrentar cargos por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en el distrito sur de California. Por el mismo asunto, en el mes marzo fue extraditado César Alfredo Meza García “El Tachuelas”, jefe de la célula del Cártel Arellano Félix. Además de “El Chava” forman parte del mismo grupo y son buscados en México y Estados Unidos Miguel Ángel Bravo Peña y José Luis Casillas. Dan “palo” a Juan Sillas Otro criminal al que le fue negado el amparo interpuesto en contra de la entrega en extradición a los Estados Unidos de América es Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas”, jefe de una de las células más violentas que se recuerden del Cártel Arellano Félix. Hace unos días, el Juez Segundo de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco resolvió negar la protección de la justicia de la unión a “El Ruedas”, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2, en Puente Grande, después de que fue capturado el 4 de noviembre de 2011 en Tijuana. Sillas Rocha es reclamado por la Corte Federal de Distrito de Dakota del Norte, Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico dentro de un proceso superviniente. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el 18 de diciembre de 2012 el acuerdo de procedencia por el cual autoriza su extradición a la nación vecina. El fallo del amparo no es definitivo, pues aún falta conocer si se impugnará por parte de la defensa del quejoso. En caso de que no se interponga el recurso de revisión o impugnado el caso se confirme por un Tribunal Colegiado en Materia Penal, “El Ruedas” podría ser extraditado este mismo año. PGR se contradice Otra vez se les “hizo bolas el engrudo” en materia de comunicación social a las instancias del Gobierno Federal. Prueba de ello es el Primer Informe de Labores rendido hace escaso un mes por la Procuraduría General de la República y subido recientemente al portal web de la institución: www.pgr.gob.mx. A pesar de que en las horas inmediatas al informe de gobierno, el primero del Presidente Enrique Peña Nieto, el vocero del Gabinete de Seguridad Eduardo Sánchez Hernández, dijo que dejaría de informarse sobre los nombres que los delincuentes dan a sus organizaciones, dicho reporte está lleno de ellos. En materia de narcotráfico toman como victorias a favor de la PGR las sentencias condenatorias dictadas en contra de presuntos narcotraficantes detenidos en los dos sexenios anteriores. También publican las acciones y nombres de traficantes de drogas, secuestradores y algunos otros criminales detenidos durante el primer año de gobierno peñista, aunque no todos, pues no citan a José Ángel Carrasco Coronel “El Changel” atrapado por el Ejército tras una balacera en Sinaloa a mediados de enero de 2013. En archivo pdf con 218 páginas, el Primer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República sigue la misma estructura y orden creados desde la administración de Vicente Fox en 2001. Inicia con las actividades de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales; continúa con los resultados de control de averiguaciones previas y procesos; y el combate al crimen organizado, a través de la SEIDO. Es en el apartado de los resultados de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que nombran como siempre a las organizaciones criminales como cárteles. Empiezan con las sentencias a miembros de organizaciones delictivas y siguen en el orden con el Cártel del Golfo, del Pacífico, Los Zetas, La Familia, Beltrán Leyva, Cártel de los Arellano Félix y de los Carrillo Fuentes. En los resultados relevantes contra el lavado de dinero destacan la detención de Elba Esther Gordillo Morales y sus coacusados. En materia de secuestros se señala el desmembramiento de grupos como el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), el del Golfo en Puebla, Los Zetas en Tlaxcala, Los Chenchos, Los Pollos y Los Chacales o Banda del Hoyo, por mencionar algunos. La PGR también cita detenciones relacionadas con tráfico de personas, terrorismo y acopio y tráfico de armas de fuego, asalto y robo de vehículos, así como narcotráfico. En este último rubro se destacan detenciones y consignaciones como la de Marcelino Ticante Castro, colaborador de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en enero, en Sinaloa y la de Melvin Gutiérrez Quiroz, del Cártel Arellano Félix, en marzo, en Tijuana. En marzo también fueron capturados miembros del grupo “Los Dannys” que luchan por el control de la plaza de La Laguna en Torreón y en abril, otro grupo de la misma banda delictiva. Enseguida se menciona el arresto de Inés Coronel Barrera, presunto suegro del “Chapo” Guzmán, acusado de siembra y tráfico de marihuana. En mayo, se presume la detención de Guadalupe Rafael Díaz Martínez, líder de la organización criminal Los Aztecas, brazo armado del Cártel La Línea en Chihuahua y en Colima cayó en manos de las autoridades José Bernabé Brizuela Meraz, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. El informe de labores de la PGR solo abarca desde el primer día de septiembre de 2012, cuando inició la administración del procurador Jesús Murillo Karam, hasta el 30 de junio de 2013. Es por ello que no se incluye la detención de Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, entre otros capos que a cuenta gotas se conoció de su aprehensión en el segundo semestre de este año. En el informe tampoco se identifica a los 122 narcotraficantes considerados como “objetivos relevantes” en la lista elaborada por el Gobierno Federal, y de los cuales, supuestamente el día del primer informe de Enrique Peña Nieto, ya sumaban 65 los capturados. Así pues, más allá de resultados, siempre redactados a favor, sin que se mencionen libertades como las de la francesa Florence Cassez y las de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como las de otros personajes como Rafael Caro Quintero, el área de Comunicación Social de la Procuraduría contradijo a la sentencia del vocero del Gabinete de Seguridad de no dar más a conocer nombres de capos ni de organizaciones. (Luis Carlos Sáinz/ZETA)
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